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Modo: Corpus Pro

SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO SOBRE TERRENOS EJIDALES PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA DEBE CALCULARSE CONFORME AL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE AFECTADO AL CONSTITUIRSE AQUÉLLA, MÁS SU CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 409/2009. · Registro digital (IUS): 22830
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 592.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 409/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto se ocupa de la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, órgano que emitió uno de los criterios en probable contienda.

TERCERO. A continuación, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito:

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (denunciante).

Amparo directo **********.

Varios ejidatarios, así como los miembros del comisariado ejidal del ejido **********, en el Municipio de Tihuatlán, Veracruz, promovieron un juicio agrario, donde demandaron a la Comisión Federal de Electricidad.

La litis en el juicio agrario se fijó de la siguiente forma:

"La litis en el presente asunto se circunscribe en determinar, en el juicio principal, si resulta procedente o no condenar a la demandada Comisión Federal de Electricidad al pago de la indemnización correspondiente por el uso de servidumbre legal de paso que es utilizada por la demandada con líneas de alta tensión en terrenos ejidales y al pago de los gastos y costas que se originen en la presente controversia ... En reconvención se determinará si resulta procedente o no declarar judicialmente la existencia de la servidumbre legal de paso a favor de la demandada Comisión Federal de Electricidad respecto de la línea de subtransmisión 63020 Poza Rica Uno-Aeropuerto, así como el circuito Buena Vista Uno 4020, ... así como si resulta procedente declarar judicialmente que ha operado a favor de la actora en reconvención la prescripción negativa para pagar a los demandados en reconvención y actores en el principal la indemnización que señala el artículo 1108 del Código Civil Federal ..."

Seguidos los trámites del procedimiento, el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito dictó sentencia, en la que resolvió constituir la servidumbre de paso en favor de la Comisión Federal de Electricidad, y condenar a ésta al pago de la indemnización a que se refiere el artículo 1108 del Código Civil Federal. Además, se afirmó que, aun cuando el precepto recién mencionado no especifica cómo debe fijarse ese pago indemnizatorio, lo cierto es que el diverso artículo 1097 del mismo cuerpo legal establece que la indemnización por la constitución legal de la servidumbre de paso es equivalente al perjuicio que ocasiona este gravamen al propietario del predio sirviente; entendiendo por "perjuicio" la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación.

Para determinar la señalada indemnización, el tribunal agrario tomó en cuenta el valor comercial de las parcelas de los actores en el juicio principal, ya que, a pesar de que no se trataba de la enajenación de una porción de terreno, lo cierto es que por la constitución de la servidumbre la Comisión Federal de Electricidad obtuvo el uso, usufructo o cualquier otra forma de aprovechamiento respecto de la fracción afectada por la servidumbre, mientras que los ejidatarios tienen que soportarla. Además, consideró que se debían tomar en cuenta los precios de plaza y los frutos que en su caso produjeren o fuesen capaces de producir los predios en cuestión y todas las demás circunstancias que pudieran influir en la determinación del valor comercial. Para fundar esta determinación, invocó la tesis aislada P. XXIV/2004, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. EN EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, EL VALOR COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES ES EL ADECUADO PARA FIJAR SU CUANTÍA.".(1) De igual manera, consideró que era aplicable supletoriamente lo dispuesto en el artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque el objeto del dictamen pericial era la práctica de un avalúo, y debía considerase el valor comercial de los predios.

Por último, el tribunal agrario consideró que no era correcto lo sostenido por la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que se debió tomar en cuenta la indemnización que determinara la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en términos del artículo 94 de la Ley Agraria, puesto que ese precepto se refiere específicamente a las indemnizaciones por expropiación, y no era ese el caso.

En contra de esta sentencia, la Comisión Federal de Electricidad interpuso amparo directo. En su demanda, esencialmente adujo que fue incorrecto que se le hubiera condenado al pago de una indemnización tomando en cuenta el valor comercial de las porciones de tierra sobre las cuales se constituyó la servidumbre, porque ese valor sólo se debe aplicar en los casos de compraventa. Por lo tanto, la indemnización debe ser menor, por tratarse de una servidumbre, que además está prevista en el artículo 1097 del Código Civil Federal. Aunado a lo anterior, adujo que la Ley General de Bienes Nacionales establece la forma en que se debe cuantificar la indemnización por la constitución de una servidumbre legal de paso.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, órgano que conoció del asunto, resolvió conceder la protección constitucional solicitada por el órgano descentralizado, atendiendo a las siguientes consideraciones:

"Luego, si en el presente caso los actores en el juicio agrario, aquí terceros perjudicados, demandaron que se condenara a la Comisión Federal de Electricidad al pago de la indemnización correspondiente por el uso de servidumbre legal de paso utilizada con líneas de alta tensión en terrenos ejidales, entre otras prestaciones, resulta evidente que se actualiza la hipótesis prevista en los dos primeros artículos transcritos (artículos 1097 y 1108 del Código Civil Federal), ya que la aquí quejosa, para conducir energía eléctrica de una población a otra, colocó postes y tendió alambres sobre tierras respecto de las que los actores ejercen sus derechos de posesión como sujetos agrarios, por lo que la Comisión Federal de Electricidad está obligada a indemnizarlos con una cantidad de dinero equivalente al perjuicio que pudiera ocasionar ese gravamen y no conforme al valor comercial como incorrectamente lo determinó el tribunal responsable, pues en términos del artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Civiles, existe disposición expresa (artículos 1097 y 1108 del Código Civil Federal) que establecen como base para el avalúo de la indemnización correspondiente, el perjuicio que se pudiera ocasionar con la servidumbre legal de paso, de manera que los precios de plaza, los frutos que, en su caso, produjere o fuere capaz de producir la cosa objeto del avalúo y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial, no deben ser tomadas en cuenta al momento de establecer la indemnización de que se trata; y al no considerarlo así el tribunal responsable violó en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal.

"En las relatadas condiciones, debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Fiscal (sic) responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, reiterando las consideraciones relativas a la procedencia de la acción de indemnización demandada, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria y con plenitud de jurisdicción, establezca el monto de la referida indemnización."

II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

Amparo directo **********.

Este asunto tiene los mismos antecedentes que el reseñado anteriormente. Unos ejidatarios demandaron a la Comisión Federal de Electricidad ante el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Circuito, y reclamaron el pago de una indemnización por ocupar diversas áreas de sus parcelas (ubicadas en ejido **********, Municipio de Papantla, Veracruz), con el fin de instalar líneas de transmisión de energía eléctrica, cables y postes.

El tribunal agrario declaró la constitución de la servidumbre de paso, pero condenó al órgano descentralizado al pago de una indemnización, en los mismos términos que en el otro asunto en contienda.

En este caso, la Comisión Federal de Electricidad también promovió amparo directo para combatir la resolución agraria, y el juicio de garantías se radicó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, órgano que negó la protección constitucional solicitada en los siguientes términos:

"Por otra parte, es inexacto lo alegado por el disconforme en torno a que la indemnización de mérito, a cuyo pago se le condenó en la sentencia combatida, contraviene el artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al establecer su monto con base en el valor comercial de las parcelas afectadas con la instalación de las líneas de transmisión de energía eléctrica denominadas Laguna Verde -A3390-Poza Rica II y Subestación Poza Rica Dos-93050-Subestación Jalacingo, ubicadas en el ejido ‘**********’, Municipio de Papantla, Veracruz, ya que, según afirma, ‘Lo procedente es una condena por la servidumbre legal de paso (figura prevista en el artículo 1108 del Código Civil Federal), ésta debe ser una indemnización que por disposición expresa se encuentra prevista en el numeral 1097 del Código Civil Federal y no a base de una prueba pericial, como la responsable lo hace después de ordenar el perfeccionamiento de dicha prueba, por lo que la condena tendría que ser en base al perjuicio que le ocasione el gravamen de la servidumbre y no tomar el valor comercial para el pago indemnizatorio’, atento a que, como con justeza precisó el citado tribunal, del artículo 1097 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el cual a la letra dice que: ‘El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso, para el aprovechamiento de aquélla, por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen’, se desprende que la indemnización de que se trata, debe ser equivalente al perjuicio que ocasione la servidumbre de paso al propietario del predio sirviente, entendiéndose por perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación, razón por la cual señaló que: ‘Para determinar la indemnización a favor de los actores por el perjuicio que les depara la constitución de la servidumbre legal de paso, este tribunal se apoya en el valor comercial de las parcelas de los actores en el principal, porque no obstante de que no se está ante la presencia de una enajenación de la fracción del predio sirviente a la persona que se sirve de la misma, en este caso, a la persona moral a favor de quien se constituyó, o de una expropiación, ni tampoco la constitución de la servidumbre implica la exclusión de las tierras en cuestión del régimen ejidal y propiedad del ejido y de la titularidad de los actores en el juicio principal y demandados en reconvención, lo cierto es que por la constitución de dicho gravamen, la Comisión Federal de Electricidad obtiene el uso, usufructo o cualquier forma de aprovechamiento de la fracción afectada por la servidumbre, en tanto que los ejidatarios y/o posesionarios titulares de las parcelas en las cuales se impuso el gravamen, conservan la titularidad, pero tienen la obligación de no hacer o tolerar, con lo cual sufren la privación de usar, disfrutar y usufructuar de esa superficie, derechos previstos por los artículos 14 y 76 de la Ley Agraria, ello atendiendo a que la propia Comisión Federal de Electricidad reconviene de los actores en el principal y demandados en reconvención, que se abstengan de realizar cualquier tipo de construcción y/o siembra de cualquier especie mayor a los tres metros de altura dentro de la superficie afectada por el gravamen, aunado a que dicho gravamen, no sólo conlleva la ocupación de la superficie en las torres o postes que se colocan, y del espacio aéreo, sino también el derecho de vía, entendido como el espacio necesario para que la demandada principal, realice maniobras en torno a las líneas y obviamente los postes donde se sujetan, incluido el acceso a la maquinaria respectiva, motivo por el cual en la superficie gravada, los ejidatarios y/o posesionarios, no podrán realizar ningún trabajo agrícola o ganadero durante todo el tiempo que dure la servidumbre de paso, lo que significa una constante privación de ganancias lícitas para ellos, circunstancia que dificulta la cuantificación de los perjuicios ocasionados; por lo tanto, este juzgador considera que tratándose de bienes inmuebles el valor comercial es idóneo para tasar su precio, y obtener de esta forma, el monto de la indemnización que corresponde a todos y cada uno de los actores en el juicio principal y demandados en reconvención, que sea equivalente al perjuicio que ocasiona la constitución de la servidumbre en sus respectivas parcelas, debiendo tomar en consideración los precios de plaza y los frutos que en su caso produjere o fuese capaz de producir el predio en cuestión y todas las demás circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial’, lo que también es correcto, y encuentra apoyo en la tesis que invocó en lo conducente, del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el número P. XXIV/2004 y epígrafe ‘SENTENCIAS DE AMPARO. EN EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, EL VALOR COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES ES EL ADECUADO PARA FIJAR SU CUANTÍA.’ es consultable en la página ciento cuarenta y seis del Tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta editado en mayo de dos mil cuatro, cuya sinopsis reza: ‘Cuando se trata de bienes inmuebles, el valor comercial o de mercado es idóneo para tasar su precio o medida de cambio en unidades monetarias, el cual, en el glosario de términos de valuación de la comisión de avalúos de bienes nacionales, se define como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. En la doctrina también se ha aceptado como método de valoración, el valor de mercado, y se ha definido como la suma de dinero para el que, en condiciones normales, se hallaría comprador para el inmueble; el más probable que un vendedor es capaz de aceptar y un comprador de pagar, en una situación similar a la del mercado analizado; el importe neto que razonablemente podría recibir un vendedor por la venta de la propiedad en la fecha de la valoración, mediante una comercialización adecuada y suponiendo que exista, al menos, un comprador correctamente informado de las características del inmueble y que ambos, comprador y vendedor, actúen libremente y sin un interés particular en la operación. En todo caso, el valor comercial o de mercado debe estar acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía cuando se cometió la violación de garantías individuales, más el factor de actualización previsto en el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en acatamiento de la regla retrospectiva establecida en el artículo 80 de la Ley de Amparo, relativa a la restitución a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales violadas.’."

CUARTO. A continuación, es necesario determinar si existe la contradicción de tesis denunciada.

Los requisitos fijados por el Tribunal Pleno para determinar en qué casos se configura ésta, se plasmaron en la tesis P. XLVI/2009, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’)."

De acuerdo con la tesis invocada, hay contradicción cuando "dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales".

Acorde con este criterio, en el caso, sí existe contradicción, porque los órganos colegiados de referencia estudiaron la misma cuestión jurídica, que lo es la forma en que la Comisión Federal de Electricidad debe indemnizar a ciertos ejidatarios para resarcirlos por la constitución de una servidumbre de paso en sus parcelas, arribando los Tribunales Colegiados de Circuito a conclusiones discrepantes.

Lo anterior, porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito resolvió que fue incorrecto que el Tribunal Unitario Agrario cuantificara la indemnización con base en el valor comercial de las parcelas afectadas, pues señaló que los artículos 1097 y 1108 del Código Civil Federal son suficientes para determinar que la indemnización se debe calcular exclusivamente con base en los perjuicios que se pudieran ocasionar con la servidumbre legal de paso, sin que para ello se deba tomar en cuenta el valor comercial a que se refieren la tesis aislada P. XXIV/2004 y el artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que hay una determinación expresa que establece que la base para el avalúo de la indemnización debe ser el perjuicio ocasionado al predio sirviente, por lo que no se deben tomar en cuenta los precios de plaza, los frutos que produjere el predio objeto del avalúo o las circunstancias que pudieran influir en la determinación del valor comercial.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado, especializado en la misma materia y circuito, validó la resolución del Tribunal Unitario Agrario, ya que consideró que si bien la indemnización debe ser equivalente a los perjuicios que ocasione la servidumbre de paso, éstos pueden cuantificarse con base en el valor comercial de las parcelas afectadas, lo que encuentra sustento en el artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en la tesis aislada del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número P. XXIV/2004. Por tanto, concluyó dicho Tribunal Colegiado, fue correcto que se condenara a la Comisión Federal de Electricidad al pago de la indemnización correspondiente a la constitución de una servidumbre de paso, y para su cálculo debían estimarse los precios de plaza y los frutos que produjere el predio sirviente, o cualquier otra circunstancia que pudiera influir en el valor comercial de éste.

Consecuentemente, el punto de derecho en el que se centra la contradicción de tesis tiene por objeto precisar cómo debe calcularse la indemnización que debe pagar la Comisión Federal de Electricidad, por la constitución de una servidumbre legal de paso en tierras sujetas al régimen ejidal o comunal.

QUINTO. Esta Segunda Sala considera que debe prevalecer el criterio que aquí se sustenta, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:

En los asuntos que dieron lugar a la presente contradicción de criterios, la Comisión Federal de Electricidad fue demandada ante un Tribunal Unitario Agrario, reclamándole el pago de la correspondiente indemnización por la constitución de sendas servidumbres para la instalación de líneas de transmisión eléctrica con postes y cableado en tierras ejidales, a fin de poder prestar el servicio público que le corresponde, el cual está considerado como de orden público, de conformidad con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que disponen:

"Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."

"Artículo 2o. Todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público."

Los Tribunales Unitarios Agrarios que conocieron de las respectivas demandas entabladas contra la Comisión Federal de Electricidad asumieron la competencia para conocer de los correspondientes juicios de origen con apoyo en la atribución que les confiere el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

"...

"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales."

Por tanto, los juicios agrarios que dieron origen a la presente contradicción de tesis fueron tramitados en términos de la Ley Agraria, la cual instituye primordialmente a la legislación civil federal (sustantiva y adjetiva) como normatividad supletoria, en términos de lo dispuesto en su artículo 2o., párrafo primero, de ese ordenamiento, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 2o. En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate."

También conviene precisar que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado al que le corresponde la prestación del servicio público de energía eléctrica, cuyos actos jurídicos están sujetos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los artículos 7o., 8o. y 45 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establecen:

"Artículo 7o. La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el artículo 4o."

"Artículo 8o. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio."

(Reformado, D.O.F. 22 de diciembre de 1993)

"Artículo 45. Los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad se regirán por las Leyes Federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, salvo acuerdo arbitral, quedando exceptuada de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.

"La comisión podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto."

Con base en lo anterior, resulta incuestionable que si son de jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad, las servidumbres que requiera para cumplir con su objeto público deben sujetarse a lo dispuesto en el Código Civil Federal, el cual, en su artículo 1070, prevé que las servidumbres constituidas para la utilidad pública se rigen por las leyes y reglamentos especiales y, sólo ante la falta de normatividad específica, por las disposiciones del título sexto del propio código que reglamenta todo lo relativo a esa figura jurídica, la cual está concebida en dicho código como un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, en términos de su diverso artículo 1057, disposiciones legales que, en ese orden, establecen lo siguiente:

"Artículo 1070. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad pública o comunal, se regirá por las leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este título."

"Artículo 1057. La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño."

Esta remisión que hace el Código Civil Federal en favor de las leyes y reglamentos especiales conduce al examen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de analizar si la misma se ocupa de establecer normas específicas en materia de servidumbres, sin embargo, esta ley, lejos de prever alguna normatividad relacionada con esos gravámenes, hace una recíproca conexión con el citado código devolviéndole a éste expresamente su aplicabilidad, de conformidad con el artículo 23 de la ley mencionada, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 23. Para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio. La constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil del orden Federal.

"Cuando los inmuebles sean propiedad de la Federación de los Estados o Municipios, la Comisión Federal de Electricidad elevará las solicitudes que legalmente procedan."

Por tanto, interpretados en armonía tanto el Código Civil Federal como la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se concluye que las servidumbres cuando son constituidas para proporcionar ese servicio se rigen por las disposiciones del título sexto del propio código que reglamenta todo lo relativo a esta figura jurídica.

No escapa a la atención de esta Segunda Sala que otra ley especial, como es la Ley Agraria, también prevé la posibilidad de que las tierras ejidales o comunales se vean afectadas por la instalación de obras destinadas a la prestación del servicio público de energía eléctrica, empero, el acto jurídico por virtud del cual la legislación agraria dispone que es factible llevar a cabo dicha limitación de dominio se hace consistir en la expropiación, la cual se encuentra regulada en la referida Ley Agraria en los siguientes términos:

"De la expropiación de bienes ejidales y comunales

"Artículo 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública:

"...

"VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y ..."

"Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

"En los casos en que la administración pública federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.

"Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente."

"Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación."

"Artículo 96. La indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva."

"Artículo 97. Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del seña

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22830-acc655ab/servidumbre-legal-de-paso-sobre-terrenos-ejidales-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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