ACTOS FUNDADOS EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL CON EFECTOS GENERALES POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN IMPUGNARSE, A ELECCIÓN DEL AFECTADO, MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 136/2022. SUSCITADA ENTRE EL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LILIANA HERNÁNDEZ PANIAGUA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Pleno del Trigésimo Circuito y el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
1. El problema jurídico a resolver por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si cuando se reclaman actos fundados en normas respecto de las cuales este Alto Tribunal hubiera emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, ya sea en términos de lo dispuesto por el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente el juicio de amparo indirecto o el mecanismo especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
2. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado mediante Buzón Judicial y recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Magistrada presidenta del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por el órgano presidido por ella, al resolver el recurso de revisión 76/2022,(1) y el emitido por el Pleno del Trigésimo Circuito, al fallar la contradicción de tesis 1/2020.(2)
3. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, la registró con el número 136/2022, solicitó a los órganos contendientes que remitieran vía electrónica, en original o copia certificada, las ejecutorias en que emitieron los criterios denunciados e informaran si éstos se encontraban vigentes; además, determinó que en virtud de que el presente asunto trasciende a la competencia de ambas Salas de este Alto Tribunal, corresponde al Tribunal Pleno; y, finalmente, lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales.
4. Una vez recibidas las constancias respectivas, el presidente de este Alto Tribunal, mediante auto de veinte de junio de dos mil veintidós, tuvo por integrada la presente contradicción de criterios y ordenó la remisión del asunto al Ministro ponente.
I. Competencia
5. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II,(3) de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción V,(4) del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que el punto de contradicción determinaría un pronunciamiento en materia común, por lo que se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
6. Cabe precisar que a la fecha de presentación de la denuncia de contradicción de criterios, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aún no había instruido el inicio de funciones de los Plenos Regionales, mediante Acuerdo General 108/2022, de dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
7. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.
II. Legitimación
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por la Magistrada presidenta del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual conoció del amparo en revisión 76/2022 en el que se emitió uno de los criterios contendientes.
9. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.
III. Criterios denunciados
10. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que en síntesis, son los siguientes:
A. Criterio del Pleno del Trigésimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2020
11. El Pleno de Circuito del Trigésimo Circuito resolvió la contradicción, mediante sentencia de veintisiete de octubre dos mil veinte y consideró que:
• Los recursos analizados por los órganos contendientes se originaron a partir de diversos juicios de amparo indirecto en los que se reclamaron los cobros de derecho de alumbrado público realizados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. En todos los casos el Juez de Distrito desechó las demandas, al considerar, en esencia, que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 210, porque se controvirtió el acto de aplicación de una norma general respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, a saber, la acción de inconstitucionalidad 15/2019, en la que se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y Leyes de Ingresos de diversos Municipios para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.
• Inconformes con dichas determinaciones, los promoventes interpusieron recursos de queja, de los que correspondió conocer a los Tribunales Colegiados contendientes.
• Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito determinó que el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que el medio para impugnar un acto que tiene sustento en una declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, necesariamente, el procedimiento de denuncia previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo.
• El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito estimó que la causa de improcedencia analizada no se advertía de manera indudable y manifiesta, puesto que era necesario hacer un ejercicio interpretativo, lo que requería un estudio más profundo.
• Los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto del Trigésimo Circuito establecieron que no se actualiza la causa de improcedencia, pues ésta debe aplicarse de manera estricta y el procedimiento de denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad es un mecanismo adicional al juicio de amparo indirecto, de modo que el quejoso puede optar por cualquiera de estos dos para impugnar actos fundados en normas respecto de las cuales existe declaración general de inconstitucionalidad.
• Los tribunales contendientes analizaron la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, en relación con el diverso 210 de la Ley de Amparo, en cuanto a si es notoria y manifiesta su actualización cuando se señalan como actos reclamados aquellos que se funden en normas generales respecto de las cuales este Alto Tribunal haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad y, en consecuencia, si deben reclamarse vía juicio de amparo indirecto.
• La contradicción consistiría en definir: 1) Si se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclamen actos que se funden en normas sobre las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera realizado una declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, ya sea en términos de lo dispuesto en el Capítulo VI, Título Cuarto de la Ley de Amparo, o de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) Si el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sustento en una norma declarada inconstitucional por el Alto Tribunal con efectos generales, o si debe utilizarse únicamente el mecanismo de defensa previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo.
• El segundo punto porque uno de los Tribunales Colegiados afirmó, como un absoluto, la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclama el cobro del derecho del alumbrado público, porque el medio idóneo para inconformarse es el mecanismo previsto en el artículo 210 de la ley de la materia; en cambio, el resto de los tribunales negaron esta posición absoluta, ya que al tratarse de actos no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo y el procedimiento especial es adicional al juicio de amparo indirecto.
• En cuanto al primer problema, esto es, la actualización de la causa de improcedencia, como en los juicios de amparo se reclamó el cobro del derecho de alumbrado público y no las normas en las que se fundó el acto, no era válido desechar de plano la demanda, porque la causa de improcedencia es clara en establecer que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se reclamen normas respecto de las cuales la Suprema Corte haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad, sin que se actualizara dicha causal si los gobernados solamente reclaman el acto concreto de aplicación.
• La causa de improcedencia es clara en establecer que la acción constitucional será improcedente cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen normas generales respecto de las cuales esta Suprema Corte hubiese emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, esto es, sólo serán improcedentes los juicios en los que se reclamen normas declaradas inconstitucionales, pero si los gobernados reclaman el acto concreto de aplicación y no la norma no se actualiza causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio constitucional.
• Respecto del segundo punto, la contradicción surgió de la interpretación sistemática que realizaron los tribunales contendientes del artículo 61, fracción VIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los gobernados, era conveniente resolver el fondo del asunto, máxime que cuando se reclaman los actos de aplicación y no la porción legal, no existe una causa notoria y manifiesta de improcedencia.
• No podía considerarse que el procedimiento de denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo excluyera al juicio de amparo indirecto, pues esta adición que realizó el legislador debía entenderse como una diversa opción que tienen los gobernados para defenderse.
• Es posible que los mecanismos puedan tramitarse indistintamente, ya que considerar lo contrario, contravendría el derecho de tutela efectiva, puesto que interpretar el artículo 210 de la Ley de Amparo en el sentido de que excluye la procedencia del juicio de amparo indirecto restringiría las posibilidades que tienen los gobernados para defenderse, y constituiría un obstáculo no previsto en la legislación.
• La intención del legislador, respecto de las reformas que dieron origen al artículo 210 de la Ley de Amparo, consistía en fortalecer al juicio de amparo indirecto ampliando su espectro protector para quienes no tienen los medios o condiciones para promoverlo, por lo que creó en su favor un mecanismo adicional específico al que podrían optar cuando se apliquen normas generales respecto de las que el Tribunal Constitucional haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Razonar lo contrario sería ir en contra de la voluntad del Congreso General, pues su pretensión fue modernizar y fortalecer el juicio constitucional ampliando las opciones para que los gobernados puedan defenderse, de ahí que esta adición debe entenderse como una diversa opción.
• No es dable considerar que el mecanismo de denuncia por incumplimiento excluye la procedencia del juicio de derechos fundamentales.
• El artículo 210 de la Ley de Amparo establece las reglas relativas a la inobservancia de la declaratoria general de inconstitucionalidad y posibilita a los particulares a exigir la aplicación o el beneficio contenido en las sentencias emitidas por este Alto Tribunal. El juicio de amparo indirecto es un medio de control concentrado que busca la protección de los derechos fundamentales de las personas que sean trastocados por normas generales, actos u omisiones de alguna autoridad o por un particular en casos específicos; de modo que existen dos procedimientos judiciales tramitados ante Juzgados de Distrito que tienen como finalidad la salvaguarda de derechos fundamentales.
• Es jurídicamente factible la existencia de dos mecanismos que pueden tramitarse indistintamente sobre el mismo tipo de actos en el que se aplicaron normas respecto de las cuales el Alto Tribunal haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad, una interpretación contraria contravendría el derecho de tutela judicial efectiva, pues ello restringiría las posibilidades que tienen los gobernados para defenderse de actos que se funden en normas declaradas inconstitucionales.
• Los artículos 47, párrafo tercero, y 72, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refieren a la posibilidad de que la persona, que sin ser parte en la controversia constitucional o en la acción de inconstitucionalidad, pueda denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto. La circunstancia de que se prevea la posibilidad de denunciar la aplicación de la norma, en tanto que se emplea el vocablo "podrá" para una persona ajena al procedimiento, no estriba en el deber de denunciar su incumplimiento, sino en la elección de poder acudir o no a este medio, como un mecanismo adicional para salvaguardar el derecho que se ve conculcado.
• No desconocía la interpretación que realizó la Primera Sala de esta Suprema Corte en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, en el sentido de que si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación, utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea de libre elección agotarlo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sino que estriba en la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva.
• De una interpretación pro persona del texto del artículo 210 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador dio a los gobernados la posibilidad de optar por el procedimiento ahí previsto, sin que fuera su intención establecerlo como el único medio de impugnación tratándose de normas respecto de las cuales el Alto Tribunal hubiera emitido declaratoria general de inconstitucionalidad.
• La interpretación sistemática del artículo lleva a pensar que las consecuencias y fines que se persiguen son distintas a las del juicio de amparo indirecto, por lo que la existencia de este último no debe ser entendida como una exclusión. No desconocía el fin del procedimiento especial, esto era, que la autoridad que incurra en repetir el acto sea sancionada administrativa y penalmente.
• Concluyó que: 1) no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa prevista por el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado se funda en normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de lo establecido por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de aplicación fundados en normas generales respecto de los cuales se haya dictado una declaratoria general de inconstitucionalidad.
12. Del referido asunto, derivaron las jurisprudencias PC.XXX. J/30 K (10a.)(5) y PC.XXX. J/29 K (10a.),(6) que indican:
"DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, NO EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento de denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, no es el único medio con el que cuentan los afectados para defenderse de actos que tengan su génesis en normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el vocablo ‘podrá’ contenido en dicho precepto, interpretado sistemáticamente con los artículos 47, párrafo tercero y 72, párrafo segundo, de esta última legislación, refleja la intención del legislador de dotar de decisión a los justiciables en cuanto al camino que deban seguir para defenderse de un acto con las características apuntadas, esto es, instar el procedimiento establecido en el citado artículo 210, o bien, acudir al procedimiento sumario previsto en el artículo 118 de la ley de la materia, ya que aun cuando el procedimiento de denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo en su vía indirecta tengan un diseño legislativo distinto, procesalmente también sean regulados de manera diversa y tengan alcances y efectos jurídicos diferentes, ambos cumplen con el fin de restablecer al particular en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados y, por ende, de resguardar el orden constitucional, lo que implica que tenga libertad de elegir la vía que estime idónea para combatir actos de esa naturaleza, de ahí que, dichos procedimientos no sean excluyentes entre sí, interpretación que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva; por ello, es jurídicamente válido concluir que la intención del legislador fue crear un mecanismo adicional al juicio de amparo para que los particulares se defiendan de actos fundados en normas declaradas inválidas, pero no limitar la procedencia del medio de control constitucional que por antonomasia ha sido a lo largo de la historia de la justicia constitucional, el mecanismo protector y restitutorio de derechos humanos."
"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN FUNDADOS EN NORMAS GENERALES RESPECTO DE LOS CUALES SE HUBIESE DICTADO UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE AMPARO, O EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL NO PREVERLOS EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto legal citado, textualmente establece que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de dicha Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, en la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.’, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que las causas de improcedencia deben aplicarse de manera estricta, con el fin de que la salvaguarda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los derechos fundamentales a través del juicio de amparo sea efectiva, por lo que ante posibles interpretaciones de las causales de improcedencia, el juzgador debe declarar fundada la que se hubiese demostrado fehacientemente; por tanto, si en el juicio de derechos fundamentales se reclama el acto de aplicación de una norma general respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, como podría ser el cobro del derecho de alumbrado público por concepto de consumo de energía eléctrica, fundado en las leyes declaradas inconstitucionales por el Pleno del Alto Tribunal del País al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2019, pero no se impugna la norma, el juicio resulta procedente; sin embargo, si lo que se reclama es la ley, sea en su vertiente de autoaplicativa o heteroaplicativa, sí se actualiza de manera manifiesta e indudable el supuesto de improcedencia previsto por la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." B. Criterio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 76/2022
13. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, así como los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, mediante la cual determinó improcedente la solicitud para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana con fines lúdicos.
14. De la demanda correspondió conocer al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró bajo el número de expediente 992/2021; y, mediante resolución de seis de enero de dos mil veintidós, por un lado, sobreseyó en el juicio y, por otro, concedió el amparo.
15. Contra tal determinación, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud interpuso recurso de revisión, del que conoció el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente RA-76/2022, el cual, mediante sentencia de seis de abril de dos mil veintidós, determinó devolver los autos a la Secretaría de Acuerdos de ese órgano, a efecto de dar vista al quejoso con la actualización de una posible causa de improcedencia para que manifestara lo que a su derecho conviniera de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo.
16. Transcurrido el plazo otorgado al quejoso, el veintiocho de abril siguiente, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio, al estimar medularmente, que:
• Se advertía la actualización de diversas causales de improcedencia a las analizadas por el Juez de Distrito.
• Por un lado, por lo que hacía a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque el quejoso no demostró que le generaran perjuicio, esto era, que la autoridad responsable le negó la autorización para el consumo personal y lúdico de cannabis sativa y sus variantes.
• Los preceptos impugnados no podían ser aplicados en perjuicio del quejoso, toda vez que no formaban parte del sistema prohibicionista que restringía el uso de la cannabis con fines lúdicos.
• Por otro lado, se actualizaban las causas de improcedencias establecidas en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, toda vez que se reclamó una norma respecto de la cual el Tribunal Pleno emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad.
• Esta Suprema Corte, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, declaró la inconstitucionalidad de los artículos impugnados citados, de modo que después de dicha declaratoria general, el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente porque las normas ya habían sido expulsadas del orden jurídico con efectos generales.
• Ante la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad de los preceptos con base en los cuales implícitamente se negó al quejoso la autorización para el consumo personal de cannabis, debió denunciar dicho acto conforme al procedimiento especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, el cual no tenía plazo para su promoción.
• El vocablo "podrá", contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, no implica la posibilidad de elegir entre denunciar la aplicación de las normas de observancia general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad o promover el juicio de amparo indirecto contra dicha aplicación, sino que solamente significa la opción de conformarse o no con la aplicación de las normas expulsadas del orden jurídico nacional, pero solamente a través del procedimiento idóneo para ello, que es el especial previsto en el precepto mencionado.
• Al existir una causa de improcedencia expresa respecto de la impugnación de normas declaradas inconstitucionales con efectos generales, y como el legislador proveyó un procedimiento especial para el caso de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva se aplicaran las normas invalidadas, entonces, dicho procedimiento especial y el juicio de amparo indirecto son excluyentes entre sí.
• Esta interpretación es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva, ya que el legislador no previó plazo para denunciar la aplicación de una norma invalidada en esos términos. Si bien era cierto que el artículo 118 de la Ley de Amparo prevé un procedimiento abreviado para el trámite del juicio de amparo indirecto cuando se cuestionen leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, también era cierto que ello no es aplicable en aquellos casos en los que exista un medio de defensa que se deba agotar previamente a su promoción.
• La jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de normas generales no tiene la misma naturaleza de las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte que contienen una declaratoria general de inconstitucionalidad porque, en el segundo supuesto, las disposiciones objeto de la declaratoria pierden su validez por su expulsión del orden jurídico nacional, es decir, la decisión tiene efectos derogatorios, por lo que se prohíbe su aplicación, lo cual no es propio de ninguna jurisprudencia; por tanto, resulta congruente que el legislador haya previsto, en beneficio de las personas afectadas, un diverso procedimiento especial y de mayor agilidad para denunciar, en cualquier momento, ante un Juez de Distrito a la autoridad que aplique normas que fueron materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad.
• La declaratoria general es un medio de control de la constitucionalidad de normas generales independiente y excluyente del juicio de amparo indirecto, de ahí que el artículo 118 de la Ley de Amparo no se refiera al caso en que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad con efectos generales por el Pleno de esta Suprema Corte.
17. Del referido asunto, derivó la tesis I.23o.A.1 K (11a.),(7) que indica:
"DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO A UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ES EL IDÓNEO, EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES EXPULSADAS DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL.
"Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud y de su acto de aplicación, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico nacional dichas normas generales.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen la inejercitabilidad de la acción constitucional en contra de actos en los que se hubieran aplicado normas generales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de la Ley Reglamentaria de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32111-21cf4ebd/actos-fundados-en-una-norma-declarada-inconstitucional-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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