ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PENÚLTIMO -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "O COALICIONES TOTALES"-, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 521, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza votaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 35 BIS -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "Y COALICIONES"-, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 521, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza votaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 38 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "COALICIONES O"- DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 521, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza votaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN IV -EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE PREVÉN "COALICIONES" Y "COALICIONES O"-, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 521, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza votaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN I, PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 521, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza votaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN II, INCISOS B) Y C), DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 521, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza votaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 587 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUD
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2014 Y SUS ACUMULADAS 74/2014, 76/2014 Y 83/2014. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA Y MAKAWI STAINES DÍAZ. COLABORARON: GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA. MARIANA MERINO COLLADO Y ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de octubre de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación del escrito inicial, normas impugnadas y autoridades. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 514, por el que se establece la Decimoctava Reforma a la Constitución del Estado de Chiapas, publicado el veinticinco de junio del año en curso, y del Decreto Número 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, publicado el treinta de junio de dos mil catorce, ambos en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las normas al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Chiapas:
Ver acciones de inconstitucionalidad
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. Los artículos 1o.; 4o.; 6o.; 7o.; 8o.; 9o.; 14; 16; 17; 35, fracciones I, II y III; 36, fracción IV; 39; 40; 41; 54; 105, fracción II, párrafo cuarto; 115; 116; 124 y 133 de la Constitución General.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
I. En la acción de inconstitucionalidad 35/2014, el Partido de la Revolución Democrática señaló que:
1) Los artículos 17, primer párrafo y 19, primer párrafo, de la Constitución Local -que establecen una norma implícita en el sentido de que en el Estado de Chiapas únicamente estará homologada la fecha de la elección de gobernador con la de la elección presidencial y no las elecciones de diputados e integrantes de los Ayuntamientos- son inconstitucionales, porque transgreden el artículo 116, fracción IV, incisos a) y n), de la Constitución, en relación con la fracción II, inciso a), del artículo segundo transitorio del decreto de reformas constitucionales de diez de febrero de dos mil catorce, pues existía una regla general a la que debía atender la legislación local, en relación con la fecha de la jornada electoral, consistente en que la jornada comicial debía verificarse el primer domingo de junio para la celebración de las elecciones federales y locales que se celebraran a partir del año dos mil quince, a fin de que, progresivamente, se homologaran las fechas de las jornadas comiciales.
2) Existe una omisión parcial en la Constitución Local, respecto de la obligación de establecer reglas de género, pues únicamente se establecen respecto de los diputados y no para los integrantes de los Ayuntamientos, cuando constitucional y convencionalmente la Constitución pretende que exista equidad de género en todos los cargos pluripersonales.
3) El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que se combate viola los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad; los principios constitucionales y convencionales de la función administrativa electoral; el funcionamiento imparcial e independiente del Consejo del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas y las atribuciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al disponer que el presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral sea el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, ya que se impone una autoridad mediante decreto cuando debería ser nombrada por el Consejo Local. Asimismo, dicho precepto viola los artículos 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución, al designar una autoridad que no debe nombrar el Congreso del Estado.
II. En la acción de inconstitucionalidad 74/2014, el Partido del Trabajo señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) El artículo 69, fracción XXIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas es violatorio de los artículos 1o., 6o., 7o. y 41, base III, apartado C, de la Constitución General y 19, párrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al prohibir tajantemente cualquier expresión que denigre a las instituciones. La Constitución establece expresamente las restricciones permitidas a la libertad de expresión, sin que de ellas se advierta que se encuentran prohibidas o sancionadas las expresiones que denigren a las instituciones.
2) Los artículos 24, fracción II y 40, fracción IV, último párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas violan los artículos 1o., 4o., 14, 16, 17, 41 y 116 constitucionales; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al privilegiar el género femenino en la asignación de diputados y regidurías por el principio de representación proporcional, generando un trato diferenciado respecto del género masculino.
En dicha norma, el legislador determina que, tratándose de listas de representación proporcional, éstas se integran por segmentos de dos candidaturas, en los cuales se da preferencia al género femenino, al señalar que cada segmento debe ser encabezado por una mujer de la fórmula y, enseguida, debe ir una fórmula de candidatos de género masculino. Tratándose de regidores por el principio de representación proporcional, en los supuestos en que el número de regidurías sea impar, la mayoría debe corresponder al género femenino y ser encabezada invariablemente por una mujer.
3) El artículo 63, tercer párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas es violatorio de los artículos 1o., 14, 16 y 41, base I, párrafo tercero, de la Constitución General, al establecer que ningún partido puede efectuar cambios a sus documentos básicos sin estar debidamente autorizado por el Instituto Electoral de Chiapas, pues ello contraviene el derecho de autodeterminación de los partidos políticos.
Además, los artículos 4, numeral 1, inciso j); 23, numeral 1, inciso c) y 34, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos también protegen el derecho de los partidos políticos a regular su vida interna y determinar su organización interior y procedimientos, siendo uno de los asuntos internos la elaboración y modificación de sus documentos básicos, sin que en ningún momento se les exija una autorización previa por parte del Instituto Electoral.
4) Los artículos 67, fracción VI, 69, fracción XI, 108 Bis, inciso a) y 109, último párrafo, del Código Electoral de Chiapas son violatorios de los artículos 1o., 14, 16 y 41, base I, párrafo tercero, de la Constitución General, porque vulneran el derecho de los partidos políticos a regular su vida interna y determinar su organización interior y procedimientos y, en esa medida, contravienen los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica. Lo anterior, porque exigen que el presidente de un partido político sea el representante legal del ente jurídico, así como su identidad pública y privada; que las coaliciones sean aprobadas por los órganos de dirección nacional y estatal; que tales aprobaciones sean acreditadas y, en el caso de candidaturas comunes, que acrediten la aprobación respectiva de las dirigencias nacional y estatal.
5) El artículo 82, último párrafo, del Código Electoral de Chiapas, que establece la facultad del Instituto Nacional Electoral de aplicar las sanciones, en cuanto a las prerrogativas de radio y televisión, viola los artículos 1o., 14, 16, 73, fracción XIX-U y 41, base III, apartado D, de la Constitución General, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien conoce y resuelve tales procedimientos y, en consecuencia, es el que debe imponer las sanciones.
6) El artículo 134 del Código Electoral local, que establece como principios rectores los principios de veracidad y seguridad, es contrario al artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, que establece como principios rectores de la función electoral, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad e, incluso, se contradice con el artículo 139 del propio Código Electoral local, que omite los principios de veracidad y seguridad.
7) El artículo 196 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas es contrario a los artículos 1o., 14, 16 y 41, base V, apartado B, último párrafo, de la Constitución General, pues el legislador local determina que, en caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue facultades de fiscalización al organismo público local, no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo que contará con una unidad técnica de fiscalización local que será quien solicite al instituto, el conducto para superar la limitación referida. Lo anterior, porque la Constitución General establece que la única y legal facultad para superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal le es atribuida al Instituto Nacional Electoral, a través de su órgano técnico de fiscalización, y tal facultad no es delegable a organismos públicos locales, por lo que debe declararse su invalidez.
8) El artículo 35 Bis del Código Electoral local es contrario a los artículos 1o. y 35, fracción I, de la Constitución General, toda vez que dicha norma limita y restringe indebidamente el derecho de los chiapanecos en el extranjero para votar en las elecciones de Ayuntamientos, pues sólo se les autoriza a votar en las elecciones de gobernador y de fórmula de diputados migrantes.
9) El artículo 42 del Código Electoral local contraviene el segundo artículo transitorio de la reforma constitucional publicada el diez de febrero de dos mil catorce, porque el precepto impugnado señala que las elecciones ordinarias de diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos se efectuarán cada tres años, el tercer domingo de julio del año que corresponda, mientras que el precepto transitorio mencionado señala que la celebración de elecciones federales y locales se debe celebrar el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos de la Constitución, a partir del dos mil quince, salvo aquellas que se verifiquen en dos mil dieciocho, las cuales se deben llevar a cabo el primer domingo de julio. Lo anterior vulnera el principio de legalidad electoral y el principio de supremacía constitucional.
10) El artículo 108, fracción II, incisos b) y c), del Código Electoral local contraviene los principios de autonomía partidista, la libertad de las partes en un convenio de coalición, de libertad y participación política, de asociación política y certeza establecidos en los artículos 1o., 5o., 9o., 40 y 41 constitucionales, ya que imponen límites, restricciones y prohibiciones irracionales que menoscaban y van en contra del derecho fundamental de participar y asociarse libremente.
11) Los artículos 530, fracción III, tercer párrafo, 534, 535 y 536 del Código Electoral de Chiapas son contrarios a los artículos 1o., 35, fracción II, constitucionales y 23, párrafo 1, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que, al establecer que el aspirante a candidato independiente deberá constituir una asociación civil, excede y desnaturaliza dicha figura jurídica, pues le impone mayores requisitos que van más allá de los establecidos en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que tal requisito es desproporcionado, excesivo y no garantiza el derecho de participación política establecido en la Constitución y en la Convención Americana.
12) El artículo 587 del Código Electoral de Chiapas, que establece que el conjunto de candidatos independientes accederán a radio y televisión, como si se tratara de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se distribuya en forma igualitaria a los partidos políticos y que tales candidatos sólo tendrán acceso a radio y televisión en campaña electoral, transgrede los artículos 1o., 5o., 35, fracción II, de la Constitución General; 13 y 23, párrafo I, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues no permite al ciudadano competir en una contienda electoral en condiciones que garanticen la equidad en el acceso a una cantidad de spots de manera proporcional y justa en tiempos oficiales de radio y televisión, en comparación con la que van a contar los candidatos de partidos políticos.
III. En la acción de inconstitucionalidad 76/2014, el Partido de la Revolución Democrática manifestó, en síntesis, que:
1) Los artículos 41 y 42 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en las porciones normativas que establecen que las elecciones de diputados y miembros de los Ayuntamientos se efectuarán el tercer domingo de julio del año que corresponda, son inconstitucionales, porque vulneran los principios de certeza, legalidad, supremacía y pacto federal, previstos en los artículos 41, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos a) y b), 124, 133 y segundo transitorio, fracción a), del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Federal, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, así como el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior, porque tales normas no garantizan que las elecciones locales de Ayuntamientos y diputados se verifiquen en la misma fecha que las elecciones de diputados federales, en contravención a la intención del Constituyente de homologar las fechas de las jornadas comiciales.
Además, existe una omisión legislativa parcial, al no existir precepto transitorio que contemple que las elecciones locales de dos mil dieciocho se celebrarán el primer domingo de julio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso a), del decreto de reformas y adiciones a la Constitución General, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, y artículo décimo primero transitorio del decreto mediante el cual el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el veintitrés de mayo de dos mil catorce.
2) El artículo 40, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas vulnera los artículos 1o., 4o., 16, primer párrafo y 41, fracción I, de la Constitución General y el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso h), del decreto de reformas y adiciones de la Constitución General, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, pues al asignar "preferentemente" regidores de representación proporcional conforme al orden de planilla, pero supeditando tal procedimiento a la ausencia de disposiciones específicas en los estatutos de un partido político, o bien, en el convenio respectivo, tratándose de candidaturas comunes, genera incertidumbre y falta de certeza y objetividad, dado que serían tales normas las que regirían dicha asignación y no el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad.
Asimismo, se vulnera el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 1), del decreto de reformas constitucionales, que establece que la ley general que regule los partidos políticos establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, y dicha ley no contiene disposición alguna que, de manera uniforme, autorice a los partidos políticos a establecer un orden de prelación distinto al del registro de sus candidatos a puestos de elección popular.
Además, si se variara el orden de prelación a voluntad de un partido o coalición, podría privarse de efecto útil a la norma del último párrafo del artículo 40 y a diversas porciones normativas del sexto párrafo del artículo 234 del propio Código Electoral local, en materia de paridad de género, pues se deja a los partidos, coaliciones o candidaturas comunes que en sus disposiciones definan un orden diferente al de los candidatos registrados.
Por otra parte, el artículo 234, sexto párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas contraviene los principios de igualdad y no discriminación, en tanto que dicha porción normativa exceptúa a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de la obligación de integrar la totalidad de solicitudes de registro de manera paritaria entre los dos géneros para candidatos propietarios a diputados de mayoría relativa al Congreso Local y de integrantes de los Ayuntamientos, así como de la previsión que señala que cuando el número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino.
3) El artículo 469, fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas transgrede los artículos 41, base VI, tercer párrafo, inciso b) y 116, fracción IV, incisos b), l) y m), de la Constitución General, toda vez que el artículo 41 añadió como causal de nulidad de elecciones federales o locales la "adquisición" de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, mientras que el artículo 469, fracción X, del código local sólo refiere a la "compra". De esta manera, se trata de una inconstitucionalidad sobrevenida y el legislador local debe adecuar la legislación a la reforma constitucional.
El artículo 469 del Código Electoral local incurre en una omisión inconstitucional, al no prever lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que indica que: "4. Se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. 5. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevado a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultado del proceso electoral. 6. Para efectos de lo dispuesto en la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencia electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite."
4) Los artículos 208 al 218 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas violan los artículos 16, primer párrafo y 41, fracción V, apartado D, de la Constitución General, el artículo sexto transitorio del decreto de reformas constitucionales de diez de febrero de dos mil catorce, en relación con lo previsto por los diversos 30, párrafo tercero, 47, párrafo primero, 48, párrafo primero, inciso e), 51, párrafo primero, inciso k), 57, 201 y demás disposiciones relativas de las bases para la organización del servicio profesional electoral nacional, y décimo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque el servicio profesional electoral está a cargo del Instituto Nacional Electoral y no de las entidades federativas.
5) El artículo 508, segundo párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas viola la facultad del Senado de la República, prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto, de la Constitución General, el décimo transitorio del decreto de reformas y adiciones, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, y lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues establece que los Magistrados se nombren por el gobernador y el Congreso Local, cuando se trata de una facultad exclusiva del Senado de la República.
6) El artículo décimo primero transitorio del decreto impugnado, que dispone que los gastos realizados por los partidos políticos en la entidad, hasta antes de la entrada en vigor de las leyes generales, serán fiscalizados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas es inconstitucional, al quitar al Instituto Nacional de Elecciones la facultad de fiscalización para el ejercicio dos mil catorce, lo que viola el artículo transitorio segundo, inciso g), del decreto de reformas a la Constitución General, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
7) Los artículos 24, 30, 32, 33, 34 y 35 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que establecen las reglas relativas a la asignación de diputados por representación proporcional, violan los derechos de votar y ser votados, así como el derecho de acceso al poder público, previstos en los artículos 1o., 9o., 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, párrafo segundo, base primera, párrafo segundo y 116, párrafo segundo, fracción segunda, de la Constitución Federal, así como los artículos 1o., 3o., párrafo primero, fracciones I, II y XX, XXI y XXVIII, 11, fracción II y 12, fracciones I, III, IV y IV de la Constitución del Estado de Chiapas. Lo anterior, porque tales normas impiden asignar diputaciones proporcionalmente a las fuerzas políticas y generan sub y sobrerrepresentación en distintas circunscripciones, al asignar diputaciones uninominales y, posteriormente, plurinominales.
8) Los artículos 52, 62 y 118 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas resultan inconstitucionales, porque la regla establecida en el artículo 116, fracción IV, inciso f), para conservar el registro como partido político local del tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo Locales, no incluye a los Ayuntamientos, además, se trata de una regla prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso f), que no es aplicable a los partidos políticos nacionales.
9) El artículo 38 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que establece que para tener derecho a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, tratándose de coaliciones formadas para la elección de Ayuntamientos, éstas deberán obtener a su favor en el Municipio correspondiente, al menos el 3% de la votación válida emitida, viola los artículos 41, 116, fracción IV (consideradas aún no vigentes al no haberse emitidos las normas secundarias) y 133 de la Constitución Federal y artículo transitorio segundo, inciso f), numeral tres, del Decreto de reforma y adiciones a la Constitución General, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, ya que condiciona la posibilidad de partidos políticos nacionales y estatales a participar en coalición a un resultado en nivel municipal.
Además, la disposición impugnada es inconstitucional, pues el artículo transitorio segundo atribuye la facultad para legislar sobre coaliciones al Congreso Federal, y no así a la Legislatura Estatal.
IV. En la acción de inconstitucionalidad 83/2014, el Partido Acción Nacional señaló, en resumen, que:
1) El 108, fracción I, párrafo once, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas contraviene la normatividad federal ante la prohibición a la transferencia o distribución de votos. La permisión de este sistema atenta contra las características del sufragio libre, secreto, directo e intransferible y, por tanto, del interés público.
2) Debe inaplicarse el artículo 108, fracción I, párrafo once, impugnado, por representar un fraude a la ley que distorsiona el sistema de partidos políticos, pues deriva en una ficción, al fraccionar el sufragio entre los partidos políticos coaligados.
La finalidad de las coaliciones es la de postular a un candidato de unidad, no la de conformar una unidad de gobierno después de los resultados de la elección, pues cabe la posibilidad de que se integre con partidos que obedezcan a principios y postulados ideológicos diferentes, sin existir una garantía de que conformarán un gobierno homogéneo. Los partidos políticos pueden distorsionarse, al buscar su permanencia por encima del posicionamiento de sus principios y postulados ideológicos, mismos que, en el caso de obtener un porcentaje de ciudadanos que comulguen con sus principios e ideas, siempre será indispensable y sano para nuestra democracia.
3) El artículo impugnado viola el principio de certeza, en cuanto a lo que se refiere a la voluntad del elector, pues la emisión del voto en favor de dos o más partidos colegiados se manifiesta claramente su elección por el candidato motivo de la coalición partidista, no así para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas, y mucho menos que su voto se distribuya igualitariamente entre tales partidos.
De acuerdo con la norma impugnada, no existen elementos suficientes para determinar con precisión el sentido del voto del ciudadano, en cuanto a su intención clara e indubitable de querer dividir o distribuir su voto, sino únicamente de emitir el sufragio por el candidato en cuestión.
El artículo 311, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene un vicio de constitucionalidad, ya que es contradictorio presumir por ministerio de ley que la intención del ciudadano que emita su voto en favor de dos o más partidos coaligados sea la de distribuirlo igualitariamente para efectos de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, siendo congruente considerarlo como nulo para efectos de la representación proporcional y válido para efectos de atribuirlo al candidato de la coalición.
4) El precepto impugnado es inconstitucional, por tratarse de un abuso de derecho, pues existe plenamente el ejercicio de un derecho, el cual consiste en la posibilidad que otorga la legislación electoral a los partidos políticos para conformar coaliciones electorales y candidaturas comunes; el ejercicio de ese derecho carece de un interés serio, puesto que la única utilidad de la coalición conformada resulta ser la indebida transferencia de votación; la intención nociva en sentido psicológico consiste en la transgresión del orden público y de los principios democráticos más esenciales, lo que sin duda no necesita materializarse, pues la sola idea de que exista dicha posibilidad contraría cualquier principio democrático.
La figura de la partición o distribución de votos avala una forma artificiosa de participar en la postulación de candidatos de los partidos políticos que integran la coalición cuestionada, pues esas mismas fuerzas electorales no actualizan el enriquecimiento de la vida democrática, en cuanto a la pluralidad de opciones, sino únicamente una sobrerrepresentación en cuanto a la conformación del Congreso Local.
CUARTO. Admisiones y trámite. Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 35/2014, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, admitió a trámite la demanda respectiva, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas; solicitó al consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que informara sobre la fecha de inicio del proceso electoral respectivo y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al procurador general de la República sus opiniones.
Mediante diversos acuerdos de treinta y uno de julio del año en curso, el Ministro integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes relativos a la acciones de inconstitucionalidad 74/2014, promovida por el Partido del Trabajo, 76/2014, promovida por el Partido de la Revolución Democrática y 83/2014, promovida por el Partido Acción Nacional y decretó que fueran acumuladas al mismo expediente de la acción de inconstitucionalidad 35/2014.
En todos los acuerdos señalados, el Ministro integrante de la Comisión de Receso también admitió a trámite la demanda correspondiente; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas; solicitó al consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad y solicitó sus opiniones al procurador general de la República y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por último, mediante acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó turnar el expediente de asuntos acumulados al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
QUINTO. Informe sobre el inicio del proceso electoral. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas informó que el consejo general
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25483-1faf3849/accion-de-inconstitucionalidad-desestimacion-respecto-del-articulo-30 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONSEJO Y TRIBUNAL ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS. EL HECHO DE QUE SE HAYAN MODIFICADO VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, SIN TOMAR EN CUENTA SUS PROPUESTA (42)
- CONSEJO Y TRIBUNAL ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS. EL HECHO DE QUE SE HAYAN MODIFICADO VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, SIN TOMAR EN CUENTA SUS PROPUESTA (38)
- CONSEJO Y TRIBUNAL ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS. EL HECHO DE QUE SE HAYAN MODIFICADO VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, SIN TOMAR EN CUENTA SUS PROPUESTA (P./J. 14/2001 )
- PROCESOS ELECTORALES LOCALES. EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN XXXIII, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL DISPONER LA PREVIA APROBACIÓN DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD, A EFECTO DE (P./J. 26/2013 (9a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis