RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZAR EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA AUTORIDAD RECURRENTE EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN, SALVO CUANDO SE TRATE DEL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL PRECEPTO CITADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. DISIDENTES: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN Y LUZ CUETO MARTÍNEZ. AUSENTE: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. PONENTE: JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN. SECRETARIO: YAMIN FRANCISCO GONZÁLEZ MENDOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, ya que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. En principio, es necesario determinar si la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legítima.
Al respecto, es conveniente tomar en consideración que los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen, respectivamente lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
Como puede verse, la legitimación para denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, recae en: a) el procurador general de la República; b) los Tribunales Colegiados de Circuito; c) los integrantes de tales tribunales; d) los Jueces de Distrito; y, e) las partes en los asuntos que originaron los criterios discrepantes.
En el caso particular, la contradicción fue denunciada por el Magistrado Salvador Mondragón Reyes, en su carácter de presidente del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por ende, es indudable que el Magistrado de mérito tiene legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en razón de que es uno de los sujetos facultados para ello, en términos de los preceptos citados, ya que forma parte de uno de los órganos colegiados que emitió una de las ejecutorias que se estiman en oposición.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.
Para ello, resulta necesario destacar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión contencioso administrativo número RCA. 16/2013 de su índice, en sesión celebrada el día diez de abril de dos mil trece, por unanimidad de votos, sostuvo, en esencia, lo siguiente:
"VISTOS;
"Y,
"RESULTANDO
"PRIMERO. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil once en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Héctor Hernández Casas, por su propio derecho, demandó la nulidad de: ‘El oficio número GDF-SOS-DGSU/11-04-15.001, de fecha 15 de abril de 2011 y la resolución administrativa en el procedimiento administrativo disciplinario número CI/SOS/D/174/2010 (sic), de fecha 15 de marzo de 2011, dirigida al suscrito C. Héctor Hernández Casas, en todo su contenido y alcance de las documentales en comento, dictada según se lee en el contenido del oficio número GDF-SOS-DGSU/11-04-15.001 firmado por el DI. Rodrigo Atilano Carsi, en su calidad de director general de servicios urbanos, en el que se me hacía de mi conocimiento que se me aplicaría la siguiente sanción: ... Destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de 10 años y sanción equivalente a $1,659,092.10 (un millón seiscientos cincuenta y nueve mil noventa y dos pesos 10/100 M.N.). ...’
"SEGUNDO. La demanda se turnó a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se registró con el número de expediente I-31002/2011.
"Por escrito recibido en el tribunal del conocimiento el ocho de septiembre de dos mil once, el actor amplió su demanda y señaló como acto impugnando la notificación efectuada por las autoridades demandadas de los actos impugnados en la demanda inicial.
"Seguidos los trámites correspondientes, la Sala del conocimiento, mediante sentencia de quince de marzo de dos mil doce, resolvió:
"‘PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo plasmado en el considerando I del presente fallo. SEGUNDO. Se sobresee el presente juicio, únicamente por cuanto hace a la autoridad demandada denominada contralor general del Distrito Federal, en atención a lo indicado en el considerando II del presente fallo. TERCERO. La parte actora acreditó los extremos de su acción. CUARTO. Se declara la nulidad del acto impugnado, precisado en el primer resultando de este fallo, con todas sus consecuencias legales, quedando obligadas las responsables a dar cumplimiento al mismo dentro del término indicado en la parte final de su considerando IV. QUINTO. Queda a la vista de las partes el expediente de nulidad citado al rubro, para cualquier información que soliciten del mismo, la cual será brindada por el personal de la ponencia a la que corresponde. SEXTO. Se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de considerarlo, podrán recurrir la presente sentencia a través del recurso de apelación correspondiente, el cual deberán interponer dentro del plazo de diez días hábiles, siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del presente fallo. SÉPTIMO. Notifíquese personalmente y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.’
"TERCERO. Inconforme con dicha determinación, el contralor interno en la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal interpuso recurso de apelación.
"El recurso se turnó a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se registró con el número RA. 5652/2012; seguidos los trámites correspondientes, en sentencia de doce de septiembre de dos mil doce, resolvió:
"‘PRIMERO. Es infundado el único agravio hecho valer por la recurrente, por los motivos y fundamentos legales que se precisan en el considerando II de esta sentencia. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por la Primera Sala Ordinaria de este tribunal, con fecha quince de marzo del dos mil doce, en el juicio número I-31002/2011, promovido por Héctor Hernández Casas. TERCERO. A efecto de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, en caso de duda, las partes pueden acudir ante el Magistrado ponente, para que les explique el contenido y los alcances de la presente resolución. CUARTO. Notifíquese personalmente y, con testimonio de la presente resolución, devuélvase a la Sala de origen el expediente citado y archívese el recurso de apelación número 5652/2012.’
"Inconforme con lo anterior, el contralor interno en la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal interpuso recurso de revisión contencioso administrativa.
"...
CONSIDERANDO:
"...
"CUARTO. El recurso de revisión contenciosa administrativa es procedente pues se actualiza el supuesto previsto en la fracción VII del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que dispone lo siguiente:
"‘Artículo 140. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los casos siguientes: ... VII. Cuando se trate de resoluciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o la ley que resulte aplicable.’
"Lo anterior es así, pues la resoluciones impugnadas en el juicio de origen fueron dictadas en un procedimiento administrativo disciplinario en el que se resolvió destituir al actor e inhabilitarlo para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de 10 años y se le impuso una sanción equivalente a un millón seiscientos cincuenta y nueve mil noventa y dos pesos 10/100 moneda nacional.
"No pasan inadvertidas para este tribunal las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ y ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’ y I.7o.A. J/2 (10a.) de este Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro: ‘REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONFIRMAN LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011).’, toda vez que, en el caso, la Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al pronunciar la sentencia correspondiente, determinó que no le es imputable al actor en el juicio de origen la responsabilidad que le fue atribuida, lo que implica un pronunciamiento de fondo relacionado con la causa de responsabilidad de referencia.
"No es óbice a la anterior determinación que la Sala ordinaria hubiera determinado que la autoridad demandada no fundó ni motivó debidamente el acto impugnado, al no haber citado los supuestos normativos que sustentaron su actuación, por lo que estimó violentado lo dispuesto en el artículo 16 constitucional y, por ende, con apoyo en las fracciones II y III del artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 128, fracción III, del mismo ordenamiento, declaró la nulidad del acto primigenio para los efectos precisados en la sentencia impugnada, toda vez que este tribunal advierte que la Sala sí realizó un pronunciamiento de fondo relacionado con la no imputabilidad de la responsabilidad atribuida al quejoso por haberse acreditado que el retraso en la culminación de la obra de rehabilitación de silos de almacenamiento de materiales pétreos en la planta de asfalto del Gobierno del Distrito Federal no le era imputable a la empresa supervisada por el actor, puesto que el Gobierno del Distrito Federal incumplió con lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato que originó la obra en cuestión, por lo que el retraso que se atribuyó a la empresa contratista se debió a que no se le entregó a tiempo el inmueble en el que debían ejecutarse los trabajos y, por ende, tampoco se acreditó la responsabilidad administrativa atribuida al actor en el juicio de origen. ..."
Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión contencioso administrativo número RCA. 171/2013, en sesión de siete de noviembre de dos mil trece, por mayoría de votos, resolvió lo siguiente:
"VISTOS;
"Y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil doce, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Siahu Hamui Sitton, por propio derecho, demandó la nulidad de la siguiente resolución administrativa:
"‘II. Resoluciones que se impugnan:
"‘La resolución negativa ficta, que se ha configurado respecto de la solicitud de cancelación de adeudos, ingresada el 24 de octubre de 2011, en la Administración Tributaria Perisur, a la cual le tocó el número de folio 6005, sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya emitido o notificado la resolución que conforme a derecho corresponda en la que se resuelva la solicitud solicitada (sic).’
"‘III. Autoridad demandada.
"‘Con fundamento en el artículo 50, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es autoridad demanda la siguiente:
"‘El administrador tributario en Perisur.’
"SEGUNDO. La demanda se turnó a la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuyo Magistrado instructor la registró con el número de expediente IV-19412/2012, previo requerimiento formulado por la actora, mediante auto de veinte de abril del año dos mil doce, la admitió a trámite y emplazó como autoridad demandada al administrador tributario en Perisur de la subtesorería de Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal.
"Seguidos los trámites correspondientes, la Sala mencionada, en sentencia de cinco de febrero de dos mil trece, resolvió:
"‘PRIMERO. No existe la resolución negativa ficta impugnada.
"‘SEGUNDO. Se sobresee el presente juicio, atento a las determinaciones planteadas en el segundo considerando de la presente sentencia.
"‘TERCERO. Se hace saber a las partes que, en contra de la presente sentencia, pueden interponer dentro de los diez días hábiles siguientes al en que surte efectos la notificación correspondiente, el recurso de apelación previsto en el artículo 137 de la ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
"‘CUARTO. Asimismo, se hace saber a las partes que, en tanto el expediente se encuentre en el ámbito de esta Sala Ordinaria, estará a su disposición para las consultas y comentarios que considere pertinentes.
"‘QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes. ...’
"TERCERO. Inconforme con dicho fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual fue registrado bajo el número de toca RA. 2872/2013 y, en sentencia de doce de junio de dos mil trece, se resolvió lo siguiente:
"‘PRIMERO. Es fundado el único agravio hecho valer por la parte actora hoy apelante y suficiente para revocar el fallo apelado.
"‘SEGUNDO. Se revoca la sentencia pronunciada el cinco de febrero de dos mil trece, por la Cuarta Sala Ordinaria de este Tribunal en el juicio número IV-19412/2012.
"‘TERCERO. No se sobresee el presente juicio, por los motivos y fundamentos legales que se precisan en el considerando IX de este fallo.
"‘CUARTO. Se declara la nulidad de la resolución impugnada por los motivos y fundamentos legales y vía de consecuencia que se indican en el último considerando de este fallo.
"‘QUINTO. Notifíquese personalmente. ...’
"CUARTO. En desacuerdo con lo anterior, por oficio presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Administrador Tributario en Perisur de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal, por conducto de su autorizada, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión contencioso administrativo.
"Dicho recurso, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano colegiado, donde por acuerdo de presidencia de dos de octubre dos mil trece, se tuvo por interpuesto y se registró bajo el número de toca RCA. 171/2013.
"...
"CONSIDERANDO:
"...
"CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, este Tribunal Colegiado de Circuito analizará, en primer lugar, la procedencia del recurso intentado por la recurrente.
"En esa medida, en el recurso de revisión se señala lo siguiente:
"...
"La transcripción que precede pone de manifiesto que la autoridad recurrente apoya la procedencia del recurso de revisión en las fracciones III y V del artículo 140 la Ley Orgánica del Distrito Federal, el cual dispone lo siguiente:
"‘Artículo 140. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los casos siguientes:
"‘...
"‘III. Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento;
"‘...
"‘V. Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; ...’
"Del numeral de referencia se aprecia que el recurso de revisión contencioso administrativo será procedente cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento, así también procederá dicho medio de defensa cuando se actualicen violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.
"Y la recurrente, después de transcribir las hipótesis de procedencia antes señaladas, refiere que resulta ilegal la sentencia, pues la Sala no valoró correctamente las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, en contravención al artículo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; específicamente el citatorio y el acta de notificación, respectivamente, de seis y siete de noviembre de dos mil once.
"Pues bien, tales hipótesis no se actualizan en el caso y, por ende, es que tal medio de defensa resulta ser improcedente.
"Para demostrar tal circunstancia, se estima necesario hacer algunas precisiones sobre lo dispuesto en el artículo (sic) 104, fracción III, constitucional en vigor y 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, vigente a partir del veinticinco de julio de dos mil doce, los cuales disponen:
"...
"De lo anterior se aprecia que el recurso de revisión contencioso administrativo está sujeto a un régimen de procedencia de naturaleza excepcional y restringida.
"El artículo 104, fracción III, constitucional, es claro en ese sentido, al establecer la existencia del recurso y su procedencia ‘sólo en los casos previstos en la ley’.
"Mientras que el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (reformado mediante decreto publicado el veinticinco de julio de dos mil doce) imprime también una naturaleza excepcional al recurso, al reglamentar su procedencia en los términos antes transcritos.
"Y ante ese marco normativo, la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo debe ajustarse a los supuestos señalados en el citado artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. De otra forma, ese medio de defensa operaría en cualquier caso en el que la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resultara contraria a las pretensiones de la autoridad demandada. Criterio que, desde luego, es inadmisible, porque pugna con la naturaleza excepcional y selectiva que el invocado precepto constitucional trazó para el recurso en comento.
"Así, en el caso en que una autoridad administrativa interponga un recurso de revisión, en términos de lo previsto en el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, existe el imperativo de precisar los argumentos a través de los cuales se actualice alguno de los supuestos normativos previstos en aquel precepto.
"Tal ha sido la tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, como se advierte de la ejecutoria pronunciada al resolver la contradicción de tesis 6/2005, el Tribunal Pleno de ese Alto Tribunal estableció diversas generalidades, en relación con el recurso de revisión contencioso administrativo, cuyo tenor literal, en la parte que interesa, es el siguiente:
" ...
"Ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 148/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, página 6, que aun cuando se refiere a un acto legislativo diverso, resulta aplicable en la especie por el contenido que informa, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 88, INCISO E), DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ESTABLECE HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, Y PARA ACREDITARLAS NO ES SUFICIENTE LA SOLA AFIRMACIÓN DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. La interpretación histórica y relacionada de los artículos 104, fracción I-B, constitucional y 88, inciso E) de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal evidencian que el recurso de revisión administrativa es de naturaleza jurídica excepcional y que las violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o las violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, constituyen hipótesis de su procedencia. Ahora bien, dada esa naturaleza de excepcionalidad, cuando la autoridad promueve el recurso fundándolo en el precepto legal mencionado, para tener por acreditada alguna de esas hipótesis de procedencia, no es suficiente su sola afirmación en el sentido de que se actualizan, sino que es necesario constatar que la materia del recurso se refiera real y específicamente a alguna de las violaciones, o que haya quedado debidamente acreditado cualquiera de los supuestos de procedencia previstos en el citado artículo 88 atendiendo a su cuantía (último párrafo); o, con independencia del monto del asunto [incisos A), B), C) o, D)].’
"Entonces, bajo el parámetro de excepcionalidad del recurso que sigue considerándose así a nivel constitucional, encuentra eco la anterior jurisprudencia del Alto Tribunal, para justificar el acreditamiento de alguna de las hipótesis de procedencia.
"En este sentido, si bien la autoridad recurrente interpone el recurso de mérito con fundamento en el artículo 140, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que el argumento sobre el que se hace depender su actualización, es en el sentido de que la Sala no valoró correctamente las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, es decir, el citatorio y el acta de notificación, respectivamente de seis y siete de noviembre de dos mil once, en contravención al artículo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, lo cual, sería una violación en la propia sentencia, aspecto que se encuentra establecido en la fracción V del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero no de violaciones a las formalidades del procedimiento.
"Así lo ha establecido el Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro y texto siguientes:
"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.’
"Por tanto, es evidente que, en el caso, no se encuentra acreditada la procedencia del recurso, respecto del artículo 140, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
"Por otra parte, respecto de la fracción V del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe señalarse que el Máximo Tribunal, al analizar la procedencia del recurso de revisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal (actualmente 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal), sostuvo que para tener por acreditada la hipótesis de procedencia prevista en esa fracción, no es suficiente la sola afirmación en el sentido de que el asunto se ubica dentro de ese supuesto, sino que sólo procederá su estudio, una vez que haya quedado debidamente acreditado cualquiera de los supuestos de procedencia previstos en las demás fracciones del citado numeral, atendiendo a su cuantía (fracción VIII), o bien, con independencia del monto del asunto (fracciones I, II, III, IV, VI y VII).
"En efecto, de la ejecutoria y jurisprudencia transcritas en párrafos precedentes, se advierte que el Alto Tribunal sostuvo lo siguiente:
"• El recurso de revisión contencioso administrativo es un medio de defensa excepcional y el legislador ordinario tiene la facultad de determinar los casos de procedencia.
"• El legislador ordinario determinó la posibilidad de la interposición del referido medio de defensa considerando: la afectación del interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal, la interpretación de leyes y reglamento, o fijar el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones; todos ellos siempre relacionados directa o indirectamente con las características, poco comunes, del asunto en sí mismo considerado; o con la gravedad o importancia de sus consecuencias.
"• No es suficiente para acreditar la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo, la sola mención que realice la autoridad recurrente en el sentido de que el caso se ubica dentro del supuesto previsto en el inciso E del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (actualmente ese supuesto se encuentra regulado en la fracción V del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal).
"• Sólo procederá su estudio una vez que se acredite alguno de los requisitos de procedencia del recurso previstos en el citado artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, atendiendo a su cuantía (último párrafo); o, con independencia del monto del asunto incisos A) -afectación al interés fiscal o al patrimonio del Distrito Federal y sea de importancia y transcendencia a juicio de la autoridad-, B) -interpretación de leyes y reglamentos-, C) -formalidades esenciales del procedimiento- o D) -se fijen el alcance de los elementos esenciales de las contribuciones- y, además, que la materia del recurso se refiera a este tipo de violaciones.
"Confor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25203-e17d8a7e/recurso-de-revision-contencioso-administrativo-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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