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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RECONOCIÓ LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 333/2011. · Registro digital (IUS): 23197
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Pág. 329.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 333/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: JUAN PABLO RIVERA JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tener en cuenta las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, resolvió por unanimidad de votos en cuanto al sentido, la revisión fiscal **********, en los siguientes términos:

"Previamente al examen del planteamiento formulado por el recurrente, es pertinente señalar que a pesar de que la sentencia que se impugna declaró la validez de la resolución cuya nulidad fue demandada en el juicio contencioso administrativo, existe interés para interponer el presente medio de defensa, ya que el inconforme considera que la Sala debió determinar que era fundada la causal de improcedencia de dicho juicio, en atención a que carece de competencia legal para conocer y resolver de la controversia que consistió en dilucidar si es legal o no la resolución en la que se canceló el registro del actor como contador público. Efectivamente y como lo indica el ocursante, la cuestión de competencia de las autoridades es de orden público y de estudio preferente, motivo por el cual se aborda su examen en el presente recurso de revisión fiscal, máxime que, en la especie, de resultar acertada la propuesta, el ocursante tendría un mayor beneficio que el que obtuvo en la sentencia atacada, pues como lo expresa, de haberse declarado la incompetencia legal del órgano jurisdiccional, el actor no tendría la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo las consideraciones de fondo contenidas en dicha sentencia relacionada con la legalidad de la resolución administrativa; por tanto, se tiene interés para interponer el presente medio de impugnación ... En la parte restante del agravio, se afirma que la Sala se equivocó al declararse legalmente competente para conocer del negocio jurídico que se le planteó, ya que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala los tipos de resoluciones que pueden impugnarse a través del juicio contencioso administrativo, dentro de las cuales no figuran aquellas en que sea cancelado el registro de un contador público, por el contrario, ese numeral especifica la materia de las resoluciones susceptibles de atacarse en dicho juicio, como son las que determinen alguna obligación fiscal, se fije la misma en cantidad líquida o establezca las bases para su liquidación, las que nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución sea procedente de conformidad a las leyes fiscales; las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales, las que reduzcan o nieguen pensiones o prestaciones a miembros de las Fuerzas Armadas; las resoluciones relativas a pensiones civiles; las que resuelvan sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública; las relacionadas con créditos o sanciones por responsabilidad de los servidores públicos; aquellas que requieran el pago de una garantía a favor de la Federación; las concernientes a indemnizaciones en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; o bien, que provengan de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que del contenido del precepto legal, infiere el recurrente, se advierte que el legislador atendió a la materia contenida en las resoluciones que se pretenden combatir, por lo que es necesario que para que exista competencia legal debe señalarse la misma en forma expresa, lo que no aconteció en la especie, sin que sea obstáculo que la resolución de que se trate sea de carácter administrativa, pues esa circunstancia debe tener relación con las materias que el propio artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone en sus diferentes fracciones, es decir, que no todas las resoluciones administrativas pueden combatirse a través del juicio contencioso administrativo, sino únicamente las que tengan esa naturaleza y que correspondan a las materias que el propio numeral establece, con independencia de que sean definitivas. Es fundado el argumento cuya síntesis se efectuó en los párrafos precedentes, por las consideraciones que se desarrollan a continuación: El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es del tenor siguiente: (lo transcribe). Como se observa de la reproducción anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene competencia legal para conocer de las controversias que se sometan a su consideración en las que se cuestione la legalidad de las resoluciones definitivas que en forma expresa indica el precepto normativo, es decir, las que en forma esencial dicten autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos que determinen una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para hacerlo; las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente recibido por el Estado, o bien, que proceda conforme a las leyes fiscales; que impongan multas por la transgresión a normas administrativas federales y las que causen un perjuicio en materia tributaria diversa a las especificadas. El precepto normativo examinado también otorga competencia legal al órgano jurisdiccional que nos ocupa, para conocer la legalidad de las resoluciones que se emitan sobre pensiones y prestaciones sociales que se concedan a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, así como las que se dicten en materia de pensiones civiles, o sobre interpretación y cumplimiento de contrato de obra pública celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada. Por otro lado, el numeral de que se trata otorga competencia para dirimir controversias relacionadas a las resoluciones que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos y aquellas emitidas en contra de los particulares involucrados en esas responsabilidades en las que se requiera el pago de garantías otorgadas a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y de los organismos descentralizados; las que nieguen a los particulares la indemnización referida en el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las que se expidan en materia del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, las que sancionen administrativamente a funcionarios en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Del mismo modo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede conocer de las cuestiones suscitadas con motivo de la emisión de resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, siempre y cuando se haya hecho en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las que decidan los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones que se apuntan en las demás fracciones del artículo 11 de la ley orgánica del órgano jurisdiccional en cita, y respecto a las resoluciones que señalen las demás leyes como competencia del tribunal. Finalmente, tiene competencia legal para conocer de los juicios que inicien las autoridades con el fin de que se declare la anulación de resoluciones administrativas favorables a un particular, con la limitación de que se hayan dictado en las materias señaladas en las distintas fracciones del precepto normativo consultado, así como de los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta que se haya configurado en las materias especificadas por el propio numeral, o de aquellos juicios promovidos en contra de la negativa de la autoridad para expedir la constancia de la configuración de la resolución positiva ficta, cuando así lo exija la ley que rija a esas materias, siendo que el conocimiento de estos últimos se limita a que no se cause afectación al derecho de un tercero que tenga reconocido un registro o anotación ante autoridad administrativa. En ese estado de cosas y como lo expresa el recurrente, la intención del legislador fue otorgar competencia legal al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer y resolver los juicios promovidos en contra de resoluciones administrativas, únicamente en aquellos casos en que la resolución haya sido dictada en las materias que se precisen en el artículo 11 de su ley orgánica y no por el simple hecho de que tengan carácter administrativa. Lo anterior se pone de manifiesto con el texto del primer párrafo del numeral en el que se dijo expresamente que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indiquen en el propio texto del precepto normativo. La consideración descrita también se pone en evidencia por el hecho de que el legislador, en la fracción XIV del numeral examinado, precisó que el tribunal conocerá de las resoluciones que decidan los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones precisadas en las distintas fracciones del numeral. De la misma manera, se establece en el precepto normativo que el tribunal conocerá de las resoluciones de las negativas fictas que se configuren, pero que refieran a las materias relacionadas en el propio precepto normativo; en consecuencia, se insiste, que no basta que la resolución cuya nulidad se demande sea definitiva y administrativa, sino que además, la materia debe estar incluida en forma expresa en alguna de las fracciones del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, que alguna ley otorgue en forma precisa la competencia, como lo dispone su fracción XV y el criterio invocado por la Sala, sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de cuyo contenido se advierte que el artículo 203 de la Ley Aduanera que se examinó, preveía que el anterior Tribunal Fiscal de la Federación era competente para conocer de las resoluciones definitivas dictadas por autoridades aduaneras (fojas 238 a 239 vuelta). Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo se demandó la nulidad del oficio ********** de dieciocho de junio de dos mil uno, en el que el administrador de Supervisión de Revisión de Dictámenes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, canceló los efectos del registro **********, que para dictaminar estados financieros fiscales le fue otorgado al actor (fojas 2 y 29 a 32); de tal suerte y como lo expresa el recurrente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resulta incompetente legalmente para conocer de ese juicio, debido a que la resolución que se impugna no fue dictada en ninguna de las materias descritas en el artículo 11 de su ley orgánica y, por ello, al no considerarlo de esa forma la Sala su proceder fue incorrecto. En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Sala actuó indebidamente, lo que procede es declarar fundado el presente medio de defensa, por lo que la Sala deberá dejar insubsistente la sentencia recurrida y en su lugar dicte otra en la que se declare incompetente legalmente para conocer la controversia que se le propuso."

Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada I.7o.A.211 A, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 1210, de rubro y texto:

"REVISIÓN FISCAL. REUNIDOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y A PESAR DE QUE SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, LA AUTORIDAD TIENE INTERÉS PARA INTERPONERLA CUANDO EN LA SENTENCIA RECURRIDA SE HAYA DESESTIMADO LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PROPUESTA, DERIVADA DE LA INCOMPETENCIA LEGAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA. Conforme al artículo 242 del código citado procede el recurso de reclamación, entre otros supuestos, contra resoluciones del Magistrado instructor que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo. Ahora bien, en caso de que la demandada interponga ese medio de impugnación y no obtenga resolución favorable a sus intereses, con el consiguiente trámite del juicio hasta el dictado de la sentencia, en la que tampoco prospera la causal de improcedencia que se hace valer en el mismo sentido, dicha autoridad administrativa tiene interés para controvertir la decisión por medio del recurso de revisión fiscal, no obstante que en la sentencia se haya declarado la validez de la resolución cuya nulidad se demandó, puesto que en términos del artículo 248 del código tributario ese recurso procede en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales que nieguen el sobreseimiento y las resoluciones definitivas. Lo anterior encuentra justificación en que de ser acertada la propuesta, el ocursante tendría un mayor beneficio que el que obtuvo en la sentencia atacada, en la medida en que de haberse declarado la incompetencia legal del órgano jurisdiccional, el actor no tendría la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo la determinación de fondo adoptada por la Sala; por tanto, en la hipótesis narrada se conserva el interés para interponer el recurso de revisión fiscal."

Por su parte, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha uno de julio de dos mil once, resolvió por mayoría de votos la revisión fiscal **********, en los siguientes términos:

"Toda vez que la procedencia del recurso es un presupuesto procesal de estudio oficioso por tratarse de una cuestión de orden público, este tribunal se ocupa de su examen. Sobre ello, debe decirse que no obstante el recurso pueda actualizar el supuesto previsto en el artículo 63, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; lo cierto es que en el caso, no se satisface un presupuesto procesal previo de procedencia, atinente a que la sentencia impugnada afecte los intereses de la autoridad recurrente. Con ese propósito, es pertinente mencionar que de acuerdo con la doctrina jurídica en el derecho procesal, por recurso se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el Juez que emitió una providencia o su superior, la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. La doctrina jurídica procesal también señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición para que se corrijan los errores del juzgador que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las providencias del Juez, pero como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores de quien juzga y que perjudican al recurrente, entonces sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o jurídico, pero concreto, actual y objetivo respecto de la materia de la providencia; por tal motivo, puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso(2). En relación con el tema, Hugo Alsina(3) asegura que los recursos son los medios que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede interponer un recurso constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí que, por regla general, los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, por lo que, en consecuencia, a ellas corresponde su interposición, aunque existen casos en los que el recurso se niega a las partes y otros en que se concede a terceros. Por tanto, el mencionado jurista concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede a los que aun no siendo parte en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, pero no procede cuando esa sentencia es favorable a la pretensión de la parte recurrente. Por su parte, el jurista Eduardo Pallares(4) sostiene que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una resolución judicial, sea ésta un auto o decreto, y que los recursos sólo se conceden cuando la parte que los hace valer sufre un ‘agravio’ por la sentencia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas que no perjudiquen a la parte, no son impugnables. El referido autor señala que por agravio debe entenderse como la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución y, por tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es preciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer como agravios. De lo anterior se sigue que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes en un procedimiento o a terceros para combatir la validez o la legalidad de los actos o, inclusive, omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine la revocación o modificación de éstos, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino que es necesario, además, que exista un agravio o perjuicio real y no teóricamente en su esfera jurídica, y que éste sea concreto, actual y directo; por consiguiente, por regla general, no puede recurrir aquel para quien la resolución es favorable (aunque por fundamentos que no comparta), o incluso, que no le impone una carga procesal o determinada obligación qué cumplir, es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el recurso, lo que ha producido el aforismo ‘donde no hay agravio no hay recurso’. En efecto, como principio general jurídico se establece en la ley la procedencia de un medio de impugnación, con el propósito de que el afectado por una resolución o sentencia pueda acudir a la instancia correspondiente en defensa de sus intereses jurídicos, y en el caso de una autoridad, en defensa de la legalidad de su acto. Por tanto, quien tiene la posibilidad legal de intentar un recurso parte de la existencia de una afectación jurídica causada por la resolución que pretende impugnar, pues, precisamente, de ello deriva su derecho a instar ante el órgano jurisdiccional revisor que se examine su legalidad. Ahora bien, el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: (lo transcribe). Del artículo constitucional anteriormente transcrito deriva lo siguiente: 1) Corresponde al legislador ordinario la facultad de reglamentar los supuestos de procedencia de los recursos de revisión contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 2) De tales revisiones conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito y sólo el trámite de dichos recursos se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto. Sobre esa tesitura, se advierte una hipótesis de procedencia originaria del recurso de revisión fiscal, consistente en que la autoridad administrativa haya obtenido un fallo adverso a sus intereses, ello por virtud de que la creación de ese medio de defensa descansa en que la autoridad tenga la posibilidad de que una instancia superior pueda revisar la legalidad de las resoluciones de los Tribunales de lo Contencioso Administrativos. Conforme a lo anterior -como se dijo- para que un recurso sea procedente debe colmarse algún interés del promovente para defender su derecho amenazado o afectado por una resolución dictada en ese procedimiento, pues si ello no ocurre, no hay motivo para realizar actos jurídicos encaminados a su defensa. En esa virtud, es preciso que la resolución impugnada a través de ese medio de defensa cause al recurrente un perjuicio, es decir, una afectación o menoscabo en su esfera jurídica, sea porque le impone una condena, la priva de algún derecho o le crea una obligación; de modo que si ello no ocurre, ante la falta de agravio a los intereses jurídicos del recurrente, el medio de impugnación será improcedente. El criterio de que la afectación al interés jurídico es un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente ha sido sustentado, entre otros, en la tesis 2a. XI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan lo siguiente: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.’ (la transcribe). De conformidad con lo expuesto, el recurso de revisión fiscal como instrumento de carácter procesal para revisar la legalidad de las sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere de la expresión de los agravios que le causa la resolución recurrida, lo que limita la procedencia del recurso a la existencia de un agravio concreto que dicha resolución ocasione a la parte promovente y tiene la consecuencia de que de no demostrarse dicho agravio o perjuicio en su esfera jurídica, ésta no podrá ejercer válidamente la atribución de interponer ese medio de defensa. El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo refiere lo siguiente: (lo transcribe). El análisis a esa porción normativa permite distinguir que se atendió la exigencia constitucional, pues el legislador ordinario implementó un medio de impugnación que permita a la autoridad administrativa instar ante los Tribunales Colegiados de Circuito un medio de control de la legalidad, para que sean revisadas las resoluciones emitidas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuando haya recibido un fallo adverso a sus intereses. Circunstancia que no se actualiza en el caso -fallo adverso- dado que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, representante jurídico del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que el recurso de revisión fiscal es procedente, atento a lo siguiente: (Transcribe parte conducente del escrito por el que se interpuso el recurso de revisión). Por su parte, de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil diez, dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente **********, se advierte que se determinó lo siguiente: (se transcribe la parte conducente de la sentencia). De lo anterior, se tiene que se declararon infundados los conceptos de reclamación, en razón de que no se acreditó la existencia de un daño derivado de alguna actividad administrativa irregular del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, por tal razón, se negó la indemnización reclamada por concepto de daño material y moral. En esa tesitura, si respecto del acto reclamado del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no se acreditó la existencia de un daño derivado de alguna actividad administrativa irregular, y se negó la indemnización reclamada por concepto de daño material y moral, es incuestionable que la resolución materia del recurso de revisión no le afecta. En ese orden de ideas, no se surte el presupuesto indispensable que justifique jurídicamente que este tribunal revise la legalidad de la sentencia que se pretende impugnar, pues ni aun de resultar fundado el único agravio que se plantea, orientado a evidenciar que el juicio contencioso administrativo debió sobreseerse -cuestión sobre la cual aquí no se prejuzga-, en nada podría mejorar para la autoridad la situación que su acto debe guardar frente al reclamante, dado que, de fondo, la Sala Fiscal determinó que no se acreditó la existencia del daño, ni alguna actividad administrativa irregular del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, es claro que la sentencia recurrida no causa agravio alguno a la autoridad, dado que, inclusive, es un fallo favorable para ésta, motivo por el cual, atendiendo a la finalidad del recurso de revisión fiscal, no es procedente el medio de impugnación intentado, al no tratarse de un fallo adverso que afecte sus intereses y respecto del cual tenga que defender esa autoridad. No pasa inadvertido que el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevea, en la parte que interesa, que las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen el sobreseimiento del juicio, podrán ser impugnadas vía revisión fiscal ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente. Sin embargo, retomando el tema de los recursos, como medios de impugnación de las decisiones adversas a quien pretende recurrir, en el sentido de que para que éste proceda, debe colmarse un interés jurídico del que interpone el recurso para defender su derecho amenazado o afectado por una resolución o sentencia, pues si ello no ocurre, no hay motivo para realizar actos jurídicos encaminados a su defensa; se estima que el derecho para impugnar una sentencia que niegue el sobreseimiento en el juicio contencioso, nace sólo en el caso de que tal resultado -se niegue el sobreseimiento- vaya aparejado de una decisión que declare la nulidad de la resolución impugnada, o la existencia de un daño derivado de la actividad administrativa irregular y condene al pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, pues será con motivo de dicha nulidad o condena, que la decisión que negó el sobreseimiento impacte realmente a la autoridad que solicitó tal sobreseimiento, por lo que hace al acto que de ella se impugnó o reclamó. Pues al margen de que la recurrente considere que fue ilegal el que se haya negado el sobreseimiento, una sentencia que reconoció la validez de la resolución impugnada, o que negó la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, no puede originar, jurídicamente, un agravio que repercuta en la esfera de derechos de la autoridad demandada en el juicio contencioso. Razón por la cual, al interpretar el contenido del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que si bien dispone que las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otras, las que nieguen el sobreseimiento del juicio podrán ser impugnadas vía revisión fiscal ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente; lo cierto es que el derecho para impugnar una sentencia que niegue el sobreseimiento nace a partir de que la sentencia también haya declarado la nulidad del acto impugnado, o la existencia de un daño derivado de la actividad administrativa irregular y condene al pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, a fin de que se resienta un posible menoscabo. Máxime que en la especie, la parte que pudo resentir un agravio con la sentencia que dictó la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente **********, no promovió demanda de amparo directo, es decir, a quien afecta, en todo caso, que se haya negado la indemnización reclamada. Aún más, atento a los términos en que se ha propuesto el recurso que nos ocupa, resulta más evidente su improcedencia si se atiende a los motivos considerados por el legislador al expedir la nueva

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23197-37b5ec17/revision-fiscal-es-improcedente-contra-la-sentencia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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