I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO LOS PRECEPTOS RECLAMADOS SE REFORMAN DURANTE EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL -NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE-, EN VIRTUD DE QUE SERÁN APLICABLES ÚNICAMENTE EN ULTERIORES PROCESOS ELECTORALES (ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). II. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. REDUCCIÓN DEL DESTINADO A SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN LOS AÑOS EN LOS QUE NO SE REALICEN PROCESOS ELECTORALES [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16, APARTADO C, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN AMBOS CASOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL DECRETO 488/2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, Y 52, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN]. III. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES (ARTÍCULOS 75 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN Y 138 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). IV. SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 123, FRACCIONES LIX Y LX, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). V. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER EL REQUISITO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN UN PLAZO DETERMINADO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, PARA ACCEDER AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL, SIEMPRE QUE SEA DE MANERA RAZONABLE, PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA, SIN HACER NUGATORIO EL DERECHO AL VOTO PASIVO (ARTÍCULO 218, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). VI. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. DISTINCIÓN DEL REQUISITO PARA SEPARARSE O NO DE SU CARGO, EN UN DETERMINADO PLAZO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, POR UN LADO, PARA EL DIPUTADO QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO Y, POR OTRO LADO, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 218, PÁRRAFOS SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CON EXCEPCIÓN DEL DIPUTADO QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUIEN DEBERÁ SEPARARSE DE SU ENCARGO 120 DÍAS NATURALES ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN", Y TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DEBIENDO SEPARARSE DE SU CARGO 120 DÍAS NATURALES ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. INVALIDEZ, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LAS REGLAS QUE REGULAN LA DISTINCIÓN DEL REQUISITO PARA SEPARARSE O NO DE SU CARGO, EN UN DETERMINADO PLAZO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, POR UN LADO, PARA EL DIPUTADO QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO Y, POR OTRO LADO, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE DICHA DISTINCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 218, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). VIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LOS ASPIRANTES NO PODRÁN CONTINUAR CON SU ENCARGO MÁS ALLÁ DEL PERIODO POR EL CUAL HUBIERAN SIDO ELEGIDOS INICIALMENTE, Y SÓLO PODRÁN OCUPAR NUEVAMENTE EL CARGO CUANDO ASÍ SE HUBIERA DECLARADO EN FORMA DEFINITIVA EN SENTENCIA FIRME O NO SE HUBIERA INTERPUESTO EL RECURSO CORRESPONDIENTE (ARTÍCULO 218, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). IX. ELECCIONES EXTRAORDINARIAS. NOMBRAMIENTO DE UN CONCEJO MUNICIPAL Y CONVOCATORIA POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU REALIZACIÓN CUANDO SE DECLARE NULA UNA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 218, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN). X. REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. CASO EXCEPCIONAL EN EL QUE, A LA PLANILLA TRIUNFADORA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, LE CORRESPONDE LA ASIGNACIÓN DE AQUÉLLAS, CUANDO NINGÚN OTRO PARTIDO, COALICIÓN O CANDIDATURA INDEPENDIENTE ALCANCE EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN EXIGIDO PARA PARTICIPAR EN DICHA ASIGNACIÓN (ARTÍCULO 337 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2017. PARTIDO POLÍTICO MORENA. 29 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Partido político. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se promovió la siguiente acción de inconstitucionalidad en la fecha, por la persona y en nombre de la organización que a continuación se indican:
29 de junio de 2017
Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido Político Nacional Morena.
SEGUNDO.—Actos reclamados. De la lectura integral del escrito inicial se advierte que el partido político reclamó:
• El Decreto 488/2017, que reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán; y,
• El Decreto 490/2017, en cuanto reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, ambas del Estado de Yucatán, respecto de las siguientes disposiciones:
Ver disposiciones
TERCERO.—Órganos legislativo y ejecutivo responsables. En el asunto fueron señaladas como autoridades emisora y promulgadora del ordenamiento legal impugnado, respectivamente, el Congreso, así como el gobernador, ambos del Estado de Yucatán, cuya publicación hizo el Periódico Oficial Estatal en las siguientes fechas:
Ver fechas
CUARTO.—Violaciones constitucionales. Los preceptos que el partido consideró violados fueron los siguientes:
Ver preceptos
QUINTO.—Conceptos de invalidez. El partido político expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.
SEXTO.—Admisión. Mediante proveído de 30 de junio de 2017, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad con el número 50/2017 y, por razón de turno, se determinó que le correspondía a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fungir como instructora en el procedimiento.
En proveído de 3 de julio de 2017, se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y se ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al titular del Poder Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo, a su vez, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que expresara su opinión en relación con la acción intentada. Asimismo, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que rindiera el pedimento que le corresponde.
SÉPTIMO.—Inicio del proceso electoral. La consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán informó que el próximo proceso electoral dará inicio dentro de los primeros 7 días del mes de septiembre de 2017, de conformidad con el primer párrafo del artículo 189 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, cuyo texto es el siguiente:
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán
"Artículo 189. El proceso electoral se inicia dentro de los primeros 7 días del mes de septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de gobernador y, en el caso de elecciones intermedias, concluye con la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional. En todo caso, la conclusión del proceso electoral será una vez que se hubiera resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno."
OCTAVO.—Informes. La autoridad que emitió y la que promulgó las normas electorales impugnadas, rindieron sus respectivos informes; y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso la opinión que le correspondió; documentos que se tienen a la vista, y que se reproducen en los siguientes anexos de esta ejecutoria, los cuales fueron tomados de sus originales que obran agregados a los autos en las fojas que a continuación se mencionan:
Ver fojas
NOVENO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los alegatos de las partes, mediante proveído de 17 de julio de 2017, se decretó el cierre de la instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por el Partido Político Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que dicha acción fue interpuesta por un partido político nacional, y en ella se planteó la posible contradicción entre la Constitución Federal y normas de carácter general local, contenidas en el Decreto 488/2017, que reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán, y en el Decreto 490/2017, que reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley de Partidos Políticos, ambas del mismo Estado, decretos que fueron publicados los días 30 y 31 de mayo de 2017, respectivamente.
SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de 30 días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada, en la inteligencia de que en materia electoral todos los días se consideran hábiles.
Ahora, en la presente acción de inconstitucionalidad se reclamó el Decreto 488/2017, que reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán, y el Decreto 490/2017, que reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley de Partidos Políticos, ambas del mismo Estado, decretos que fueron publicados los días 30 y 31 de mayo de 2017, respectivamente; y, por tanto, el plazo de 30 días naturales para impugnarlos inició en los días siguientes a esas fechas y concluyó, respecto del primer decreto, que es el más antiguo, el día 30 de junio siguiente, por lo que si el escrito inicial se presentó el día 29 de junio del mismo año, esa circunstancia lleva a concluir que la acción resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo último, de su ley reglamentaria, disponen que los partidos políticos podrán promover acciones de inconstitucionalidad cuando cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente; lo hagan por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso) y que quien suscriba en su representación tenga facultades para ello.
Ahora, es un hecho notorio que se trata de un partido político nacional, y consta en autos que la persona que promovió en su nombre cuenta con atribuciones para representarlo conforme a las respectivas disposiciones estatutarias, cuyas copias certificadas obran en el expediente de la siguiente forma:
Ver forma en que obran las copias certificadas
Finalmente, como se describe en el siguiente considerando, las normas reclamadas corresponden a la materia electoral, porque inciden directamente en los procesos respectivos.
CUARTO.—Catálogo de temas.
Ver catálogo de temas
QUINTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán adujo que la presente acción es improcedente, porque su actuación se limitó a promulgar los decretos que contienen las normas reclamadas, todo ello con apego a las obligaciones constitucionales que se le imponen.
Es infundada la causal aducida, toda vez que por disposición legal debe llamarse al procedimiento a la autoridad que promulgó la norma reclamada, por ser responsable de una fase determinante del proceso legislativo con el que éste culmina.
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Registro digital: 164865
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, abril de 2010
"Materia constitucional
"Tesis: P./J. 38/2010
"Página: 1419
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.—Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."
Cuestión previa con relación al estudio del artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
En el segundo concepto de invalidez Morena impugnó en su totalidad el artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
Ahora bien, mediante Decreto 509/2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán el 18 de julio de 2017, fue reformado dicho precepto legal y, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se podría considerar que se actualizó al respecto una causa de improcedencia superveniente, consistente en la cesación de los efectos de esa disposición legal, en tanto que a la fecha en que se pronuncia la presente ejecutoria ya no se encuentra vigente el texto reclamado, tal como se aprecia del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
No obstante lo anterior, es criterio de este Tribunal Pleno que, en estos casos, no ha lugar a decretar la improcedencia de la acción respecto de preceptos legales reclamados cuando éstos han sido reformados durante el plazo en que constitucionalmente se encuentra prohibido realizar reformas en materia electoral, en términos del penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, el cual ordena que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante ese plazo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Así se determinó en la acción de inconstitucionalidad 103/2015, fallada el tres de diciembre de dos mil quince, en la que se estableció lo siguiente:
Acción de inconstitucionalidad 103/2015
"Por otra parte, el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) prevé como supuesto de improcedencia del medio de control constitucional que nos ocupa, el consistente en que hayan cesado los efectos de la norma general controvertida.
"Con base en esa disposición, en principio, podría considerarse que la promulgación del Decreto 167 genera como consecuencia la actualización de la causa de improcedencia superveniente, consistente en la cesación de los efectos de las normas controvertidas; sin embargo, este Tribunal Pleno considera que ha lugar a desestimar esa posibilidad, pues por razones de supremacía constitucional, se debe observar lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, que ordena que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
"Ese texto expreso de la Norma Fundamental se reproduce a continuación:
"‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"‘…
"‘II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"‘…
"‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.’
"El precepto constitucional prevé, en su primer apartado, una previsión absoluta, a saber, que las leyes electorales federal y locales deberán publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Y, en un segundo apartado, que durante el proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales, lo que significa que si durante el proceso ocurren situaciones que no impliquen una ‘modificación legal fundamental’, podrán hacerse los ajustes necesarios de carácter legal para que el proceso discurra de la mejor manera.
"También es importante señalar que ese precepto constitucional es resultado del proceso de reforma a la Constitución Federal, que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis. De los antecedentes respectivos, conviene conocer lo expresado en la exposición de motivos contenida en la iniciativa de reformas y adiciones que en materia electoral dieron origen a esa reforma, en la cual se expresó lo siguiente:
"‘…
"‘Con objeto de hacer compatible la larga tradición del Poder Judicial de la Federación de no intervenir directamente en los conflictos político-electorales, con la existencia de un tribunal de jurisdicción especializada que ha probado ser solución adecuada, se propone que el Tribunal Electoral se incorpore al Poder Judicial, con sus rasgos fundamentales de estructura y atribuciones, pero con las ligas de relación indispensables con el aparato judicial federal, a fin de continuar ejerciendo sus facultades en forma eficaz, oportuna y adecuada. De igual manera, la incorporación referida permite hacer una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, que se corresponde con nuestra tradición y evolución político-electoral.
"‘Conforme a la propuesta, la Corte conocerá sobre la no conformidad a la Constitución de las normas generales en materia electoral, al eliminarse de la fracción II del texto vigente del artículo 105 constitucional, la prohibición existente ahora sobre este ámbito legal.
"‘Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los procesos electorales; tomando en cuenta las condiciones específicas que impone su propia naturaleza, las modificaciones al artículo 105 de la Constitución, que contiene esta propuesta, contemplan otros tres aspectos fundamentales: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto vigente, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes electorales, que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo y que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los 90 días previos a su inicio; de tal suerte que puedan ser impugnadas por inconstitucionalidad, resueltas las impugnaciones por la Corte y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo competente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.
"‘…
"‘Con lo anterior se pretende moderar aquellas situaciones que por su disparidad o divergencia con el sentido de nuestro Texto Fundamental, atentan contra el Estado de derecho. De igual manera, con esta vía se aspira a superar los debates sobre la legalidad de los procesos locales, cerrando el camino a decisiones políticas sin fundamento jurídico que pudieren afectar el sentido de la voluntad popular, expresada en las urnas. Quedará reservado al Congreso de la Unión expedir las normas sustantivas y las específicas de los procedimientos a que se sujetarán las impugnaciones señaladas en éste y los párrafos precedentes. …’
"De la transcripción que antecede se advierte que el Poder Reformador buscó entre otros objetivos, crear un sistema de justicia electoral, distribuyendo competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y, para el caso que nos ocupa, que las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante este Alto Tribunal y que éste resolviera los litigios por medio de acción de inconstitucionalidad antes del inicio del proceso electoral correspondiente, con el fin de garantizar uno de los principios rectores en materia electoral, a saber, el de certeza, que consiste en que, al iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente los sujetos legitimados, tuvieron la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento.
"En ese contexto, como se apuntó, este Tribunal Pleno concluye que ha lugar a desestimar el supuesto de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos, ya que el artículo 19, fracción IV, de la ley de la materia, no puede ser aplicado en forma aislada o desvinculada de lo que ordena el diverso 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, esto es, debe prevalecer el imperativo constitucional categórico que prohíbe legislar noventa días antes del inicio del proceso electoral, esto a fin de dar certeza jurídica en el proceso comicial que se aproxima para el Estado de Tlaxcala.
"En efecto, si bien el Decreto 167, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintisiete de noviembre de dos mil quince, entró en vigor al día siguiente de su publicación; también lo es que se emitió dentro del plazo de noventa días a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional y, en este sentido, no puede provocar el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad, porque ello implicaría inobservar ese imperativo constitucional que tiene como objetivo garantizar el principio de certeza jurídica en materia electoral.
"Lo que es significativo, porque la regla constitucional que prevé el imperativo de no promulgar y publicar leyes electorales en el plazo de noventa días, se localiza precisamente en un precepto constitucional que otorga competencia a esta Suprema Corte para conocer de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, lo que demuestra que su principal incidencia tendrá lugar en este tipo de asuntos; y si bien los sujetos a quienes se dirige son, en principio, los Congresos de la Unión y de los Estados, también obliga a garantizar su observancia a este Alto Tribunal; por lo tanto, la ubicación topográfica de la disposición en cita, evidencia la importancia de la prohibición de legislar en el plazo de noventa días ya referido, el cual resulta congruente y razonable en la propia mecánica de control constitucional establecida al efecto, pues además de dar certeza jurídica a la ciudadanía sobre las normas de carácter electoral que habrán de regir en un proceso comicial, permite que los sujetos legitimados en ese preciso plazo mayor a noventa días puedan controvertir la validez constitucional de su contenido.
"Incluso, este mismo tiempo permitirá al Tribunal Constitucional tramitar el procedimiento y desahogar las diligencias necesarias para colocar en estado de resolución el juicio y, en consecuencia, dictar el fallo respectivo previo al inicio del proceso electoral, lo que significa que cualquier consecuencia que del fallo derive, es decir, invalidar alguna o todas las disposiciones combatidas o declarar su validez, permitirá a todos los actores correspondientes conocer en definitiva el marco normativo al cual deberán sujetarse en la elección correspondiente.
"Por tanto, sin desconocer la existencia del Decreto 167 y su vigencia, así como la consecuencia que generaría para efectos del sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad, este tribunal considera que rige en forma directa lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, lo que significa que no puede darse efectos jurídicos al acto del legislador local y, por ende, sin prejuzgar sobre su contenido, se aplicará en ulteriores procesos electorales distintos del próximo.
"Lo anterior es así, porque el precepto constitucional contiene un imperativo que impide legislar en el plazo de noventa días, supuesto en el cual se debe privilegiar la supremacía constitucional frente al orden legal; por ello, se subraya sin prejuzgar sobre la validez del Decreto 167, en aras de dar certeza al proceso electoral, es necesario diferir su vigencia, pues establecer otra interpretación provocaría que esta Suprema Corte inobservara el propio precepto constitucional que prevé una veda, es decir, un periodo en donde no se pueden hacer reformas a disposiciones electorales.
"En consecuencia, no ha lugar a sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 103/2015; y, de acuerdo con lo expuesto, el Decreto 167, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, deberá aplicarse a ulteriores procesos electorales distintos del próximo."
Ahora bien, el artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán reclamado, fue reformado dentro de ese periodo de 90 días en el que ya no era constitucionalmente admisible realizar reformas en materia electoral, concretamente porque su vigencia se programó a partir del 19 de julio de 2017, es decir, a 44 días previos al inicio del proceso electoral en dicha entidad federativa, el cual comenzará dentro de los primeros 7 días del mes de septiembre de este año, tal como se ilustra en el siguiente calendario:
Ver calendario
En las relatadas condiciones, este Tribunal Pleno determina que, por una parte, no se actualiza respecto del artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán reclamado, la causa de improcedencia por cesación de efectos y, por otra, que el texto reformado de dicho precepto en la medida en que implica una modificación fundamental en materia electoral realizada dentro del plazo de 90 días previos al inicio del siguiente proceso electoral, será aplicable única y exclusivamente en ulteriores procesos distintos del próximo, sin prejuzgar por el momento sobre su contenido.
SEXTO.—Inconstitucionalidad de la reducción de un 50% del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, en los años y meses en los que no se desarrolle proceso electoral, y de destinar los recursos excedentes derivados de la reducción de dicho financiamiento a una institución de asistencia privada. En su primer concepto de invalidez, Morena reclama las siguientes normas:
• Artículos 16, apartado C, fracción I, inciso a), párrafos segundo y tercero, de la Constitución Local;
• Artículos transitorios cuarto y quinto del Decreto 488/2017; y,
• Artículo 52, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Partidos Políticos Local:
El texto de estas disposiciones es el siguiente (se subraya la parte reclamada):
Constitución Política del Estado de Yucatán
(Reformado, D.O. 20 de junio de 2014)
"Artículo 16. El poder público del Estado de Yucatán se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un Congreso formado por menos diputados que los señalados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Las elecciones del gobernador, de los diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las siguientes disposiciones:
"…
"Apartado C. Del financiamiento, acceso a medios de comunicación y propaganda.
"La ley garantizará que los partidos y agrupaciones políticas dispongan de los elementos para llevar a cabo sus actividades. Tendrán derecho en la forma que se establezca, al uso permanente de los medios de comunicación social y al financiamiento, garantizando en este caso, que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado; de igual modo, la ley establecerá las restricciones en los gastos de precampañas y campañas electorales.
"I. Financiamiento:
"El financiamiento público de los partidos políticos se compondrá de los montos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, se otorgará conforme a lo que disponga la ley y a lo siguiente:
(Reformado, D.O. 30 de mayo de 2017)
"a) Para actividades ordinarias permanentes, los montos se fijarán anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización.
"En los meses y años en los que no se desarrolle proceso electoral, dicho financiamiento público se otorgará en un 50% del resultado de la operación señalada en el párrafo anterior.
"En ambos casos, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70% restante se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa;
"b) Para actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en el que se elija gobernador, diputados y Ayuntamientos equivaldrá al 60% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando sólo se elijan diputados y Ayuntamientos equivaldrá al 50% de dicho financiamiento por actividades ordinarias, y
(Reformado, D.O. 30 de mayo de 2017)
"c) Para actividades específicas equivaldrá al 7% del monto total que corresponda cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Los partidos políticos deberán destinar el 25% del monto que les corresponda de las actividades específicas para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. …"
Transitorios del Decreto 488/2017, que reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán
"Cuarto. Recursos excedentes
"Los recursos que resulten excedentes y que no se entreguen a los partidos políticos, en virtud de lo establecido en este decreto, deberán ser destinados a las niñas, niños y adolescentes de escasos recursos, en estado de vulnerabilidad o con problemas de discapacidad que se encuentren a disposición de la Asociación Patronato Caimede, Institución de Asistencia Privada."
"Quinto. Determinación del cálculo de la reducción del financiamiento
"El cálculo de la reducción del financiamiento público para los partidos políticos en aplicación de este decreto, que realice el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, deberá ser sobre la base del financiamiento aplicable al año correspondiente."
Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán
"Artículo 52. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta ley, conforme a las disposiciones siguientes:
"I. Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes:
"a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente.
"b) El monto total del financiamiento público, se fijará conforme a lo establecido por la fracción I, inciso a), numeral 1 del artículo 51 de la ley general.
"c) El resultado de la operación
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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