PENSIÓN JUBILATORIA. PARA PAGAR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL INCREMENTO DIRECTO DE LA ORIGINALMENTE OTORGADA (QUE OBEDECEN A CONCEPTOS POR LOS CUALES NO SE COTIZÓ), EL ISSSTE ESTÁ FACULTADO PARA COBRAR A LOS PENSIONADOS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL DE LAS CUOTAS QUE DEBIERON APORTAR CUANDO ERAN TRABAJADORES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en la medida en que los criterios discrepantes provienen de sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver amparos en revisión en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis suscitada entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 341/2008 y 264/2009, y lo determinado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 523/2003, proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Ministro presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el auto de veintidós de enero de dos mil diez (fojas 7 y 8).
TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que al fallar el amparo en revisión 523/2003, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil tres, los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmaron la sentencia impugnada, y en la ejecutoria que pronunciaron en dicho asunto, por unanimidad de votos, determinaron, esencialmente: "que el cobro de cuotas de cotización no retenidas a un trabajador, procede sólo cuando esté en activo y no después de que se le ha otorgado la pensión". La ejecutoria en cuestión originó la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación son:
"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL COBRO DE CUOTAS DE COTIZACIÓN NO RETENIDAS A UN TRABAJADOR, PROCEDE SÓLO CUANDO ESTÉ EN ACTIVO Y NO UNA VEZ QUE SE LE HA OTORGADO LA PENSIÓN. Los artículos 15, 54, 57, 58 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado regulan la forma en que debe integrarse la pensión de los trabajadores y los requisitos que deben cumplirse para obtenerla; sin embargo, dichos artículos no prevén la hipótesis de que las cotizaciones al instituto que no se hayan efectuado en los términos aludidos por la propia ley, por causa imputable a la dependencia en la que haya laborado el trabajador, deban cubrirse por el pensionado. Ahora bien, los artículos 16 y 21 de la ley de la materia establecen la obligación a cargo de los trabajadores en activo, de pagar una cuota fija del 8% del sueldo básico de cotización; y la obligación a cargo de las dependencias y entidades públicas, de cubrir al instituto aportaciones equivalentes al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores, de lo que se infiere que el artículo 16 en comento sólo es aplicable a los trabajadores en activo, mientras que el artículo 21 sólo lo es a las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de la ley de referencia. Por otra parte, el artículo 54 de la citada ley prevé que para que un trabajador pueda disfrutar de una pensión deberá cubrir previamente al instituto los adeudos existentes por concepto de las cuotas a que se refiere el artículo 16; lo anterior significa que, antes de recibir una pensión, todo trabajador en activo tiene la obligación de pagar al instituto los adeudos por concepto de cuotas, sin que dicho precepto pueda ser interpretado en el sentido de que aun los trabajadores pensionados están sujetos a dicho pago, pues es claro que éste sólo puede efectuarse previamente al otorgamiento de la pensión, pero en ningún caso puede ser posterior a ello, puesto que equivaldría a exigir el pago de una cuota a una persona que ha dejado de tener el carácter de trabajador y, por ende, de recibir un salario respecto del cual deba cotizar. Consecuentemente, el hecho de que se hubiese ordenado a la autoridad responsable calcular correctamente el sueldo básico del trabajador, para efectos de determinar la pensión que le corresponde, no puede traducirse en la obligación de pagar retroactivamente las cuotas conforme a dicho sueldo básico, puesto que, en todo caso, la omisión de haber cotizado en los términos del artículo 15 de la ley de la materia fue imputable a la dependencia en que laboró el quejoso y no a éste, por lo que no existe base legal para efectuarle un cobro en su calidad de pensionado, dado que ha cesado su obligación de cotizar en términos del artículo 16 de la ley que rige al instituto." (No. Registro: 178998. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, tesis I.13o.A.102 A, página 1153).
La resolución pronunciada por los juzgadores federales en el amparo en revisión 523/2003 del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en el que aparece como recurrente el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), en la parte que interesa señala:
"QUINTO. Previo al análisis del agravio hecho valer por la autoridad responsable, conviene relatar los siguientes antecedentes:
"1. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil dos en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ********** demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio SP-001940, de treinta de noviembre de dos mil uno, por medio de la cual el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado determinó que era improcedente tomar en cuenta la compensación y los bonos aludidos por el particular, a efecto de determinar su cuota diaria de pensión.
"2. Correspondió conocer del asunto a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil dos, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, en los siguientes términos:
"‘En tales condiciones, como se ha dicho, esta Sala se pronuncia por declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que ajustándose a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se emita una nueva resolución en la que se ordene calcular debidamente el sueldo básico, que deberá incluir el concepto de compensación que ha demostrado la parte actora venía percibiendo quincenalmente en forma fija y continua. Asimismo, deberán cubrirse las diferencias existentes desde la fecha en que se otorgó la pensión, hasta la fecha en que se formule la liquidación respectiva, debidamente fundadas y motivadas, sin que corresponda a esta Sala determinar el monto de lo adeudado, pues ello incumbe al instituto demandado ...’
"3. En cumplimiento a la sentencia de nulidad, el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió el oficio **********, de quince de octubre de dos mil dos, en el que asignó como cuota diaria de pensión al particular la cantidad de $********** (**********); y como saldo a favor por concepto de diferencias, el monto de $********** (**********)
"4. Inconforme con dicho cumplimiento, ********** interpuso recurso de queja en contra de la liquidación referida, misma que fue resuelta el diez de diciembre de dos mil dos por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los siguientes términos:
"‘De lo anterior se concluye, que si bien la cuota original de pensión en cantidad de $**********, aumentó para quedar en $**********, al tomar en consideración la autoridad la constancia de percepciones expedida por la Comisión Nacional del Agua; lo cierto es que en el sueldo mensual señalado en el primer cuadro en la resolución que provocó la queja, no se desglosan las cantidades que lo integran, así como los descuentos aplicados, es decir, se omitió especificar la cantidad correspondiente al concepto de compensación garantizada y quinquenio, de la plaza de jefe de proyecto; y por lo que hace a las diferencias de la retroactividad aplicada en cantidad de $**********, la autoridad también fue omisa en señalar las operaciones aritméticas que tuvo que realizar para llegar a esa cantidad, así como especificar el periodo por el cual procedió a contar las mencionadas diferencias; traduciéndose lo anterior en una indebida fundamentación y motivación, siendo, además, contraria a lo resuelto mediante sentencia de 31 de mayo de 2002, toda vez que claramente se señaló, en dicha sentencia, que el cumplimiento deberá estar fundado y motivado. En consecuencia y toda vez que resultó fundada la queja que se resuelve, con fundamento en el artículo 239-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se otorga al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien incurrió en defectuoso cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en la sentencia de 31 de mayo de 2002, un término de veinte días para que emita y notifique a la actora la resolución a través de la cual dé el debido cumplimiento a la sentencia antes precisada, cuyo cumplimiento deberá comunicarlo a esta Sala en el término indicado.’
"5. En acatamiento a lo resuelto en el recurso de queja, el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió el oficio **********, de cuatro de febrero de dos mil tres, en el que establece los cálculos que sirvieron para determinar la cuota pensionaria del actor, así como las diferencias de retroactividad que le corresponden.
"6. Dicho oficio constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo que por esta vía se revisa.
"Ahora bien, en la primera parte del único agravio que hace valer, la autoridad recurrente aduce que la sentencia dictada por la Juez del conocimiento resulta errónea, ya que en la resolución reclamada se explicó detalladamente el cálculo de la pensión por jubilación del quejoso, la cual se determinó conforme a lo establecido en los artículos 15, 57 y 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y conforme a la constancia de percepciones y descuentos emitida por la Comisión Nacional del Agua, donde se detalla el sueldo mensual y la compensación adicional que percibió en la plaza de jefe de proyecto, además de que se aplicaron los incrementos autorizados al salario mínimo general para el Distrito Federal; mientras que las diferencias de retroactividad fueron liquidadas en términos de la propia resolución, aplicándose los artículos 16 y 21 del referido instituto.
"Tales argumentos resultan inoperantes, toda vez que no combaten las consideraciones del fallo recurrido ...
"En otra parte del agravio expresado, la autoridad recurrente señala que las manifestaciones de la a quo son totalmente infundadas e improcedentes, toda vez que las deducciones que se le realizaron al quejoso con fundamento en los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sí resultan aplicables, a pesar de que en dichos preceptos se establezca que sólo se harán tales deducciones a los trabajadores incorporados al régimen.
"Así lo considera la autoridad, ya que para realizar el cálculo de la cuota pensionaria fue necesario aplicar el artículo 64 de la ley en comento, el cual se refiere al sueldo básico, con base en el cual se realizan las cotizaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de la ley del instituto.
"En este sentido, al no haberse aportado ni cotizado al fondo de pensiones las cantidades tomadas en cuenta para la modificación de la cuota inicial de pensión, es necesario que previamente se cumplan los requisitos de ley y, específicamente, los ya referidos artículos 16 y 21.
"Por tanto -concluye la recurrente-, de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 16 y 21, en relación con los diversos preceptos 15, 54, 57 y 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se llega a la conclusión de que, previo al pago de las diferencias obtenidas, se deben pagar las cantidades que hayan correspondido por concepto de cuotas y aportaciones, lo cual constituye un requisito para su obtención, dado que, para disfrutar de una pensión, se deben cubrir los adeudos al instituto por concepto de cuotas, como lo establece el artículo 54 de la multicitada ley; razones todas éstas por las que resulta legal el cobro de la cantidad de $********** a favor del instituto, que se deriva de haber tomado en consideración cantidades que no se aportaron al fondo de pensiones.
"El agravio referido resulta infundado, como a continuación se demuestra:
"Los artículos 15, 54, 57, 58 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo análisis sistemático invoca la recurrente, señalan: (se transcriben dichos preceptos).
"Los preceptos transcritos establecen, en lo que interesa, lo siguiente:
"1. Que el sueldo básico sobre el cual se efectuarán las cotizaciones y se calcularán las pensiones, se integra con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación;
"2. Que los trabajadores tienen la obligación de cubrir los adeudos existentes con el instituto por concepto de las cuotas, previo a recibir una pensión;
"3. Que la cuota diaria máxima de pensión será fijada por la junta directiva del instituto, sin que ésta exceda de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15, es decir, diez veces el salario mínimo;
"4. Que para que puedan otorgarse beneficios complementarios a los trabajadores, se requerirá que previamente se hayan cumplido los requisitos que la ley señala para tener derecho a una pensión; y,
"5. Que para calcular el monto de la pensión se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador.
"Tales preceptos regulan la forma en que debe integrarse la pensión de los trabajadores y los requisitos que deben cumplirse para obtenerla; sin embargo, dichos artículos no prevén la hipótesis de que las cotizaciones al instituto no se hayan efectuado en los términos aludidos, por causa imputable a la dependencia en la que haya laborado el trabajador, ni contemplan el supuesto de que el sueldo básico sea indebidamente calculado en términos del artículo 15 de la ley.
"Ahora bien, en el caso a estudio, la autoridad responsable, al liquidar las cantidades a favor del quejoso, le efectuó una deducción de $********** (**********) con fundamento en los artículos 16 y 21 de la ley de la materia, los cuales establecen la obligación a cargo de los trabajadores en activo, de pagar una cuota fija del 8% del sueldo básico de cotización; y la obligación a cargo de las dependencias y entidades públicas, de cubrir al instituto aportaciones equivalentes al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores.
"De lo anterior, se sigue que el artículo 16 de la ley en comento sólo es aplicable a los trabajadores en activo; mientras que el artículo 21 sólo es aplicable a las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de la ley multicitada, como acertadamente lo consideró la Juez de Distrito.
"Por tanto, resultaba improcedente efectuar las referidas deducciones, sin que sea óbice a lo anterior el contenido del artículo 54 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo contenido conviene transcribir de nueva cuenta:
"‘Artículo 54.’ (se transcribe).
"En efecto, según lo dispuesto en el artículo transcrito, para que un trabajador pueda disfrutar de una pensión, deberá cubrir previamente al instituto los adeudos existentes por concepto de las cuotas a que se refiere el artículo 16, fracciones II a V.
"Lo anterior significa que, antes de recibir una pensión, todo trabajador en activo tiene la obligación de pagar al instituto los adeudos por concepto de cuotas; sin que dicho precepto pueda ser interpretado en el sentido de que aun los trabajadores pensionados están sujetos a dicho pago pues, es claro que, éste sólo puede efectuarse previamente al otorgamiento de la pensión, pero en ningún caso puede ser posterior a ello, puesto que equivaldría a exigir el pago de una cuota, a una persona que ha dejado de tener el carácter de trabajador y, por ende, de recibir un salario respecto del cual deba cotizar.
"En este sentido, si la sentencia de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la autoridad responsable calcular correctamente el sueldo básico de **********, para efectos de determinar la pensión que le corresponde, ello no puede traducirse en la obligación de pagar retroactivamente las cuotas conforme a dicho sueldo básico, puesto que, en todo caso, la omisión de haber cotizado en los términos del artículo 15 de la ley de la materia fue imputable a la dependencia en que laboró el quejoso y no a éste, por lo que no existe base legal para efectuarle un cobro en su calidad de pensionado, dado que ha cesado su obligación de cotizar en términos del artículo 16 de la ley que rige al instituto.
"En las relatadas condiciones, al haber resultado inoperantes e infundados los agravios expuestos por la autoridad recurrente, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia que por esta vía se revisa."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 341/2008 y 264/2009, sostuvo, esencialmente, el mismo criterio, toda vez que esos asuntos presentan semejanza; asimismo, las ejecutorias en cuestión originaron la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación son:
"PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LES SON APLICABLES LOS ARTÍCULOS 16 Y 21 DE LA ABROGADA LEY RELATIVA, VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis I.1o.A.77 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 1826, de rubro: ‘PENSIONISTAS. NO LES SON APLICABLES LOS ARTÍCULOS 16 Y 21 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.’, toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que los artículos 16 y 21 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007, sí son aplicables a los pensionados de dicho organismo cuando éstos se encontraban en activo y no cotizaron respecto de los conceptos previstos en esos preceptos. Por tanto, es correcto que al momento de pagar las diferencias ordenadas en la sentencia de nulidad de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ordenó el incremento directo a una pensión jubilatoria, el citado instituto haga las deducciones correspondientes por concepto de cuota y aportaciones integrantes del sueldo básico que no recibió, derivadas de los comentados artículos." (No. Registro: 165723. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis I.1o.A.175 A, página 1624).
Ahora bien, toda vez que una de las ejecutorias que dio origen a la denuncia de contradicción de tesis motivo de la presente contienda es la dictada en el amparo en revisión RA. 341/2008 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en el que aparece como recurrente el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), se procede a transcribir sólo esa ejecutoria con el propósito de no incurrir en repeticiones innecesarias. La resolución en comentario, en la parte que interesa, señala:
"TERCERO. La recurrente sostiene que la consideración en que se sustenta la sentencia recurrida le causa agravio, pues con ella se pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pase por alto los artículos 16 y 21 de la ley del propio instituto, aun cuando debe observarlos en atención a la sentencia de nulidad de veintiuno de octubre de dos mil cuatro, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso administrativo tramitado bajo el expediente **********.
"Lo anterior, en virtud de que la cantidad otorgada con motivo de la pensión del quejoso tiene su sustento en el hecho de que para el cálculo de la cuota pensionaria diaria se tomaron en consideración cantidades por las cuales no cotizó en los términos que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que resulta improcedente que se considere que no se deben realizar los descuentos que establecen los artículos 16 y 21, no obstante que en esos preceptos se señale que sólo se harán las deducciones a los trabajadores incorporados al régimen del instituto recurrente.
"Que de los artículos 7o., 9o., 10, 16, 21, 54, 55 y 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se puede observar que el descuento por concepto de ‘aportaciones y cotizaciones’, así como de las constancias de autos, que el descuento cuestionado resulta apegado a derecho en razón de que fue consecuencia del incremento directo de la cuota diaria de la pensión jubilatoria de la parte quejosa, incremento que resultó de considerar la compensación adicional, sin que respecto a esa compensación el trabajador haya enterado cuotas o aportaciones al instituto, por lo cual es debido el descuento, ya que no únicamente a los trabajadores en activo se les puede hacer el descuento que corresponda, sino también a los jubilados.
"Con el objeto de dar solución a la problemática planteada, es menester informar que este Tribunal Colegiado, en relación con los dispositivos de que trata la litis de este recurso de revisión, al resolver el cuatro de febrero de dos mil dos, por unanimidad de votos, el diverso amparo en revisión **********, interpuesto por **********, emitió la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: ... ‘PENSIONISTAS. NO LES SON APLICABLES LOS ARTÍCULOS 16 Y 21 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.’ (se transcribe).
"Ahora bien, después de una nueva reflexión que realizaron los integrantes de este órgano de control de la constitucionalidad ... se llega a la conclusión de que es necesario apartarse del criterio invocado, porque es inexacto que los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no sean aplicables a las pensionadas.
"Lo anterior es así, porque, tal como lo refiere la autoridad recurrente, cuando la parte quejosa se encontraba en activo no cotizó, en los términos que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de los conceptos por los que se ordenó en la sentencia de nulidad el incremento directo a su pensión jubilatoria.
"En efecto, es lógico que la parte quejosa no haya cubierto la cuota que establece el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que prevé que todo trabajador (en activo) debe cubrir una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute, respecto de los emolumentos por los que se ordenó el incremento de su pensión en el juicio contencioso administrativo antecedente del juicio de amparo, por la simple y sencilla razón de que el instituto, tal como se resolvió en la sentencia de nulidad emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana, no tomó en cuenta tales conceptos (emolumentos) como parte del sueldo básico del trabajador.
"El razonamiento precedente también es aplicable al argumento en el sentido de que tampoco se cubrió el monto que establece el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, que establece que las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de seguridad social deben cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como aportaciones el equivalente al diecisiete punto setenta y cinco por ciento del sueldo básico de los trabajadores, pues, se reitera, fue hasta que se decretó la nulidad de la pensión originalmente otorgada por el instituto, que se tomaron en cuenta los conceptos denominados ‘quinquenio’, ‘H3 EPR operativo’ y ‘apoyo para capacitación y desarrollo’, como parte integrante del sueldo básico de la parte quejosa.
"En otras palabras, fue hasta que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretó la nulidad de la pensión originalmente otorgada a la parte quejosa, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tomó en cuenta, como parte del sueldo base, los conceptos referidos y, por tanto, es incuestionable que por las cantidades correspondientes no se realizaron las aportaciones que establecen los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Así las cosas, este Tribunal Colegiado considera correcto que al momento de pagar las diferencias ordenadas en la sentencia de nulidad (acto reclamado) derivadas del incremento directo de la pensión originalmente otorgada al quejoso, el instituto haya realizado las deducciones correspondientes a dichos conceptos en atención al contenido de los artículos en cita pues, como ha quedado evidenciado, por las cantidades correlativas no se realizó la cotización que establece la ley aplicable.
"En consecuencia, lo que procede en derecho es revocar la sentencia recurrida y en virtud de que no existe concepto de violación pendiente por analizar, ni el quejoso demostró que el acto reclamado viole las garantías individuales que invoca, procede negar el amparo que solicita."
CUARTO. Respecto del tema, conviene precisar que debe existir una discrepancia de criterios jurídicos entre dos órganos en los que se analice la misma cuestión, la que debe recaer sobre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas; por lo que existe materia para resolver una contradicción cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Conforme a lo anterior, para determinar cuándo existe contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, entre otros, el siguiente criterio jurisprudencial:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22764-8ec39725/pension-jubilatoria-para-pagar-diferencias-derivadas-del-incremento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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