SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA SOLA POSESIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA PRESTARLO NO GENERA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD DE UNA CONCESIÓN NI PUEDE SER DEMOSTRATIVA DE LA EXISTENCIA DEL TÍTULO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 392/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis no proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por **********, ostentándose como secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León y **********, ostentándose como director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público en el Estado de Nuevo León, autoridades que intervinieron con el carácter de terceros perjudicados en los juicios de amparo cuya posible contradicción se denuncia, tal como se aprecia en las fojas 6 y 36 del expediente.
Sin embargo, como dichas personas no acompañaron documento alguno con el cual justifiquen desempeñar el cargo que dicen tener procede desechar la denuncia que hacen valer, sin perjuicio de que esta Segunda Sala hace suya la denuncia a fin de resolver el problema planteado.
TERCERO. Ejecutorias de los órganos colegiados que participan en la contradicción de tesis.
Primera ejecutoria. El seis de mayo de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el juicio de amparo directo **********, concedió la protección solicitada por **********, en los siguientes términos esenciales:
"SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección solicitada.
"En ellos se aduce, de manera fundamental, que la Sala responsable violó las reglas de distribución de las cargas probatorias previstas en los artículos 223 y 224 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al asumir, por un lado, que la postura de la parte actora se sustenta en un hecho negativo que debe ser probado por la demandada, cuando la realidad de las cosas -dice- es que esa negativa base de la acción ha sido negada, a su vez, por la parte demandada, lo que la convierte en una afirmación que requiere ser justificada por la parte que la sostiene; y al desconocer, por otro lado, que el artículo 15 de la Ley de Transporte del Estado, contiene una presunción, a favor de la parte demandada que cuenta con placas y tarjetas de circulación -consistente en que dichos documentos son consecuencia de la concesión otorgada- la cual es negada por la actora, de manera que es a ella a quien le correspondía la carga de probar en ese sentido.
"Señala, adicionalmente, que la resolutora perdió de vista que la accionante no allegó prueba alguna que demostrara el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la concesión para la prestación del servicio público de transporte y, en cambio, la ahora quejosa sí exhibió como pruebas las tarjetas de circulación, los recibos de pago de tenencia y las solicitudes de trámite de control vehicular respectivas, de donde se desprende la mención de la concesión que sirve de sustento a la solicitud, en la que además no se contiene ningún dato sobre la documentación anexa y, por ende, es incorrecto que el ad quem haya utilizado esa prueba en contra de la particular demandada, dado que en ella no se contiene, en sí misma, la demostración de ninguna irregularidad, al grado de revertir la carga probatoria, máxime si se considera que la omisión de describir los anexos en el citado documento no quiere decir que éstos se hayan dejado de presentar o que estuvieran incompletos.
"Adicionalmente, manifiesta que el Magistrado revisor violó en su perjuicio la regla especial sobre valoración de pruebas en el juicio de nulidad, prevista en el artículo 81 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, al no advertir que las propias solicitudes de control vehicular y los documentos enviados al director de recaudación, evidencian que a la solicitud sí se anexaron documentos y, que por ende, en términos del señalado precepto se genera la presunción de que dicha documentación va completa, al ser un hecho afirmado por una autoridad en las actas respectivas.
"Lo anterior es esencialmente fundado.
"Del análisis de la sentencia reclamada se advierte que el Magistrado responsable actuó indebidamente al arrojar a la parte demandada, ahora quejosa, la obligación de probar que contaba con una concesión otorgada a su favor para la prestación del servicio público de transporte, en su modalidad de vehículo de alquiler; pues la negativa de esta circunstancia, aducida por la parte actora, si bien en principio implica la negación de un hecho, también es cierto que al mismo tiempo constituye el desconocimiento de una presunción legal establecida a favor de su colitigante y, por ende, debió ser acreditada fehacientemente por ella misma.
"Para llegar a esta conclusión, se toma como punto de partida la delimitación de la materia de la controversia, precisada por este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de fecha ocho de octubre de dos mil nueve, el juicio de amparo directo **********. En esa ejecutoria se estableció, que derivado de la demanda de nulidad y de la contestación producida por la parte demandada, la materia controvertida podía sintetizarse en los siguientes términos:
"‘... la materia u objeto de la controversia en la primera instancia, se circunscribió a decidir, desde la perspectiva del actor, si debían anularse o no las determinaciones administrativas que le permitieron a la ahora quejosa acceder a la obtención de placas, tarjetas de circulación, y demás documentos relacionados con los cincuenta vehículos identificados en la demanda, por las causas de nulidad consistentes en: la existencia de irregularidades en la solicitud de trámite de control vehicular (incompetencia del funcionario que la suscribió) que culminó con la expedición de placas, tarjetas de circulación y demás documentos necesarios para la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi; y en la falta de requisitos por parte del solicitante (inexistencia de la concesión respectiva) para acceder al otorgamiento de los referidos documentos.
"‘O bien, desde la perspectiva del particular demandado, si debía prevalecer la vigencia de los documentos de que se trata, por no existir irregularidad alguna en la rúbrica estampada en la solicitud de trámite de control vehicular, y por estar acreditado, a partir de los datos y presunciones derivados de los documentos que corren agregados en el juicio de nulidad, que efectivamente cuenta con un derecho de concesión, aunque no tenga el título respectivo ...’
"Bajo esa perspectiva, la autoridad debió distribuir la carga probatoria entre las partes contendientes, considerando en principio, que en términos de los artículos 223 y 224 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León,(1) aplicables supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa, cada una de ellas era responsable de acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstos fueran negativos, sin envolver la afirmación de un hecho, ni llevaran implícito el desconocimiento de una presunción (legal o humana) a favor de su colitigante.
"Así las cosas, asiste razón jurídica a la ahora quejosa cuando señala, que atendiendo a los términos de su demanda, la autoridad actora debió asumir la carga de probar las situaciones determinantes que sirven de fundamento a su acción de lesividad, como son: Por un lado, los vicios atribuidos a las solicitudes de trámite de control vehicular, mediante la aportación de las pruebas técnicas que demostraran la falsedad de la firma ahí estampada o la incompetencia del funcionario que la efectuó y; por otro, la afirmación planteada en su demanda en el sentido de que la documentación anexa a dichas solicitudes es insuficiente para constituir un derecho de concesión a favor de la aquí quejosa, por cada uno de los vehículos descritos en la propia demanda, pese a que éste constituye un requisito indispensable para la obtención de los documentos que permiten la prestación del servicio público de taxi.
"Con la precisión de que no basta la expresión de una manifestación simple en ese sentido, sino que debe corroborarse con la exhibición de las pruebas y la exposición de los razonamientos que demuestren que los datos y presunciones a que se refiere la parte demandada sucumben ante la evidencia de que en realidad, no existe ningún derecho de concesión constituido a su favor.
"Pues si bien este último argumento, aunque en principio se caracteriza por envolver un hecho negativo, dado que atribuye al gobernado la carencia del título de concesión que resulta necesario para el trámite solicitado, al mismo tiempo constituye un desconocimiento de la presunción constituida a favor de su colitigante, como se razonará más adelante; por lo que tal como lo hace valer la quejosa, debió ser probado por la parte actora en el juicio natural.
"Máxime, que en ese sentido la parte actora en su carácter de autoridad, cuenta con la información suficiente para solventar sin obstáculos su obligación probatoria, dado que tienen bajo su resguardo la información que constituye el expediente de cada una de las placas, tarjetas de circulación y demás documentos que se otorgan para la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi y, por ende, están en condiciones de aportar los elementos que permitan determinar, de manera fehaciente, si de entre dichos documentos existen algunos que se encuentren alterados (como por ejemplo las solicitudes de trámite de control vehicular), así como también, si en su momento se justificó contar con todos los requisitos exigidos por la normatividad aplicable (como es el contar con la concesión para la prestación del servicio público de transporte), o inclusive, si dichos requisitos obran agregados, o no, al referido expediente a su cargo.
"Tampoco debe perderse de vista, que la comprobación de dichos extremos, es fundamental e indispensable para la procedencia de las reclamaciones planteadas en la demanda y, en consecuencia, el interés para probarlos recae directamente en la accionante del juicio de nulidad.
"Desde otra perspectiva, exigir esa carga a la particular demandada, aquí quejosa, sería tanto como imponerle la obligación de conservar todos los documentos que originalmente empleó en el trámite respectivo, para volverlos a presentar íntegramente en caso de que así se le requieran (a manera de una nueva justificación sobre la realización de un trámite), lo que desde luego constituye un exceso, pues no existe norma alguna que así lo establezca; pero además, implica soslayar, de antemano, la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos, cuando éstos provienen de la realización de una serie de etapas previas que lo dotan de validez y eficacia frente al orden jurídico, atributos que por seguridad jurídica, deben prevalecer hasta que se demuestre lo contrario.
"A ese respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que reza:
"‘ACTO RECLAMADO, CARGA DE LA PRUEBA DE SUS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS.’ (se transcribe).(2)
"No obstante, del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable no observó a cabalidad las referidas reglas sobre la distribución de las cargas probatorias, en tanto que, partiendo únicamente del análisis del formato de trámite de control vehicular, exhibido por cada uno de los vehículos descritos en la demanda de nulidad,(3) así como de los dos comunicados de fechas tres y doce de agosto de dos mil cuatro, suscritos por **********, en representación del Departamento de Concesiones y Refrendos, dirigidas al director de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado,(4) llegó a la conclusión de que ‘no se acredita que la particular haya agregado a las solicitudes de trámite los documentos y requisitos que establecen el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, así como el artículo 45 de la referida ley’ y de que ‘tampoco se demostró que se hayan seguido las formalidades del procedimiento establecidas en las disposiciones legales, tal como lo es el otorgamiento de la garantía de cumplimiento, necesaria para la expedición de las placas y tarjetas de circulación’, basándose exclusivamente en las circunstancias de que en dichos documentos no se hizo una relación de los anexos presentados, así como de que tampoco aportó la demandada la constancia de recepción de los referidos anexos, y el documento comprobatorio del otorgamiento de la garantía.
"Conclusión que resulta jurídicamente incorrecta, en virtud de que como bien lo dice la impetrante del amparo, la omisión de incluir un desglose de los anexos, precisamente en los referidos documentos, no encuentra sustento en alguna norma que así lo prevea, y además, por sí misma, es insuficiente para destruir la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos que pretenden nulificarse, pues para ello se requería acreditar, en todo caso, que la concesión no existía en la época en que dichos actos se emitieron, o bien, que no fue presentada junto con las solicitudes de trámites de control vehicular de que se trata; y que por ese motivo no obra en el expediente administrativo respectivo; todo lo cual, por razones lógicas, no puede sustentarse en el simple hecho de la falta de una relación que precise, dentro de las propias solicitudes de control vehicular, o en documento diverso, los documentos que en su oportunidad exhibió la particular solicitante; así como tampoco puede derivarse de la omisión de presentar el documento correspondiente donde conste que se haya otorgado la garantía.
"En otras palabras, como la pretensión de la actora se dirigió a destruir los fundamentos o bases sobre las cuales fueron autorizados los actos administrativos tramitados por la particular demandada para la prestación del servicio público de taxi, la actividad probatoria no debe limitarse a mostrar un panorama basado en la ausencia de elementos para asegurar el cumplimiento cabal de los requisitos exigidos por las leyes para la emisión de dichos actos, pues si así se hiciera se arrojaría injustificadamente la obligación probatoria al particular beneficiario de demostrar que real y efectivamente cumplió a cabalidad los trámites y gestiones que constituyen los presupuestos de la emisión de los actos administrativos a su favor; antes bien, dicha carga probatoria debe recaer en la actora y, además, requiere ser suficiente para poner en evidencia que se incumplió con uno de los requisitos mencionados, como es la existencia del derecho de concesión para la prestación del servicio de transporte público, precisando las razones o motivos por los que se tiene la certeza en ese sentido.
"Con mayor razón, si como sucede en la especie, la particular demandada demostró que tiene a su favor, por un lado, la presunción iuris tantum que se deriva del artículo 15 de la Ley de Transporte del Estado de Nuevo León,(5) en el sentido de que las placas de circulación ‘son consecuencia de la concesión otorgada en los términos de la presente ley’, pues ello permite considerar, válidamente, que la expedición de dichas placas de circulación por la autoridad competente, tiene sustento en una concesión otorgada conforme a la ley; o, que durante el trámite realizado a propósito del registro vehicular y las placas solicitadas por la interesada, la autoridad verificó y constató el legal otorgamiento de la concesión relativa a favor del beneficiario (que como ya se ha visto constituye un requisito imprescindible para la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi), al grado de generarle un estatus tal, que sólo puede ser destruido, en la vía de lesividad, mediante la demostración fehaciente de la inexistencia de ese derecho de concesión.
"Lo que no puede desvirtuarse, como indebidamente lo sostiene la autoridad responsable, por la sola circunstancia de que no existan en autos las pruebas documentales que demuestren que al particular le haya sido expedida una constancia de presentación de los documentos y requisitos a que se refiere el artículo 42 del reglamento de la Ley de Transporte del Estado,(6) y que además, éste haya otorgado la garantía a que alude el precepto 72 del propio reglamento,(7) pues además de que como ya se dijo, la prueba de la omisión de esas constancias, en tanto irregularidades, recaía en la parte actora por ser quien mantiene la postura de desconocer la legalidad de la concesión ostentada por su contraparte, lo cierto es que las señaladas constancias tampoco se advierte que constituyan requisitos necesarios para la obtención del título de concesión de que se trata.
"En efecto, basta la lectura de los preceptos invocados por la Sala resolutora, para advertir que los requisitos que deben observarse por todo interesado en obtener una concesión son los siguientes: 1) tener la nacionalidad mexicana; 2) demostrar una capacidad técnica operativa y administrativa para la explotación del servicio público de transporte que se solicita en concesión; 3) presentar formato de solicitud; 4) designar domicilio; 5) exhibir el acta constitutiva del solicitante persona moral, o el registro federal de contribuyentes, además de una identificación oficial con fotografía, del solicitante persona física; 6) efectuar el pago correspondiente; y, 7) otros que establezcan las leyes. Así como también, que una vez presentados los documentos relativos, de ello se extenderá una constancia de inscripción.
"De igual forma, se observa que una vez satisfechos los requisitos previstos para obtener la concesión, la subsecretaría dará aviso al interesado para que en un plazo de diez días haga entrega de la garantía de cumplimiento del servicio concesionado.
"Empero, de lo anterior no emerge, como dato incontrovertible, que la presentación de la constancia de inscripción de documentos, y la exhibición del comprobante de haber otorgado la garantía respectiva, constituyan requisitos necesarios para el otorgamiento de la concesión, como inexactamente lo pretende destacar la autoridad responsable y, por ende, su ausencia en el juicio de nulidad, es irrelevante, y notoriamente insuficiente, para concluir en la inexistencia del título de concesión en cuyo apoyo la parte demandada tramitó las placas y tarjetas de circulación, cuya nulidad se reclama en el juicio de origen.
"Por otro lado, la presunción que a favor de la parte demandada, ahora quejosa, emana del artículo 15 de la Ley de Transporte del Estado de Nuevo León, en los términos ya precisados, no aparece como un dato aislado, sino que se encuentra robustecido, como también acertadamente lo apunta la quejosa, con las documentales exhibidas junto con su escrito de contestación, consistentes en los cincuenta recibos de pago expedidos a su favor por conceptos de ‘tenencia 2004’, ‘refrendo 2004’ y ‘derecho por alta’ por cada uno de los vehículos descritos en la demanda de nulidad,(8) de cuyo texto se desprende la inclusión de un número de concesión asignado a cada uno de dichos vehículos, lo que revela que en sus registros oficiales, las autoridades tienen noticia de la existencia de las concesiones relativas y, consecuentemente, abona un elemento adicional para apoyar el dicho de la aquí quejosa en cuanto a la existencia de las concesiones de que se trata, pese a que no se allegaron al sumario los documentales probatorios respectivos.
"En mérito de lo hasta aquí expuesto, la Sala responsable actuó indebidamente al establecer, como premisa de su resolución, que la carga probatoria correspondía a la parte demandada para acreditar que cumplió con todos los requisitos exigidos por la legislación de la materia para el otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público de transporte en su modalidad de vehículo de alquiler; y, que por ende, la falta de constancias que evidenciaran dicho cumplimiento hacía procedente la acción de lesividad ejercida en su contra por la autoridad demandante.
"Atendiendo a las consideraciones expresadas en esta ejecutoria, lo jurídicamente correcto era evaluar el material probatorio desde la perspectiva de que la actora era la obligada a acreditar los fundamentos de su acción que, por implicar la destrucción de una presunción legal constituida a favor de su colitigante (por el artículo 15 de la Ley de Transporte del Estado) requerían que asumiera una actitud probatoria positiva, allegando los elementos que corroboraran de manera fehaciente la inexistencia del derecho de concesión, que en su momento, motivó la expedición de las placas y tarjetas de circulación que ostenta la parte demandada.
"Carga probatoria, que a criterio de este Tribunal Colegiado, no fue satisfecha por la parte actora, en tanto que como en su momento lo advirtió la propia Sala resolutora, las únicas pruebas que se allegaron para ese efecto, se hicieron consistir en las solicitudes de trámite de fechas dos, tres, cuatro, cinco y diez de agosto de dos mil cuatro, así como en los escritos internos de fechas tres y doce de agosto de dos mil cuatro, suscritos por ********** en representación del Departamento de Concesiones y Refrendos, por cuyo medio se dio curso a las solicitudes requeridas; probanzas que por su propia naturaleza, son ineficaces para corroborar los fundamentos de la acción de lesividad, es decir, la irregularidad en el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención del título de concesión, derivados de los artículo 42 y 74 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Nuevo León (falta de exhibición de la constancia de inscripción y del comprobante de haber otorgado la garantía de prestación del servicio).
"Máxime que, como también ya se dejó establecido supralíneas, la inexistencia de esos documentos no significa, necesariamente, que se hayan dejado de cumplir las exigencias legales para el otorgamiento de la concesión del servicio público de transporte, y para la expedición de placas y tarjetas de circulación; pues ambas premisas no se encuentran ligadas de manera indisoluble, en una relación de antecedente a consecuente.
"En las anteriores circunstancias, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación y, por tanto, violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, se concede la protección solicitada para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia combatida, y en su lugar emita otra en la que, siguiendo las consideraciones aquí sustentadas sobre la distribución de las cargas probatorias en la instancia natural, y sobre la ponderación del material probatorio allegado al sumario, declare que no se encuentra acreditada la acción de lesividad planteada en la demanda de origen.
"La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como a los actuarios adscritos a dicho tribunal, ya que los mismos se reclamaron en vía de consecuencia y no por vicios propios.
"Al respecto cobra aplicación el criterio de la otrora Sala Auxiliar de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresado en la tesis de rubro: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS. SE CONSIDERAN INCONSTITUCIONALES DE SERLO LOS DE LAS ORDENADORAS, CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS.’.(9)
"Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria."
Segunda ejecutoria. El veintiséis de marzo de dos mil diez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el juicio de amparo directo **********, negó la protección solicitada por **********, en los siguientes términos esenciales:
"SEXTO. En estudio de la litis planteada, se precisa que son ineficaces los argumentos de la quejosa y, por ende, insuficientes para que se conceda en su favor la protección constitucional solicitada.
"A fin de sustentar la presente determinación, es menester referir que el presente asunto -al que precedió el juicio de amparo directo ********** del índice de este tribunal-, derivó de lo siguiente:
"1. Tuvo su origen en el juicio de lesividad instado en (sic) diecinueve de junio de dos mil siete, por el director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público y el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, en que se solicitó la nulidad de las solicitudes de trámite de control vehicular expedidas en los meses de julio y agosto de dos mil cuatro por la propia agencia, para el registro en el padrón del control vehicular y pago de los derechos de control vehicular e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para la prestación del servicio público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler (taxis), a favor de **********; de las placas de circulación, tarjetas de circulación, recibos de pago y, determinación y cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, expedidos en dicho lapso y de todas las consecuencias jurídicas tendentes a dar un tratamiento de concesionario a la demandada.
"2. Debe recordarse igualmente que la empresa, al contestar la demanda, destacó -en lo que interesa- que en los autos del juicio de amparo **********, le fue concedida la protección federal en contra del acuerdo de seis de septiembre de dos mil cuatro, mediante el cual, el gobernador del Estado instruía a diversas autoridades para que tomaran las medidas conducentes para evitar la vigencia de los juegos de placas y tarjetas de circulación expedidas para la prestación del servicio público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler, entre las que se encontraban ciento cincuenta placas y tarjetas de circulación correspondientes a la quejosa y que constituía el origen de la revisión efectuada por la autoridad en cinco de octubre de dos mil cuatro, sobre el trámite seguido por la empresa.
"Así como también, que con las tarjetas y placas de circulación que le habían sido expedidas, acreditaba plenamente gozar con los derechos de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, así como también, que se había cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, y que el derecho cuestionado no podía limitarse a la expedición del título en sí mismo, sino justamente al derecho que le correspondía, en razón de haber reunido lo requerido para ello.
"3. En veintinueve de julio de dos mil ocho, la Segunda Sala Ordinaria a quien correspondió el conocimiento del juicio instado, dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de los actos impugnados, bajo las siguientes consideraciones:
"Precisó que no tomaría en cuenta la revisión de cinco de octubre de dos mil cuatro, al haberse demostrado que la empresa había obtenido la protección federal a efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica el acuerdo de seis de septiembre de dos mil cuatro, aportada por las demandantes para comprobar que las solicitudes impugnadas no contenían firmas.
"Calificó de fundado el argumento de las autoridades en el sentido de que las solicitudes de trámite se habían emitido en violación a los artículos 15 y 22 de la Ley de Transporte vigente en dos mil cuatro, dado que a partir de las mismas se expidieron placas y tarjetas de circulación con las que la empresa pretendía tener la calidad de concesionario, cuando carecía de título de concesión.
"Pues razonó que al contarse sólo con las solicitudes de trámite y diversos escritos dirigidos al director de recaudación, en los que señalaba que se remitían documentos correspondientes a ‘trámites diversos solicitados ante la Dirección de Concesiones, Refrendos y Licencias para su revisión y pago’, sin describir los mismos y, al apreciarse que se habían asignado desde dichas solicitudes los números de folios y las placas, además de haberse afirmado que fueron registrados en el padrón de control vehicular y expedidas en julio y agosto de dos mil cuatro, las placas, tarjetas de circulación y recibos de pago correspondientes, se deducía que los actos impugnados se habían emitido sólo con sustento en las solicitudes de trámite y en las dos comunicaciones referidas.
"Por lo que concluyó que no se observaron las formalidades del procedimiento establecidos en la Ley de Transporte (artículos 15, 22 y 45) y su reglamento (artículos 42, 72, 74 y 76) y que se surtía la causal de anulación de la fracción II del artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, pues si las placas eran consecuencia de la concesión otorgada en los términos de la ley, entonces debió haberse cumplido con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Transporte, que establecía los pasos a seguir para el otorgamiento de la concesión, en relación c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22709-c3af89a1/servicio-publico-de-transporte-la-sola-posesion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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