DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN MATERIA ADUANERA. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA PARA SOLICITARLA O PARA PEDIR EL PAGO DEL VALOR DE AQUÉLLAS SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 424/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en atención a que la formuló la Magistrada presidenta del **********, el cual emitió uno de los criterios que originan la presente contradicción.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, resulta pertinente atender a los antecedentes y consideraciones de los fallos pronunciados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. Antecedentes de la ejecutoria dictada por el **********, al resolver el recurso de revisión fiscal **********.
Ver antecedentes 1
En lo que interesa, la parte considerativa de la ejecutoria que se analiza, es del tenor siguiente:
"OCTAVO. Estudio de los agravios. Los agravios son inoperantes en una parte e infundados en el resto.
"...
"En otro orden de ideas, se analizará ahora el primero de los temas que conforman la litis de este recurso, consistente en definir si los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, específicamente en la parte que disponen las hipótesis de interrupción del plazo de prescripción tratándose de créditos fiscales y de devoluciones de cantidades pagadas indebidamente, son aplicables supletoriamente a la Ley Aduanera, para regir en el cómputo del plazo de dos años que prevé el artículo 157 de este último ordenamiento para la presentación de la solicitud de devolución de la mercancía o de resarcimiento de su valor económico.
"Para ello es preciso señalar, que la Sala responsable se posicionó en el sentido de que sí resultaba procedente dicha supletoriedad, basada fundamentalmente en las premisas de que, por un lado, el resarcimiento económico tiene la naturaleza de una devolución ‘de una cantidad que proceda conforme a las leyes fiscales’; y por otro, que el Código Fiscal de la Federación es aplicable supletoriamente a la Ley Aduanera, por lo que no existe obstáculo para aplicar las reglas de su artículo 22, que a su vez remiten al artículo 146 del propio código, para el exclusivo efecto de aplicar las hipótesis de interrupción ahí previstas al cómputo de dos años a que se refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera, pues sólo en este aspecto (causas de interrupción) existe una deficiente regulación de dicho precepto que amerita ser suplida; hipótesis dentro de las que se encuentra -dijo la a quo- la realización de gestiones de cobro, cuando éstas sean notificadas o se hagan saber al deudor.
"Por su parte, la aquí recurrente adopta una postura contraria, sobre la base de que el plazo de dos años previsto en el artículo 157 de la Ley Aduanera no es susceptible de interrupción, porque dicho precepto no autoriza dicha posibilidad, y su interpretación debe ser estricta conforme a las reglas derivadas de los artículos 5o. y 6o. del Código Fiscal de la Federación; sin que al respecto resulten aplicables, supletoriamente, las reglas de los artículos 22 y 146 de este último ordenamiento, ya que entre la devolución fiscal y el resarcimiento, existen diferencias notables, pues además de que tienen distintos orígenes, sus objetivos también difieren, lo que las hace ‘completamente distintas’ y, por ende, no pueden ser equiparadas para efecto de ser sometidas a las mismas reglas.
"Este Tribunal Colegiado estima que, con algunas precisiones, la razón jurídica asiste a la Sala Fiscal, en tanto que en el caso que se analiza sí resultan aplicables supletoriamente las hipótesis de interrupción del plazo prescriptivo, previstas en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en tratándose del cómputo del plazo de dos años previsto en el artículo 157 de la Ley Aduanera.
"Para justificar dicha determinación debe partirse de la redacción de esta última norma legal, en su penúltimo párrafo, que es la parte que aquí es materia de análisis:
"‘Artículo 157. ... El particular que obtenga una resolución administrativa o judicial firme, que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del fisco federal, podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o en su caso, el pago del valor de la mercancía, dentro del plazo de dos años, de acuerdo con lo establecido en este artículo.’
"Como es perceptible, el precepto regula una situación excepcional en la que, no obstante haber sido desposeído de determinada mercancía, el particular obtiene una resolución administrativa o judicial firme, que ordena que se le devuelva o se le pague el valor de la mercancía o, en su caso, declara la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del fisco federal; supuestos en los que se genera un derecho subjetivo a favor del afectado (acreedor) de exigir al órgano del Estado (deudor) la entrega de los bienes que le corresponden o, en su defecto, el pago de su valor económico, a manera de resarcimiento.
"El plazo legalmente establecido para que el particular efectúe su solicitud, es de dos años; de no ejercerse el derecho en ese lapso, la propia norma sanciona la inactividad con la figura de la prescripción, que en su aspecto negativo, implica la pérdida de un derecho (del acreedor) por el sólo transcurso del tiempo (dos años).
"Derivado de lo anterior, es perceptible que el artículo 157 de la Ley Aduanera estatuye el derecho de los particulares a obtener un resarcimiento equivalente al valor económico de sus bienes que no puedan serle devueltos, y al mismo tiempo, somete ese derecho a las reglas de la prescripción; aunque sin regular a detalle las particularidades que deben observarse en la aplicación de esta figura jurídica, pues al respecto sólo se limita a establecer el plazo de dos años que condiciona su actualización.
"En ese contexto, asiste razón a la parte recurrente cuando dice que la porción normativa de que se trata no prevé, textualmente, la posibilidad de que el plazo de dos años pueda ser interrumpido.
"Sin embargo, esa circunstancia no significa que la norma deba interpretarse de manera aislada, estricta y restrictiva, so pretexto de la observancia del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, para concluir que el plazo de dos años que aquí se analiza, no es susceptible de interrupción; cuenta habida que la omisión legislativa (respecto de la posibilidad de interrupción del plazo) no equivale a una regulación restrictiva, para concluir en que el legislador intencionalmente excluyó toda posibilidad de interrumpir el aludido plazo, sino más bien, implica, en este caso, sólo una ausencia de reglas sobre el particular; pues de la exposición de motivos(1) que dio origen a la reforma de que se trata, no se advierte dato alguno de que el legislador haya tenido la intención de excluir la interrupción de las reglas aplicables a la prescripción aduanera que aquí se analiza.
"De ahí que, ante la deficiente regulación de la figura de la prescripción emanada del precepto que aquí nos ocupa (dado que el legislador se limitó a disponer un plazo de dos años para su actualización), corresponde a este órgano jurisdiccional determinar las consecuencias jurídicas que de ello se derivan.
"Para esto, se hace necesario integrar la laguna legal, a cuyo efecto se tiene en cuenta que la Ley Aduanera admite, en su artículo 1o.,(2) la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación; lo que, en principio, hace factible acudir a este cuerpo normativo para colmar la regulación deficiente de las figuras jurídicas establecidas en aquella legislación.
"En relación con la supletoriedad de normas, es importante tener presente las siguientes tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"‘LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria.’(3)
"‘LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE LAS. Solamente se aplicarán las leyes supletorias en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas.’(4)
"‘LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE. La aplicación de leyes supletorias es para aquellos casos no comprendidos en las leyes especiales, y que requieren, para ser aplicables, que se subsanen las omisiones o deficiencias de éstas, a fin de hacer posible la resolución del problema jurídico a debate; por tanto, si la Ley del Impuesto sobre Alcoholes, especifica las infracciones que contra ella pueden cometerse y organiza los procedimientos que los productores deben seguir, para la redacción de los asientos en sus libros; no necesita en tales casos, ni que se complementen ni que se aclaren sus disposiciones por las de la Ley del Timbre.’(5)
"‘SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SÓLO PROCEDE EN AMPARO RESPECTO DE INSTITUCIONES QUE PREVÉ LA LEY ESPECÍFICA. La supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la materia de amparo se produce exclusivamente cuando la ley específica contempla la institución pero no se señalan algunas o todas las reglas de su aplicación, mas tal supletoriedad no puede efectuarse respecto de instituciones no previstas en el ordenamiento a suplir.’(6)
"Conforme a dichos criterios, la aplicación supletoria de las normas legales sólo es válida cuando la institución a suplir se encuentra regulada en la ley originaria, pero no con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesaria, esto es, que encontrándose prevista la institución, no se estructure en detalle, lo que justifica el auxilio de otra legislación, reconocida como supletoria, observando las reglas siguientes:
"1. Que la ley a suplir contemple la institución respecto de la que se pretenda la aplicación supletoria.
"2. Que la institución comprendida en la ley a suplir no tenga la reglamentación requerida, o bien, que conteniéndola, ésta sea deficiente.
"En otras palabras, el hecho de que una norma prevea la supletoriedad de otra u otras, implica que autoriza la posibilidad de ser integrada, mediante la remisión a otros ordenamientos de mayor especialidad, para que cobre aplicación sus principios y reglas en la institución o figura jurídica cuya regulación es incompleta; de aquí que la supletoriedad implica un principio de economía e integración legislativa, para evitar la reiteración de tales principios, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.
"Aplicadas las anteriores consideraciones al caso que aquí se analiza, tenemos que el artículo 157 de la Ley Aduanera, prevé la institución de la prescripción, relacionándola con el derecho de resarcimiento de los particulares, e incluso, fija el plazo de dos años para que opere, pero no establece mayores elementos para dar operatividad a la figura de que se trata; ante lo cual es válido acudir al Código Fiscal de la Federación (cuya aplicación se aceptó como supletoria por el legislador aduanero), en la parte que regula la figura de la prescripción, en su aspecto general.
"En ese tenor, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece:
"‘Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.
"‘El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.
"‘Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este código, también se suspenderá el plazo de la prescripción.
"‘Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.
"‘La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente.’
"De lo transcrito sobresale, para lo que aquí interesa, que conforme al Código Fiscal de la Federación, el plazo prescriptivo (que ahí se fija en cinco años) es susceptible de interrumpirse, entre otros supuestos, con cada ‘gestión de cobro’ que realice el acreedor; entendiéndose por ésta, cualquier actuación dirigida a hacer efectivo el cobro, siempre y cuando sea notificada o se haga saber al deudor.
"Pues bien, como lo dijo la Sala a quo, se considera que la anterior regla legal del código tributario (relacionada con la interrupción del plazo de prescripción) es aplicable supletoriamente al artículo 157 de la Ley Aduanera, en tanto que la figura de la prescripción se encuentra regulada en ambos ordenamientos, pero con la precisión de que en este último no se prevé a detalle, por lo que requiere el auxilio del cuerpo normativo mencionado en primer orden, para su correcta aplicación; lo cual implícitamente fue previsto por el legislador al permitir la supletoriedad a favor de la Ley Aduanera.
"Además, la incorporación de las hipótesis de interrupción, lejos de contrariar la naturaleza jurídica de la prescripción prevista en legislación aduanera, la dotan de plena eficacia, ya que, en una de sus acepciones, la prescripción implica la pérdida de un derecho exigible, por desinterés del acreedor (con la correspondiente liberación de la obligación de un deudor) y, por ende, se justifica la implementación de los casos en que dicho término debe ser interrumpido a efecto de propiciar la seguridad jurídica del acreedor y evitar abusos en la utilización de prácticas dilatorias tendentes a eludir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de la autoridad aduanera, a favor del particular.
"Por el contrario, de no señalarse las hipótesis de interrupción, se generaría un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica pues, siendo connatural a la prescripción la necesidad de que existan reglas que regulen su interrupción, el hecho de que éstas se omitan podría llevar al absurdo de que el simple transcurso del tiempo, aun con la voluntad expresa del contribuyente de ejercer el derecho consignado a su favor, actualice la hipótesis de prescripción de que se trata.
"En mérito de las consideraciones expuestas, se concluye que resultan infundados los agravios planteados, pues al margen de que entre las figuras jurídicas de ‘devolución de cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales’ -prevista en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación- y de ‘resarcimiento’ -prevista en el artículo 157 de la Ley Aduanera- existan diferencias específicas, tomando en cuenta su origen, su naturaleza y su finalidad, lo cierto es que ello no constituye un obstáculo jurídico para que las reglas de prescripción en materia fiscal federal, se apliquen a suplir o integrar la figura de la prescripción en materia de resarcimiento aduanero; partiendo de la base de que en ambos ordenamientos la prescripción se encuentra establecida y tiene plena aplicabilidad, pero con la salvedad de que en este último caso, su regulación es deficiente o incompleta, por lo que requiere ser suplida.
"Además, atendiendo a su ámbito de aplicabilidad, es evidente que la prescripción a que se refieren ambos ordenamientos, se relaciona con derechos de crédito, pues tratándose del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación la prescripción versa sobre los créditos fiscales exigibles al particular, a favor del Estado, mientras que en el artículo 157 de la Ley Aduanera, el derecho es para el gobernado (de solicitar el resarcimiento) y la obligación corre a cargo del Estado. Pero lo relevante es que en ambos casos, está de por medio una facultad de exigir el cumplimiento de un derecho y la correlativa obligación de satisfacer dicha exigencia.
"De igual forma, en los dos supuestos de prescripción que se analiza, existe la obligación del acreedor de realizar las acciones necesarias para lograr obtener el cumplimiento del derecho de crédito que le asiste, pues tratándose de créditos fiscales la autoridad hacendaria debe realizar las ‘gestiones de cobro’ que sean conducentes para ese objetivo; en tanto que, por lo que hace al resarcimiento aduanero, corre a cargo del particular presentar la ‘solicitud’ en donde haga saber a la autoridad correspondiente su intención de ejercer el derecho en cuestión. Sobre esto se abundará más adelante al abordar el segundo punto de litis.
"Razones todas las anteriores, que robustecen las conclusiones aquí alcanzadas en cuanto a la posibilidad de aplicar supletoriamente las reglas del Código Fiscal de la Federación para regular la prescripción a que se refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera, en virtud de que con ello no se contraviene en forma alguna, la naturaleza de esta última figura, sino que se suple su regulación a efecto de que pueda ser aplicada adecuadamente.
"Una vez definida la aplicación supletoria de las reglas del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación en el cómputo del plazo de dos años previsto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, corresponde ahora atender el segundo punto de la litis, consistente en dilucidar los efectos que produce la determinación de la autoridad administrativa de tener como ‘no presentada’ una solicitud de devolución o resarcimiento; y derivado de ello establecer si con dicha determinación se priva de eficacia a la solicitud en cuestión para interrumpir el plazo de dos años a que se refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera.
"La Sala juzgadora, al resolver el juicio contencioso administrativo de origen, estableció el plazo para la prescripción del derecho a ser resarcido (mediante el pago del valor de la mercancía) empezó a computarse el veintiséis de enero de dos mil cuatro, pero fue interrumpido por lo menos en dos ocasiones, cuando el actor presentó ante la autoridad aduanera sendas solicitudes de fechas cuatro de febrero de dos mil cuatro y tres de mayo de dos mil cinco. Dicha interrupción se materializó -sostuvo la Sala- aun cuando las solicitudes de referencia se hayan tenido como ‘no presentadas’ por parte de la autoridad administrativa, ya que independientemente de la forma en que se haya proveído la solicitud del particular, éste cumplió con la carga de solicitar la devolución o resarcimiento en el plazo a que se refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera.
"La recurrente, en cambio, sostiene en sus agravios que las promociones presentadas por el actor, en sede administrativa, el cuatro de febrero de dos mil cuatro y el tres de mayo de dos mil cinco, no son eficaces para interrumpir el plazo para la prescripción del derecho al resarcimiento, en virtud de que se tuvieron como ‘no presentadas’, lo que incluso es reconocido en esos términos por el actor; y que esa calidad implica -desde su perspectiva- que las solicitudes de que se trata quedaron reducidas a la ‘nada jurídica’, como si nunca hubieran existido, por lo que no deben tener ninguna incidencia en la afectación del plazo de prescripción que aquí se analiza.
"Este tribunal considera que está en lo correcto la a quo, al sostener que las solicitudes de devolución o de resarcimiento, presentadas por el actor en la instancia administrativa, interrumpen el plazo de prescripción de dos años establecido en el artículo 157 de la Ley Aduanera, aun en el supuesto de que sean calificadas como ‘no presentada’ por parte de la autoridad administrativa; habida cuenta que lo verdaderamente relevante para la actualización de la hipótesis de interrupción, no es el sentido en que se atienda la solicitud, una vez presentada, sino el simple acto de su presentación, como expresión de la voluntad de ejercer el derecho a recuperar las mercancías, o bien, de obtener un resarcimiento igual a su valor económico.
"En efecto, tal como se precisó en párrafos que anteceden, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación prevé, en esencia, que el término para la prescripción se interrumpe con cada ‘gestión de cobro’ que el acreedor notifique o haga saber al deudor; y luego aclara que se considera gestión de cobro ‘cualquier actuación dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor’.
"En ese contexto, este tribunal considera que las ‘gestiones de cobro’ susceptibles de interrumpir el plazo de dos años a que alude el artículo 157 de la Ley Aduanera, son aquellas en las que el particular manifiesta por escrito, ante la autoridad aduanera, su voluntad de exigir la entrega de la mercancía o, en su defecto, el pago de su valor económico a manera de resarcimiento, siempre que dicho escrito sea recibido por la autoridad que tiene a su cargo el resguardo de la mercancía.
"Ello es así, porque el vocablo ‘gestionar’, significa ‘hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera’,(7) deseo que en el caso de la figura del resarcimiento, prevista en el artículo 157 de la Ley Aduanera, se identifica con el pago del valor económico de la mercancía afecta al procedimiento aduanero de origen, y que, por lo demás, solo puede ser gestionado o tramitado mediante la presentación de la solicitud correspondiente, ante la autoridad responsable de la mercancía de que se trata.
"Además, al respecto no puede soslayarse que, es a través de la recepción de dicho escrito, que la autoridad conoce la voluntad del particular de ejercer su derecho a recuperar la propiedad o posesión de los bienes que le corresponden, o bien, de cobrar un resarcimiento equivalente a su valor económico y, por ende, a partir de ahí está en posibilidad de cumplir con su obligación, sin que se justifique que siga computándose el plazo para la prescripción de ese derecho, una vez que el mismo ha sido ejercido.
"No pasa inadvertido para este tribunal, que en sus agravios la recurrente invocó la tesis de rubro: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE INTERRUMPE CUANDO ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS FORMALES SON DECLARADOS NULOS EL ACTO QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO Y LA CITACIÓN CORRESPONDIENTE.’, y solicitó su aplicación, para corroborar su pretensión de que la solicitud de resarcimiento declarada ‘no presentada’ se equipare a la ‘nada jurídica’ y, por ende, se considere ineficaz para interrumpir el plazo de prescripción previsto en el artículo 157 de la Ley Aduanera; sin embargo, del análisis acucioso de la jurisprudencia aludida se colige que la misma no resulta aplicable al caso, por referirse a una hipótesis distinta de la que aquí se analiza.
"Para mayor claridad, se reproduce íntegramente dicha tesis:
"‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE INTERRUMPE CUANDO ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS FORMALES SON DECLARADOS NULOS EL ACTO QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO Y LA CITACIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 203/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 596, el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 del indicado ordenamiento, mediante la citación al servidor público a la audiencia relativa; sin embargo, cuando ante la existencia de vicios formales dicho acto es declarado nulo, las consecuencias que produjo respecto del plazo de prescripción desaparecen, en tanto que el acuerdo de inicio y la citación para audiencia quedan reducidos a la nada jurídica, como si no hubieran existido, pues estimar lo contrario conllevaría eximir a las autoridades sancionadoras de sujetarse a las normas que regulan su actuación, en clara contravención al principio de legalidad que las rige. Por ende, es inconcuso que las consecuencias de la nulidad del acto de inicio del procedimiento sancionador debe soportarlas la autoridad, por ser quien transgredió el marco legal que rige su actuación y no el servidor público investigado que impugnó dicho acto y obtuvo resolución favorable. En ese sentido, si bien es cierto que el acto de inicio del procedimiento administrativo que resultó viciado evidencia la intención de las autoridades de ejercer su facultad sancionadora, también lo es que al declararse nulo no produce efecto legal alguno y, en consecuencia, para la interrupción del plazo de prescripción a que se refiere el mencionado artículo 78, fracción II, deberá considerarse, en su caso, la nueva citación al servidor público a la audiencia de ley respectiva.’(8) Como se puede apreciar, la Segunda Sala del alto Tribunal interpretó el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en la parte que disponía que la prescripción se interrumpía con ‘la citación del servidor público a la audiencia relativa’ y producto de ello, llegó a la conclusión que la declaratoria de nulidad de dicha citación (aun cuando fuera por vicios formales) hacía desaparecer la diligencia y, en consecuencia, también sus efectos interrumpidos de la prescripción; hipótesis que resulta diferente al tema que aquí se estudia, pues el artículo 146, aplicable supletoriamente a la figura de la prescripción prevista en el artículo 157 de la Ley Aduanera, sólo exige para la interrupción que la gestión de cobro se notifique al deudor, con independencia de que subsista o no con posterioridad, por lo que el hecho de que una solicitud de resarcimiento, planteada por el particular ante la autoridad administrativa, eventualmente llegue a ser calificada como ‘no presentada’, por violaciones de índole formal (como en el caso sucedió con los escritos de fechas cuatro de febrero de dos mil cuatro y tres de mayo de dos mil cinco que el actor allegó a la autoridad administrativa demandada), es irrelevante para efectos de impedir la interrupción del plazo prescriptivo a que se refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera, ya que con una determinación de esa naturaleza, la autoridad aduanera sólo evidencia la imposibilidad de dar curso a la solicitud por falta de requisitos de forma, pero no puede desconocer, a través de ella, el acto mismo de presentación de dicha solicitud, como expresión de la voluntad del particular de gestionar el cumplimiento de la obligación generada a su favor.
"Máxime que, como implícitamente lo asumió la Sala resolutora, esa gestión, en términos del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, es por sí sola suficiente para interrumpir el plazo de prescripción, con independencia de los actos posteriores que se emitan en torno a ella, como sucede, por ejemplo, con la decisión de la autoridad de tenerla como ‘no presentada’.
"La conclusión anterior se robustece con la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que resulta aplicable al caso, por identidad de razón, y es del tenor siguiente:
"‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES. De conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Bajo esa óptica, el término de cinco años previsto en el referido precepto para que opere la prescripción de un crédito fiscal cuyo pago se exige al deudor principal o, en su caso, a la institución afianzadora, se interrumpe con cada gestión de cobro efectuada por la autoridad hacendaria competente, aun en el supuesto de que se combata y sea declarada su nulidad para efectos, por contener algún vicio de carácter formal. Ello es así, pues el acto fundamental que da lugar a la interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le requiere, así como cualquier actuación de la autoridad tendente a hacerlo efectivo, es decir, la circunstancia de que el actor quede enterado de su obligación o del procedimiento de ejecución seguido en su contra, lo que se corrobora con el indicado artículo 146 al establecer como una forma de interrumpir el término de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22813-95912dd6/devolucion-de-mercancias-embargadas-en-materia-aduanera-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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