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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LO TIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA RECLAMAR EL ACUERDO QUE DETERMINA NO PRORROGAR SU NOMBRAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 416/2010. · Registro digital (IUS): 22757
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 665.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 416/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, ya que si bien el tema a dilucidar es común al amparo al relacionarse con una causa de improcedencia de dicho juicio, resulta innecesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que existen criterios jurisprudenciales que orientan la solución del presente asunto.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios que se denuncian como opositores.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver en sesión de quince de noviembre de dos mil siete, el amparo en revisión 81/2007, interpuesto por **********, en la parte que interesa, consideró:

"SEXTO. Los agravios hechos valer son fundados en lo sustancial, aunque para ello deba suplirse su deficiencia en la medida que lo requieren, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. Así es, en el considerando segundo de la resolución recurrida, el a quo sobreseyó en el juicio por lo que ve al acto reclamado al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, consistente en que: ‘resolvieron no prorrogar y emitir nuevo nombramiento ... no obstante que el señor licenciado **********, director de administración del citado Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, me propuso para continuar en el cargo’, porque dicha autoridad, al rendir su informe justificado, lo negó; no obstante que, como lo señala el recurrente, probó la existencia de la propuesta de su nombramiento en el cargo de jefe de sección adscrito a la Unidad Departamental de Contabilidad, documento que tiene valor probatorio y eficacia jurídica, lo cual en forma desacertada soslayó el Juez Federal; en efecto, el quejoso aportó al juicio de garantías que se revisa, el original de la mencionada propuesta de nombramiento, expedida en su favor el once de diciembre de dos mil seis, por el director de administración del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco (foja 16), documento que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2o. de esta ley, motivo por el que, aun cuando el mencionado Pleno del Consejo General, haya negado el citado acto reclamado, el Juez de Distrito debió tenerlo por cierto, pues como posteriormente se verá, la existencia de dicha propuesta beneficia al quejoso, con independencia de que el funcionario que la emitió la haya presentado o no ante el Pleno aludido, por no ser una causa imputable al agraviado, pues lo actuado por el autor de la misma obliga a aquél en relación con el vínculo laboral habido entre el quejoso y el Pleno mencionado. En consecuencia, procede revocar la resolución recurrida en este particular aspecto y se tiene por cierto el aludido acto reclamado al Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Son fundados en lo sustancial los agravios en los que se argumenta que los razonamientos para sobreseer la acción constitucional violan la obligatoriedad de analizar por parte del Juez Federal sus nombramientos continuos y la naturaleza que les otorgó el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, porque si bien los documentos públicos donde se contienen son por tiempo determinado y aun cuando su nombramiento sea de servidor público de confianza, no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 4o., fracción IV, apartado d), de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, porque no se está en presencia de nombramientos de consejeros, secretario general y los titulares de las comisiones y direcciones; que si sus nombramientos no se encuentran dentro del supuesto normativo antes indicado, es indudable que su designación, aun en contra del contenido que se refleje en las constancias certificadas que se les dio valor probatorio pleno, es el de un servidor público de base, en los términos del artículo 5o. de la mencionada ley; suplido en su deficiencia en la medida que lo requiere, en los términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. En efecto, el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la resolución recurrida, sobreseyó en el juicio de garantías que se revisa, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Llegó a esa determinación, en razón de que, dijo, el quejoso reclamó el acuerdo por el que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco determinó no expedirle un nuevo nombramiento como jefe de sección adscrito a la Unidad Departamental de Contabilidad de la Dirección de Administración, dentro de dicho consejo; sin embargo, carecía de interés jurídico para promover el juicio de garantías, al ser un servidor público de confianza y por haber concluido el término o vigencia de su nombramiento, porque se expidió por tiempo determinado, por lo que no resultaba factible su pretensión, de que una vez concluida su vigencia procediera a reclamar un derecho que jurídicamente no existía ni estaba protegido por la ley, en virtud de que ya no era titular del nombramiento que se le otorgó por un periodo determinado y que la duración de la relación laboral no podía ser ampliada por la sola pretensión del servidor público, máxime que el juicio de garantías no era constitutivo de derechos, ya que la decisión de otorgar un nuevo nombramiento constituía una facultad discrecional conferida por la norma al propio órgano superior de justicia, además de que la duración del nombramiento la estableció el Supremo Tribunal de Justicia del Estado con la aceptación del particular. Sustentó su determinación en las tesis que transcribió con los rubros de: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO ÉSTE, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O PRÓRROGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ y ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL. QUIENES EJERCEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y NO JURISDICCIONALES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O LA PRÓRROGA DE SU NOMBRAMIENTO SI ÉSTE FUE EXPEDIDO POR TIEMPO DETERMINADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’-Pues bien, tal determinación es incorrecta, toda vez que contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito, en el caso concreto, sí asiste interés jurídico al quejoso para reclamar el acuerdo plenario por el que se determinó no expedirle nuevo nombramiento como jefe de sección, porque las razones que esgrimió el Juez para sobreseer en el juicio, en todo caso, constituyen el estudio de fondo de la cuestión planteada, es decir, elucidar el derecho que tiene o no, el impetrante de garantías, para que se prorrogue su nombramiento. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en la especie, el quejoso reclamó, entre otros actos, el aludido acuerdo emitido el trece de diciembre de dos mil seis, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el que se determinó no expedir nuevo nombramiento al agraviado. Por tanto, es incuestionable que el interés del quejoso deriva de esa precisa determinación y, por ende, de la expectativa de derecho que le pudiera generar el que se le haya negado la prórroga de un contrato por tiempo determinado, esto es, si el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en uso de sus atribuciones resolvió no prorrogar el nombramiento del impetrante de garantías, es inconcuso que a éste le asiste interés para impugnarla, máxime que lo correcto o incorrecto de tal determinación constituye el estudio de fondo del asunto. Ello es así, porque lo relativo a la legalidad de la suscripción de nombramientos temporales, sus consecuencias legales, las facultades de la autoridad para nombrar servidores públicos de confianza y, por ende, el derecho o no, del quejoso, para que se prorrogue su nombramiento, está íntimamente relacionado con el estudio de fondo de la cuestión planteada y, por tanto, debe desestimarse la causa de improcedencia que se haga depender de tales cuestiones. Por tales razones, no se comparten las tesis que invocó el Juez de Distrito en apoyo a su resolución, dado que al haber sido emitidas por un diverso colegiado, no obliga al que ahora resuelve, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo. En cambio, conforme al artículo 192 de la propia Ley de Amparo, sí resulta obligatoria para este Tribunal Colegiado la tesis de jurisprudencia número P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Tomo XV, enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (la transcribe). En virtud de lo antes resuelto, este órgano jurisdiccional, como se dijo, no comparte las aludidas tesis que invocó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de garantías que se revisa, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, con los rubros de: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO ÉSTE, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O PRÓRROGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ y ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL. QUIENES EJERCEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y NO JURISDICCIONALES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O LA PRÓRROGA DE SU NOMBRAMIENTO SI ÉSTE FUE EXPEDIDO POR TIEMPO DETERMINADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, publicadas, respectivamente, en la página 748 del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1996; y en la página 1914 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2006, ambas de la Novena Época, porque, como se señaló en párrafos anteriores, el derecho o no del quejoso, para que se prorrogue su nombramiento, está íntimamente relacionado con el estudio del fondo del asunto, por lo que la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico que sustentan dichas tesis, no se actualiza en la especie, por lo que la misma debe desestimarse. Ante tal situación, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este Tribunal Federal y los contenidos en las aludidas tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, para lo cual se instruye a la Secretaría de Tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes. ..."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 836/2005 donde figuró como recurrente **********, en sesión de cinco de enero de dos mil seis, en lo que interesa a la presente contradicción, sostuvo:

"QUINTO. ... En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa, apoyándose en la tesis de este Tribunal Colegiado, del rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO ÉSTE, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O PRÓRROGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’; precisando además, que en el mismo sentido se resolvieron los amparos en revisión 226/2004, 541/2004 y 571/2004, por este mismo tribunal. En relación con los actos reclamados en la ampliación de demanda, consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 de la misma ley, que porque: ‘... el juicio constitucional debe en todo tiempo tener resultados concretos o prácticos y no constituir sólo un medio realizar actividades especulativas, de tal modo cuando tales efectos no pueden obtenerse a ir de la posible concesión del amparo a la solicitante de garantías, el juicio de amparo debe declararse improcedente ...’, por lo que concluyó que: ‘... Por tanto, colocándonos bajo la hipótesis de que fuera procedente otorgar el amparo, teniendo el acto reclamado el carácter de negativo, el efecto de la concesión en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, sería en el sentido de obligar a las autoridades responsables a obrar en el sentido de respetar la garantía que se trata de cumplir, lo cual significaría otorgar nombramiento de coordinador «A», a la aquí quejosa, sin embargo, nunca se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria, toda vez que las plazas de coordinador «A», dentro de la Dirección de Investigación y Capacitación, desaparecieron cuando el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, determinó que ya no era necesaria su permanencia por haber cumplido con los fines para los cuales fueron creadas. Lo cual implica, que dicho Consejo, necesariamente tendría que crear una plaza nueva, para que se le diera nuevo nombramiento a la aquí quejosa, lo que implicaría que este juzgador obligara a las responsables a sesionar e investigar qué necesidades tiene el Consejo para contratar personal y así subsanar la pretensión intentada por la promovente de garantías ...’. Los artículos 3, fracción II, 4, fracción IV, inciso a), 8, primer párrafo, 16, fracción III, y 22, fracción III de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicen: ‘Artículo 3. Para los efectos de esta ley, los servidores públicos se clasifican en: ... II. De confianza.’. ‘Artículo 4. Son servidores públicos de confianza, en general, todos aquellos que realicen funciones de: ... IV. En el Poder Judicial: a) En el Supremo Tribunal de Justicia; b) Magistrados, Jueces, secretarios de Acuerdos del Tribunal Pleno, secretario taquígrafo de la presidencia, los secretarios de las Salas, los secretarios de los Juzgados de primera instancia y menores, civiles y penales, urbanos y foráneos, oficial mayor del tribunal, el visitador de los juzgados, los asesores jurídicos de la presidencia, los choferes de la presidencia, el director de la Defensoría de Oficio, los jefes de las secciones Civil y Penal de la Defensoría de Oficio, los coordinadores regionales de la Defensoría de Oficio, el director de Estadística Judicial, el abogado «D» de la Dirección de Estadística Judicial, el director de la Academia de Capacitación Judicial, los instructores de la Academia de Capacitación Judicial, el coordinador de eventos de la Academia de Capacitación Judicial, el jefe de Archivo y Biblioteca del Supremo Tribunal, la supervisora de Trabajo Social, las trabajadoras sociales del Departamento de Trabajo Social, el encargado del almacén de los juzgados de lo criminal, el administrador de personal, el jefe de información y Relaciones Públicas ...’. ‘Artículo 8. Tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiera un motivo razonable de pérdida de confianza, sujetándose en lo conducente al procedimiento previsto en los artículos 23 y 26, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. o de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos, quienes en su caso podrán ser cesados en los términos de este artículo sin necesidad de instauración del procedimiento señalado ...’. ‘Artículo 16. Los nombramientos de los servidores públicos podrán ser: ... IV. Por tiempo determinado, cuando se expida para trabajo eventual o de temporada, con fecha precisa de terminación.’. ‘Artículo 22. Ningún servidor público de base podrá ser cesado, sino por causa justificada; en consecuencia, el nombramiento de estos servidores de base sólo dejará de surtir efecto, sin responsabilidad para la entidad pública en que preste sus servicios, en los siguientes casos: ... III. Por conclusión de la obra o vencimiento del término para lo que fue contratado o nombrado el servidor.’. Una interpretación lógico-sistemática de los preceptos transcritos, conlleva a establecer, como lo precisó el juzgador, que si bien, tratándose de un servidor público de base, deja de surtir efectos su nombramiento al vencimiento del contrato, sin responsabilidad para la entidad pública, con mayor razón para los servidores públicos de confianza, cuando su nombramiento es por tiempo determinado, como el de la quejosa, ya que si, conforme al citado artículo 16, los nombramientos de los servidores públicos pueden ser por tiempo determinado, entonces, también debe dejar de surtir efectos sin responsabilidad para la entidad, cuando, como en la especie, fenece el término para el cual fue contratado, por lo que debe darse el mismo tratamiento para los servidores públicos de confianza. Por tanto, si del nombramiento número 0217/2005 (foja 15 de los autos de primera instancia), otorgado a la quejosa, se aprecia que su vigencia fue a partir del uno de febrero de dos mil cinco y hasta el treinta y uno de julio del mismo año, como coordinador ‘A’ adscrita a la Dirección de Investigación y Capacitación, con la categoría de confianza, entonces, si ya feneció el plazo por el que fue otorgado, y si, conforme a la interpretación realizada a los invocados dispositivos legales, cuando vence el término de ese nombramiento, éste deja de surtir efectos, la entidad pública no tiene responsabilidad alguna, resulta evidente que los citados actos reclamados no afectan su interés jurídico, por no tener derecho de permanencia o estabilidad en el empleo y, por tanto, que fuera oído y vencido en juicio, al habérsele otorgado su nombramiento por un periodo determinado, sin que ello implique privación de derecho a ocupar el cargo de coordinadora ‘A’ de la Dirección de Investigación y Capacitación del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como lo sugiere la impetrante, porque la separación del empleo deriva de la conclusión del nombramiento que le fue otorgado, de ahí que carezca de interés jurídico para accionar el juicio constitucional, como lo estableció el a quo. De lo anterior se concluye que los agravios resulten ineficaces, sin que exista violación de los artículos 4, 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sobreseído en el juicio por falta de interés jurídico de la quejosa, al haber terminado su nombramiento como servidor público del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y si bien, en el caso no es aplicable exactamente la tesis de este tribunal en que se apoyó el Juez de Distrito, dado que se refiere a un supuesto de un servidor público que ejerce funciones jurisdiccionales (Juez de primera instancia), en tanto que en el presente asunto la quejosa desempeñaba funciones administrativas. Empero, al concluir el término o vigencia del nombramiento de la quejosa como servidor público, y al no ejercer funciones jurisdiccionales, sino administrativas, carece de interés jurídico para acudir al juicio de garantías, en función de la finalización de su nombramiento de confianza y por tiempo determinado, máxime que en el mismo sentido se han resuelto, en ese aspecto, los amparos en revisión números 226/2004, 541/2004, 577/2004 y 1077/2004 por unanimidad de votos en sesiones de nueve de diciembre de dos mil cuatro, veinticuatro de febrero, catorce de abril y diecinueve de mayo de dos mil cinco, que se refieren a cuestiones esencialmente iguales. Además, son inoperantes los agravios en que la recurrente, señala que los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como los Jueces y Magistrados, son designados como empleados temporales, y que al término de su nombramiento dejan de serlo, pero que pueden ser nuevamente nombrados, en cuyo caso adquieren el beneficio de inamovilidad, pues tales argumentos no le son aplicables a la quejosa, en razón de que no ejerce funciones jurisdiccionales, ni es Juez o Magistrado, por lo que las tesis que invoca al respecto resultan inaplicables, habida cuenta que la terminación del nombramiento fue lo que concluyó con la relación laboral, es decir, no existe remoción, cese o destitución, y las funciones que realizaba la inconforme realmente son de confianza, como se precisó. Además que con ello no se combate y las consideraciones de la sentencia recurrida, dado que en ella no se hizo referencia a la inamovilidad de Jueces y Magistrados, ni como base para sustentar la improcedencia decretada. ... . Como se precisó, en relación con los actos reclamados propuestos en la ampliación de demanda, el Juez de Distrito sobreseyó considerando que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 de la misma ley; sin embargo, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, considera infundada dicha causa de improcedencia expuesta por el a quo, empero, se confirma el sobreseimiento en razón de que sobre los actos reclamados en la ampliación de demanda, aparece probada otra causa de improcedencia, con base en la cual el Juez de Distrito sobreseyó respecto de los actos reclamados en la demanda, consistente en la falta de interés jurídico de la quejosa por haber terminado su nombramiento de servidor público de confianza, prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, como lo estimó el a quo, y como se confirmó párrafos anteriores, si el nombramiento de la quejosa como coordinadora ‘A’ adscrita a la Dirección de Investigación y Capacitación del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, feneció en su duración o vigencia, ha dejado de ser servidor público, en razón de que ese nombramiento era de confianza, por tiempo determinado, es evidente que por esa misma razón los actos reclamados en la ampliación de demanda, en especial la determinación de la vigésima séptima sesión ordinaria plenaria del citado consejo, celebrada el tres de agosto de dos mil cinco y demás actos reclamados relacionados con la misma, en que se determinó desaparecer la plaza de coordinador ‘A’ adscrita a la Dirección de Investigación y Capacitación del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que venía ocupando la quejosa hasta el término de su nombramiento, no afectan los intereses jurídicos de la impetrante, precisamente por haber concluido su nombramiento de confianza y no tener derecho, como se vio, a la estabilidad en el empleo, a más que ese nombramiento concluyó desde el treinta y uno de julio de dos mil cinco, en tanto que la sesión plenaria que combate en la ampliación de la demanda aconteció el tres de agosto de dos mil cinco, es decir, con posterioridad a que su nombramiento de confianza llegó a su término, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, y no la considerada por el a quo, por ende, el sobreseimiento, como se precisó, debe confirmarse aunque por los motivos aquí expuestos. En virtud de lo anterior, es inoperante el segundo de los agravios de la inconforme, pues, como se precisó, el sobreseimiento respecto de los actos reclamados en la ampliación de la demanda, se ha confirmado al actualizarse una causal de improcedencia diversa a la estudiada por el Juez de Distrito, en tanto ese agravio se refiere a la causal analizada por el a quo, de lo que se evidencia su inoperancia. En consecuencia, ante lo ineficaz de los agravios y al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia recurrida."

De dicha resolución surgió el siguiente criterio aislado, que dice:

"SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL. QUIENES EJERCEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y NO JURISDICCIONALES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O LA PRÓRROGA DE SU NOMBRAMIENTO SI ÉSTE FUE EXPEDIDO POR TIEMPO DETERMINADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco que en términos de los artículos 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 3o., fracción II y 4o., fracción IV, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios son considerados como servidores públicos de confianza, que ejercen funciones administrativas y no jurisdiccionales, carecen de interés jurídico para promover el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, una vez concluido el término o vigencia de su nombramiento, si éste se expidió por tiempo determinado, dado que no puede pretenderse que una vez concluida su vigencia proceda reclamar un derecho que jurídicamente no existe, ni está protegido por la ley, en virtud de que ya no es titular del nombramiento que se le otorgó por un periodo determinado y la duración de la relación laboral no puede ser ampliada por la sola pretensión del servidor público, máxime que el juicio de garantías no es constitutivo de derechos, ya que la decisión de otorgar un nuevo nombramiento constituye una facultad discrecional conferida por la norma al propio Órgano Superior de Justicia. Estimar lo contrario, llevaría al extremo de adquirir la estabilidad en un puesto público por el simple transcurso del tiempo, lo que resulta contrario a derecho, ya que éste no se encuentra como un bien dentro del comercio, ni está sujeto a transacción alguna y, en tal concepto, no puede ser adquirido por prescripción positiva. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis III.2o.A.21 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 748, con el rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO ÉSTE, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O PRÓRROGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, para establecer que no es aplicable en los casos de nombramientos de quienes ejercen funciones jurisdiccionales (Jueces y Magistrados), sino sólo para los servidores públicos de confianza que desempeñan actividades administrativas."(1)

El catorce de agosto de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión RP. 104/96 interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, el propio órgano colegiado emitió la tesis aislada, que señala:

"SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO ÉSTE, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO SU RATIFICACIÓN O PRÓRROGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la lectura de los artículos 8o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 3o., fracción II, y 4o., fracción IV, inciso a), de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se advierte que los Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, son servidores públicos de confianza, lo que se demuestra al través del nombramiento expedido o por su inclusión en la nómina del pago de sueldos, según lo establece el artículo 2o. de la ley mencionada en último lugar. Ahora bien, tomando en consideración que tienen interés jurídico para acudir al juicio de amparo los gobernados que tengan la potestad legal de exigir el cumplimiento de un derecho del que son titulares, el cual debe estar debidamente protegido por la ley, es decir, quien es titular de un derecho subjetivo tutelado por la norma jurídica, al haberse promovido el juicio de amparo cuando ya había vencido el tiempo de duración del nombramiento respectivo, es inconcuso que la separación del agraviado como Juez no le causa perjuicio alguno a su esfera jurídica, dado que dicho nombramiento es el título que legitima el ejercicio de las actividades del servidor público de referencia. Además, la duración del nombramiento la estableció el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con la aceptación del particular, acto que no es unilateral ni tampoco es un contrato entre pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22757-df5909ea/interes-juridico-en-el-amparo-lo-tienen-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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