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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 409/2010. · Registro digital (IUS): 22682
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 727.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 409/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por **********, por conducto de **********, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, quejosa en el amparo indirecto 585/2010 y recurrente en el amparo en revisión 183/2010, criterio que participa en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

Es aplicable al caso la tesis aislada 2a. LXV/98, sustentada por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 585, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DIMANADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN. El mencionado autorizado se encuentra facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 177/2010, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Análisis de los agravios. Los agravios propuestos a estudio por la recurrente se consideran sustancialmente fundados, con apoyo en las razones siguientes: Del análisis del auto recurrido se desprende que, en esencia, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó desechar la demanda de amparo, por considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, siendo que el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diez, que resuelve la inconformidad en el expediente B-IA. 113/09, debió combatirse por medio del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes de accionar la instancia constitucional. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución recaída al recurso de inconformidad, previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en su artículo 74, dispone lo siguiente: (se transcribe). De la redacción del enunciado normativo transcrito, se desprende que, en contra de la resolución recaída a la inconformidad, la misma podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o ante las instancias jurisdiccionales competentes, entendiéndose por ello el juicio contencioso administrativo federal. En este contexto, el uso del vocablo ‘podrá’, no debe entenderse como la potestad para el gobernado de elegir entre agotar los medios ordinarios de defensa o el juicio de garantías, sino entre la posibilidad de recurrir o no y, si decide hacerlo, debe ineludiblemente agotar los medios ordinarios previstos en la ley aplicable. Por tanto, el vocablo ‘podrá’ contemplado en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se refiere a que si el gobernado decide recurrir, es categórico que agote los medios ordinarios previstos, por lo que la disyuntiva se centrará en decidir entre optar por el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio contencioso administrativo federal. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia que se transcribe a continuación: ‘RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO «PODRÁ» EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, resulta que el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispone que en contra de la inconformidad podrá interponerse el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las instancias jurisdiccionales correspondientes, entendiendo por ello el juicio contencioso administrativo federal; esto es, la disyuntiva se centra en estos dos medios de defensa. Sin embargo, existe jurisprudencia en el sentido de que no es necesario agotar el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues no puede dotársele al mismo de una obligatoriedad que no tiene, además de que, respecto del juicio contencioso administrativo, se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, razón por la cual, es válido acudir directamente al juicio de garantías sin agotar los medios ordinarios previstos en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El criterio del que se da cuenta es del rubro y texto siguiente: ‘RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). En este orden de ideas, resulta que la conclusión a la que arriba el a quo es errónea al sostener que se debe agotar previamente al juicio de garantías el recurso de revisión, pues del criterio recién transcrito se desprende que no es necesario agotarlo antes de acudir al amparo, pues no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, aunado al hecho que el diverso medio de defensa que prevé la ley ordinaria lo es el juicio de nulidad federal y, respecto de éste, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, razón por la cual se actualiza una excepción al principio de definitividad y, de ahí, es posible acudir directamente al juicio de garantías. Argumento que se apoya en el criterio jurisprudencial adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). (énfasis añadido)."

CUARTO. Por su lado, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 183/2010, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. El agravio propuesto por la parte quejosa resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones. Dicha parte refiere en esencia, que carece de sustento la causal de improcedencia por la que se desechó su demanda de amparo, a la luz del principio de definitividad, en virtud de no haber continuado con la impugnación del acto reclamado en la vía ordinaria, cuando se había optado por ésta al haber intentado en contra del fallo de licitación el recurso de inconformidad, circunstancia que la constreñía previamente a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal. Lo cual estima indebido el recurrente, dado que ese medio de impugnación lo intentó en virtud de que resultaba obligatorio, circunstancia que no acontece con el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el juicio de nulidad establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dada la optatividad en la interposición del primero, y el que en el segundo, se soliciten mayores requisitos para la suspensión de los actos que los que exige la Ley de Amparo, circunstancia que actualiza supuestos de excepción del principio de definitividad. Cita como sustento de sus afirmaciones las jurisprudencias 2a./J. 56/2007, de rubro siguiente: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ y la diversa 2a./J. 109/2008, cuyo rubro dice: ‘RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, ambas sustentadas por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal. A efecto de determinar lo conducente en relación con los citados argumentos, en cuanto si al haber optado la quejosa por acudir a la vía ordinaria, consistente en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, renunció a la vía excepcional y, por tanto, debía acudir necesariamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; resulta necesario hacer las siguientes precisiones en torno al principio de definitividad, el cual se rige por los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que disponen: (se transcriben). Los preceptos constitucional y legal transcritos establecen el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, en virtud del cual éste resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de garantías individuales. Así, el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de garantías, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Es ilustrativo a lo anterior, la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, localizable en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Cabe destacar también que el motivo de improcedencia en estudio ha sido analizado, especialmente cuando en el juicio de garantías no sólo se controvierte la legalidad de un acto, sino, además, la constitucionalidad de las normas en que se funda, pues en este caso, adicionalmente a lo estipulado en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, debe atenderse a las reglas de excepción al principio de definitividad establecidas en la diversa fracción XII de ese mismo numeral, que a la letra dispone lo siguiente: (se transcribe). Como puede verse, la fracción transcrita señala que cuando en contra del primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el interesado tendrá la opción de hacerlo valer, o bien, impugnar directamente la ley a través del juicio de amparo. En este tenor, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Dicho en otras palabras, no se entenderá consentida una ley, a pesar de que no se haya interpuesto el juicio de amparo en contra de su primer acto de aplicación, siempre que se cumplan con dos condiciones: 1. Que el primer acto que contiene la aplicación de los preceptos legales reclamados haya sido combatido oportunamente a través del recurso o medio de defensa en virtud del cual fuera posible su modificación, revocación o nulificación. 2. Que la resolución recaída al recurso o medio de defensa con el que se controvirtió la legalidad del acto primigenio de aplicación sea impugnada oportunamente mediante el juicio de amparo. Las reglas anteriores han sido complementadas con un criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que si el interesado opta por controvertir la legalidad del primer acto de aplicación de la ley reclamada a través del recurso o medio de defensa legal que proceda, entonces debe entenderse que queda obligado a agotar el principio de definitividad del juicio de amparo, debiendo por tanto recorrer previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. La jurisprudencia en comento, puede ser consultada en la página 252 del tomo 181-186 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, ‘LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). De lo que se colige, tal como lo sostuvo el Juzgado de Distrito del conocimiento, que si la parte quejosa decide combatir la determinación primigenia mediante el recurso en sede administrativa, al elegir la vía ordinaria en desdén de la extraordinaria, entonces se obliga a seguirla hasta sus últimas consecuencias. En efecto, si se parte de la premisa de que las excepciones al principio de definitividad no son absolutas sino renunciables (lo que acontece cuando el gobernado, a pesar de que puede intentar de inmediato el juicio extraordinario del amparo, decide interponer los medios de defensa ordinarios en contra de la legalidad del acto que contiene normas que considera inconstitucionales), y a lo anterior se suma el hecho de que una vez elegida la vía ordinaria ésta no puede ser válidamente abandonada, entonces resulta inconcuso que el agraviado no puede retrotraer las circunstancias al momento de la elección de la vía, ignorando o renunciando a su defensa ordinaria, ni promover el juicio de amparo en contra de lo resuelto hasta ese momento, sino que deberá agotar la jurisdicción elegida, haciendo uso de todos los recursos y medios de defensa previstos en la legislación aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis número 2a. XLVIII/99 publicada en la página 211 del Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como el diverso criterio identificado con el número 3a. LXXIV/92, visible a folio 138 del Tomo X, septiembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, sustentados por las Salas Segunda y Tercera, respectivamente, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos textos se transcriben enseguida de forma subsecuente: ‘JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.’ (se transcribe). ‘RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EL EJERCICIO DE ALGUNO DE ELLOS OBLIGA AL QUEJOSO AL EJERCICIO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI PROCEDE, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA LEY APLICADA.’ (se transcribe). Es oportuno precisar, que resulta ilustrativa la ejecutoria relativa a la tesis número 2a. XLVIII/99, a la que se ha hecho referencia, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 68/99 determinó, en la parte que interesa, lo siguiente: ... Como se advierte en la ejecutoria en comento, nuestro Máximo Tribunal analizó un caso análogo al presente, en el sentido de que el acto reclamado consistió en la resolución que se emitió al resolver un medio de impugnación en la vía ordinaria, como acontece con el resuelto en el recurso de inconformidad interpuesto contra el fallo de una licitación internacional. Asimismo, si bien en ese caso se impugnó la constitucionalidad de una norma, a diferencia de lo que hoy acontece, lo cierto es que debe subrayarse que, para arribar a la conclusión de que era necesario que la parte quejosa hubiera agotado la jurisdicción ordinaria antes de acudir al amparo, se partió de la aplicación analógica de criterios referidos a cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. Finalmente, nuestro Máximo Tribunal desestimó el estudio de los argumentos de la parte recurrente, orientados a los requisitos para la suspensión en el juicio de nulidad, al considerar que la quejosa había optado, desde un principio, por interponer el recurso por la jurisdicción ordinaria, por lo que debía agotar esta vía mediante el juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que con independencia de tales requisitos, en el caso habría operado una excepción al principio de definitividad que no brinda la posibilidad de abandonar la impugnación por la vía ordinaria que ya inició el promovente. Esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ignoró que el propio artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece como otra de las excepciones a la regla ahí contenida, consistente en que se exijan mayores requisitos en el recurso ordinario para otorgar la suspensión del acto reclamado que en la Ley de Amparo; sin embargo, concluyó que esto no podría modificar el hecho de que era necesario que se agotara la jurisdicción ordinaria, al haberse elegido esta opción y no la constitucional. Dicho de otra forma, si bien cuando la ley ordinaria prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, no es necesario que el particular agote los medios ordinarios de defensa, lo cierto es que contra lo que afirma la quejosa, dicha regla no cobra aplicación cuando, desde un inicio, se optó por acudir a la vía común, que es irrenunciable, en desdén de la extraordinaria, aun cuando con posterioridad se actualicen diversas excepciones al principio de definitividad, como lo sería el que se controvierta la constitucionalidad de un precepto legal, o precisamente, el que alguno de los recursos conducentes exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues debe partirse de la premisa de que el ejercicio de una vía, excluye a la otra. En esas condiciones, resultan infundados los argumentos esgrimidos por la parte quejosa, en atención a que si ésta interpuso la inconformidad prevista en el artículo previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, renunció a la vía excepcional, al haber elegido la vía ordinaria, por lo que tenía la obligación de impugnar la resolución que recayó al citado recurso a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 14, fracción XI, de la ley orgánica del citado órgano colegiado, a fin de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías. Sin que sea óbice a lo anterior, la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de rubro siguiente: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’; pues las excepciones al principio de definitividad no son absolutas, sino que al tratarse de una potestad jurídicamente limitada por la propia ley de la materia, si el agraviado, a pesar de estar en aptitud de interponer el juicio biinstancial en contra de un acto que afecta su interés jurídico, prefiere agotar la vía ordinaria, implica la renuncia a la excepción legal consagrada en su favor y el sometimiento tácito al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis número 2a. LIV/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 205 del Tomo IV, julio de 1996, que señala: ‘AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTAR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL RECURSO ORDINARIO QUE FUE DESECHADO, Y CONTRA ESA DETERMINACIÓN PROCEDE OTRO RECURSO, DEBE AGOTAR ÉSTE Y NO SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Sin que a lo anterior sea obstáculo el hecho de que el agotamiento del recurso de inconformidad, haya resultado obligatorio para la parte quejosa y no optativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que esa circunstancia no releva la aplicación de la máxima antes apuntada, atinente a que el sometimiento a la instancia ordinaria obliga a su agotamiento en todas sus fases, sin importar que ello haya acontecido por obligatoriedad u opcionalidad en el sometimiento, dado que la renuncia a las reglas de excepción al principio de definitividad, deriva del sometimiento primigenio a la vía común, sin importar si ello deriva de la posición ante la elección asumida por el recurrente o bien, en virtud de su obligatoriedad derivada de la ley. En tales condiciones, es claro que en términos de lo que dispone el artículo 145 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable, lo pertinente era, tal como lo hizo el juzgador de amparo, que se desechara la demanda de amparo. En atención a lo antes expuesto, al haber resultado infundados los agravios propuestos por la parte quejosa, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido por el que se desechó la demanda de garantías. Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Colegiado, en sesión de trece de mayo de dos mil diez, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 114/2010, bajo la ponencia del Magistrado Andrés Pérez Lozano (énfasis añadido)."

QUINTO. Posturas contendientes. De las ejecutorias señaladas en las anteriores consideraciones, en síntesis, se desprende que los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron lo siguiente:

1. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 177/2010 el diecisiete de junio de dos mil diez, determinó, en lo relevante, que no es necesario que previamente a interponer el juicio de amparo se deba promover el recurso de revisión ya que no puede dársele a dicho medio de impugnación la obligatoriedad que no lo caracteriza, además, el diverso medio de defensa que prevé la ley ordinaria, esto es, el juicio contencioso administrativo, la ley que lo regula (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), en específico el artículo 28, establece mayores requisitos para que proceda la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, por tanto, se actualiza una excepción al principio de definitividad y de ahí que proceda directamente el juicio de garantías.

2. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 183/2010 el diecisiete de junio de dos mil diez, determinó, en lo que interesa, que al haber optado la quejosa por combatir la determinación primigenia mediante el recurso en sede administrativa, consistente en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público eligió la vía ordinaria y, por tanto, renunció a la vía extraordinaria, en consecuencia, debe seguirla hasta sus últimas consecuencias, haciendo uso de todos los recursos y medios de defensa previstos en la legislación aplicable por la vía ordinaria.

SEXTO. Existencia o inexistencia de la contradicción. Dado que la existencia de la contradicción constituye un presupuesto necesario del procedimiento de contradicción de tesis, la cuestión que se plantea en el presente considerando es: ¿existe o no la contradicción de tesis denunciada?

Al respecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha establecido que para la existencia de materia sobre la cual debe hacerse un pronunciamiento, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer como jurisprudencia en un caso determinado de contradicción, debe existir oposición de criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales respecto de una misma situación jurídica.

Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

Bajo las premisas anteriores, del análisis de los elementos que integran los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados contendientes se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, dado que, sobre el mismo tema (la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que resuelve el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público), arribaron a criterios distintos.

Consecuentemente, el punto jurídico sujeto a estudio en la presente contradicción de tesis, radica en dilucidar si en contra de la resolución que resuelve el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público procede el juicio de amparo indirecto o es necesario agotar los medios de impugnación que prevé el artículo 74 del ordenamiento en comento, esto es, el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien el juicio contencioso administrativo.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se desarrolla, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

En primer lugar, el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece la procedencia de la inconformidad, que se podrá promover en contra de los procedimientos de licitación pública o invitación en los siguientes supuestos:

"Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22682-e0948ab2/inconformidad-prevista-en-la-ley-de-adquisiciones-arrendamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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