I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL DE ÉSTAS, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD). III. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VALIDEZ DEL DICTAMEN RECHAZADO Y POSTERIORMENTE APROBADO POR UNA COMISIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VALIDEZ DEL TRÁMITE Y APROBACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO POR EL CONGRESO DEL ESTADO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL, MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD). VII. RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECER ESTE REQUISITO PARA ACCEDER AL CARGO DE GOBERNADOR, SIEMPRE QUE SEA DE MANERA RAZONABLE, PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA, SIN HACER NUGATORIO EL DERECHO AL VOTO PASIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´CON UNA VECINDAD HABITUAL EFECTIVA EN EL ESTADO NO MENOR A DOCE AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE ELECCIÓN", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). VIII. RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA PARA ACCEDER AL CARGO DE GOBERNADOR. INVALIDEZ DE SU EXIGENCIA POR UN PERIODO NO MENOR A DOCE AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA ELECCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´CON UNA VECINDAD HABITUAL EFECTIVA EN EL ESTADO NO MENOR A DOCE AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE LA ELECCIÓN´, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE UN PRECEPTO QUE ESTABLECE EL PERIODO MÍNIMO DE RESIDENCIA EFECTIVA EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DIRECTA DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN I, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´CON UNA VECINDAD HABITUAL EFECTIVA EN EL ESTADO NO MENOR A DOCE AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE ELECCIÓN´, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). X. RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECER ESTE REQUISITO PARA ACCEDER AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL, SIEMPRE QUE SEA DE MANERA RAZONABLE, PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA, SIN HACER NUGATORIO EL DERECHO AL VOTO PASIVO (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). XI. RESIDEN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2017 Y SUS ACUMULADAS 32/2017, 34/2017 Y 35/2017. PARTIDOS POLÍTICOS ENCUENTRO SOCIAL, HUMANISTA DE MORELOS, MORENA Y NUEVA ALIANZA. 21 de AGOSTO DE 2017. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de agosto de dos mil diecisiete por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos Encuentro Social (29/2017), Humanista de Morelos (32/2017), Morena (34/2017) y Nueva Alianza (35/2017), en contra de diversas normas generales de la Constitución Política del Estado de Morelos.
I. Trámite
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver manera en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
3. Normas generales cuya invalidez se reclaman. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:
Ver normas generales impugnadas
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, en síntesis, que:
5. I. Partido Encuentro Social (acción 29/2017). Este partido político adujo violación a los artículos 1o., 14, 16, 35, fracción II, 40, párrafo primero, 41, párrafo primero, 116, fracciones I, III y IV, y 133 de la Constitución Federal; 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
6. Cabe señalar que únicamente hizo valer un concepto de invalidez encaminado a combatir el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Morelos, consistente en la exigencia para los no nacidos en el Estado de acreditar una residencia efectiva no menor de doce años para acceder al cargo de gobernador.
7. Residencia mínima para ocupar cargo de gobernador. Señala que el artículo 58, fracción III, de la Constitución Local, es inconstitucional, porque establece como requisito para acceder al cargo de gobernador, una residencia efectiva no menor de doce años, lo que vulnera el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal, puesto que esta última establece como requisito tener una residencia no menor a cinco años.
8. No existe una lógica, un sustento jurídico, social, político ni científico que garantice una preparación, eficiencia y eficacia en el desempeño del servicio público por parte de las personas que ocuparán los cargos de elección popular por el solo paso del tiempo, por ello lo señalado por el Poder Legislativo no representa una motivación suficiente para soportar el peso de la reforma impugnada.(1)
9. Se viola el artículo 133 de la Constitución Federal, que establece el principio de supremacía constitucional, ya que éste impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por dicho precepto, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado, las autoridades y los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones y al establecerse la inconstitucionalidad en una norma secundaria que se encuentra en contra de una norma de carácter constitucional.
10. Indica que también se violan los artículos 35, fracción II, y 116, fracción I, de la Constitución Federal, interpretados de manera conjunta, sistemática y funcional, toda vez que si bien se reserva a la ley el derecho de los ciudadanos a ser votados, la interpretación de ambos preceptos constitucionales permite concluir que la configuración legal que se establece en el artículo 35 se encuentra limitada con lo que establece el artículo 116, de modo que no pueden modificarse los requisitos que este último establece.(2)
11. De igual manera precisa que el artículo impugnado vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece el principio de legalidad, puesto que ya el artículo 116 de la misma Norma Fundamental exige únicamente una residencia no menor a cinco años para ser gobernador. Incluso se vulnera el artículo 14 constitucional, porque se impide a los ciudadanos morelenses tener la certeza jurídica respecto de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para acceder al cargo de gobernador.
12. Del Diario de Debates que dio origen al artículo 115, actualmente 116 de la Constitución Federal, se advierte que el Constituyente no tuvo la intención de dejar a la voluntad del legislador ordinario, el establecer la temporalidad para que los ciudadanos mexicanos pudieran acceder al cargo de gobernador.
13. También se viola el derecho humano y político a ser votado, consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, así como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que los ciudadanos morelenses no podrán ejercer su derecho humano a ser votados al fijar una temporalidad no menor de doce años en lugar de cinco, no obstante que así lo establece el artículo 116 de la Constitución Federal.
14. Finalmente, se violan los artículos 1o., 40, primer párrafo, 41, primera parte, 116, fracción I, y último párrafo, y 133 de la Constitución Federal, porque no se justifica el incremento a doce años, lo que ocasiona una limitación para que los ciudadanos morelenses no nativos accedan al cargo de elección popular. Considerando que la población del Estado de Morelos se conforma en un alto porcentaje (treinta y cinco por ciento) por población migrante de otros Estados de la República, se impide a un gran sector de la población migrante del Estado de México, Puebla y Veracruz, principalmente, acceder al cargo de gobernador, lo que resulta irracional y desproporcional; se da un trato diferenciado y sin justificación entre nativos y no nativos de la entidad, puesto que los mexicanos no nacidos en Morelos tienen que esperar doce años para acceder al cargo de gobernador; mientras que los morelenses no tienen que esperar un tiempo determinado para ello. Se pasan por alto las características demográficas de la entidad, dado que la población de no nativos en Morelos es muy alta, por lo que quedarían fuera un gran sector migrante. Se transgrede el principio de universalidad del sufragio, porque sólo un grupo de personas podría postularse al cargo de gobernador. Para conocer la problemática social no es necesario que transcurran doce años, ya que se puede conocer en menos tiempo debido a la gran información que aportan los medios de comunicación electrónicos, las redes sociales, los medios impresos, etcétera. El hecho de que en diferentes entidades federativas se prevean plazos mayores de cinco años no justifica que éstas no deban ajustarse al artículo 116 constitucional.
15. Cita como precedentes las acciones de inconstitucionalidad 19/2011 y 74/2008, resueltas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
16. II. Partidos Políticos Humanista en Morelos y Nueva Alianza (acciones 32/2017 y 35/2017).
17. Estos partidos políticos señalaron, coincidentemente, violaciones a los artículos 14, 16, 41, fracción I, 52, 54, 56 y 116, fracción II, de la Constitución Federal, por las siguientes razones:
18. Primer concepto de invalidez. Reducción de los integrantes del Poder Legislativo Local, de treinta a veinte diputados.
19. En principio, los partidos políticos hacen valer las siguientes violaciones al procedimiento legislativo:
20. Violación al artículo 16 de la Constitución Federal, la reforma debió haber cumplido con una motivación reforzada. El primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Local, es violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal, porque no existe una plena motivación que justifique la aprobación del dictamen de reformas impugnado. El objetivo de la iniciativa presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega perseguía la disminución de diputados electos por el principio de representación proporcional, la cual fue considerada improcedente, lo que se advierte de la foja diecinueve del Periódico Oficial donde obra el decreto impugnado; sin embargo, la comisión dictaminadora modificó la propuesta y de nueva cuenta dio cause al tema que había sido resuelto en sentido negativo, esto es, emitió un doble dictamen sobre el mismo tema en sentidos distintos, extralimitándose en sus facultades conferidas en los ordenamientos legales.
21. El legislador debió motivar de manera fehaciente su actuar al pretender modificar una propuesta que ya se encontraba en estado de conclusión. La manifestación de la dictaminadora en el sentido de que coincide con el iniciador que se debe obtener una representación efectiva poblacional y propiciar las medidas para el acceso a los ciudadanos, es vaga, incongruente e insuficiente para determinar una modificación al sentido inicial de la iniciativa, porque el sentido era reducir el número de diputados asignados por el principio de representación proporcional.
22. En ninguna parte del decreto impugnado se hace alusión de manera específica a cuales son los fines que persigue la reforma política del Estado, tampoco resulta motivo suficiente señalar que se trata de una armonización con los lineamientos federales, toda vez que a vista de los sujetos de ley, no se expone de qué lineamientos federales se trata, ni se relaciona con los mismos. Asimismo, en cuanto al argumento del reconocimiento al derecho de minorías es genérico, porque no se observa cuál es la manera en que la propuesta de reforma abone al respeto de las fuerzas minoritarias, lo mismo ocurre con el argumento relativo a la no discriminación.
23. La importancia de los derechos fundamentales que tutela el artículo impugnado y las implicaciones que conlleva su modificación, como lo son la elección de las autoridades que integraran uno de los Poderes del Estado, conlleva que la motivación requerida para reformar la norma impugnada sería una motivación reforzada, por lo que se debió haber cumplido con los requisitos señalados por la Suprema Corte de Justicia.
24. Violación al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, porque el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, omitió dar cumplimiento a diversos preceptos del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Se aduce violación al artículo 104, fracción I, del citado reglamento, ya que en ningún momento se turnó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar el artículo 24 de la Constitución Local, a todos y cada uno de los integrantes de la citada comisión, situación que fue reiterada aun fenecido el término de cuarenta y ocho horas dispuesto en el citado reglamento. La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación en ninguna etapa del procedimiento legislativo hizo del conocimiento del promovente de la acción de inconstitucionalidad, diputado Jesús Escamilla en su carácter de coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Humanista y como integrante de la citada comisión, la iniciativa que concluyó en la norma impugnada.
25. La fracción II del artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos dispone las particularidades que deberán existir en el debate, a fin de que la comisión emita el dictamen respectivo. El diputado Jesús Escamilla Casarrubias no fue convocado a sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respectivo, vulnerando el principio de deliberación democrática que debe observar el órgano legislador, coartando el derecho de participar a todas las representaciones que debieron considerarse en la etapa procesal respectiva.
26. El artículo 106 del Reglamento del Congreso del Estado dispone las características que deberán contener los dictámenes que se turnan al Pleno para su conocimiento, como las firmas autógrafas de los integrantes de la comisión dictaminadora y el sentido de su voto, lo que no aconteció, ya que el dictamen no fue circulado a las fuerzas parlamentarias que integran al Poder Legislativo, tal es el caso de la fracción parlamentaria del Partido Humanista.
27. El dictamen no fue entregado a la mesa directiva en los términos del artículo 107 del Reglamento del Congreso del Estado, pues el dictamen no contiene las firmas autógrafas porque no fue suscrito.
28. También se violó el artículo 108 del citado Reglamento del Congreso, que ordena que los dictámenes deberán insertarse en el orden del día y publicarse en los medios idóneos, a fin de respetar el principio de máxima publicidad, lo que no aconteció, ya que el dictamen fue suscrito el quince de marzo de dos mil diecisiete y aprobado en sesión del Pleno en la misma fecha, para lo cual, aun cuando no existió sesión del órgano dictaminador para debatir el tema, el legislador morelense solicita la modificación del orden del día para incluir dicho dictamen, sin que haya existido conocimiento de la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo Local, en virtud de no haberse circulado sino hasta después de su publicación en el Periódico Oficial, transgrediendo los principios de seguridad jurídica, debido proceso y deliberación parlamentaria.
29. La norma impugnada fue aprobada de urgente y obvia resolución sin que mediara causa justificada, vulnerando la democracia deliberativa e impidiendo la oportunidad de analizar plenamente la ley, como lo es en el caso de que la misma se hubiera aprobado con las lecturas respectivas en diversas sesiones, ya que si bien la sesión ordinaria de quince de marzo, únicamente la etapa correspondiente a la discusión, votación y aprobación por la Asamblea Legislativa de Morelos siguió los lineamientos jurídicos, no menos cierto es que para llegar a esa etapa procesal se transgredió la norma que el legislador expidió para tales efectos, revistiendo la norma impugnada la inconstitucionalidad necesaria para ser declarada inválida.(3)
30. Que conforme al artículo 104, fracción II, del Reglamento del Congreso, al haber sido considerada la propuesta de reforma improcedente, el Legislativo debió emitir un dictamen en sentido negativo y haber turnado el mismo a efecto de su conocimiento; sin embargo, el legislador morelense interpretó erróneamente la tesis de rubro: "PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE.", al modificar una iniciativa que ya se encontraba en una etapa concluida. El legislador debió analizar todas y cada una de las razones y fundamentos expuestos por el iniciador y el dictamen debió considerarse parcialmente positivo o en sentido positivo con las modificaciones propuestas por la comisión dictaminadora, ubicándose en el supuesto de la citada tesis.
31. El legislador local incurrió en inobservancia del artículo 101 del Reglamento del Congreso, ya que la iniciativa fue desechada y no podía ser presentada en el mismo periodo legislativo, por lo que no se encontraba en posibilidades de ser analizada, puesto que no existe ordenamiento legal que permita a los Congresos de manera fehaciente aprobar, adicionar o modificar una iniciativa que fue rechazada o desechada por su improcedencia al ser dictaminada en sentido negativo.
32. Argumentos de fondo. Ya como argumento para la impugnación de fondo en este tema, los partidos políticos realizaron el siguiente concepto:
33. a) Violación al artículo 116 de la Constitución Federal. La reducción de los diputados que integran el Congreso Local viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, ya que dicha determinación no puede quedar al libre albedrío del legislador local, sino que el aumento o reducción debe ser proporcional y justificado.
34. El Congreso Local se alejó significativamente de los parámetros señalados en la fracción II del artículo 116 constitucional, pues si bien este precepto sólo señala un mínimo y no un máximo, esta omisión no genera que quede al libre albedrío y decisión del legislador local. Así, considerando que son siete diputados cuando la población no llegue a 400,000 (cuatrocientos mil) habitantes, cada diputado representaría un total de 57,142.85 (cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos punto ochenta y cinco) habitantes; y once diputados cuando la población sea superior a 800,000 (ochocientos mil) habitantes cada diputado representaría un total de 72,727.36 (setenta y dos mil setecientos veintisiete punto treinta y seis) habitantes.
35. De acuerdo al último censo, en el Estado de Morelos existe una población de 1'777,727 (un millón setecientos setenta y siete mil setecientos veintisiete) habitantes. Por ello, en el primer supuesto, de los siete diputados, le correspondería ser representada por un total de treinta y un diputados punto once; y en el caso de los once diputados, le correspondería ser representada por un total de veinticuatro punto cuarenta y cuatro diputados.
36. El legislador local se apartó de los parámetros porque para una población de 1'777,727 (un millón setecientos setenta y siete mil setecientos veintisiete) habitantes, determinó que sería representada por veinte diputados, correspondiéndole representar a cada diputado un total de 88,886.35 (ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis punto treinta y cinco) habitantes, esto es, 31,743.5 (treinta y un mil setecientos cuarenta y tres punto cinco) habitantes por encima de lo señalado, es decir, 35.71% (treinta y cinco punto setenta y uno por ciento) más del parámetro correspondiente al primer supuesto, y 16,158.99 (dieciséis mil ciento cincuenta y ocho punto noventa y nueve) habitantes por encima de lo previsto, es decir, un 18.17% (dieciocho punto diecisiete por ciento) del parámetro que arroja el segundo supuesto.
37. Segundo concepto de invalidez. Incremento del umbral de votación requerido para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional de tres a cinco por ciento. Se impugna el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Local, por considerar que es violatorio de los artículos 14, 16, 41, fracción I, 52, 54, 56 y 116, fracción II, de la Constitución Federal, porque el Congreso de Morelos se excedió en sus atribuciones, porque violó reiteradamente el Reglamento para el Congreso del Estado en los siguientes aspectos:
38. a) Se aduce violación al proceso legislativo, porque no existió la presentación de la iniciativa del diputado Enrique Laffitte Bretón, ya que del decreto impugnado se desprende que las iniciativas atendidas en el dictamen son únicamente las señaladas en el capítulo denominado "antecedentes", del cual se observan todas y cada una de las propuestas que fueron presentadas y las que debieron ser las únicas atendidas, analizadas y aprobadas en el dictamen de las comisiones dictaminadoras, lo que puede ser corroborado en las páginas 3, 4 y 5 del Periódico Oficial donde se publicó el decreto impugnado.
39. Si bien el citado diputado presentó diversas iniciativas, las mismas no contienen la propuesta parlamentaria de aumentar del tres al ocho el porcentaje requerido para la asignación de diputaciones plurinominales, lo que constituye una violación a los artículos 72 y 95 del Reglamento del Congreso, de igual manera el artículo 15 dispone que de manera estricta las iniciativas deberán presentarse por escrito y en medio magnético, cumpliendo con las particularidades del reglamento.
40. Existe otra iniciativa distinta a la que señala el Congreso, que fue presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, se trata de la iniciativa presentada por el diputado Francisco Javier Estrada González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por la cual se reforma el artículo 24 de la Constitución Local, que busca aumentar del tres al seis por ciento, el umbral de porcentaje requerido a los partidos políticos para ser sujetos a la asignación de diputados por representación proporcional. Esta última iniciativa carece de valoración que concluyera con la emisión de un dictamen en sentido positivo, negativo o diverso, pues no fue sometida a consideración, análisis, debate y resolución, por ello violenta el Reglamento del Congreso Local, lo anterior, se advierte de la sesión ordinaria de la Legislatura de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.
41. Resulta improcedente el supuesto error de redacción en el dictamen impugnado, porque de su análisis se desprende que se hace referencia a dos iniciativas totalmente distintas, reiterando en diversos capítulos del mismo las características de la presentada por el diputado Laffitte Bretón, siendo ésta la analizada y aprobada, sin que en la etapa procesal correspondiente hubiese sido presentada, situación que viola el artículo 14 constitucional.
42. Existe una modificación entre lo sostenido y lo aprobado, ya que se modificó la iniciativa de tres a seis por ciento y no el ocho por ciento como se preveía en la iniciativa; sin embargo, en la norma impugnada se aprecia que el legislador aprobó el decreto en sentido totalmente diverso al expuesto y a la modificación, puesto que se aprobó un porcentaje del cinco por ciento sin mediar causa o procedimiento que lo motive, lo que transgrede los principios de debido proceso y debida fundamentación y motivación.
43. Reitera los mismos vicios que hizo valer en su primer concepto de invalidez, por ser el mismo proceso legislativo.
44. b) Se aduce violación al artículo 16 constitucional. El párrafo segundo del artículo 24 de la Constitución Local viola el artículo 16 constitucional, porque no existe una plena motivación que justifique la aprobación del decreto impugnado, pues se limita a señalar que la propuesta es razonable, ya que el porcentaje para conservar el registro de un partido no debe ser precisamente el mismo que para la asignación de diputados plurinominales y porque la competencia sería mayor.
45. La motivación del legislador es errónea, escasa y ambigua, porque es inverosímil justificar la propuesta en el sentido de que existirá una mayor competencia política. El legislador no entró al estudio de fondo de dicha circunstancia ni expuso vertientes que permitieran a la ciudadanía conocer que dicha propuesta aumentaría la competencia, únicamente justificó de manera genérica, por lo que el decreto impugnado carece de una motivación reforzada y, en consecuencia, la norma impugnada debe declararse inválida.
46. Aunado a que el decreto que da origen a la norma impugnada no contiene transcripción íntegra de la exposición de motivos del iniciador, lo que deja en estado de incertidumbre a los sujetos de ley.
47. Argumento de fondo. Se alega violación a los artículos 52, 54, 56, y 116, fracción II, de la Constitución Federal. La norma impugnada se aleja significativamente de los fines que persigue el principio de representación proporcional, en el entendido de que por medio del porcentaje, se hace nugatorio el acceso de las fuerzas minoritarias a ocupar una diputación por dicho principio, y el aumento en un ciento sesenta y seis punto seis por ciento requerido para acceder a cargos plurinominales resulta desproporcional, infundado e injustificado, en virtud que el mismo fue tomado sin considerar las particularidades de la entidad de Morelos, donde existen once fuerzas políticas.
48. El aumento del porcentaje llevaría a que diversas fuerzas políticas no alcancen el umbral de votación requerido y no acceder a la representación proporcional, lo que transgrede el derecho humano de los ciudadanos a participar en la vida política y democrática del país, a través de sus representantes, violando el objeto del sistema electoral que busca la pluralidad política en la integración de los colegiados legislativos.(4)
49. El legislador debió llevar a cabo un análisis técnico y jurídico de las particularidades del Estado, es decir, cuál fue el aumento de la votación del proceso electoral dos mil catorce-dos mil quince, en relación con procesos electorales anteriores, asimismo, debió considerar la integración del padrón electoral, con el objeto de determinar que existieran condiciones que permitieran a los partidos políticos minoritarios promover el voto de tal manera que con las condiciones actuales existiera una posibilidad real de obtener la votación requerida, situación que en el caso particular no aconteció.
50. Aunque existen algunos precedentes en los que en otros Estados han aprobado el aumento al umbral de porcentaje requerido en parámetros que van del 0.5% hasta el 1%, es decir, en el caso de Morelos ha sido el único Estado que aprobó un aumento desproporcional del 2% adicional al 3% para quedar en los términos aprobados por el legislador local, esto es, en un 5%, situación que resulta inconstitucional, en virtud que no existió causa fundada que justificara su actuar, además que al no contemplar los factores inherentes al aumento del padrón electoral y fenómeno de la intención del voto, resulta desproporcional.
51. Tercer concepto de invalidez. Invalidez por extensión de efectos. En virtud de la declaración de invalidez del párrafo primero del artículo 24 de la Constitución Local, solicita la extensión de invalidez al párrafo noveno del mismo artículo constitucional, porque depende directamente de la constitucionalidad del citado párrafo, por lo que solicita se tenga por reproducido el primer concepto de invalidez que hizo valer. El párrafo noveno del artículo impugnado es violatorio de los artículos 14, 16, y 116, fracción II, de la Constitución Federal, que contienen los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza y debido proceso.
52. Cuarto concepto de invalidez. Redistritación. El artículo quinto transitorio del decreto impugnado viola el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal. Se vulnera el principio de certeza porque existe una imposibilidad para que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana solicite al Instituto Nacional Electoral, los trámites necesarios para aprobar una nueva demarcación uninominal en el Estado que será aplicable en el proceso electoral inmediato siguiente.
53. El veinte de junio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo General INE/CG48/2014, por el que se pronunció sobre la demarcación geográfica en las entidades federativas con proceso electoral local dos mil catorce-dos mil quince, en el sentido de que con base en los plazos que contempla la reforma constitucional y legal no es posible realizar las actividades necesarias para efectuar cambios a su distritación actual, lo cual es apegado a derecho, porque el artículo 105, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.
54. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral homologa la determinación del otrora Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues fundamenta la imposibilidad de llevar a cabo la distritación en virtud de lo aprobado por el Acuerdo CG/130/2014, de igual manera hace propio lo aprobado en este último acuerdo, lo que se advierte del diverso acuerdo INE/CG48/2014, punto 26, donde se subraya que se requiere al menos un periodo de seis a ocho meses para todo lo que implica la nueva demarcación de los distritos electorales en el ámbito local. Por lo que, en el Estado de Morelos, con la aprobación de la reforma impugnada de quince de marzo de dos mil diecisiete, existiría una premura temporal en relación con dichas modificaciones, lo que vulnera el principio de certeza electoral.
55. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-97/2014 y SUP-RAP-98/2014, acumulados, al negar la distritación en el Estado de México, donde aún se contaba con un plazo de poco más de noventa días, retomó los criterios del consejo general y ratificó los antecedentes, considerandos y resolutivos de los Acuerdos INE/CG48/2014 y CG/130/2014, lo cual constituye cosa juzgada y da certeza. En ese sentido el presidente del Órgano Superior del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/PC/58/2015, solicitó a las Legislaturas de los Estados que en el supuesto de aprobar alguna norma que tuviera relación con los procesos de demarcación uninominal dentro de sus respectivas jurisdicciones, deberían ser aprobadas con una antelación mínima de seis meses, a fin de que el propio Instituto Nacional Electoral estuviese en condiciones de desarrollar los procedimientos que permitieran determinar cómo quedarían constituidos los nuevos distritos locales.
56. El legislador local actuó de manera omisa e irresponsable al no considerar los factores técnicos, operativos, jurídicos y presupuestales del propio Instituto Nacional Electoral, aunado a que resulta irrisorio que un Estado sea sujeto a una doble distritación en un tiempo realmente escaso, porque la distritación fue concluida el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Proceso de distritación del que se advierte que desde su inicio hasta la aprobación del acuerdo INE/CG793/2016 -se aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en Morelos-, una duración de cuarenta y ocho meses. Si bien existen algunas actividades que podrían ser tomadas en consideración para aligerar los tiempos del procedimiento, faltarían más actividades, requiriendo un tiempo mínimo aproximad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27806-689a4fee/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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