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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 432/2010. · Registro digital (IUS): 22909
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 218.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 432/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción la formuló **********, en su carácter de autorizado de los quejosos ********** y **********, recurrentes en el amparo en revisión **********, asunto respecto del que se denuncia la posible contraposición de criterios, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de once de noviembre de dos mil diez, determinó confirmar la sentencia recurrida en la que se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto número **********, entre otras cuestiones, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien subsistía el acto reclamado, es decir, la resolución que negó la ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y los actos que le precedieron, lo cierto era que el objeto o materia del acto reclamado (la continuidad del recurrente en el ejercicio del cargo aludido por un periodo mayor) dejaron de existir, al haber tramitado la obtención de una pensión por jubilación, pues ello implicó una decisión de no permanecer en el ejercicio de la función como Magistrado.

El referido fallo establece, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios son ineficaces. Se analizan en orden distinto al planteado. En el segundo de los agravios sostiene el inconforme que la Juez de Distrito violó lo dispuesto por los artículos 76 a 79 de la Ley de Amparo, así como lo previsto por el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque omitió entrar al estudio y análisis de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías. Lo anterior es inoperante, ya que como se vio, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio porque consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que le impedía analizar los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, pues precisamente la actualización de una causa de improcedencia hace que no sea posible jurídicamente entrar al fondo, como en este caso lo fue la consideración relacionada con que, aun subsistiendo los actos reclamados, su objeto o materia habían dejado de existir al haberse acreditado que el quejoso solicitó la obtención de su pensión por jubilación, que por lo mismo no podría ser restituido en el uso y goce de las garantías que estimó violadas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 52/98, publicada en la página 244, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo, de lo contrario, su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.’. En el primero de los agravios, el inconforme considera que es ilegal la sentencia recurrida porque la Juez de Distrito fundó sus razonamientos en pruebas que recabó oficiosamente, que obtenidas, de cualquier forma no debieron considerarse para el propósito de analizar una causa de improcedencia, que ello equivale a ‘romper el principio de paridad procesal consagrado por el artículo tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles ... Situación que impone a las autoridades jurisdiccionales a abstenerse de incidir en las cuestiones procesales que no les permite la ley de manera expresa’, que aunque la Ley de Amparo permite a los Jueces de Distrito hacer valer las causas de improcedencia de manera oficiosa y ocuparse de ellas de manera preferente, ‘tal oficiosidad y preferencia no incluye la potestad de allegarse a manera oficiosa las pruebas conducentes para demostrarlas’. Lo anterior es ineficaz, pues las causas de improcedencia, como así lo afirma el recurrente, son de orden público y derivado de ello también se faculta al Juez a recabar las constancias que considere necesarias para verificar si se actualiza o no, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en la página 319, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público, por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.’. En este asunto, derivado del escrito que presentó **********, en ese momento tercero perjudicado, informó a la Juez de Distrito que conforme al artículo 73, fracción XVII, la materia del juicio había dejado de existir porque según diversos documentos que exhibió en copia certificada, el aquí quejoso fue pensionado y empezó a recibir sus pagos desde el uno de agosto de dos mil ocho, que en auto de veintitrés de octubre de ese mismo año, con apoyo en la misma jurisprudencia 1a./J. 163/2005, ordenó requerir a la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco para que remitiera copia certificada del expediente de pensión de **********. Por tanto, contrario a lo que afirma el inconforme, la Juez de Distrito sí tenía facultades para recabar tales constancias y para valorarlas a fin de determinar si se actualizaba, como así lo hizo, una causa de improcedencia. En otra parte del primer agravio, argumenta el inconforme que es incorrecto estimar que el ejercicio del derecho a recibir, aceptar, gestionar el beneficio de jubilación deba ser considerado como la modificación de entorno material del quejoso, que haga imposible restituirlo en el goce de la garantía violada ‘con el cese que se le hizo objeto’, que se trata de una concepción que limita el cargo de la función de impartir justicia al de una mera ‘chamba’ o actividad laboral, que el derecho para continuar ejerciendo un puesto como funcionario público ‘es un derecho subjetivo distinto e independiente de los aspectos laborales o relativos a tal ejercicio’; que el honor y dignidad, así como el reconocimiento social a la profesionalidad de la persona de funcionario público no forman parte de los derechos laborales consagrados por la legislación burocrática respectiva, siendo el caso ‘que resulta legalmente factible renunciar o suspender temporalmente a recibir la pensión jubilatoria a la que se tenga derecho como empleado, para el propósito de cumplir con la designación administrativa que se reciba’, que por tanto, los actos reclamados deben considerarse como de orden administrativo, cuyo pronunciamiento compete al Congreso del Estado, el que al pronunciarlos no impide, ni condiciona, ni limita en forma alguna los derechos laborales previamente adquiridos y, por ello, no pueden tomarse como impedimento para dejar de atender la vigencia de las garantías individuales del quejoso. Afirma el inconforme que la jurisprudencia citada por la Juez de Distrito no es aplicable porque la renuncia a un cargo y el ejercicio de los derechos de jubilación no constituyen similitud para el propósito de la modificación al entorno laboral ni personal del involucrado. En la última parte del primero de los agravios, afirma el inconforme que no es válida la interpretación que hizo la Juez de Distrito del artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo ya que los actos reclamados no sólo quedaron acreditados, sino que subsisten, y con ellos la violación de garantías. Que el quejoso no reclamó su ‘defenestración’ como Magistrado, sino que ‘reprochó a las autoridades impedir el derecho que legal y constitucionalmente le asiste para el propósito de continuar como funcionario judicial, cuya restitución no se impide por el hecho de que el mismo quejoso hubiere tenido, tal vez desde antes de haber sido nombrado Magistrado del Poder Judicial Local, derechos laborales que le permitan seguir recibiendo los beneficios económicos que le corresponden’. Lo anterior es ineficaz. Es cierto que la fecha el acto reclamado sigue subsistente. La Juez de Distrito en momento alguno dijo lo contrario, sino que citó el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo y relató que con relación a ese motivo de improcedencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que se actualiza cuando los efectos del acto reclamado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, haciendo jurídicamente imposible restituirle en el goce de la garantía que estima violada, que esto sucede aun cuando el acto de autoridad subsiste pero que se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, y entre otra, citó la tesis 2a. XLVIII/98, del rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD.’. Igualmente, consideró la Juez de Distrito que la circunstancia de que el quejoso decidiera la obtención de una pensión por jubilación, implicó además su decisión de no continuar en el ejercicio de la función como Magistrado, provocando que el objeto o materia del juicio de amparo (demostrar la inconstitucionalidad de su no ratificación), haya desaparecido, pues aun coincidiendo con el recurrente en el sentido de que acogerse al beneficio de jubilación sea distinto a una renuncia, de cualquier forma si implica una exteriorización de la voluntad de ya no continuar desempeñando la función. Además, es inexacto que sea legalmente factible renunciar o suspender temporalmente la pensión jubilatoria para el propósito de cumplir con la designación administrativa que se reciba, pues ello no soslaya la circunstancia de que fue el propio quejoso, precisamente en su calidad de Magistrado, quien solicitó iniciar el procedimiento para obtener una pensión en términos de los artículos 25, 29, 39, 41 y 43 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, el mismo día en que se aprobó el acuerdo legislativo que no lo ratificó en su calidad de Magistrado, condicionado a que no debe desempeñar cargo, empleo o comisión remunerada en las entidades sujetas al régimen de la Ley de Pensiones. Esto es, la circunstancia de que fuese posible suspender los efectos de la pensión para continuar con el servicio no hace infundada la causa de improcedencia citada por la Juez de Distrito, pues basta esa modificación en el entorno material del quejoso, como fue su jubilación, por virtud de su decisión y no por disposición de la ley o de la intervención de alguna de las autoridades responsable, deviniendo tal exteriorización de la voluntad en el hecho que actualiza la causa de improcedencia. Apoya lo antes considerado, en cuanto que es la exteriorización de la voluntad de separarse de la función pública la que determina la improcedencia de este juicio, lo que consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el diez de mayo de dos mil diez, la controversia constitucional 49/2008, en donde tuvo como actos impugnados, entre otros, en reconvención, los procedimientos instaurados para determinar la no ratificación de los Magistrados **********, **********, **********, **********, ********** y **********. Con relación al aquí quejoso, se consideró que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ‘respecto de los actos consistentes en los procedimientos de no ratificación y nombramiento de nuevo Magistrado en sustitución de **********, debido a que de las constancias que obran en autos (foja mil noventa y dos a mil cien), se desprende, que por escrito de trece de junio de dos mil ocho, el referido Magistrado solicitó a la Dirección de Pensiones del Estado, el inicio del procedimiento para obtener su pensión y que, una vez cubiertos los trámites correspondientes, la dirección en comento determinó que sí procedía el otorgamiento de la misma, la cual tendría efectos a partir del primero de agosto de dos mil ocho, que por ello el sobreseimiento se presentó al cesar los efectos de los actos referidos «en atención al consentimiento del Magistrado **********, de separarse del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco». Como apoyo a esta decisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcribió lo que consideró conducente de la sentencia que ahora se revisa, otorgándole valor únicamente a los hechos que en ella se contienen para corroborar lo ya decidido y para decretar el sobreseimiento en la controversia constitucional por lo que al aquí quejoso se refiere, reiterando que «********** mostró su conformidad de ser jubilado del cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco». De tal forma que la sentencia recurrida resulta objetivamente correcta en cuanto decretó el sobreseimiento en el juicio, por sobrevenir una causa de improcedencia. Es cierto que no existió un pronunciamiento individualizado en cuanto a las leyes reclamadas, los acuerdos legislativos, y oficios tanto de autoridades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consejo de la Judicatura del Estado y Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, pero ello no resulta obstáculo para confirmar la sentencia recurrida, pues contrario a lo que afirma el inconforme, las impugnaciones hechas en la demanda de amparo y en su ampliación, siempre fueron encaminadas a evidenciar que el procedimiento de ratificación, el acuerdo mismo de no ratificación, y sus consecuencias, tenían como finalidad originaria que el quejoso se mantuviera en la función que venía desempeñando como Magistrado; por ello, resulta irrelevante que afirme ahora que no era propiamente la no ratificación el acto reclamado, sino que le impidieran continuar como funcionario judicial, pues se trata del mismo hecho. En esas condiciones, ante la ineficacia de los agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de diez de noviembre de dos mil nueve, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado por los quejosos al estimar, entre otras cuestiones, que no se debió haber sobreseído en el juicio respecto del quejoso **********, toda vez que si en el caso, los actos reclamados, medularmente, se hicieron consistir en todos aquellos que desembocaron en la separación del quejoso del cargo como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como los consecuentes, no podía considerarse que al haber optado por la obtención de su pensión por jubilación trajera como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que, contrario a lo sostenido por la a quo, no era cierto que el actuar del quejoso llevara a considerar que modificó su intención de combatir los actos que reclamó, ni que no intentara seguir desempeñando el cargo mencionado; pues de concederse el amparo lo único que debería hacer el impetrante de garantías era solicitar la suspensión del pago de su jubilación para reincorporación al servicio, en términos del artículo 30 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco.

El referido fallo establece, en la parte que interesa, lo siguiente:

"DÉCIMO CUARTO. Por cuestión de método, los agravios anteriormente transcritos son analizados en orden diverso al propuesto. En algunas partes se abordan al tratar los temas convergentes. De previo, cabe señalar, que acerca de los actos procedimentales que precedieron a la decisión el Congreso Local de negar la ratificación de los Magistrados quejosos, emitidos por la Comisión de Justicia de ese Congreso y por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el precepto 4o., ambos de la Ley de Amparo; toda vez que esos actos procedimentales no afectan a los quejosos, ya que no vinculan ni conminan al Congreso Estatal a resolver en determinado sentido, puesto que la decisión final le corresponde precisamente a éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 101/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos ochenta y cuatro del Tomo: XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que ordena: ‘RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE NO ES VINCULANTE PARA EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. El dictamen técnico a que se refiere el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, constituye un instrumento que contiene datos objetivos sobre la actuación jurisdiccional, entre otros, de los Magistrados integrantes del Tribunal de lo Administrativo de dicha entidad, así como la opinión de los propios integrantes del órgano jurisdiccional de que se trate, mas no es de carácter vinculante para el Poder Legislativo en el procedimiento de ratificación, es decir, éste no está obligado a decidir en el mismo sentido que dicho dictamen, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Constitución Política, todas del Estado de Jalisco, reiteran la facultad soberana del Congreso Local sobre la ratificación o no de los mencionados servidores judiciales, además de que el mencionado dictamen no es el único elemento que sirve al Poder Legislativo del Estado en el aludido procedimiento, sino que también puede allegarse de datos, informaciones y opiniones de particulares.’. Por otra parte, son sustancialmente fundados los agravios que hace valer el quejoso, aquí recurrente **********. Al respecto, la a quo consideró, en la sentencia recurrida, que acerca del citado **********, se actualizaba la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 73, de la Ley de Amparo, ya que, al haber obtenido resolución favorable a su solicitud de jubilación como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se había modificado el entorno dentro del cual se suscitaron los actos que el propio quejoso reclamó de las autoridades responsables, de manera tal, que la concesión del amparo peticionado, no podría causar efecto material ninguno que le favoreciera, puesto que, dicho otorgamiento de la protección constitucional no producía que las autoridades responsables respetaran su permanencia, y que se le reincorporara a la función, debido a que, dijo la juzgadora, no existía tal intención, además de que al haber obtenido tal beneficio (jubilación), debía considerarse que con su separación del cargo de Magistrado no se le siguió ningún perjuicio, debido a que, tal y como se aprecia de las constancias de autos, el quejoso seguía percibiendo el cien por ciento del sueldo que se determinó como promedio, tomando como base para arribar a tal conclusión, las pruebas documentales consistentes en la solicitud y aceptación de pensión que realizó el peticionario del amparo -**********- ante la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado de Jalisco, de las cuales se infería que el mismo se encuentra actualmente jubilado como empleado público. Inconforme el referido quejoso, argumenta que tal consideración es ilegal, debido a que el hecho de que haya aceptado el beneficio mencionado no impide que en caso de declarase ilegal su falta de ratificación, se le pudiera restituir en el cargo de Magistrado, siendo preponderante, dice, que en este último supuesto (de ser restituido), no existía impedimento legal alguno para que renunciara o le fuera suspendida temporalmente la recepción de la pensión jubilatoria a la que tenía derecho, por ser empleado, ya que la inconformidad seguía existiendo contra la autoridad que la pronunció (Congreso Local); además de que con tal actuar, simplemente hizo uso del derecho que le otorga la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, en sus artículos 39 y 40 para lograr la supervivencia personal, pues, una de las consecuencias de los actos reclamados la constituía el que dejara de percibir su sueldo sin que pudiera considerarse que al haber optado por jubilarse para cubrir sus necesidades económicas, no se le pudiera restituir, porque la propia ley menciona, en sus numerales 30 y 31, que en caso de que el pensionado deseara continuar en el servicio, debía solicitar la suspensión de los efectos de la pensión; razón por la que afirma el recurrente, el hecho de que hubiera optado por jubilarse no se equiparaba a que hubiera renunciado; de ahí que no fueran aplicables los criterios de jurisprudencia de rubros: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA UNA ORDEN DE BAJA Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN EL QUEJOSO PRESENTA SU RENUNCIA.’, y ‘CESACIÓN DE EFECTO DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD.’. Tales argumentos, como antes se adelantó, son sustancialmente fundados, y para evidenciarlo es menester tener presente lo dispuesto por los artículos 30, 39 y 40 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, cuyo contenido es el siguiente: ‘Artículo 30. Si el pensionado decidiere continuar en el servicio, deberá solicitar la suspensión de los efectos de la pensión; sin embargo, al reanudarse el beneficio, no podrá modificarse el salario base con el que se obtuvo ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.’. ‘Artículo 39. Tienen derecho a la jubilación, los trabajadores con 30 años o más de servicios, cualquiera que sea su edad, siempre que hubieren contribuido al fondo de pensiones por lo menos durante 20 años.’. ‘Artículo 40. La pensión por jubilación dará derecho al pago vitalicio de una cantidad equivalente al 100 por ciento del salario base determinado en el artículo 29 de esta ley; el derecho a su percepción comenzará, a partir del día siguiente a aquel en que el afiliado hubiese cobrado el último sueldo’. De la lectura de los anteriores preceptos se concluye, especialmente del último de ellos, que la pensión por jubilación da derecho a la obtención del cien por ciento del salario base, determinado por el diverso numeral 29 de la Ley de Pensiones, derecho que nace el día siguiente a aquel en que se hubiese cobrado el último sueldo; del artículo 39 se aprecia que tendrán tal beneficio, los trabajadores que con treinta años de servicio o más, siempre y cuando hayan contribuido al fondo de servicio por lo menos por veinte años; y, del primero de esos numerales, se obtiene que es una opción para el pensionado, el continuar en el servicio, siendo que de ocurrir tal situación, deberá solicitar la suspensión de los efectos de la pensión y de reanudarse el beneficio pensionario, no podrá modificarse el salario base con el que se obtuvo ésta. Luego, la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es del siguiente tenor: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo ...’. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes (la segunda de ellas invocada por la Juez Federal): ‘SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo.’ (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858). ‘CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.’ (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241). Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22909-40a6f0fe/improcedencia-del-amparo-caso-en-el-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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