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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PROMOVENTE RECLAMA, POR UN LADO, LA INVALIDEZ DE UNA NORMA ELECTORAL Y, POR OTRO, LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ORDENA PROMULGAR Y PUBLICAR LEYES ELECTORALES POR LO MENOS NOVENTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE, DEBE ANALIZARSE, PREFERENTEMENTE, EL CONCEPTO DE INVALIDEZ DIRIGIDO A RECLAMAR LA INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos, con salvedades de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza) AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, AL ESTABLECER QUE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA FEDERACIÓN, DEL PODER EJECUTIVO O DEL PODER JUDICIAL O DE LOS MUNICIPIOS, PARA SER ELEGIBLES COMO MIEMBROS DE AQUÉLLOS O COMO AYUDANTE MUNICIPAL, DEBERÁN SEPARARSE DE SU CARGO NOVENTA DÍAS ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, AL EXCLUIR DE ESE REQUISITO A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos, con las salvedades de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales; los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron a favor del sentido de la resolución, pero por razones distintas)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2011. · Registro digital (IUS): 23715
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Pág. 7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2011. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 8 DE DICIEMBRE DE 2011. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JAVIER MIGUEL ORTIZ FLORES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de diciembre de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, normas impugnadas y autoridades. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de noviembre de dos mil once, Gustavo Madero Muñoz, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 117, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante el Decreto Número 1371 y del artículo segundo transitorio de dicho decreto, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el diecinueve de octubre de dos mil once; asimismo, señaló como autoridades emisoras y promulgadoras de dicho ordenamiento al Congreso del Estado de Morelos y al gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a los Ayuntamientos del Estado de Morelos indicados en el artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el 147 del mismo ordenamiento, respectivamente.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados, antecedentes y conceptos de invalidez. El partido político promovente señaló que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 1o., 35, fracción II, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción IV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al efecto, expresó los conceptos de invalidez que a continuación se señalan:

"Primero. El artículo 117, fracción V, de la Constitución Local viola los artículos 1o., 35, fracción II y 134 de la Constitución Federal, así como los numerales 23 y 24 de la convención, en la medida en que autoriza, por exclusión, a los funcionarios o empleados del Poder Legislativo a ser elegibles para ser miembros de un Ayuntamiento o ayudantes municipales, sin la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, lo que no permite respecto de los funcionarios o empleados de la Federación, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o de los Municipios.

"En lo conducente, los referidos preceptos de la Constitución Federal disponen: (se transcriben).

"Por su parte, los aludidos preceptos de la convención dicen: (se transcriben).

"De lo anterior se deduce, para efectos de la tesis a demostrar, que la Constitución Federal y la convención reconocen a todas las personas el derecho político de ser votado en condiciones generales de igualdad, el cual no puede restringirse ni suspenderse, salvo, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal, o bien, en los casos y condiciones que la Constitución establece; que las normas relativas a dichos derechos deben interpretarse de conformidad con la Constitución Federal y con la convención; y que todos los servidores públicos, sin importar el poder y el orden jurídico al que pertenezcan, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, lo que deben garantizar las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación.

"Ahora bien, el cuestionado artículo 117, fracción V, de la Constitución Local establece: (se transcribe).

"Como se advierte, el precepto de la Constitución Local faculta, por exclusión, a los funcionarios o empleados del Poder Legislativo como elegibles para ser miembros de un Ayuntamiento o ayudantes municipales sin la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, lo que no permite respecto de los funcionarios o empleados de la Federación, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o de los Municipios. Es este trato desigual de dos situaciones jurídicas iguales el que precisamente torna inconstitucional el artículo impugnado en su fracción V.

"La norma impugnada establece una obligación a los funcionarios o empleados de la Federación, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o de los Municipios para que sean elegibles para ser miembros de un Ayuntamiento o ayudantes municipales, consistente en la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, lo que no exige respecto de los funcionarios o empleados del Poder Legislativo. Por tanto, hay que dilucidar: 1. Si la restricción -separación del cargo- del derecho a ser votado en condiciones generales de igualdad, en esos términos, es, per se, constitucionalmente válida; y, 2. De ser constitucional, si el trato diferenciado respeta el requisito de razonabilidad.

"Por cuanto a la restricción, consistente en que todos los funcionarios o empleados públicos deban separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, hay que destacar que ello tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal, en el que se establece que todos los servidores públicos, sin importar el poder y el orden jurídico al que pertenezcan, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

"En ese tenor, podemos afirmar que la restricción en comento persigue un fin constitucionalmente válido, que es garantizar que los servidores públicos apliquen en todo tiempo con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la competencia entre los partidos políticos.

"Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 55/2009, estableció: (se transcribe).

"Por tanto, la restricción busca que todos los servidores públicos, sin importar el poder y orden jurídico al que pertenezcan, en todo momento y sin excepción apliquen con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, a fin de garantizar la equidad en la contienda electoral, según se trate. A lo que sigue determinar si el trato diferenciado que establece el artículo 117, fracción V, de la Constitución Local respeta los parámetros de razonabilidad; aunque por los motivos expuestos podemos anticipar su incompatibilidad con el artículo 134 de la Constitución Federal.

"El Congreso del Estado, para reformar la fracción V del artículo 117 de la Constitución Local, consideró: (se transcribe).

"En síntesis, el Congreso del Estado de Morelos consideró que sólo los integrantes del Poder Ejecutivo y del Judicial deben separarse de su cargo noventa días antes de la elección de integrantes de un Ayuntamiento o ayudante municipal, en razón de que, los primeros, son los únicos que aplican recursos públicos que les permitirían hacer proselitismo o dispendio, con el inmediato efecto de influir en el voto de los ciudadanos y, los segundos, porque si bien no administran recursos, lo cierto es que se pueden ver favorecidos por la relación que guardan con los Tribunales Electorales, en una sentencia de carácter electoral; además de que las consecuencias de que los legisladores se separen de sus funciones ocasionarían un desequilibrio económico y laboral para dicha institución, aunado a que los trabajos legislativos se perderían con la entrada de los diputados, cuyo ingreso debe darse en casos estrictamente necesarios.

"Como primera inconsistencia, cabe destacar que las consideraciones no dicen nada respecto de los funcionarios o empleados de la Federación o de los Municipios, es decir, si respecto de ellos se justifica la restricción al derecho de ser votados; lo cual queda superado si atendemos a la configuración de la norma en la que sí se les impuso el deber de separarse de sus respectivos cargos.

"Sin embargo, lo que sí es una deficiencia -y de donde se advierte el vicio de inconstitucionalidad- es que el legislador ordinario asume que los servidores públicos del Poder Ejecutivo son los únicos que pueden aplicar recursos públicos o desviarlos para favorecerse en una contienda electoral, sin advertir que también los recursos humanos y materiales de los que los legisladores también disponen -y que igualmente provienen del erario- pueden destinarse al propósito aludido; habida cuenta que los legisladores también ejercen recursos públicos en el ejercicio de sus actividades, como sucede con los fondos que reciben para ciertas actividades de atención a la sociedad. De igual forma, el legislador morelense olvida que la posición de un servidor público, sin importar su pertenencia a determinado poder, también puede ser utilizada para influenciar o proyectar su imagen ante el electorado o ante cualquier autoridad. De ahí que, incluso, la tesis en que se sustenta su argumento justifique su inclusión en la multialudida restricción.

"En esa medida, el artículo 117, fracción V, de la Constitución Local es violatorio del principio de equidad en la contienda electoral y del derecho de ser votado en condiciones generales de igualdad, en tanto autoriza, por exclusión, a los funcionarios o empleados del Poder Legislativo como elegibles para ser miembros de un Ayuntamiento o ayudantes municipales, sin la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, lo que no permite respecto de los funcionarios o empleados de la Federación, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o de los Municipios; esto, con el inmediato efecto de que los legisladores puedan utilizar los recursos públicos financieros, materiales y humanos, así como su posición, para colocarse en franca ventaja frente al resto de competidores, entre los que figuran ciudadanos ajenos al poder; situación que es contraria al artículo 134 de la Constitución Federal.

"Por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia P./J. 28/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 2591, con el rubro y texto: ‘RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 188 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TRANSGREDE LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL QUE OBLIGAN AL LEGISLADOR A GARANTIZAR LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe).

"Así las cosas, tomando en consideración las razones que constitucionalmente justifican la separación del cargo de todos los servidores públicos, sin importar el poder y el orden jurídico al que pertenezcan, como requisito de elegibilidad para ser miembros de un Ayuntamiento o ayudantes municipales, es que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 117, fracción V, de la Constitución Local y decretar la reviviscencia de la norma vigente con anterioridad a la reforma, por ser ésta acorde al régimen constitucional, en tanto no excluye a los servidores públicos del Poder Legislativo para que se separen de sus cargos como requisito de elegibilidad para ser miembro de un Ayuntamiento o ayudante municipal.

"Segundo. El artículo 117, fracción V, de la Constitución Local y el artículo segundo transitorio del decreto mil trescientos setenta y uno violan el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, en la medida en que su entrada en vigor aconteció dentro de los noventa días previos al inicio del próximo proceso electoral.

"El penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal establece: (se transcribe).

"Por su parte, el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos señala: (se transcribe).

"De igual forma, el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal establece: (se transcribe).

"Para los efectos de lo anterior, el artículo 19 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala: (se transcribe).

"Adicionalmente, el artículo 44 de la Constitución Local dispone: (se transcribe).

"De estos artículos se tiene que en el Estado de Morelos las elecciones ordinarias de los Ayuntamientos se celebran cada tres años en las mismas fechas en que se efectúen las elecciones federales, esto es, el primer domingo de julio; que el proceso electoral relativo inicia seis meses antes del mes que corresponda al día de la elección, es decir, el primero de enero del año respectivo, y que para no vulnerar lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, el órgano legislativo del Estado no puede realizar modificaciones fundamentales del tres de octubre del año previo a la elección y hasta que concluya el proceso electoral de que se trate, en el entendido de que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto debe estar publicada en el órgano oficial del Estado.

"En la especie, el diecinueve de octubre de dos mil diez, esto es, varios días después del último que la Constitución autoriza para realizar modificaciones fundamentales en materia electoral en la entidad morelense -dos de octubre-, se publicó el decreto mil trescientos setenta y uno, por el que se reformó el artículo 117, fracción V, de la Constitución Local, así como la declaratoria correspondiente.

"Ahora bien, el artículo segundo transitorio del decreto mil trescientos setenta y uno, por el que se reformó el cuestionado artículo 117, fracción V, de la Constitución Local dice: (se transcribe).

"Como es lógico deducir, la reforma constitucional entró en vigor el mismo día de su publicación -diecinueve de octubre de dos mil once-, puesto que tanto el decreto como la declaratoria se publicaron en la aludida fecha, lo que vulnera flagrantemente lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal pues, como quedó precisado, los noventa días previos al proceso electoral a que hace referencia este precepto para que no se realicen modificaciones fundamentales de una norma electoral, feneció el dos de octubre de este año.

"Justamente, se trata de un vicio de inconstitucionalidad insuperable, cuyo efecto es negativo, al confundir a los participantes respecto del conocimiento de las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento y que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público en el Estado, por lo que procede declarar su inconstitucionalidad lo antes posible."

TERCERO. Turno. En proveído de veintidós de noviembre de dos mil once, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el turno de los autos al Ministro José Fernando Franco González Salas para que fungiera como instructor y ponente.

CUARTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil once, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad hecha valer.

QUINTO. Desahogo del requerimiento formulado al presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Morelos. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil once, el Ministro instructor ordenó que se agregara al expediente para que surtiera sus efectos legales, el oficio del secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, quien informó que: "el proceso electoral en el Estado de Morelos formula y legalmente iniciará con la sesión que para ese efecto celebre el Consejo Estatal Electoral, el día domingo primero de enero del año dos mil doce"; asimismo, tuvo por recibido el oficio y anexos del secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual remite copia certificada de las documentales solicitadas.

SEXTO. Declaración de tener por recibidos los informes de las autoridades. En proveído de primero de diciembre de dos mil once, el Ministro instructor tuvo por recibidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.

SÉPTIMO. Informe de la autoridad emisora. El Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de la reforma impugnada, mediante las siguientes consideraciones:

"Es cierto el acto impugnado. En sesión de fecha catorce de septiembre de dos mil once, el Poder Legislativo del Estado de Morelos aprobó el Decreto Número Mil Trescientos Setenta y Uno, por el que se reforma el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4926, de fecha 19 de octubre de 2011.

"A través de dicho decreto, se reformó la fracción V del numeral antes señalado, para quedar de la siguiente forma: (se transcribe).

"Asimismo, el Decreto Número Mil Trescientos Setenta y Uno contiene un artículo segundo transitorio que es del tenor literal siguiente: (se transcribe).

"El texto anterior de la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Morelos era el siguiente: (se transcribe).

"La admisión del acto o norma general, cuya invalidez se demanda, no implica la aceptación de esta autoridad, respecto de la inconstitucionalidad que indebidamente le atribuye la accionante, por lo que este órgano legislativo solicita que sean declarados infundados los conceptos de invalidez que hace valer, puesto que la norma impugnada, de forma alguna, transgrede los postulados de nuestra Carta Magna, tal como se expone a continuación:

"En sus conceptos de invalidez, la actora señala que con la reforma a la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se transgrede lo dispuesto en los artículos 1o., 35, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción IV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, para tratar de justificar su afirmación, esencialmente refiere lo siguiente:

"a) Que la Constitución Federal y la convención reconocen a todas las personas el derecho político de ser votado en condiciones generales de igualdad, el cual no puede restringirse ni suspenderse, salvo exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal, o bien, en los casos y condiciones que la Constitución establece.

"b) Que las normas relativas a dichos derechos deben interpretarse de conformidad con la Constitución Federal y con la convención; y que todos los servidores públicos, sin importar el poder y orden jurídico al que pertenezcan, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, lo que deben garantizar las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación.

"c) Que el artículo 117, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Morelos otorga un trato desigual de dos situaciones jurídicas iguales, al imponer la obligación a los funcionarios o empleados de la Federación, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o de los Municipios, consistente en la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, para que puedan ser elegibles para ser miembros de un Ayuntamiento o ayudantes municipales, lo que no exige respecto de los funcionarios o empleados del Poder Legislativo.

"En ese sentido, la actora señala que la restricción, consistente en que todos los funcionarios o empleados públicos deban separarse de sus cargos noventa días antes del día de la elección, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal, en el que se establece que todos los servidores públicos, sin importar el poder y orden jurídico al que pertenezcan, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y que la restricción mencionada persigue un fin constitucionalmente válido, consistente en garantizar que los servidores públicos apliquen en todo tiempo con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la competencia entre los partidos políticos. Por lo que, incluso, trae a colación el contenido de la resolución emitida por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 55/2009.

"A este respecto, debe señalarse que, además de que el promovente parte de un supuesto hipotético del que no puede hacerse depender la inconstitucionalidad del precepto impugnado, de su argumentación no se advierte en qué radica la violación al principio de legalidad, puesto que de la lectura del reformado artículo 117, fracción V, de la Constitución Estatal que combate, no se desprende que los diputados del Estado de Morelos tengan preferencia sobre las demás personas que tengan aspiraciones a ser miembros de un Ayuntamiento o a ocupar el cargo de ser ayudante municipal, que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos.

"Este órgano legislativo considera que son erróneas las apreciaciones de la actora, puesto que parte de una premisa falsa, al creer que el artículo 134 de la Constitución Federal, necesariamente, lleva implícita la obligación de los diputados del Congreso del Estado de Morelos de separarse de su cargo noventa días antes del día de la elección.

"El artículo 134 constitucional, que considera violentado el promovente, establece que los recursos económicos de que dispongan los Estados se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Para dichos efectos, prevé que las entidades federativas tienen la obligación de establecer instancias técnicas que tengan la facultad de supervisar y fiscalizar los recursos públicos.

"En otras palabras, la propia Constitución establece controles constitucionales y la obligación de establecer controles legales que tengan por objeto asegurarse que los recursos públicos sean manejados con transparencia, honradez, eficiencia, eficacia y economía.

"Asimismo, requiere que la legislación que involucre el manejo de recursos públicos sea transparente, acorde con la veracidad que debe regir la gestión pública, y que permita los controles públicos que sobre los recursos públicos se exige. Regula también la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de los bienes económicos que integran el presupuesto y gasto público.

"El artículo 134 de la Constitución Federal fue reformado por última vez por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil ocho.

"De conformidad con lo anterior, la Constitución Federal establece claras e ineludibles directrices aplicables a los órganos de gobierno, en lo referente a la utilización de los recursos públicos y su administración eficaz, en tanto éstos se originan, por la fuente de la que provienen, y tienen como destino final los propios gobernados.

"Basta revisar los procesos legislativos de las últimas reformas realizadas al artículo 134 constitucional, para cerciorarse de que el espíritu del Constituyente Permanente fue la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos y que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y con suma eficacia, y tuvieron por objeto garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado deben destinarse a los fines para los cuales fueron recaudados, que el gasto de los recursos públicos sea eficiente y lograr resultados tangibles para la población que puedan ser demostrados, por lo que para dichos efectos se consideró imprescindible fortalecer las medidas para una rendición de cuentas oportuna y el uso transparente de los recursos públicos.

"La Constitución Federal impone la obligación de establecer mecanismos para incrementar la calidad con la que se ejerce el gasto público, y para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos en la utilización de los recursos públicos. El Constituyente Permanente insistió en la obligatoriedad de dicha medida a los tres órdenes de gobierno. No se trató de una reforma exclusiva para el Gobierno Federal, sino que se hizo extensiva también a los Gobiernos Locales.

"La intención, pues, del Constituyente Permanente, fue reconocer el esfuerzo que hacen los gobernados, en general, para contribuir al gasto público, mejorando sustancialmente la manera en que el gobierno administra y utiliza los recursos públicos, incrementando la calidad del gasto, con la finalidad de lograr un gasto público más eficiente, eficaz y transparente, con una rendición de cuentas oportuna, con resultados tangibles para los ciudadanos.

"Uno de los objetivos primordiales de la reforma fue fortalecer la cultura de la rendición de cuentas, explicando puntualmente a los ciudadanos la forma en que el gobierno ha administrado los recursos que ha recibido, así como los resultados obtenidos a través de su ejercicio. La reforma buscó también fortalecer las obligaciones de los entes públicos para proveer información a la ciudadanía.

"Así pues, no debe perderse de vista que el artículo 134 de nuestra Carta Magna fue reformado, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados.

"En efecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser efectivamente realizados.

"Asimismo, cabe recordar que la adición de los párrafos sexto, séptimo y octavo (ahora séptimo, octavo y noveno) al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de fechas 13 de noviembre de 2007, tuvo como principal motivo la crisis derivada del proceso electoral federal de 2006, en el que las autoridades electorales fueron fuertemente cuestionadas desde su origen, así como la falta de una normatividad confiable y suficiente para afrontar los escenarios que en ese entonces se presentaron, siendo uno de los temas que más contribuyeron a ese descontento postelectoral, el supuesto uso inequitativo de recursos públicos para incidir en la contienda a través de propaganda en radio y televisión, así como de la contratación de difusión electoral por parte de actores ajenos a los procesos, como empresas del Consejo Coordinador Empresarial, etcétera.

"Las reformas a la Constitución General de la República, aprobadas en noviembre de 2007, en materia electoral, tuvieron como principal objetivo el de evitar que situaciones como las vividas se volvieran a presentar, por lo que uno de los principales aspectos de los que se ocupó la reforma al artículo 134 consistió en garantizar el manejo imparcial de los recursos, para evitar su utilización con el propósito de influir en el normal desarrollo de los procesos electorales, en detrimento del principio de equidad de la contienda. Parte esencial del nuevo esquema de garantías constitucionales fue la inclusión de diversas reglas para que los poderes, en general, den a conocer a la ciudadanía sus mensajes de carácter institucional. Para tal efecto, la reforma adicionó los tres últimos párrafos al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, al efecto, señalan: (se transcriben).

"Del texto constitucional transcrito se advierte que las adiciones establecieron una limitante para la difusión de propaganda institucional, lo cual tuvo como objeto claro garantizar la imparcialidad de los órganos, tratándose de los procesos electorales, y así evitar el uso de recursos públicos para el posicionamiento electoral de servidores, lo cual se corrobora con lo señalado en la propia exposición de motivos de la Cámara de Senadores, de fecha 31 de agosto de 2007, donde se dijo: ‘... Proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política’.

"Esta finalidad de la norma constitucional también ha sido reconocida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, al fallar en la acción de inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas 77/2008 y 78/2008, el 25 de septiembre de 2008, respecto de este tema, señaló: (se transcribe).

"Ahora bien, el octavo párrafo de dicho artículo contiene una regla prohibitiva, pues prescribe lo que no se debe hacer en circunstancias determinadas; en ningún caso la propaganda difundida por cualquier organización del Estado incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

"En razón de lo anterior, para que pueda sostenerse válidamente que la autoridad electoral actúa con fundamento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23715-750b4a25/accion-de-inconstitucionalidad-si-el-promovente-reclama-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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