OFICIALÍAS DE PARTES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO SUS ENCARGADOS RECIBEN DOCUMENTOS EN DESAHOGO DE UN REQUERIMIENTO, DEBEN INVENTARIAR LOS ANEXOS. RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL. NO PROCEDE TENERLO POR NO INTERPUESTO POR INCUMPLIMIENTO A UN REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS, SI EN EL ACUSE DE RECIBO DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE EL ENCARGADO DE LA OFICIALÍA DE PARTES NO INVENTARIÓ LO RECIBIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 395/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es decir, uno de los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO. Ante todo, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.
Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el **********, por mayoría de votos, la revisión fiscal ********** consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:
"SEXTO. Los transcritos agravios son sustancialmente fundados. ... Asiste la razón jurídica a la recurrente. En efecto, la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, agosto de 1991, tesis 3a. XL/91, página 86, cuyo rubro y texto, al tenor expresa: ‘DOCUMENTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU OFRECIMIENTO NO IMPLICA QUE SE EXHIBAN EN LOS TÉRMINOS ANUNCIADOS. El hecho de que en la demanda de garantías o en escrito diverso se ofrezca una prueba documental, no implica que se exhibe en los términos anunciados pues existe la posibilidad de que no se anexe en la forma en que se ofrece, que no corresponda al documento ofrecido e, incluso, que ni siquiera se acompañe con el escrito relativo.’ -lo resaltado es de este órgano Federal-. Asimismo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sustentó el criterio, que se comparte, al tenor: ‘Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación (sic) III, marzo de 1996, página 992. Tesis I.4o.A.14 K. ‘PRUEBA, CARGA DE LA. PARA QUIEN AFIRMA QUE ADJUNTÓ DIVERSOS ANEXOS A DETERMINADO ESCRITO. El encargado de la oficialía de partes limita su obligación al hecho material de recibir el escrito y anotar el número de anexos que se acompañan a él, pero no le compete describirlos y especificar su contenido; por tanto, la autoridad no está obligada a considerar tales anotaciones para tener por justificada; por ejemplo, la personalidad del promovente; por lo que si éste afirma que acompañó el testimonio que la acreditaba le corresponde probar su dicho, ya que sólo de esta manera se acata la teoría sobre la carga de la prueba.’ -lo resaltado corresponde al suscrito-. (sic). En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que mediante escrito de ********** presentado ante la Administración Local Jurídica de Zapopan, (fojas ********** a ********** de autos), la demandante interpuso el recurso administrativo de revocación en contra de la resolución contenida en el oficio número ********** de **********, por la que el subadministrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas le determinó un crédito fiscal en cantidad de ********** por concepto de impuestos general de importación, al valor agregado, actualizaciones, recargos, multas y derecho de trámite aduanero. Derivado de lo anterior, el administrador local jurídico de Zapopan, a través del oficio número ********** de **********, tuvo por recibido el recurso administrativo de revocación interpuesto por la demandante y requirió a ésta en su carácter de recurrente, para que en un plazo de cinco días hábiles remitiera a dicha unidad administrativa, los siguientes documentos: ‘a) copia de la identificación oficial del ********** -apoderado del **********. A efecto de acreditar debidamente la personalidad jurídica con la que comparece a promover el medio de defensa; documento que deberá ser cotejado con su original en la Oficialía de Partes de esta oficina; b) el documento que contenga el acto impugnado; y, c) las constancias de notificación del citado acto impugnado.’ (fojas *********** a ********** del expediente fiscal). Asimismo, la autoridad requirente apercibió al contribuyente, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, del Código Fiscal de la Federación, para en caso de no cumplimentar dicho requerimiento en el plazo que le fue concedido, ‘se tendría por no interpuesto el referido recurso de revocación’. Por escrito libre presentado el **********, la entonces recurrente compareció a pretender dar cumplimiento al requerimiento de referencia; tal escrito fue presentado en la Administración Local Jurídica de Zapopan en el Estado de Jalisco, pues así se desprende del sello de recepción en el obra plasmado (sic) la leyenda ‘c/anexos’ firmado por ‘**********’. En efecto, en el escrito relativo -con el que la contribuyente pretendió cumplir el requerimiento formulado por la autoridad dentro del recurso de revocación **********-, en la parte final del citado escrito se asentó ‘c/ anexos’, como se observa de la siguiente transcripción: (se transcribió). Mediante acuerdo de **********, el administrador local jurídico de Zapopan, a través del oficio número ********** consideró que la entonces recurrente no cumplió con la prevención que le fue formulada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 123, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por lo que hizo efectivo el apercibimiento formulado y tuvo por no interpuesto el recurso de revocación (fojas 101 a 104 ídem). Luego, como lo aduce la recurrente, la referida leyenda -c/anexos- es insuficiente para tener por satisfecho el requerimiento previo, toda vez que el encargado de recibir el escrito del particular limita su obligación al hecho material de recibir el escrito y anotar el número de anexos que se acompañan a él. En tanto que compete a quien pretende satisfacer el requerimiento de la autoridad verificar que se describa y especifique el contenido de los anexos; esto es, cuidar que se asiente la entrega de los documentos relativos, ya que sólo de esta manera se acata la teoría sobre la carga de la prueba prevista en el artículo 81 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos (sic). Caso contrario no se tendría fehaciencia sobre el cumplimiento o no del requerimiento en cuestión. Cierto, como lo sostuvo la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación -al sustentar el criterio transcrito con antelación-, el hecho de que en el escrito con el que la contribuyente pretendió dar cumplimiento se ofrezcan diversos documentos, no implica que se exhiben en los términos anunciados pues existe la posibilidad de que no se anexen en la forma en que se ofrecen, que no correspondan a los documentos ofrecidos e, incluso, que ni siquiera se acompañen con el escrito relativo. De ahí que, como lo aduce la recurrente, ante la indemostración del cumplimiento del requerimiento de referencia, se concretó el apercibimiento decretado previamente y, por ende, resultó ajustada a derecho la determinación impugnada en el juicio de nulidad de tener por no interpuesto el recurso de revocación interpuesto por la contribuyente **********. En efecto, el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción III y penúltimo párrafo, establece: ‘Artículo 123. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso: ... III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo. ... Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.’. Precepto legal que establece que el promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso, constancia de notificación del acto impugnado. También que cuando se acompañe (sic) ese documento, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que lo presente dentro del término de cinco días y que si no se cumpliere con tal requerimiento, se tendrá por no interpuesto el recurso. Por consiguiente, al no superarse -en el juicio de nulidad- el motivo y fundamento que llevó a la autoridad a tener por no interpuesto el recurso de que se trata, la Sala Regional no tenía facultades para entrar al examen de las cuestiones atinentes al fondo de la controversia aduanera; merced a que la improcedencia del recurso es un escollo que, desde luego, impide el examen de las cuestiones planteadas por la contribuyente. ... Corolario de lo expuesto, ante lo fundado del agravio en examen, procede revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala Fiscal dicte una nueva en la que, ajustándose estrictamente a los considerado (sic) en la presente ejecutoria, declare la validez de la resolución impugnada que tuvo no interpuesto (sic) el recurso de revocación interpuesto por **********..."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el ********** la revisión fiscal **********, sostuvo, en lo que interesa para el caso, lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios formulados por la recurrente son infundados. ... En otro apartado del oficio de agravios, la recurrente argumenta que, adverso a lo considerado por la calificadora, la resolución por la que tuvo por no interpuesto el recurso de revocación hecho valer por la actora en contra el crédito fiscal que le fue determinado (**********), se emitió apegada a derecho, toda vez que del escrito que presentó la promovente ante la Administración Local Jurídica de Zapopan el **********, no se advierte que aquél se haya presentado de forma completa. Dice, que contrario a lo sentenciado por la responsable, no existe precepto legal que obliue (sic) a la autoridad (Oficialía de Partes) a realizar lo pretendido por la demandante, máxime que de acuerdo a lo previsto por el artículo 123, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es responsabilidad única y exclusiva de los promoventes el acompañar a su escrito de revocación, entre otras cosas, el documento en donde conste el acto impugnado; por lo que a la actora y no a ella, le correspondía la carga procesal de acreditar (artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles), que en el escrito que presentó ante la Administración Local Jurídica de Zapopan el **********, adjuntó de forma completa, la resolución contenida en el oficio número **********, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Zapopan el **********, aspecto que, señala, no fue cumplido por el entonces promovente. Añade que en acuse de recibo (sic) del escrito presentado ante ella el **********, no se advierte que se hubiere recibido de manera completa dicho acto recurrido, sin que exista precepto legal que obligue a las Oficialías de Partes de las autoridades fiscales ‘a realizar lo pretendido por la Sala Fiscal’. Sostiene que del escrito presentado por la entonces promovente ante la hacendaria, el **********, no se advierte que haya presentado de forma completa la resolución recurrida vía recurso de revocación, por lo que la leyenda de recepción por parte del oficial de partes de dicho escrito, es insuficiente para tener por satisfecho el requerimiento que inicialmente se le formuló, puesto que ese servidor público limita su obligación al hecho material de recibir el escrito y anotar el número de anexos que se acompañaban en él; en tanto que compete a quien pretende satisfacer el requerimiento de la autoridad, verificar que se describa y especifique el contenido de los anexos. Por eso mismo, refiere que la contribuyente no cumplió en tiempo y forma con el requerimiento contenido en el oficio ********** de **********, por lo que válidamente se tuvo por no interpuesto tal recurso de revocación, en términos del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación. Los agravios antes extractados son infundados, puesto que al interponerse el recurso de revocación por los contribuyentes mediante la exhibición del papeleo respectivo, el servidor público que recibe aquél, tiene la obligación de pormenorizar cada uno de los documentos que se acompañan, sin que sea legalmente correcto que en una resolución posterior se tenga por no interpuesto tal medio de defensa fiscal por la entrega incompleta de la resolución impugnada, cuando en el acuse de recibo de aquél no se pormenorizó tal circunstancia, tal como se justificará en párrafos subsecuentes. Previo a razonar tal aserto, se considera necesario tener en cuenta los artículos 116 y 123, fracción II, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.’. ‘Artículo 123. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso: ... II. El documento en que conste el acto impugnado. ... Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas ...’. Como se aprecia, el particular que decide interponer el recurso de revocación debe acompañar, entre otros documentos, aquella en la que conste el acto impugnado. De no hacerlo, la autoridad fiscal lo requerirá para que lo haga dentro del plazo de cinco días, con la consecuencia de que se tendrá por no interpuesto ese medio de impugnación. En relación al documento en donde conste el acto administrativo recurrido, se considera que debe acompañarse de forma completa, porque de no ser así traería la consecuencia legal de que dicho medio de impugnación se tenga por no interpuesto. Claro está que la Oficialía de Partes de las autoridades fiscales que conocen del recurso de revocación son las encargadas de recibir la documentación de los particulares. Por ello, cuando el promovente presenta ante esa oficina el recurso de revocación adjuntando el acto administrativo impugnado y demás anexos que estime pertinentes, el servidor público competente tiene la obligación de anotar pormenorizadamente cada uno de los escritos que recibe, porque de esta forma, se brinda certeza legal acerca de los de los (sic) documentos que servirán de base para dilucidar ese recurso de revocación. Dicho esto, cuando en un juicio contencioso administrativo federal se cuestione la legalidad del acto por el que la autoridad hacendaria tuvo por no interpuesto el recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, bajo el argumento de que el documento en el que consta el acto administrativo recurrido no fue exhibido completamente, dicha controversia debe dilucidarse conforme a lo asentado en el acuse de recibo por parte del servidor público adscrito a la oficialía de partes de esa autoridad, pues sólo de esta forma puede tenerse certeza de lo que verdaderamente recibió. De considerar lo contrario, se llegaría al extremo de que las administraciones locales jurídicas tengan por no interpuestos los recursos de revocación bajo el argumento de que los documentos que se acompañaron ante ella, no se entregaron completamente, a pesar de que el personal que tiene a su cargo no asentó detalladamente esa circunstancia; conllevando a que al contribuyente se le deje sin capacidad de defensa, porque lo asentado por la oficialía de partes de esa autoridad no podría ser sujeto de cuestionamiento, lo que sin duda atentaría contra la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal. Por añadidura, debe decirse que en la tramitación de ese recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, el particular está en una relación de supra a subordinación con la autoridad, de tal suerte que la hacendaria está obligada a observar el principio de legalidad consagrado en el numeral 16 del Pacto Federal. De ahí que lo asentado en el acuse de recibo de la oficialía de partes de las autoridades hacendarias, es lo que da pie para estimar lo que verdaderamente se recibió, sin que en otro medio de defensa, se pueda exigir al particular que acredite lo contrario, puesto que el acopio de documentos es un acto que realiza la autoridad al tramitar dicho medio de defensa tributario. En el supuesto de que en dicho acuse de recibo no se advierta con certeza si el acto impugnado se recibió de forma completa, dada la ambigüedad de lo ahí asentado; debe sostenerse que la autoridad fiscal no estaría en condiciones legales de tener por no interpuesto el recurso de revocación, toda vez que por razones de seguridad jurídica, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, no se le puede dejar al contribuyente en estado de indefensión, puesto que al momento en que presenta la documentación relativa a ese medio de impugnación ante la oficialía de partes de la autoridad fiscal, únicamente se limita a entregarla, mientras que el servidor público que la reciba debe asentar pormenorizadamente lo que tiene en su poder, con el objeto de no dejar duda acerca del material probatorio con que cuenta la hacendaria para dirimir el medio de defensa fiscal que se sometió a su potestad. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de nulidad en estudio, se advierten los siguientes datos: 1. El administrador local de Auditoría Fiscal de Zapopan, mediante oficio número ********** determinó a cargo de la empresa denominada ********** un crédito fiscal en cantidad de ********** (**********), por concepto de impuesto general de importación actualizado, recargos y multas (folios ********** a **********). 2. Inconforme con esa liquidación el representante legal de la negociación especificada en el párrafo anterior, a través del escrito que presentó ante la Administración Local Jurídica de Zapopan, el ********** interpuso en su contra recurso de revocación (folio ***********). 3. La subadministradora de la Administración Local Jurídica de Zapopan, en suplencia por ausencia del titular de esa dependencia tributaria, mediante oficio número ********** de **********, le concedió a la empresa recurrente el plazo de ********** (contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera la notificación de ese acto), para que cumpliera con diversos requerimientos, entre ellos, que acompañara el crédito fiscal determinado a su cargo y, además, que expresara los agravios que le ocasionaba esa resolución (folios ********** a **********). 4. El representante de la empresa inconforme mediante escrito presentado ante la Administración Local Jurídica de Zapopan el **********, intentó dar cumplimiento al requerimiento especificado en el punto anterior (folios ********** a **********). En el capítulo de pruebas de dicho escrito de agravios el representante de la empresa recurrente ofreció, entre otras pruebas, el crédito fiscal determinado a su cargo por parte de la Administración Local de Auditoría Fiscal en Zapopan, por medio del oficio número **********. En efecto, en lo que aquí informa de dicho ocurso, se lee: ‘... 2. La fotocopia simple del oficio número **********, emitido el ********** por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Zapopan, Jalisco. ...’. En el acuse de recibo de la oficialía de partes de esa autoridad (reproducido por la Sala Regional), se advierte que el servidor público receptor de dicha documentación asentó que a las ********** del **********, recibió hojas originales sin especificar de qué, asimismo, asentó lo siguiente: ‘Anexos mencionados en capítulo de pruebas en copia simple. Actas notificación y acta citatorio de los créditos **********, **********, **********, **********. Copia simple de tres actas de identificación de los créditos **********, ********** y **********.’. 5. El administrador local jurídico por medio del oficio ********** de ********** tuvo por no interpuesto ese recurso de revocación (folios ********** a **********). La razón toral de ese pronunciamiento se debió a que el crédito fiscal recurrido (oficio **********), se presentó de forma incompleta, puesto que la empresa recurrente había omitido acompañar las hojas ********** y ********** del documento que lo contenía. En relación a ese acto, la Sala Regional lo calificó de ilegal, puesto que adujo, del acuse de recibo de ********** no se advertía que el crédito fiscal recurrido se hubiera exhibido en forma incompleta o que le faltaran las hojas ********** y **********, sin que la demandada ofreciera en el juicio de nulidad medio de prueba que acreditara lo contrario. Pues bien, tales consideraciones son objetivamente correctas puesto que, efectivamente, del acuse de recibo de ********** no se desprende con certeza lo que se recibió en la Oficialía de Partes de la Administración Local Jurídica de Zapopan, concretamente el documento en el que obraba el crédito fiscal determinado a la actora. Por tanto, debe considerarse ilegal la resolución por la que se tuvo por no interpuesto el recurso de revocación contra el crédito fiscal precisado, toda vez que el personal adscrito a la Oficialía de Partes de la demandada tenía la obligación de asentar pormenorizadamente lo que recibió, sin que en ese evento se observara dicha formalidad legal, puesto que en el citado acuse aparece que se recibieron **********, sin que se haya especificado a qué documento se refería. De la misma forma, en cuanto a lo redactado de que se recibieron anexos en el capítulo de pruebas y actas de notificación de diversos créditos fiscales, así como de tres actas de identificación, ello es ambiguo, ya que no se advierte, con certeza, los documentos recibidos, a pesar de que el personal estaba obligado a hacerlo con el objeto de brindarle certeza al particular acerca de que el recurso que promovió se resolvería en cuanto al fondo. Máxime que, como se dijo, cuando el contribuyente interpone el recurso de revocación ante la autoridad hacendaria, ésta se encarga de tramitarlo, sin que se pierda esa relación de supra a subordinación con aquél. De manera que dicha autoridad está obligada a observar los principios de legalidad previstos en el artículo 16 constitucional, lo que en el caso se logra mediante la pormenorización detallada de la documentación que reciben las oficialías de partes de las autoridades hacendarias, pues de estimar lo contrario, la fiscalizadora tendría por no presentado tal medio de defensa bajo cualquier circunstancia, en detrimento de la certeza legal, lo que dejaría a los contribuyentes en estado de indefensión al no poder acreditar lo contrario. Por ello, carece de consistencia jurídica lo argumentado por la disidente sobre que a la actora correspondía la carga de comprobar que exhibió de manera completa el documento en el que obraba el crédito fiscal que le fue determinado, así como que no existe precepto legal que obligue a las oficialías de partes de las autoridades fiscales de asentar fehacientemente lo que reciben. Ello es así, puesto que al tramitarse el recurso administrativo en mención, la hacendaria actúa como autoridad, de tal suerte que lo asentado por el personal a su cargo corresponde a una actuación que forma parte de aquel procedimiento, de ahí que el personal adscrito a la oficialía de partes de su adscripción, tiene el deber de asentar detalladamente lo que recibe con el objeto de que no se deje en estado de indefensión al particular, tal como quedó explicado con anterioridad. En cuanto al alegato de la inconforme relativo a que es responsabilidad de los promoventes que interpongan el recurso de revocación acompañar el documento en el que conste el acto impugnado, carece de eficacia jurídica, puesto que si bien el artículo 123, fracción II, del Código Fiscal de la Federación impone esa carga al promovente, también es cierto que la autoridad fiscal debe observar el principio de legalidad consagrado en el numeral 16 de la Constitución General de la República, lo que en el caso se logra mediante la redacción pormenorizada de la documentación que reciben las oficialías de partes de las autoridades fiscales, con el objeto de que ese medio de impugnación tributario se resuelva sin vicio que de trascender por causa no imputable al particular se le deje en estado de indefensión, más respecto de un acto que corresponde observar a la autoridad fiscal. Por cuanto a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el recurso de revisión fiscal **********, en sesión de ********** en donde sostuvo, básicamente, que las oficialías de partes de las autoridades fiscales que tramitan el recurso administrativo de revocación sólo se limitan a recibir los escritos de los particulares y anotar los anexos que a ellos se acompañan y, que por eso mismo éstos deben verificar que se describa y especifique el contenido de dichos anexos; debe decirse que este tribunal no comparte el criterio ahí sustentado, ya que como quedó explicado con antelación, al interponerse el recurso de revocación por los contribuyentes mediante la exhibición del papeleo respectivo, el servidor público que recibe aquél, tiene la obligación de pormenorizar cada uno de los documentos que se acompañan, sin que sea legalmente correcto que en una resolución posterior se tenga por no interpuesto tal medio de defensa por la entrega incompleta de la resolución impugnada, cuando en el acuse de recibo de aquél no se pormenorizó tal circunstancia. Ante tal evento, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este tribunal federal y la ejecutoria anteriormente citada, para lo cual se instruye a la secretaría de tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes. ... Consecuentemente, ante la ineficacia de los agravios, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida ..."
CUARTO. Precisado lo anterior, es pertinente significar que no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, la circunstancia de que ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes haya integrado jurisprudencia, ni haya sido expuesto formalmente como tesis, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.
Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo tesis que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Tampoco es obstáculo para determinar que existe la contradicción de tesis, la circunstancia que uno de los criterios haya sido emitido por mayoría de votos, puesto que los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22763-63a511c5/oficialias-de-partes-de-las-autoridades-fiscales-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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