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REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO RELATIVO INTERPUESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009. RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN I-B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 308/2010. · Registro digital (IUS): 22617
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 1251.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 308/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario 5/2001, pues los criterios en estudio atañen a la materia administrativa, especialidad que corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima conforme a lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Pleno del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que sostiene uno de los criterios que participan en el presente asunto.

TERCERO. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en sesión de veinticuatro de junio de dos mil diez, el recurso de revisión contencioso administrativa 65/2010, interpuesto por el director de atención a usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y determinó:

"TERCERO. Procedencia del recurso. Resulta conveniente verificar la procedencia del recurso interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, al tenor de lo siguiente: La autoridad recurrente pretende acreditar la procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B, 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, bajo los siguientes argumentos: (se transcriben). En la anterior transcripción se advierte que, para justificar la procedencia del recurso, la autoridad recurrente aduce esencialmente que, en términos del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, procede el presente recurso de revisión, pues se pretende combatir una sentencia dictada por la Sala Superior de ese Tribunal y que, al existir supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el presente recurso es procedente en términos del artículo 63, fracción III, inciso c), de dicha ley, pues la sentencia a revisar versa sobre la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado. En primer término, debe indicarse que para la sustanciación del presente asunto es aplicable la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de septiembre de dos mil nueve y no la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ya que esta última estuvo vigente hasta el diez de septiembre de dos mil nueve, en razón de la entrada en vigor el día once de ese mes y año, de la primera de las leyes citadas; máxime que, conforme con el artículo tercero transitorio del decreto indicado, los asuntos en trámite en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se resolverán en los términos de la ley vigente en la fecha de interposición de la demanda. Luego, como en el caso la demanda de nulidad se interpuso el quince de octubre de dos mil nueve, lo relativo a la procedencia del recurso de revisión contencioso-administrativa, se decidirá conforme a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, respecto de la procedencia de esta clase de recursos, los artículos 104, fracción I-B y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que: (se transcriben). De los citados preceptos constitucionales se desprende la existencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, respecto de cuyas sentencias procede el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito, para lo cual se sujetarán a lo establecido para la revisión del amparo indirecto. Asimismo, se tiene que el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales establecerán todo lo relativo a los juicios contenciosos administrativos y los recursos que en ellos se establezcan. En el caso, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevé, en el artículo 140: (se transcribe). La interpretación literal de dicho precepto permite concluir que, en contra de las resoluciones emitidas en la apelación por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, procederán los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo. Dicha ley orgánica, como puede verse (sic), una remisión expresa a la Ley de Amparo para lo relativo a los recursos (sic); sin embargo, este cuerpo normativo federal no autoriza la supletoriedad prevista en el artículo 39 de la ley local, en donde dispone que estos juicios se resolverán con arreglo a esta ley y a falta de disposición expresa, en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código Financiero del Distrito Federal, en lo que resulten aplicables. En esas condiciones, no puede legalmente resolverse la procedencia del recurso de revisión, con fundamento en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como lo aduce la recurrente, porque se estaría actuando en contra de la disposición expresa de la ley, en el sentido de que los medios de defensa que pueden hacerse valer son los de la Ley de Amparo, no los de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Empero, tampoco se estima que la interpretación literal de la norma solucione el problema de qué tipo de recursos proceden en contra de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, porque no pueden serlo los establecidos en la Ley de Amparo, ya que este sistema impugnativo se opone, por su naturaleza jurídica a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En efecto, en la Ley de Amparo se establecen dos grupos distintos de medios de defensa que pueden darse en la secuela procesal del juicio de amparo: un primer grupo se instaura para la secuela procesal del juicio de garantías, incluida su sentencia de fondo; y el segundo opera en la etapa de ejecución de la sentencia de amparo. Dentro de los primeros medios de defensa están: 1. Recurso de revisión, el cual está previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo y procede en contra de: a) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito. b) Las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los amparos directos de su competencia. c) Los acuerdos por los que se deseche una demanda de amparo indirecto. d) Los acuerdos que nieguen la suspensión definitiva, modifiquen o revoquen la interlocutoria de suspensión o nieguen dicha modificación o revocación. e) Los autos en que se sobresea el juicio de amparo y la interlocutoria del incidente de reposición de autos. 2. Recurso de queja que procede conforme al artículo 95 de la Ley de la materia, en contra de: a) Las determinaciones de los Jueces de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio de amparo: I. Los autos en que se admitan demandas de amparo indirecto notoriamente improcedentes. II. Violaciones que no admitan expresamente el recurso de revisión y que sean de naturaleza trascendental, grave, susceptibles de causar daño o perjuicio para alguna de las partes que no sea reparable en la sentencia definitiva. III. Actuaciones dictadas después de fallado el juicio en primera instancia, que no sean reparables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Resoluciones definitivas dictadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios. V. Resoluciones dictadas en el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, así como la determinación de caducidad del procedimiento de ejecución. VI. La concesión u otorgamiento de la suspensión provisional. b) La actuación de la responsable por: I. Exceso o defecto en la ejecución de la suspensión provisional o definitiva. II. Incumplimiento del auto por el que se otorgó al quejoso la libertad bajo caución. III. Omisión de proveer sobre la suspensión solicitada en amparo directo, o bien, sobre su otorgamiento o negativa y la negativa a admitir fianzas y contrafianzas o la admisión de éstas o por la negativa de la libertad caucional. IV. El otorgamiento o negativa de la suspensión provisional en amparo directo. 3. Recurso de reclamación, el cual procede en contra de los acuerdos de trámite dictados por los presidentes de los órganos colegiados (artículo 103 de la ley de la materia). Por su parte, los medios de defensa previstos en la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, son los siguientes: 1. Queja por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. 2. Inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo. 3. Denuncia de repetición del acto reclamado. 4. Incidente de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. 5. Incidente de inejecución de sentencia. Sin embargo, en el caso, se estima que estos últimos medios de defensa no son viables para combatir una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ya que requieren como presupuesto de procedencia, la existencia de un fallo que haya otorgado la protección constitucional, tras haber quedado firme, ya sea por ministerio de ley o por existir resolución del tribunal de alzada correspondiente; empero, en el caso, la sentencia que se pretende recurrir no corresponde a un medio de control de constitucionalidad, ni otorga la protección de garantías individuales. Ahora, respecto de la primera categoría de medios de defensa de la Ley de Amparo, tampoco autoriza, racionalmente, su aplicación para combatir el fallo dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Lo anterior, porque el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional, a través del cual se verifica la regularidad constitucional o apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto de las leyes como de los actos emitidos por las autoridades del Estado. La naturaleza del juicio de amparo es la de un juicio sumario en el cual el gobernado, que denuncia la violación de sus derechos constitucionales, tiene la oportunidad de evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y que éstos queden insubsistentes respecto de él, para restituir el orden constitucional y la conculcación de garantías al gobernado; por lo mismo, los recursos que se dan dentro del amparo, incluida la sentencia dictada en ellos, son para constatar que en su trámite y decisión se hayan observado las normas y formalidades de la Ley de Amparo, no otro aspecto de la litis natural de donde deriva el acto reclamado. Por su parte, los juicios contenciosos administrativos están previstos en los artículos 104, fracción I-B y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son medios de control de la legalidad de los actos de autoridad administrativa, de los cuales queda excluida la posibilidad de analizar la constitucionalidad de leyes o normas generales (a diferencia del juicio de amparo). Dichos juicios tienen la naturaleza de procedimientos ordinarios cuyos términos son amplios a efecto de que las partes puedan tener una defensa apropiada frente a la actuación de la autoridad administrativa. Lo anterior, pone de manifiesto la existencia de grandes diferencias en cuanto a la naturaleza y objeto de un juicio de amparo y un juicio contencioso administrativo porque, fundamentalmente, el primero busca el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al evitar la existencia de actos que vulneren su contenido, y el segundo únicamente busca la adecuación de los actos de autoridad administrativa al contenido de las leyes ordinarias. Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que si bien el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece la procedencia, en contra de las sentencias dictadas en la apelación por la Sala Superior de ese Tribunal, de los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo; dichos medios de defensa no pueden ser aplicables a los fallos emitidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Por ende, la interpretación literal de ese precepto no es suficiente para verificar la procedencia del recurso de revisión previsto en los mencionados preceptos constitucionales. Aceptar lo contrario, llevaría a concluir que en contra de las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal proceden indistintamente el recurso de revisión, el de queja y el de reclamación, a criterio de la parte que resulte afectada con el contenido de la resolución a combatir, lo que no es aceptable, incluso ni por una interpretación analógica, ya que los supuestos de procedencia de esos medios de defensa están expresamente previstos para combatir actuaciones o resoluciones dictadas dentro de un medio de control constitucional, y por su objeto y efectos no podrían ser aptos para combatir las sentencias de un juicio contencioso administrativo. No obstante, como debemos estar a lo previsto en los artículos 104, fracción I-B y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces se debe concluir que necesariamente, en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal procede el recurso de revisión, pero como los medios expresamente previstos en la Ley de Amparo no admiten, por su naturaleza, objeto y fin, ser utilizados para combatir una sentencia dictada por un Tribunal Contencioso Administrativo, entonces existe la necesidad de realizar otro tipo de interpretación a efecto de asignar un sentido al texto del artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que permita su aplicación congruente con el sistema jurídico al cual pertenece. En ese sentido, se estima más adecuada una interpretación conforme de esa norma, relacionada con los preceptos constitucionales de los cuales depende (artículos 104, fracción I-B y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y donde se autoriza la impugnación de los fallos dictados por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Del contenido de los artículos 104, fracción I-B, 116, fracción V y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende lo siguiente: 1. Constitucionalmente está prevista la existencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 2. La función de esos tribunales es conocer y resolver las controversias entre los gobernados y la administración pública ya sea local o federal. 3. Las sentencias que se dicten en esos juicios podrán ser controvertidas mediante el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. 4. Las reglas a observar para la sustanciación de la revisión de las sentencias de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, son las previstas para el recurso de revisión en el amparo indirecto, conforme a la Ley de Amparo. 5. El órgano legislativo correspondiente deberá establecer los casos específicos de procedencia del recurso de revisión en una norma expresa. Destaca que la sustanciación del recurso de revisión en comento, se tramitará conforme al recurso de revisión de las sentencias de amparo indirecto, pero ello no implica que la procedencia de ese recurso sea la prevista en la Ley de Amparo para el recurso de revisión en amparo indirecto, ya que, por su naturaleza no puede ocurrir según se demostró, pero además porque en la propia Norma Suprema se establece que el legislador, ya sea local o federal, deberá establecer, en la ley respectiva, los supuestos en que procederá el recurso de revisión contencioso administrativo. Sin embargo, el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece supuesto expreso alguno en que proceda la revisión en contra de las sentencias de la Sala Superior de ese tribunal; por tanto, a efecto de que lo establecido en los referidos preceptos constitucionales tenga aplicación y el artículo 140 de la ley local tenga un objeto racionalmente fijado sobre las causas de procedencia, se hace necesario acudir a la interpretación realizada sobre dichos preceptos constitucionales por el máximo intérprete de la Constitución Federal, es decir, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a los recursos de revisión administrativa de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recurso de revisión fiscal tiene una naturaleza excepcional y extraordinaria, ya que el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, limita la facultad de las autoridades legislativas locales y federales, al imponerles el deber de condicionar la procedencia del recurso, de tal manera que únicamente en determinadas hipótesis y en casos verdaderamente extraordinarios y excepcionales, el recurso proceda. Resulta ilustrativo del criterio ... la jurisprudencia ... 2a./J. 205/2004, de dicha Sala ... ‘REVISIÓN FISCAL. DADA SU NATURALEZA EXCEPCIONAL, ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO O LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA.’ (se transcribe.)-Ahora bien, partiendo de lo extraordinario del recurso de revisión previsto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en la contradicción de tesis número 15/92, lo siguiente: ‘... Lo excepcional de la procedencia de la revisión fiscal se sustenta, a su vez, en la importancia y trascendencia de cada caso, lo que en otros términos significa que un asunto es excepcional precisamente por ser importante y trascendente ...’. Respecto de la importancia y trascendencia de un asunto, igualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a través de diversos criterios,(4) aplicables al caso por igualdad de razón, que el requisito de importancia se justifica mediante razones que no podrían formularse en la mayoría, ni mucho menos en la totalidad de los asuntos, que se trata de aquellos elementos propios y específicos que concurren en un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen de los demás de su especie, circunstancias que constituyen propiamente su característica de excepcional. Con base en estas premisas, se puede colegir que el recurso que procede en contra de los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal es el de revisión fiscal, medio de defensa de legalidad que es de naturaleza excepcional y que sólo será admisible cuando, como lo prevé la Constitución, se trate de un asunto de esa naturaleza, es decir, no en cualquier caso. Esa intelección del precepto 140 referido permite dotarlo de contenido, hacer operativo el sistema de impugnación de los fallos definitivos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no contravenir el sistema jurídico al cual pertenece (medio de control de legalidad) y no se desnaturalizan los recursos de la Ley de Amparo; en cambio, se hace coherente el sistema y se logra la aplicación de dicho dispositivo (fin del legislador) en forma congruente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo previsto en los artículos 104, fracción I-B, 116, fracción V y 122, base quinta, y se respeta la condición de excepcionalidad de la revisión contencioso administrativa. Así las cosas, a efecto de verificar si el recurso de revisión que se intenta es procedente o no, se hace necesario verificar si el asunto cuya sentencia se pretende recurrir, reúne los requisitos de importancia y trascendencia que justifiquen su excepcionalidad ... En esa virtud, como no se colma la condición de excepcionalidad del asunto, por la importancia y trascendencia del caso, implícitamente contenida en el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, interpretado en forma congruente con lo previsto, respecto del recurso de revisión, en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar la impugnación intentada por la autoridad ..."

Idéntico criterio sostuvo ese Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de uno de julio de dos mil diez, el recurso de revisión contencioso administrativa 73/2010, interpuesto por el director de atención a usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; razón por la que resulta innecesaria su transcripción.

CUARTO. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de siete de julio de dos mil diez, el recurso de revisión contencioso administrativa 70/2010, interpuesto por el director ejecutivo de servicios a usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:

"CUARTO. ... Como primer punto, debe precisarse que el juicio de nulidad fue promovido el once de noviembre de dos mil nueve, es decir, durante la vigencia de la actual Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Asimismo, la existencia del recurso de revisión administrativa instituido en favor de la autoridad está prevista en el artículo 104, fracción I-B, constitucional, que es del contenido siguiente: (se transcribe.)-El dispositivo transcrito ha sido objeto de estudio por nuestro Máximo Tribunal, cuya interpretación concluye que el Poder Revisor de la Constitución, con el propósito de garantizar el principio de legalidad, desarrolló un medio excepcional de defensa a favor de las autoridades que hubieren obtenido un fallo adverso de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y la fracción IV, inciso e), del artículo 122 de la Constitución Federal (ahora base quinta, primer párrafo), es decir, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Además, en este precepto se prevé que el citado medio de defensa deberá sujetarse a los trámites que la Ley de Amparo fija para la revisión en los juicios de garantías que se promuevan en la vía indirecta, y que en contra de las resoluciones que en él dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno. Asimismo, el Poder Revisor de la Constitución únicamente estipuló crear el referido recurso excepcional, sin establecer sobre esa tesitura, hipótesis o requisitos específicos, ni adelantando un espíritu selectivo, sino que dejó en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar los casos de su procedencia. Así se desprende del artículo constitucional al señalar que los tribunales de la Federación conocerán del recurso de revisión que se interponga contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, sólo en los casos que señalen las leyes, es decir, los requisitos de procedibilidad serán determinados, en el caso del recurso de revisión contencioso administrativo en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Del señalamiento expreso que hace el dispositivo constitucional analizado en el sentido de que la revisión procederá sólo en los casos que señalen las leyes, se desprende que el Constituyente determinó que fuera el legislador secundario quien estableciera los supuestos de procedencia del citado recurso, como sucede en el caso de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuyo artículo 63 se prevén las hipótesis en que limitativamente procede el recurso de revisión administrativa contra determinadas resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por tratarse de un medio de defensa de naturaleza excepcional, así como sucedió antes de la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues la abrogada ley del citado tribunal establecía, en su artículo 88, los casos en que procedía el recurso de revisión, exclusivamente. Así pues, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, vigente a partir del once de septiembre de dos mil nueve, y que actualmente regula la tramitación del juicio de nulidad promovido en contra de actos de autoridades administrativas del Gobierno del Distrito Federal, no prevé en alguno de sus artículos lo relativo a la procedencia del recurso de revisión administrativa, incluso, ni siquiera hace referencia a él. El anterior aserto se corrobora con lo dispuesto por el artículo 140 de la citada ley, que establece lo siguiente: ‘Artículo 140. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las partes podrán interponer los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo.’. Del dispositivo transcrito se advierte la posibilidad que tienen las partes de impugnar las resoluciones definitivas emitidas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a través de los medios de defensa que la Ley de Amparo prevé. Tal disposición por sí misma resulta confusa para determinar si prevé a favor de la autoridad algún recurso o medio de defensa por el que pueda combatir la resolución que, en segunda instancia, emita la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional. En efecto, respecto de los particulares, resulta claro que el medio de defensa previsto en la Ley de Amparo a través del cual se pueden impugnar las sentencias de la Sala Superior es el juicio de amparo directo, cuya procedencia se encuentra prevista en su artículo 158 de dicha ley, el cual establece que el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procederá en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Sin embargo, la Ley de Amparo no prevé medio de defensa alguno a través del cual la autoridad se encuentre en aptitud de combatir, en forma similar al particular, las resoluciones definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciados por los tribunales, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ello es así, en atención a que en la Ley de Amparo, únicamente se regula el juicio de garantías, cuyo objeto es la protección de los derechos mínimos fundamentales de los gobernados, también llamados garantías individuales, son propias, en exclusiva, de los individuos, quedando comprendidas dentro de dicho concepto no sólo las personas físicas, sino también las morales de derecho privado, pero no así la autoridad, pues con la salvedad de la hipótesis prevista por el artículo 9o. de ese ordenamiento, el juicio de garantías, dada su naturaleza, se encuentra vedado para las autoridades; por lo que, de esta forma, se deduce en primer término, que el juicio de amparo regulado en la ley referida no constituye una vía para que la autoridad combata las resoluciones que pronuncie la Sala Superior del multicitado tribunal, puesto que no es titular de tales prerrogativas. Por otro lado, cabe mencionar que si bien la propia Ley de Amparo regula diversos recursos, no menos cierto es que tales medios de defensa no cuentan con independencia, sino que constituyen vías para impugnar determinaciones que se toman en el propio juicio de amparo, por lo que sólo pueden interponerse por las partes que intervienen en este último, ya sea con el carácter de quejosos, terceros perjudicados o autoridades responsables. En este sentido, conviene precisar que la Ley de Amparo dispone en el artículo 82 que ‘en el juicio de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación’, siendo estos medios de impugnación los que estableció el legislador para inconformarse contra las resoluciones emitidas exclusivamente en materia de amparo. Así se desprende de los numerales que regulan la procedencia de cada recurso y que se recapitulan a continuación: El recurso de revisión, según se establece en el artículo 83 de la ley de la materia, procede contra: a) Resoluciones del Juez de Distrito o, en el caso de jurisdicción concurrente del superior del tribunal responsable, que desechen o tengan por no interpuesta la demanda de amparo; b) Resoluciones del Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, que concedan o nieguen la suspensión definitiva; modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; o, nieguen las referidas revocación o modificación; c) Autos de sobreseimiento e inter

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22617-9d43a545/revision-contencioso-administrativa-es-improcedente-el-recurso-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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