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REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL DICTADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES O DE PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2015. · Registro digital (IUS): 26009
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2367.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. PONENTE: ROLANDO GONZÁLEZ LICONA. SECRETARIO: RAMÓN ALBERTO MONTES GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Magistrado integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió una de las ejecutorias que contienen los criterios contendientes.

TERCERO.-Con el objeto de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, enseguida se transcribirán las partes conducentes de las ejecutorias que contienen los criterios contendientes.

Así, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión contencioso administrativo 191/2013, interpuesto en contra de la resolución al recurso de apelación dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la que esta última revocó la sentencia la Primera Sala Ordinaria de ese órgano jurisdiccional y declaró la nulidad de la restricción del servicio hidráulico, en lo que al caso importa, consideró lo siguiente:

"TERCERO.-El presente medio de defensa es improcedente por las consideraciones siguientes: En principio, es oportuno señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veinticinco de agosto de dos mil diez, la contradicción de tesis 256/2010, determinó que la instauración del recurso de revisión se creó con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, por lo que será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya detectado la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado.-Esto es así, porque la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.-Por tanto, el Máximo Tribunal estimó que el estudio de tales aspectos debía confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.-De esa manera, la Segunda Sala del Alto Órgano Jurisdiccional de la Nación sostuvo que se reservaba a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia tuvieran un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-La superioridad manifestó que, si bien el artículo de referencia, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a que si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación; sin embargo, en este último supuesto, no puede considerarse satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación.-El criterio de referencia se encuentra consignado en la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 694, Tomo XXXII, diciembre de 2010, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe).-La propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de mayo de dos mil once, la contradicción de tesis 136/2011, estableció que en la jurisprudencia apuntada con antelación, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, por lo que era inconcuso que el criterio jurisprudencial de referencia era aplicable en todas las hipótesis materiales previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales.-Del razonamiento que antecede derivó la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, Tomo XXXIV, agosto de 2011, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales.’.-Lo anterior también resulta aplicable para la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativa, por tratarse de un recurso extraordinario al igual que el recurso de revisión fiscal, por tanto, las jurisprudencias que interpretan su procedencia son aplicables al caso por analogía.-Al respecto, se cita la tesis 2a. XXXI/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 560, Tomo XXV, abril de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD.-La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante.’.-Ahora bien, de las constancias que obran en el recurso de apelación **********, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que en el fallo recurrido se revocó la sentencia apelada y en consecuencia, se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al considerar, esencialmente, lo siguiente: ‘VII. La controversia en el presente asunto, consiste en resolver respecto a la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, que se precisa en el considerando IV de este fallo, lo que traerá como consecuencia en el primer caso, que se reconozca la validez y, en el segundo, que se declare su nulidad.-VIII. Esta Sala Superior, una vez analizados los argumentos expuestos por las partes, previa valoración de las constancias que integran el expediente en que se actúa, a las que se les otorga el valor probatorio que en derecho les corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 119, fracción I y 126, fracción I, de la ley orgánica que rige a este tribunal, entra al estudio de los conceptos de nulidad que se alegan en el escrito de demanda.-El demandante, en el punto tercero de conceptos de nulidad de la demandada, argumenta que, previo a la emisión de la orden de restricción del servicio hidráulico, la autoridad debe hacer del conocimiento del particular, la existencia del crédito fiscal a su cargo del que derive la orden de suspensión y haberlo requerido de pago de ese crédito.-La autoridad demandada, al contestar la demanda, alegó que no se encuentra obligada a hacer del conocimiento del actor, el adeudo por el pago del suministro del servicio de agua, ya que la orden de restricción se emitió porque no se comprobó la existencia del pago del crédito.-Es fundado el concepto de anulación a estudio, toda vez que tal como lo menciona la actora, que previo a la emisión de la orden de restricción del suministro de agua, la autoridad no demostró haber puesto del conocimiento del demandante, la determinante del crédito por el que se restringe el servicio de agua, ni haberlo requerido de su pago, con lo que no se respetó la garantía de audiencia del actor, que previene el artículo 14 constitucional, de donde resulta lo ilegal de la resolución impugnada, siendo aplicable la jurisprudencia número 86, Tercera Época, de esta Sala Superior, que establece: Época Tercera, Instancia Sala, Superior, TCADF, tesis S. S. 86.-«LA ORDEN DE SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DEL SERVICIO HIDRÁULICO POR LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI NO SE ACREDITA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PREVIAMENTE A SU EMISIÓN HUBIERA REQUERIDO AL USUARIO DE LA TOMA DE AGUA EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE, ADEUDA.» (se transcribe).-Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 126, fracción I, 127, fracciones I y II, y 128, fracción II, de la ley orgánica que rige a este tribunal, se declara la nulidad lisa y llana de la orden de restricción del servicio hidráulico, contenida en el oficio número ********** (sic), de fecha primero de agosto de dos mil doce, respecto a la toma de agua **********, ubicada en **********, quedando obligada la autoridad demandada, director de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a restituir a la parte actora en el goce de los derechos indebidamente afectados, que en el caso consiste en dejar sin efectos la resolución declarada nula, ordenando la reanudación del suministro del servicio hidráulico en el domicilio citado, en un término improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que quede firme esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 126, fracción IV, de la ley orgánica que rige a este tribunal ...’ (fojas 16 a 17 y vuelta del toca de apelación).-De la anterior transcripción se advierte que el recurso de revisión contencioso administrativo es improcedente, toda vez que la Sala Superior en el fallo controvertido revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada (orden de restricción del servicio hidráulico, contenida en el oficio número **********, de uno de agosto de dos mil doce, respecto de la toma de agua **********, ubicada en **********, debido a que no se respetó la garantía de audiencia del actor, en razón de que la autoridad emisora de la misma no hizo del conocimiento de éste, la determinante del crédito por el que se restringe el servicio de agua y tampoco le requirió su pago, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.-En este sentido, la causa de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino sólo se limita al análisis de la posible ausencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.-Por consiguiente, en la especie no se está en presencia de una determinación que ataña al fondo del asunto y, por ende, debe desecharse el recurso de revisión contencioso administrativo interpuesto.-Por lo anterior, no es el caso de examinar los supuestos que prevé el artículo 140 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo, pues al decretarse la nulidad del acto impugnado por vicios formales, es inconcuso que, de actualizarse algún requisito de procedencia previsto en ese numeral, no cambiaría el sentido que rige el presente fallo.-Finalmente, no impide concluir de la manera descrita, el hecho de que el recurso haya sido admitido a trámite por auto de presidencia, en virtud de que esa decisión no causa estado, en términos de la tesis 2a./J. 222/2007, aplicada por analogía, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 216, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe)."

Por su parte, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 8/2015, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:

"SEXTO.-Como se advierte de la lectura del agravio único expuesto por la recurrente, ésta se duele, en esencia, de que el recurso de revisión contencioso administrativa interpuesto por el director general de Regulación Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal es notoriamente improcedente, por lo que no debió admitirse a trámite.-Lo anterior es así, en razón de que, aduce la inconforme, en el caso concreto no se colman los requisitos de importancia y trascendencia, pues la Sala contenciosa no analizó el tema de fondo del asunto, sino que únicamente decretó la nulidad de la resolución impugnada por la actualización de vicios formales, invocando al respecto, una jurisprudencia sustentada por diverso Tribunal Colegiado de Circuito.-Por tanto, estima, en la especie se surte la naturaleza restringida y excepcional a que se refiere el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.-Este Tribunal Colegiado estima infundados los argumentos de agravio vertidos por la recurrente, conforme a las siguientes consideraciones.-En principio, es menester destacar que, para efectos de la procedencia de un recurso, debe atenderse a dos tipos de requisitos, que son los de carácter formal y los de fondo.-La distinción apuntada encuentra su justificación, precisamente, al ponderarse sobre los alcances de la actuación, tanto de la Magistrada presidente, como de quienes integran el Pleno de este tribunal, en torno a la admisión de un recurso de revisión contencioso administrativa, con el propuesto en el expediente **********, del cual deriva la reclamación que nos ocupa.-Así, la actuación del presidente de un Tribunal Colegiado no puede ir más allá de examen de los requisitos de procedencia formales -cuya característica esencial es que versan sobre aspectos de inmediata apreciación-, pues de lo contrario llegaría al extremo de resolver la pretensión principal planteada en el recurso.-A propósito de lo anterior, es menester analizar el contenido de los artículos 91 de la Ley de Amparo y 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen lo siguiente: (se transcriben).-Del primero de los artículos citados se advierte que el presidente del órgano jurisdiccional ‘calificará’ la procedencia del recurso, vocablo que significa apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de algo o de alguien, o analizar si una cosa reúne los requisitos necesarios.-En consecuencia, el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito -con base en ese numeral y en el segundo de los numerales preinsertos, que establece que debe dictar los autos de trámite que correspondan- tiene la ineludible obligación de analizar si existen motivos que hagan procedente o improcedente el recurso de revisión contencioso, con base en las constancias que tiene a su alcance.-Ahora bien, aun cuando el referido numeral 91 de la Ley de Amparo establece que será el presidente del órgano jurisdiccional quien calificará la procedencia del recurso aludido, ello no debe ser interpretado en el sentido de que, en todos los supuestos, será quien emita una decisión definitiva acerca de la procedencia de ese medio de impugnación, ya que, se insiste, el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla que corresponde al presidente quien emitirá todos los proveídos de trámite que procedan en los asuntos de su competencia, hasta ponerlos en estado de resolución.-Por ende, es indudable que los autos de trámite que no impliquen una cuestión trascendente o dudosa, así como los que no deba calificar el Pleno, serán dictados por el presidente del Tribunal Colegiado.-Sin embargo, para concluir si un recurso como el que nos ocupa cumple con las hipótesis de procedencia del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es menester valorar la naturaleza del asunto, las consecuencias jurídicas y de hecho que se verificarán derivadas de ese análisis, así como el alcance de la eventual decisión que llegará a concluirse al resolverlo, la cual sólo puede fijarse en función de la gravedad de las consecuencias de la decisión del asunto.-Tales aspectos únicamente pueden ser analizados por el Pleno del Tribunal Colegiado, en tanto que a su presidente sólo le corresponde examinar si están cubiertos los requisitos formales del escrito de interposición del recurso y su oportunidad, para luego, de ser el caso, poner el asunto en estado de resolución y, finalmente, ordenar su turno al Magistrado relator para que formule el proyecto respectivo.-Las consideraciones que anteceden permiten concluir que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito puede, en términos del artículo 91 de la Ley de Amparo, desechar un recurso que no cubra aspectos formales elementales; sin embargo, no está facultado para desecharlo por no cumplir los requisitos de importancia y trascendencia, ya que para ello tendría que llevar a cabo un examen sobre los alcances de la pretensión del recurrente, en relación con las constancias que integran el juicio contencioso en cuestión, lo cual no constituye una cuestión formal.-En ese sentido, son infundados los agravios hechos valer por la recurrente, en cuanto aducen la ilegalidad del auto que tuvo por admitido el recurso de revisión contenciosa administrativa número **********, toda vez que, conforme a lo anteriormente expuesto, en dicho proveído no era factible analizar si se cubre o no el supuesto de importancia y trascendencia para efectos de la procedencia, pues al no tratarse de una cuestión meramente formal, sino de fondo, su estudio corresponde al Pleno de este Tribunal Colegiado.-Como sustento de lo anterior, cabe citar, analógicamente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto enseguida se reproducen: No. Registro: 170456. Jurisprudencia. Materia administrativa. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, enero de 2008, tesis 2a./J. 252/2007, página 460: ‘RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SÓLO TIENE FACULTADES LEGALES PARA DESECHARLO POR ASPECTOS FORMALES.’ (se transcribe).-También cobra aplicación en la especie, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia que es del tenor siguiente: No. Registro: 174003. Jurisprudencia. Materia común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, octubre de 2014, tesis 2a./J. 139/2006, página 381: ‘REVISIÓN. LA CALIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA SE LIMITA AL EXAMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES QUE TRASCIENDAN A ELLA.’ (se transcribe).-Como consecuencia de lo expuesto, este órgano colegiado estima infundados los agravios expuestos por **********, en el recurso de reclamación que nos ocupa, ya que con ellos pretende que la Magistrada presidenta de este órgano colegiado, al emitir el auto recurrido, debía valorar el cumplimiento de requisitos de procedencia que atañen al fondo de la pretensión planteada y, por ende, que son de inmediata constatación.-Máxime que, como es de explorado derecho, la admisión del recurso de revisión no prejuzga sobre si el recurso reúne las características de importancia y trascendencia, por lo que en ese tenor, la sola admisión del recurso no es una determinación que cause estado.-Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: No. Registro: 170598. Jurisprudencia. Materia común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 222/2007, página 216: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe).-Y esto no impide que, del análisis de fondo, el Pleno del Colegiado pueda declarar improcedente el recurso, pues el juicio de valor que por ahora se hace, no entraña otra cosa que verificar la actuación de la presidencia en el auto recurrido, mas no el de calificar si el medio impugnativo es viable sobre la base de si se actualiza o no el supuesto de importancia y trascendencia.-Finalmente, debe desestimarse el argumento de improcedencia invocado por la recurrente, en el sentido de que la nulidad del acto administrativo obedeció solamente a la actualización de vicios formales y no de fondo.-Ello es así, porque este Tribunal Colegiado considera que, para tener por acreditada la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo es necesario constatar, en principio, si su materia encuadra en cualquiera de los supuestos previstos en el citado artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sin que sea relevante el que la nulidad se haya referido exclusivamente a un tema de fondo.-Asimismo, debe considerarse que la interpretación histórica y relacionada de los artículos 104, fracción III, constitucional y 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, evidencian que, por ser el recurso contencioso administrativo de naturaleza jurídica excepcional, al margen de que la nulidad derive o no de un aspecto exclusivamente de fondo -a diferencia de lo que acontece con el recurso de revisión fiscal-, lo verdaderamente importante para efectos de su procedencia es que opera la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 140 citado.-En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que, para efectos de la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo, resultan inaplicables los criterios que han adoptado diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, respecto a los requisitos para la procedencia del recurso de revisión fiscal, el cual, si bien también es de carácter excepcional, se rige por las particularidades que lo diferencian de aquél.-Por tanto, este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte el criterio contenido en la jurisprudencia que cita la recurrente, cuya aplicación tampoco resulta obligatoria, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, al haber sido emitido por un órgano jurisdiccional homólogo.-En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los agravios expresados por la recurrente, debe confirmarse el acuerdo recurrido."

CUARTO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, de donde, para que exista contradicción de tesis, deben reunirse los elementos siguientes:

a) Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos, aunque éstos no sean exactamente iguales.

De las consideraciones que sustentan el sentido de la resolución dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del día veintitrés de enero de dos mil catorce, al resolver la revisión contenciosa administrativa RCA. 191/2013, se desprende que ese órgano jurisdiccional desechó el recurso interpuesto por el director de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por conducto de su autorizada, en contra de la sentencia de veintiséis de junio de dos mil trece, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el recurso de apelación **********, por considerar que la revisión contenciosa administrativa es improcedente contra la sentencias de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que confirmen o declaren la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, y que, en el asunto de trato, se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, debido a que no se respetó la garantía de audiencia del actor, y para sustentar lo así resuelto, se basó, en síntesis, en las consideraciones siguientes:

- Que las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 150/2010, con el rubro siguiente: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", y la número 2a./J. 88/2011, con la voz siguiente: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", así como las ejecutorias de ese órgano jurisdiccional, de fechas veinticinco de agosto de dos mil diez y cuatro de mayo de dos mil once, que dictó al resolver la contradicción de tesis 136/2011, de las que derivaron

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26009-854870ea/revision-contencioso-administrativa-dicho-recurso-es-improcedente-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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