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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR PARA PROCEDER A SU ESTUDIO, PERO SIN INTRODUCIR PLANTEAMIENTOS QUE REBASEN LO PEDIDO Y QUE IMPLIQUEN CLARAMENTE SUPLIR UNA DEFICIENCIA ARGUMENTATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2010. · Registro digital (IUS): 23064
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO EN LA MISMA MATERIA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1070.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO EN LA MISMA MATERIA DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la revisión fiscal 9/2010, en la parte que interesa dice:

"QUINTO. Resultan ineficaces los agravios que expone la autoridad recurrente, acorde a la argumentativa siguiente. El actor demandó la nulidad de la resolución al recurso de revocación 1279/2008 de veintidós de mayo de dos mil ocho, emitida por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la cual se confirmó el crédito fiscal por la cantidad de $********** por irregularidades en el pedimento de importación, al ser inexacta la clasificación arancelaria de la mercancía importada. En sus conceptos de anulación expuso el actor, entre otros, la falta de análisis total de los agravios planteados en el recurso de revocación, cuando que el omitido era suficiente para declarar la ilegalidad del fondo. La Sala Fiscal al examinar la litis propuesta, declaró la nulidad para efectos de que la autoridad demandada analice debidamente y, en primer término, el agravio primero hecho valer por el actor, ya que de ser fundado le traería mayor beneficio, en el entendido que si bien en el recurso de revocación se declaró fundado uno de los agravios, éste fue de forma, es decir, para que se fundara y motivara la resolución recurrida. En el presente recurso, la autoridad demandada expresa los siguientes agravios: a) La Sala Fiscal transgrede los artículos 1o. y 50, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al olvidar el ejercicio de sus facultades como órgano juzgador. Lo anterior, toda vez que acorde al segundo de los preceptos, cuando no esté satisfecho el interés jurídico del demandante, si se cuenta con los elementos suficientes, la Sala Fiscal deberá pronunciarse sobre la legalidad de la resolución dictada en el recurso administrativo. Siendo que en el caso la Sala Fiscal contaba con los elementos necesarios para pronunciarse sobre el fondo, es decir, sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución determinante impugnada a través del recurso de revocación, en la parte que no garantice el interés jurídico del actor. b) Solicita la autoridad recurrente se aplique en su beneficio el principio de la causa de pedir, ya que, afirma, ello no implica suplencia de queja deficiente, sino una comprensión de los motivos de inconformidad, pues resulta inequitativo que sólo se otorgue a los gobernados en el juicio de garantías y no a la autoridad que acude en revisión fiscal. Cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 69/2000 y tesis del homólogo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, titulada: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, ALCANCE DE LA TEORÍA DE LA CAUSA DE PEDIR.’. Los agravios en cuestión resultan infundados, tal y como se adelantó. Es oportuno traer a colación el contenido de los artículos 1o. y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismos que son del tenor siguiente: ‘Artículo 1o.’. ‘Artículo 50.’ (se transcriben). La transcripción de los preceptos referidos pone de manifiesto que, efectivamente, tratándose de la resolución dictada a un recurso administrativo, cuando no satisfaga el interés jurídico del recurrente y sea controvertido en el juicio contencioso administrativo federal, se considerará impugnada, simultáneamente, la resolución recurrida en la parte que le siga afectando, por lo que se podrán plantear agravios no propuestos en sede administrativa. Esto es, el artículo 1o. de la ley federal invocada contiene inmerso el principio de litis abierta y la legitimación de la parte afectada para seguir controvirtiendo en el juicio federal aspectos que no colmaron su interés, derecho este último, que se robustece con el diverso artículo 50 del mismo ordenamiento, al señalar que el Tribunal Federal se pronunciará sobre la resolución recurrida cuando cuente con elementos, en caso de que no haya quedado satisfecho el interés jurídico del demandante. Destacada la anterior premisa, cabe señalar que las constancias que integran el sumario ponen de manifiesto que mediante resolución de veintidós de mayo de dos mil ocho, la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinó al actor un crédito fiscal por $********** por impuestos al comercio exterior, al considerar como inexacta la fracción arancelaria de la mercancía importada. Determinación la anterior, que fue impugnada mediante recurso de revocación, en el cual se plantearon dos agravios: El primero, en el que se sostuvo la correcta fracción arancelaria, dada la presentación física de la mercancía; y en el segundo, un aspecto formal, como fue la violación al artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que el acto a notificar no estaba fundado y motivado, al no hacer una descripción apropiada de los hechos acaecidos en el despacho de las mercancías, pues fue insuficiente la información en el detalle de las mismas. Al ser examinado el recurso por la Administración Local Jurídica de la ciudad en cita, se revocó la determinación del crédito, para que se emitiera una nueva resolución donde se destacaran los motivos de cuya ausencia se dolió el contribuyente. Ahora bien, en el juicio contencioso, como se precisó, la Sala Fiscal declaró la nulidad del recurso de revocación para efectos de que la autoridad demandada examinara el agravio omitido, esto es, el relativo al fondo, en el que se sostuvo la correcta fracción arancelaria según la presentación física de la mercancía importada. Pues bien, se determina como infundado el primer agravio, en la medida que no obstante de que en tratándose de materia de revocación, se puede considerar la figura de litis abierta, así como la facultad de la autoridad jurisdiccional para pronunciarse sobre la pretensión del demandante cuando no haya sido satisfecho su interés jurídico; lo cierto es que de acceder a tal argumento, se llegaría al grado de inobservar el principio de congruencia en el dictado de las sentencias. Esto, porque si lo que pretende la recurrente es que la Sala Fiscal examine el fondo de la litis, esto llegaría al grado de pronunciarse sobre una resolución no impugnada, es decir, resolver sobre si fue o no correcta la clasificación arancelaria, cuando que ésta no fue materia del recurso de revocación, circunstancia que contravendría los artículos 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se prevé la resolución de las sentencia impugnada y sobre la cual se deberá declarar la validez, nulidad. Ello, en razón a que como se expuso, la Administración Local Jurídica demandada no se pronunció en el fondo, sino que el análisis hecho en el recurso versó sobre un aspecto formal, es decir, la falta de motivación en los hechos acontecidos en el despacho de las mercancías, respecto a las características físicas de las mismas, para así ubicarlas en uno u otro arancel. Por tanto, si en el recurso de revocación no se analizó el fondo, es técnicamente imposible que la Sala Fiscal se puede ocupar de ello, en observancia de los artículos 1o. y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo invocados por la recurrente, ya que no sólo se transgrediría el principio de congruencia, sino que también se estaría suprimiendo una instancia a favor del contribuyente al tomarse en cuenta que éste optó por el recurso de revocación. Acorde a lo expuesto, se puede concluir que si en la sede administrativa no se estudió el fondo, es evidente que tampoco lo puede hacer la Sala Fiscal y de ahí que sea correcto el efecto determinado en la resolución aquí recurrida. Por ende, resulta inaplicable la tesis 2a. XIX/2009, titulada: ‘INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE LA DECLARA NO FACULTA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA AL RESOLVER EL PROBLEMA DE FONDO DEL JUICIO DE NULIDAD.’. En cuanto al agravio sintetizado bajo el inciso b), que se refiere al principio de la causa de pedir, resulta inoperante al igual que la observancia de la jurisprudencia P./J. 69/2000, que se refiere al mismo principio tratándose de los agravios expuestos en recursos dentro del juicio de garantías. Para sostener la conclusión anterior es oportuno traer a colación las siguientes conceptualizaciones jurídicas. El Máximo Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 6/94, estableció: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’ (se transcribe). Como se advierte del texto jurisprudencial, la expresión de los conceptos de violación debían reunir: un verdadero silogismo, como premisa mayor los preceptos constitucionales infringidos, como premisa menor los actos reclamados y la conclusión, consistente en la contrariedad entre ambas premisas, lo que implicaba un verdadero silogismo, en la exposición de un concepto de violación. Posteriormente, entre los años mil novecientos noventa y ocho a dos mil, nuestro Tribunal Constitucional se separó del anterior criterio rigorista en la exposición de los conceptos de violación, dando nacimiento a una importante figura procesal jurisprudencial, como fue la causa de pedir, por lo que se emitieron diversas jurisprudencias, tanto por el Pleno como por las Salas, entre las que se encuentra la identificada como P./J. 68/2000, de igual contenido a la P./J. 69/2000, a que hace referencia la autoridad recurrente, la cual es del tenor siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe). Como refleja la tesis anterior, el Máximo Tribunal de la Nación introdujo dentro del juicio de garantías la figura procesal constitucional de la causa de pedir. En la ejecutoria que conformó la citada jurisprudencia P./J. 68/2000, recaída al amparo directo en revisión 3123/97 promovido por **********, por cuanto a la figura de la causa de pedir, se dijo: ‘... Es menester puntualizar que tomando en cuenta que la Ley de Amparo no exige en sus artículos 116 y 166 que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes o indispensables y que, por otra, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo, bastando que en alguna parte del escrito inicial se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como conceptos de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese, siendo suficiente, por tanto, que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución o ley impugnada y los motivos que originan ese agravio ...’. Pues bien, lo anterior pone de manifiesto que la figura de la causa de pedir presenta como elemento sine qua non la existencia de conceptos de violación, o en su caso, agravios, de lo que se infiere que a partir de éstos es que puede el juzgador introducir en la litis constitucional el principio mencionado, no obstante que aquéllos no contengan el silogismo rígido adoptado en la Octava Época, pues acorde a los criterios adoptados por el Máximo Tribunal de la Nación a partir del año dos mil es suficiente que se exprese el agravio o lesión que causan al quejoso o recurrente las consideraciones del fallo y los motivos que generen esa afectación, para que se aplique en beneficio de aquéllos la multicitada figura. Bajo las consideraciones anteriores, resulta inconsistente la pretensión de la autoridad recurrente de que se aplique en su beneficio el principio de la causa de pedir. Ello en razón a las siguientes circunstancias de facto y de derecho: En el caso a estudio no se está en presencia de una demanda de garantías ni de un recurso en revisión de amparo, sino de una revisión fiscal, cuya naturaleza jurídica no se homologa a la materia de control constitucional, propia de la tutela de los derechos fundamentales de los individuos. La revisión fiscal constituye un medio de defensa de las autoridades respecto de los intereses de la Federación y, por esto, no pueden aspirar a la protección de una figura constitucional creada a favor de los particulares para hacer prevalecer la inviolabilidad de los derechos fundamentales, protegidos por las garantías individuales y en caso de su transgresión declarar su restitución. La consideración anterior se remonta al análisis histórico de la creación del recurso de revisión fiscal en el año de mil novecientos cuarenta y seis. Ciertamente, en la exposición de motivos presentada por la Cámara de Diputados el treinta y uno de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco se ponderó a su vez, la diversa exposición a la iniciativa presidencial de mil novecientos treinta y siete, publicada por el entonces Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, donde se desarrollaron amplias razones para dar competencia a la Suprema Corte en el conocimiento de un medio de defensa para los negocios que interesaran a la Federación, así fue que a mitad del siglo XIX las leyes sobre organización de los tribunales federales contemplaron el recurso de súplica, tanto a favor de los particulares, como de los negocios que interesaran a la federación. Posteriormente, se instituyó el recurso de casación para luego dar paso al juicio de garantías, únicamente en favor de los particulares, el cual excluyó por completo la defensa ante la Suprema Corte de los intereses públicos, situación que fue defendida por la Procuraduría General de la República ya que en el año de mil novecientos treinta y dos pretendió obtener el reconocimiento de la facultad de la Federación para impugnar ante el Máximo Tribunal del País los juicios que, en las Cortes inferiores, hubieren sido adversas al interés público, intento que no prosperó, no obstante alegarse la situación dispar de existir únicamente a favor de los particulares el juicio de garantías, y no un medio de defensa para los intereses de la Federación. Ante la inconformidad patente de las autoridades fue que en el dictamen de origen en la Cámara de Diputados, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco para la reforma del artículo 104, fracción I, constitucional, textualmente se dijo: (se transcribe). La propuesta de reforma para incluir en el citado precepto constitucional el establecimiento en las leyes de recursos para la defensa de los intereses de la Federación, se aprobó por la Cámara Revisora de Senadores y finalmente se realizó la declaratoria de reforma el veintinueve de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. Posteriormente, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis se publicó decreto para crear un recurso ante la Suprema Corte contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, y en cuyo artículo 1o. se determinó: ‘Las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación en los distintos negocios de su competencia, contra las que no proceda recurso de acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento de dicho tribunal, serán revisables, a petición de parte, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el interés del negocio sea de $50,000.00 o mayor.’. Ahora bien, se estima oportuno traer al tema, el principio de suplencia de la queja, establecido en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, mismo que señala: (se transcribe). No obstante que la figura de suplencia de la queja se creó originalmente bajo la connotación de la existencia previa de un concepto de violación o agravio y la expresión de un razonamiento mínimo, lo cierto es que su evolución a la fecha ha llegado al grado de actualizarse incluso ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, verbigracia, en las materias penal, laboral, agraria y, tratándose de leyes declaradas inconstitucionales, donde se evidencia por demás la firme intención del legislador no sólo de proteger a la clase débil, sino también de hacer prevalecer el Estado de derecho, mediante el respeto de las garantías individuales. En relación a las figuras de la causa de pedir y la suplencia de la queja, la Segunda Sala del Tribunal Supremo Constitucional, aprobó la jurisprudencia 2a./J. 8/2007, que dice: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Lo hasta aquí expuesto lleva a encontrar similitudes entre las figuras de suplencia de la queja y causa de pedir, pudiendo destacarse que: Ambas corresponden a instituciones procesales en materia de amparo; comparten como objetivo el eliminar los obstáculos técnicos para abordar el análisis del acto reclamado; el fin perseguido de las dos figuras es lograr la pretensión del gobernado, como es el respeto de los derechos fundamentales. Ahora bien, es importante señalar que resalta como diferencia entre las figuras en comento, suplencia de la queja y causa de pedir, dada la evolución de la primera, anteriormente destacada: Mientras que la primera se puede actualizar, incluso ante la ausencia de conceptos de violación; en la segunda, (causa de pedir) debe expresarse el agravio o lesión que las consideraciones del fallo causan al gobernado y los motivos que la provocan. Así, las argumentaciones anteriores llevan a desestimar la solicitud de la autoridad recurrente en el presente recurso de revisión fiscal, ya que dada la narrativa expuesta, el principio de la causa de pedir sólo resulta aplicable a los peticionarios de garantías o recurrentes, dentro del juicio de amparo. Se arriba a la conclusión anterior, ya que la relación del proceso legislativo sobre reforma al artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal (actualmente 104-1B) donde se autorizó la creación de leyes, que contemplaran medios de defensa en los juicios donde se diera oportunidad a las autoridades de defender los asuntos donde existiera interés de la Federación, materializada mediante el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de sentencias emitidas por el Tribunal Fiscal de la Federación, evidencia la distinción hecha entre el juicio de garantías y el recurso de revisión fiscal. Se demuestra lo anterior claramente, porque desde antaño el legislador instituyó el juicio de garantías a favor de los particulares, a diferencia del medio de defensa que otorgó a las autoridades, por lo que resulta insostenible la aplicación de los principios que rigen en el juicio constitucional, en los recursos interpuestos por las autoridades para la defensa de los intereses de la Federación. En efecto, si constitucionalmente se autorizó la creación de medios de defensa para la autoridad, a fin de que los tribunales federales conocieran de asuntos en los que se vieran involucrados los intereses de la Federación, ello para conservar un equilibrio de defensa, entre particulares y autoridades, resulta insoslayable que se pretenda a favor de estas aplicar principios que rigen en el juicio constitucional. Lo anterior, cuando que tanto la suplencia como en la causa de pedir tienen como fin primordial preservar el Estado de derecho, mediante el respeto de las garantías individuales transgredidas precisamente por las autoridades, finalidad que no se podría aplicar a favor de estas últimas, si los actos cuestionados son emitidos por ellas mismas. Amén de lo señalado, no se puede considerar a la autoridad como una parte débil o desprotegida, si se toma en cuenta que es esta quien conforma la administración pública, y se encuentra constituida por funcionarios asesorados por un equipo técnico, peritos en derecho que están obligados a plantear una debida defensa, sin recurrir a principios como el de la causa de pedir, que ahora se pretende. Lo anterior se robustece, incluso con la prohibición de aplicar la suplencia de la queja a favor de las autoridades, según criterios del Máximo Tribunal de la Nación, como se advierte de la tesis aislada autorizada por el Pleno de este, consultable en la página 112, Tomo I, Primera Parte-1, Octava Época, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO DE LA AUTORIDAD, POR LO QUE SUS AGRAVIOS RESULTAN INOPERANTES SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe). Por tanto, dada la serie de argumentativas expuestas, se considera inaplicable la tesis del Tribunal Pleno, e igualmente, no se comparte la del homólogo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, identificada como VI.3o.A.63 A, que aborda la pretensión de la autoridad recurrente en cuanto a que le sea aplicable el principio de la causa de pedir, por lo que, en todo caso, procede la denuncia de contradicción de tesis. Consecuentemente, al ser infundados los agravios, y no poner de manifiesto la recurrente, que la resolución controvertida transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se impone confirmarla en los términos decretados por la juzgadora."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver la revisión fiscal 207/2001, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO. Una parte de los agravios que expone la autoridad recurrente son infundados, mientras que otra resulta sustancialmente fundada, como enseguida se precisa. Sostiene el inconforme que la Sala del conocimiento varió la litis en el juicio, en contravención al numeral 237 del Código Fiscal de la Federación, pues declaró la nulidad del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta de embargo y relación de bienes embargados de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, así como de la resolución negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, con base en la falta de notificación del oficio 15238, mediante el que se negó a la actora el pago del crédito fiscal en parcialidades, cuestión ajena al planteamiento hecho por la actora en la instancia inicial, pues la sujeto de impuestos impugnó la citada negativa ficta y ahí combatió única y exclusivamente los actos de ejecución del crédito fiscal a su cargo, no cuestiones diversas. Este agravio es infundado, pues si bien es cierto que en el recurso de revocación que interpuso la contribuyente combatió lo relativo al mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta de embargo y relación de bienes embargados de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, también lo es que la autoridad, al contestar la demanda inicial, expuso los fundamentos y motivos en que se apoyó la resolución negativa ficta y ahí introdujo lo que fue motivo de ampliación por parte de la contribuyente, precisamente lo expuesto en el segundo concepto de impugnación de dicha ampliación y que resultó el fundado para orientar el sentido de la resolución recurrida. Ahora bien, en términos del artículo 210, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la demanda de nulidad puede ampliarse cuando se impugne una negativa ficta, y de la fracción IV de dicho numeral se colige que también puede ampliarse el escrito inicial cuando, con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por el actor. Por otro lado, el artículo 215 del código que se comenta prevé que en caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoya. Del análisis de los dispositivos citados se desprende que puede ampliarse la demanda de nulidad cuando se trate de una negativa ficta y en la contestación a esa demanda se den los fundamentos y motivos de tal resolución, desde luego, a fin de controvertirlos. En esa tesitura, no se da la variación a la litis a que alude la recurrente, en tanto que los conceptos de impugnación que analizó la Sala del conocimiento, fueron los que se emitieron al ampliar la demanda en contra de los fundamentos y motivos de la negativa ficta, vertidos éstos en la contestación de la demanda. En otra parte de sus agravios, la autoridad inconforme refiere que en la sentencia que recurre la Sala Fiscal no tomó en cuenta los argumentos que expuso en el segundo punto de la contestación a la ampliación de la demanda, específicamente, los que se encuentran en las hojas tres, cuatro y cinco de ese escrito. Carece de razón la recurrente. Para mayor claridad, en lo que interesa, se transcribirán los argumentos que en la contestación a la ampliación de la demanda citó la autoridad exactora. (se transcribe). Ahora bien, según se desprende de la simple lectura de la resolución que se revisa, la Sala del conocimiento estimó que la contribuyente no desconoció que haya presentado las declaraciones correspondientes al periodo de enero a marzo de mil novecientos noventa y nueve, de modo que determinó la existencia del crédito fiscal ********** autodeterminado y que, por ende, no podía exigirse la notificación de una resolución determinante; además, adujo que si bien en la contestación a la ampliación de demanda se acompañó el oficio 15238 y su citatorio, mediante el cual, según la autoridad, negó a la entonces recurrente su solicitud de autorización para pagar en parcialidades, agregó que no era factible tomarlas en cuenta por haberlas ofrecido de manera extemporánea. De lo anterior se advierte que, contrario (sic) a lo expuesto por la autoridad inconforme, la Sala del conocimiento sí se ocupó de los argumentos sobre los que estima omitió pronunciarse, de ahí lo infundado del agravio que se analiza, y si bien pudiera decirse que no hizo una declaración puntual, lo cierto es que al reconocer la existencia del crédito, implícitamente responde a algunos de los puntos de la contestación, mientras que de lo relativo a la notificación del oficio en que se negó la autorización para pagar el crédito en parcialidades sí fue específica, en tanto adujo que esa prueba no podía tomarse en cuenta. Finalmente, el agravio al que se hará referencia más adelante resulta sustancialmente fundado, aunque para ello sea menester acudir a la teoría de la causa de pedir, en el entendido de que no implica suplencia de queja deficiente, sino comprensión de los planteamientos que se expresan en los motivos de inconformidad y la verdadera finalidad que se persigue con su exposición, de modo que devendría inequitativo que esta teoría se aplique sólo a los gobernados en los juicios de garantías, y no a las autoridades cuando acuden a la revisión fiscal. La recurrente dice: (se transcribe). Por su parte, la Sala Fiscal estimó que la autoridad demandada no notificó al contribuyente el oficio mediante el cual negó la solicitud de autorización para pagar en parcialidades los adeudos autodeterminados, razón por la cual declaró la nulidad del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta de embargo y relación de bienes embargados, así como de la resolución negativa ficta impugnada. De la anterior transcripción se desprende que la recurrente sostiene que cuando se está en presencia de una autodeterminación de impuestos, la emisión de una resolución determinante resulta innecesaria, pues en ese caso es el propio contribuyente quien fija el impuesto en cantidad líquida. Como se dijo, con base en la causa de pedir, puede concluirse que si no es necesaria una resolución determinante del tributo cuando es el contribuyente quien lo fija, menos lo es la notificación de la resolución que decide si se acepta o no el pago de crédito en parcialidades, en tanto que la exigibilidad del crédito no pende de la notificación del acuerdo que autoriza su pago diferido, sino que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes tienen la carga de determinarse los impuestos a su cargo, de manera que, en tratándose de un crédito fiscal autodeterminado, no es necesaria la notificación de la respuesta que niegue o acepte su pago en parcialidades para que sea procedente su cobro, ya que su exigibilidad deriva del reconocimiento de la existencia de ese débito, y no de la negativa u omisión de respuesta a un pretendido pago diferido, razón por la que, se repite, basta que el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23064-2b7aca54/agravios-en-la-revision-fiscal-basta-con-expresar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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