ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, además de que el asunto es del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante -Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito- es uno de los órganos jurisdiccionales, cuyo criterio contiende en esta contradicción de tesis, a saber, el contenido en la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo ***********, del índice de dicho tribunal.
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. El problema jurídico sobre el cual se denunció la contradicción se ciñe a determinar si, en términos del artículo 125, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es obligatorio interponer el recurso de revocación antes de acudir al juicio administrativo, cuando la resolución que se pretende impugnar fue dictada en cumplimiento a un recurso de revocación anterior. Al respecto:
I. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo ***********, dictó el fallo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:
"... Ahora bien, la porción normativa del multicitado precepto legal, que es objeto de controversia en cuanto a su interpretación y alcance, prescribe literalmente lo siguiente: (se transcribe).
"Para desentrañar el sentido de esta segunda parte del numeral transcrito, se estima apropiado, en primer lugar, partir de una interpretación exegética del precepto, acudiendo a las reformas que ha sufrido y a las razones que el legislador ha motivado para ello, sin introducir desde luego elementos ajenos a la norma y, en segundo término, se atenderá a la doctrina jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en torno al tema general de la obligatoriedad de agotar los recursos en sede administrativa, previo a interponer el juicio ordinario ante la autoridad formal y materialmente jurisdiccional.
"En este sentido, se parte de la base de que el Código Fiscal de la Federación vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, y en su redacción original, el artículo 125, primer párrafo, disponía lo siguiente: (se transcribe).
"Como puede advertirse, desde un inicio, el código federal tributario previó la posibilidad de que en contra de las resoluciones fiscales, el contribuyente pudiera optar entre agotar la instancia administrativa o acudir directamente al juicio de nulidad, salvo que se tratara de un acto administrativo que fuera antecedente o consecuente de otro; excepción que resulta comprensible, ya que de esta manera se evita la emisión de resoluciones contradictorias y se cumple con la premisa de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
"Poco tiempo después, este precepto fue modificado mediante decreto publicado en el citado medio oficial de difusión el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, para inciertamente prohibir que en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente pueda promover de nuevo el recurso de revocación (entendiendo vía como equivalente a recurso), por lo que, en esos casos, debía indefectiblemente promoverse directamente el juicio de nulidad.
"El primer párrafo del arábigo en comento quedó redactado de la siguiente manera: (se transcribe).
"Posteriormente, hasta el cinco de enero de dos mil cuatro, la norma jurídica transcrita fue de nuevo modificada, para quedar en los términos actualmente prescritos.
"Esta última modificación está contenida en el decreto publicado en aquella fecha en el Diario Oficial de la Federación, el cual tuvo su origen en múltiples iniciativas de reformas, mismas que fueron recopiladas y dictaminadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, quien presentó a través del dictamen de trece de diciembre de dos mil dos, la iniciativa del ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales’, denominada ‘Nueva hacienda pública distributiva’, cuya exposición de motivos enfatizó sobre el tema que se estudia, lo siguiente: (se transcribe).
"Como se puede apreciar, la intención del legislador de reformar la porción normativa en análisis fue sólo la de concederle de nuevo al gobernado la oportunidad de que frente a las resoluciones emitidas en cumplimiento de un recurso de revocación pudiera intentar una vez más dicho recurso ante la propia autoridad hacendaria, puesto que antes, como se ha visto, el juicio de nulidad era la única opción disponible.
"Lo anterior revela, entonces, que nunca fue la intención del legislador de coartar el expedito derecho que tiene el justiciable de promover el juicio contencioso administrativo contra dichos actos, al contrario, con la reforma de mérito se le dio la oportunidad de intentar, por una sola ocasión, también el recurso administrativo; tornándose así opcional para el particular el agotar de nuevo el recurso en sede administrativa o acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Sentada esta primera premisa, ahora procede acudir a los pronunciamientos que el Máximo Tribunal Constitucional en este país ha emitido sobre el apuntado tema.
"Así, al resolver la contradicción de tesis 129/2007, la Segunda Sala de dicho tribunal argumentó que los medios de impugnación que las leyes respectivas ponen al alcance de los particulares son un beneficio para éstos y no una trampa procesal, quienes, en consecuencia, pueden optar por hacerlos valer o no, salvo que de manera expresa los ordenamientos legales en materia administrativa determinen que hasta en tanto no se agoten, no puede intentarse alguna otra vía por parte del afectado, o salvo que el precepto en cuestión hubiere señalado en forma expresa que el recurso de revisión administrativa debe agotarse previamente a la instancia jurisdiccional.
"Lo anterior lo sostuvo, al interpretar el primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, determinando que su expresión ‘podrá’ implica la posibilidad para el particular de optar por la instancia procedente, sin necesidad de agotar el recurso de revisión.
"Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 124/2007, que señala: ‘RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)
"En similar sentido, al resolver la contradicción de tesis 193/2007, la propia Segunda Sala concluyó que no es necesario agotar el recurso administrativo de inconformidad a que refieren los artículos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, antes de acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que, entre otras razones, el término ‘podrá’, contenido en el último numeral enunciado, deja al afectado en libertad de impugnar o no la resolución relativa antes de acudir a las instancias jurisdiccionales; en el caso específico, ante la Junta Laboral.
"La contradicción de mérito dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 200/2007, intitulada: ‘INCONFORMIDAD. NO ES OBLIGATORIO AGOTAR LA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 90 DEL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ANTES DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’
"Asimismo, al resolver la contradicción 217/2007, la indicada Sala del Alto Tribunal argumentó que, para determinar el sentido que el legislador dio a la expresión ‘podrá’, contenida en el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, debe acudirse a la exposición de motivos que culminó con la publicación de dicho ordenamiento; concluyendo que fue voluntad del legislador el darle al recurso administrativo ahí previsto, el carácter opcional y no obligatorio, previo al juicio de nulidad; reiterando que los recursos representan un beneficio para los particulares y no una trampa procesal, por lo que pueden optar por hacerlos valer o no, salvo norma expresa en contrario.
"Esto último motivó la jurisprudencia 2a./J. 229/2007, del tenor siguiente: ‘RECURSO DE REVISIÓN. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, ES DE CARÁCTER OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 18 DE ENERO DE 1999 AL 6 DE JUNIO DE 2006).’ (se transcribe)
"Las tres ejecutorias antes reseñadas participaron en la contradicción de tesis 45/2007, promovida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una aparente divergencia con el criterio sustentado por la Primera Sala de la propia Corte, al emitir, precisamente, la invocada jurisprudencia 1a./J. 148/2007, del rubro: ‘RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO «PODRÁ» EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’
"Sin embargo, por unanimidad de votos de los señores Ministros, el Pleno declaró inexistente la contradicción de criterios, en virtud de que el denominador común en los asuntos que conoció la Segunda Sala consiste en la cuestión relativa a si en el trámite de un procedimiento administrativo, previo a promover un juicio ordinario, debía agotarse o no el recurso en sede administrativa. En cambio, en el asunto que conoció la Primera Sala, se analizó la cuestión relativa a si, previo a acudir al juicio de amparo, esto es, a la jurisdicción constitucional, la cual es de naturaleza extraordinaria, debían agotarse los recursos previstos en las leyes ordinarias.
"Por ello, argumentó que las Salas de la Suprema Corte partieron de elementos distintos, en tanto que para resolver el problema abordado por la Segunda Sala no resultaba necesario atender al principio de definitividad, que fue el que analizó particularmente la Primera Sala; de modo que el problema de fondo no consiste en el alcance de la locución ‘podrá’, sino en la naturaleza de los medios de impugnación que al efecto se estudiaron en cada una de las ejecutorias contendientes, siendo que los estudiados por la Segunda Sala refieren a recursos administrativos, cuyo agotamiento es optativo para el gobernado, previo a acudir a un procedimiento jurisdiccional, y en donde la definitividad no tiene la exigibilidad que se impone en el juicio de amparo.
"Partiendo de las premisas anteriores, se arriba a la conclusión de que es incorrecta la interpretación adoptada por la Sala responsable, respecto del artículo 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues, como se ha visto, de la exposición de motivos que dio origen a la redacción actual de ese precepto, se advierte que la intención del legislador fue la de reiterar la regla general sobre el carácter opcional del recurso de revocación fiscal, aun tratándose de resoluciones emitidas en cumplimiento a un recurso de esa naturaleza; supuesto en el cual, el contribuyente ya agotó en una ocasión esa vía ante la propia autoridad fiscal y, en su cumplimiento, se emitió una nueva resolución adversa a sus intereses, por lo que debe conservar el derecho de acudir ante una autoridad formal y materialmente jurisdiccional, que resuelva sus pretensiones en forma imparcial y exhaustiva.
"El único supuesto de excepción a esa regla general consiste en que el acto administrativo sea antecedente o consecuente de otro, lo que se entiende en la medida en que se evita la emisión de resoluciones contradictorias, pero, tratándose de un acto emitido en cumplimiento a un recurso de revocación, no impera la misma razón, ni se corre ese riesgo, aun cuando pudiera considerarse que aquél es consecuencia de éste, ya que si se promueve en su contra el juicio contencioso administrativo, quien ahora decidirá sobre su legalidad será el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es un órgano imparcial e independiente, y lo hará a la luz de los nuevos fundamentos y motivos expuestos en esta última resolución, y acorde a los planteamientos y pruebas que ofrezcan las partes, quienes ahora se rigen bajo los principios de equilibrio procesal e igualdad de armas.
"Por otra parte, la interpretación sustentada por la responsable no atiende a la naturaleza propia de los recursos administrativos, en los que la definitividad no tiene la relevancia que se exige en el juicio de amparo, en el cual, a diferencia de los primeros, dicho principio sí constituye un presupuesto esencial para su procedencia, por ser un medio de defensa extraordinario y excepcional; siendo que el juicio contencioso administrativo tiene la naturaleza de un juicio ordinario.
"Además, los precedentes que al respecto ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido constantes en precisar que, en materia administrativa, por regla general, los particulares pueden optar por hacer valer o no los recursos ante la propia autoridad emisora del acto, salvo que de manera expresa la legislación respectiva determine lo contrario; supuesto este último que, en el caso concreto, no se actualiza, en tanto que el señalado artículo 125, primer párrafo, no prescribe en forma expresa que, frente a resoluciones dictadas en cumplimiento a recursos de revocación, debe agotarse nuevamente la instancia administrativa.
"Incluso, en los precedentes invocados, el Alto Tribunal ha interpretado que en esta materia, el vocablo ‘podrá’ sí debe entenderse en el sentido de que deja al afectado en libertad de impugnar o no la resolución relativa antes de acudir a las instancias jurisdiccionales.
"Por tanto, partiendo de una interpretación teleológica subjetiva del precepto en estudio y con apoyo en las invocadas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan tanto a este Tribunal Colegiado, como a la Sala responsable; no se comparte, además, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la citada tesis I.1o.A.55 A (10a.), que dice: ‘REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 125, SEGUNDA PARTE DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES OBLIGATORIO INTERPONERLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE IMPUGNAR ES LA RECAÍDA A UN RECURSO ADMINISTRATIVO.’ (transcribe texto)
"La interpretación adoptada por este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito adquiere solidez si se parte de la base de que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho fundamental en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1 y 25, arábigo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de buscar, con apoyo, además, en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho fundamental, interpretando de manera estricta los requisitos para admitir los juicios y teniendo presente la ratio de la norma, para evitar caer en interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo de un asunto. ..."
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal ***********, dictó el fallo de doce de diciembre de dos mil trece que, en lo que interesa, establece:
"... De la confrontación que se realiza entre las consideraciones de la Sala del conocimiento y los agravios antes sintetizados, se advierte que el problema a dilucidar consiste en determinar cuál es la interpretación que debe darse al artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, porque dependiendo de eso se considerará aplicable el mencionado artículo o el 120 del propio ordenamiento.
"Por consiguiente, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece: (se transcribe).
"La primera parte del artículo reproducido prevé la regla general consistente en que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al mencionado tribunal.
"Mientras que la segunda parte preceptúa que se deberá intentar la misma vía elegida cuando se pretenda impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro y que, en el caso de las resoluciones pronunciadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía.
"La interpretación que debe darse a la segunda parte del artículo de nuestra atención es en el sentido de que, aun cuando de su simple lectura pareciera que se trata de dos supuestos de excepción a la regla general apuntada, lo verdaderamente cierto es que se refiere a uno solo, si se toma en cuenta que al decir la misma vía elegida cuando se pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro se está refiriendo a la vía del recurso de revocación, porque antes de esa vía sólo existe el procedimiento administrativo; de modo que la resolución de un recurso constituye el antecedente y la dictada en su cumplimiento es el consecuente, lo que pone de manifiesto que en contra de esta última resolución procede el recurso de revocación, por una sola vez, el cual deberá agotar el contribuyente antes de promover el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa.
"No es obstáculo a la conclusión alcanzada el hecho de que el mencionado precepto utilice el vocablo ‘podrá’, el cual no significa que sea potestativo para los gobernados agotar el recurso de revocación antes de comparecer al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 355, cuyos rubro y texto dicen: ‘RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO «PODRÁ» EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe)
"En la contradicción de tesis 89/2007-PS, que dio lugar a la jurisprudencia que antecede, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que el término ‘poder’ o su conjugación ‘podrá’ (futuro de indicativo, tercera persona del singular) hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar -o no- un determinado medio de defensa, por lo que si no se presenta tal inconformidad expresa en el plazo señalado en la misma ley se entenderá aceptado o consentido por el gobernado de manera tácita, con lo cual, el legislador acató el imperativo constitucional de la garantía de audiencia, al establecer, para el afectado de una determinación de diversa autoridad, la posibilidad de solicitar ante la autoridad inmediata superior de la responsable la revisión de dicha resolución.
"Agregó la Sala que el hecho de que en cualquier legislación federal o local se emplee el vocablo ‘podrán’, para hacer referencia a la interposición de un diverso recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el gobernado agotar o no el recurso establecido previamente a acudir al juicio.
"Determinó la Primera Sala que deberá agotarse de manera previa todo aquel recurso, juicio o medio de defensa legal, en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados aquellos actos de autoridad.
"En el caso, del análisis de las constancias procesales del juicio de origen se advierte que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad se emitió en cumplimiento a la pronunciada en el recurso de revocación ***********, por lo que ésta constituye el antecedente y aquélla (la cuestionada en el juicio de nulidad) el consecuente y, por ende, se actualizó la excepción establecida por la segunda parte del artículo 125 y no la regla general del numeral 120, que contiene la opción para el interesado antes de acudir al citado tribunal, ambos del Código Fiscal de la Federación.
"Por tanto, es incuestionable que *********** debió impugnar en el recurso de revocación la resolución contenida en el oficio ***********, de tres de mayo de dos mil doce, mediante la cual, la Administradora Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria negó el pago de intereses con motivo de la solicitud de devolución del saldo a favor de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres.
"Por lo anterior, contrario a lo sostenido por la Sala, se actualizó la causa de improcedencia del juicio de nulidad, prevista en el artículo 8, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se debió decretar el sobreseimiento en el juicio del que derivó este medio de impugnación.
"Entonces, es fundado el agravio, porque la interpretación del artículo 125, parte segunda del primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es que contiene un solo supuesto de excepción relativo a que en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente, previamente a la promoción del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe impugnarla, por una sola vez, a través de la misma vía recursiva, toda vez que con antelación a esos medios de impugnación sólo existe el procedimiento administrativo y, como consecuencia, no es aplicable el artículo 120 del invocado código. ..."
Derivado de lo anterior, sostuvo el siguiente criterio:
"REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 125, SEGUNDA PARTE DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES OBLIGATORIO INTERPONERLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE IMPUGNAR ES LA RECAÍDA A UN RECURSO ADMINISTRATIVO. La primera parte del artículo mencionado prevé la regla general consistente en que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, el mencionado precepto dispone una excepción, relativa a que se deberá intentar la misma vía elegida cuando se pretenda impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro y que, en el caso de las resoluciones pronunciadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. Así, el empleo del vocablo ‘podrá’ no significa que el agotarlo sea potestativo para los gobernados antes de acudir al juicio contencioso. Ahora bien, la interpretación que debe darse a la segunda parte del párrafo primero del artículo de nuestra atención es en el sentido de que, aun cuando de su simple lectura pareciera que se trata de dos supuestos de excepción, lo verdaderamente cierto es que se refiere a uno solo, si se toma en cuenta que, al decir la misma vía elegida cuando se pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, se está refiriendo a la vía recursiva, porque, antes de ella, sólo existe el procedimiento administrativo; de modo que la resolución de un recurso constituye el antecedente y la dictada en su cumplimiento es el consecuente, lo que pone de manifiesto que en contra de esta última resolución procede el recurso de revocación, por una sola vez, antes de que se promueva el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa."(1)
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Conforme al criterio jurisprudencial aquí reproducido, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia, hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Así, si las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26616-0d0f7f75/actos-emitidos-en-cumplimiento-a-lo-resuelto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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