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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE INMUEBLES. LOS ARTÍCULOS 47 Y 50 DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE LO PREVÉN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2009 Y 2007, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 315/2010. · Registro digital (IUS): 22754
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 639.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 315/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que participaron en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, están facultados para hacerlo en términos de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Criterios contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 131/2010, en la parte conducente, señaló:

• Que no asistía la razón a la parte quejosa-recurrente acerca de que el artículo 47, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, viola la garantía de equidad tributaria por considerar que las personas que amplían o construyan se encuentren en una misma situación que quien reconstruye y que, por tanto, la norma impugnada debe tratarlos de manera similar en cuanto a las tasas aplicables al impuesto ahí establecido.

• La razón que tuvo el Tribunal Colegiado para calificar como infundado el argumento relativo fue la siguiente: "Ello es así, puesto que la acción de reconstruir conlleva el volver a construir o rehacer algo que se deterioró, en tanto que construir implica erigir, edificar, o hacer nueva una cosa, en tanto que hacer una ampliación precisa extender la construcción; acciones todas ellas que, como se señaló, no son las mismas y, aunque unas pudieran ser más o menos costosas que las otras -lo que dependerá de cada proyecto-, lo cierto es que el diferenciar el tratamiento fiscal al imponer distinta tarifa para tales acciones, no hace otra cosa que dar un tratamiento desigual a los sujetos del gravamen que se ubican en una situación diversa, respetando así el principio de equidad. De ahí, lo infundado de su argumento."

• Consecuentemente, al no evidenciarse la inconstitucionalidad alegada, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida estimando que el artículo 47, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, no viola la garantía de equidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.

No es necesario reproducir las consideraciones que este Tribunal Colegiado tuvo al resolver el diverso amparo en revisión 322/2009, pues son esencialmente coincidentes.

Resulta conveniente para la solución de este asunto transcribir el aludido artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, cuyo tenor es:

"Artículo 47. Los contratos o actos jurídicos que tengan por objeto la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, pagarán aplicando las siguientes tasas:

"a) La construcción y ampliación, una tasa del: 1.00%

"b) La reconstrucción, una tasa del: 0.50%

"c) La remodelación y adaptación, una tasa del: 0.25%

"El porcentaje se aplicará sobre los valores unitarios de construcción, publicados en las tablas de valores unitarios de terrenos y construcciones ubicados en el Municipio de Zapopan, aprobados mediante decreto por el Congreso del Estado de Jalisco.

"Estarán exentos del pago de este impuesto, las personas a que se refiere la fracción VI, del artículo 131 Bis, de la Ley de Hacienda Municipal."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2008, estableció, esencialmente, lo siguiente:

• Que es fundado el agravio de la parte quejosa, en el que señala que la sentencia recurrida es incongruente, porque la a quo analizó el concepto de violación relativo partiendo de la premisa de que se impugnó un derecho, cuando lo cierto es que se planteó la inconstitucionalidad del impuesto previsto en el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por lo que el Tribunal Colegiado procedió a ocuparse del concepto de violación, cuyo estudio se omitió.

• En este aspecto señaló el Tribunal Colegiado que no le asistía la razón a la parte quejosa acerca de que el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, viola la garantía de equidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en razón de que del contenido del numeral reclamado y de las definiciones sobre obras de edificación nueva, obras para la ampliación de la edificación y reconstrucción o reposición, contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, el Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, Jalisco, y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo: "... no se advierte una justificación al trato diferenciado previsto por la norma, porque como lo afirma el quejoso, el hecho imponible del impuesto son los contratos o actos jurídicos que tengan por objeto la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, y en el caso concreto, como ya se vio, la reconstrucción es volver a construir; esto es, se está ante la figura de la construcción, sin que del citado precepto legal pueda advertirse que las diferentes tarifas estén orientadas a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean útiles o no para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son fácilmente identificables."

• Además de lo anterior, se indicó que: "... en la exposición de motivos del precepto reclamado en cuestión, el tesorero municipal del Ayuntamiento de Zapopan, al presentar la iniciativa correspondiente no justificó el porqué o la razón de las diferentes tarifas previstas en el artículo 50 reclamado, esto es, nada se dijo respecto de las razones objetivas del trato diferenciado que ahora otorga el precepto combatido.". Por tanto, si el legislador no estableció las bases objetivas que justifiquen el tratamiento distinto que otorga la ley a determinados sujetos: "... no es dable al juzgador ser él quien busque los posibles motivos (no expresados en la ley) que originaron ese tratamiento."

• En este sentido, se estableció que: "... el legislador, con relación al trato diferenciado, omitió decir que las diversas tarifas obedecieran a algún fin extrafiscal, por lo que no corresponde a este Colegiado inferir tales razones, pues correspondía en exclusiva al propio legislador justificar tal circunstancia."

• En mérito de lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento concluyó que el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, sí violaba la garantía de equidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.

Resulta igualmente conveniente para la solución de este asunto transcribir el aludido artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, cuyo tenor es:

"Artículo 50. Los contratos o actos jurídicos que tengan por objeto la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, pagarán aplicando las siguientes tarifas:

"a) Para construcción y ampliación el: 1.00%

"b) Para la reconstrucción, el: 0.30%

"El porcentaje se aplicará sobre los costos de construcción, publicados en las tablas de valores unitarios de terrenos y construcciones ubicados en el Municipio de Zapopan, determinado por el Consejo Técnico Catastral.

"Estarán exentos del pago de este impuesto, las personas a que se refiere la fracción VI, del artículo 131 Bis, de la Ley de Hacienda Municipal."

CUARTO. Existencia de la contradicción. El análisis de las ejecutorias sintetizadas en el considerando que antecede pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, no viola la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues el diferenciar el tratamiento fiscal al imponer distinta tarifa para diferentes acciones, no hace otra cosa que dar un tratamiento desigual a los sujetos del gravamen que se ubican en una situación diversa, respetando así el aludido principio tributario; mientras que, por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, sí viola la garantía de equidad tributaria establecida en el indicado numeral constitucional, pues no se advierte una justificación al trato diferenciado previsto por la norma, de acuerdo con sus distintas tasas, cuando el hecho imponible del impuesto son los contratos o actos jurídicos, independientemente que tengan por objeto la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, pues todos son especies de la figura de la construcción.

Como se advierte, los tribunales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, que constituye la materia de la presente contradicción, consistente en determinar si la existencia de diversas tasas en el impuesto sobre negocios jurídicos relativos a la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, según el objeto del contrato o acto jurídico relativo, transgrede o no el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No es obstáculo para continuar con el estudio de la presente denuncia que los eventos fácticos de los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito no sean exactamente iguales pues, en todo caso, esas divergencias no impiden la configuración de la contradicción de tesis denunciada ni constituyen un impedimento para que esta Sala disipe la divergencia jurídica en que incurrieron los Tribunales Colegiados de Circuito en relación a si la existencia de diversas tasas en el impuesto sobre negocios jurídicos relativos a la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, según el objeto del contrato o acto jurídico relativo, transgrede o no el principio de equidad tributaria, toda vez que no debe considerarse la existencia de una contradicción únicamente cuando existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en las circunstancias de hecho, pues tal criterio rigorista impide reflejar en criterios jurídicos la esencia de la figura de la contradicción de tesis, que es resolver la incertidumbre jurídica creada por la existencia de posturas diferentes en relación con un mismo punto de derecho.

Lo señalado en el párrafo anterior se apoya en el criterio sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

En este sentido, no pasa inadvertido que los Tribunales Colegiados de Circuito se ocuparon de analizar distintos numerales vigentes para diversos ejercicios fiscales, a saber: el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto del artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para dos mil nueve; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto del artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para dos mil siete; sin embargo, lo cierto es que se trata esencialmente del mismo impuesto sobre negocios jurídicos relativos a la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, que se calcula aplicando a la base respectiva una de las tasas previstas por el legislador local, según el objeto del contrato o acto jurídico relativo (construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles), ocasionando que los contribuyentes tributen de manera distinta según la materia de dicho contrato o acto jurídico, situación que es precisamente el aspecto en el cual los Tribunales Colegiados discreparon en sus criterios, al confrontar tal efecto en relación con el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que, a pesar de que se traten de disposiciones que no se encuentran vigentes al momento de resolverse este expediente, resulta conveniente aclarar la divergencia de criterios existente, pues en la actual Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diez, se repiten en lo esencial las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito dio lugar a la contradicción de tesis, por lo que con la solución de este asunto se fijará un criterio que conserve utilidad en la preservación de la seguridad jurídica que se busca al resolver una contradicción de tesis.(1)

A fin de acreditar lo señalado en el párrafo que precede, se transcribe el artículo 46 de la indicada Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diez:

"Artículo 46. Los contratos o actos jurídicos que tengan por objeto la construcción, reconstrucción o ampliación de inmuebles, pagarán este impuesto aplicando las siguientes tasas:

"a) La construcción y ampliación, una tasa del: 1.00%

"b) La reconstrucción, una tasa del: 0.50%

"c) La remodelación y adaptación, una tasa del: 0.25%

"El porcentaje se aplicará sobre la base fiscal del impuesto, es decir los valores unitarios totales de las obras de construcción, publicados en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio de Zapopan, debidamente aprobadas mediante decreto por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

"Estarán exentos del pago de este impuesto, las personas a que refiere la fracción VI, del artículo 131 bis, de la Ley de Hacienda Municipal."

QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer el criterio que sienta esta Segunda Sala, al tenor de las consideraciones que enseguida se establecen.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en términos generales, la garantía de igualdad en la aplicación de ese Máximo Ordenamiento, de las garantías que de él emanen y de las leyes ordinarias en general.

Acorde con esa disposición, el artículo 31, fracción IV, de la propia Constitución establece como obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la equidad como el principio en virtud del cual los sujetos que se ubiquen dentro de una situación jurídica equivalente, prevista y regulada en la ley, se encuentran obligados a sufragar un determinado tributo y, por ende, deben recibir igual trato en lo concerniente a todos los elementos y variables atinentes al impuesto de que se trate, mientras que los que estén en distinta situación jurídica, por lógica, no se encuentran sujetos a esa misma obligación tributaria y, consecuentemente, no reciben idéntico trato, lo que pone de relieve que la equidad, en suma, implica dar un trato igual a los sujetos que se encuentren en igual situación y distinto a quienes se ubiquen en un supuesto o situación diversa.

Lo anterior se desprende de los criterios jurisprudenciales sustentados por esta Suprema Corte de Justicia en torno al principio de equidad tributaria, los cuales a continuación se transcriben.

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." (Jurisprudencia P./J. 24/2000, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de dos mil, página 35).

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El Texto Constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." (Tesis 197, Novena Época, Pleno, Apéndice 2000, Tomo I, página 239).

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." (Tesis P./J. 41/97, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, página 43).

Así pues, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la ley que lo establece y regula, por lo que han de recibir igual trato en lo referente a esa contribución, resultando, por consiguiente, que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los sujetos han de contribuir de acuerdo con su respectiva capacidad económica- la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar igual a quienes se encuentren en iguales condiciones de capacidad económica y desigual a los sujetos que se ubiquen en condiciones de capacidad disímiles.

Desde luego, el propio Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir igual trato que quienes se ubican en similares situaciones de hecho, porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley.

De lo anterior resulta que dicha capacidad, consistente en la adecuación de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas públicas, debe llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular, alcanzándose por antonomasia la equidad tributaria consagrada en el Texto Constitucional.

Así las cosas, del texto de las anteriores jurisprudencias se advierten los elementos objetivos que delimitan el principio de equidad tributaria, que son los siguientes:

a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable;

b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas;

c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,

d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

En este sentido, la garantía de igualdad está positivizada constitucionalmente e implica que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser Ley Suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.

Sin embargo, el principio de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario:

I. Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual; y,

II. Por otro lado, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga.

De esta forma, para el control de la constitucionalidad de las normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad conviene observar los siguientes criterios orientadores:

A. Debe advertirse si existe una situación comparable y, con base en ésta, establecer si los sujetos se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente.

B. Advertida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo cual conviene:

a) Advertir si la diferencia normativa persigue una finalidad constitucionalmente aceptable.

b) Si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro del fin legítimo buscado.

c) Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.

Así lo ha establecido esta segunda Sala en la siguiente jurisprudencia:

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22754-1f61fd64/impuesto-sobre-negocios-juridicos-relativos-a-la-construccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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