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Modo: Corpus Pro

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA DOMICILIARIA. ES INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA VISITA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2010. · Registro digital (IUS): 22648
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 763.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias, para ello, se transcriben, en lo conducente, a continuación:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el veintiocho de abril de dos mil diez, la revisión fiscal 37/2010, sostuvo:

"SEXTO. Son infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente. En la sentencia recurrida la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al analizar de manera oficiosa la fundamentación de la competencia material de la autoridad para imponer la sanción contenida en aquélla, conforme a lo cual estimó lo siguiente: Que la autoridad no fundó debidamente su competencia material, dado que si bien había citado como fundamento los artículos 9o., último párrafo, el 18, primer párrafo, apartado A, fracción II, penúltimo párrafo, en relación con el artículo 16, fracción XXII, segundo y penúltimo párrafos, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, dichos numerales disponen que las administraciones locales únicamente están facultadas para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia, siendo imprescindible que citara la competencia material de la autoridad emisora para aplicar las disposiciones, cuya infracción originó la imposición de la multa. Que para fundamentar debidamente la competencia de la autoridad emisora de la resolución, se debieron precisar exhaustivamente los dispositivos reglamentarios que contemplan la competencia material de las administraciones locales de auditoría, para ejercer las facultades relacionadas con las disposiciones fiscales que prevén la infracción sancionada en concreto. Que si en el caso se impuso multa por una infracción relacionada con el ejercicio de las facultades de comprobación, por el motivo de que el contribuyente no proporcionó la documentación e información requerida dentro de la práctica de la visita domiciliaria, facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; entonces, se debieron citar los dispositivos legales de donde se desprenda su competencia material para practicar visitas domiciliarias y revisar la contabilidad del contribuyente, con el propósito de comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Frente a lo anterior, la autoridad recurrente aduce, en síntesis, que la resolución recurrida contraviene lo dispuesto por los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que indebidamente declaró la nulidad de la resolución determinante contenida en el oficio 324-SAT-28-I-V1-04097, bajo el argumento de que la autoridad emisora no invocó en el cuerpo de la misma, los preceptos legales de los que se desprende su competencia material para ejercer facultades para practicar visitas domiciliarias y revisar la contabilidad del contribuyente, con el propósito de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y con ello acreditar su competencia material para imponer una multa por infracción a dicha obligación. Agrega, que en la resolución determinante combatida, el administrador local de Auditoría Fiscal de Tampico, señaló los fundamentos legales de los que se desprende su competencia material para emitir dicha determinación, pues al efecto citó los artículos 9o., último párrafo, 18, primer párrafo, apartado A, fracción II y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 16, fracción XXII, segundo y penúltimo párrafos, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, de los que se advierte que la autoridad mencionada tiene expresamente la facultad de imponer sanciones. Añade, que en el caso concreto debe considerarse que la resolución combatida en el juicio de origen, consistió en una sanción impuesta a la actora por no proporcionar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, por lo que la accionante infringió lo dispuesto en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, haciéndose acreedora a la sanción prevista en el diverso 86, fracción I, del mismo cuerpo normativo; de lo que se desprende la competencia material de la Administración Local de Auditoría de Tampico, para practicar visitas domiciliarias y revisar la contabilidad del contribuyente, con el propósito de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin que se encuentre obligada a señalar el dispositivo legal que la faculta para la práctica de dicha diligencia, dado que tal fundamentación, necesariamente tiene que estar contenida en el requerimiento u orden respectiva que se emitió ello. Por tanto, aducen las recurrentes que con la correlación de los artículos 7, fracciones VII, XII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, reformada por decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres; 2, primero y tercer párrafos, 9 último párrafo; 18 primer párrafo, apartado A, fracción II; y penúltimo párrafo; en relación con el artículo 16, fracción XXII; segundo y penúltimo párrafos y 37, párrafo primero, apartado A, fracción LIV y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco; reformado y modificado mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial el doce de mayo y veintiocho de noviembre de dos mil seis, respectivamente, y artículo primero, segundo párrafo, fracción LIV, del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 2005, y modificado mediante acuerdo publicado en el mismo órgano oficial el 24 de mayo de 2006, así como en los artículos 33, último párrafo y 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para emitir la resolución determinante impugnada, cumplió con lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Es infundado el agravio resumido, pues contrario a lo manifestado por la autoridad recurrente, la determinación de la Sala a quo de declarar la nulidad lisa y llana de la resolución determinante impugnada, ante la insuficiente fundamentación de la competencia material de la autoridad demandada, se estima objetivamente correcta, toda vez que tal y como lo estableció, la disposición en que se apoyó la autoridad para emitir la multa, únicamente la faculta para imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales o aduaneras que rigen las materias de su competencia. En efecto, de las constancias que integran el juicio de nulidad de origen, se advierte que la resolución determinante número 324-SAT-28-I-V1-04097, de dos de agosto de dos mil siete, mediante la cual el administrador local de Auditoría Fiscal de Tampico, impuso a la contribuyente una multa, establece en lo conducente lo siguiente: ‘... Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, con sede en Tampico, Tamaulipas, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en relación con la visita que se le está practicando, al amparo de la orden de visita número IDF330000107, contenida en el oficio número 324-SAT-28-I-P-03710, del 19 de julio de 2007, girado por el suscrito a nombre de su representada, misma que fue notificada legalmente el 24 de julio de 2007, previo citatorio de fecha 23 de julio de 2007, a la **********, quien, ‘bajo protesta de decir verdad’, manifestó ser tercero y secretaria del contribuyente visitado **********, y debido que al inicio de la visita domiciliaria, no presentó al personal autorizado los libros y registros que formaban parte de su contabilidad, y que tenía obligación de presentar de inmediato, de conformidad con el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, lo cual se hizo constar en el acta de inicio, levantada el 24 de julio de 2007, a folios del IDF3300001/07-01-1, al IDF/3300001/07-01-8, sin que hasta la fecha de este oficio los haya presentado. En tal virtud, le es aplicable lo previsto en el último párrafo del oficio número 324-SAT-28-I-P-03710, citado en el primer párrafo de esta resolución; por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, fracciones VII, XII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 2, primero y tercer párrafos; 9o., último párrafo; 18 primer párrafo, apartado A, fracción II; y penúltimo párrafo; en relación con el artículo 16, fracción XXII; segundo y penúltimo párrafos, y 37 párrafo primero, apartado A, fracción LIV y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2005, y reformado y modificado mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial el 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006, respectivamente, y artículo primero, segundo párrafo, fracción LIV, del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 2005, y modificado mediante acuerdo publicado en el mismo órgano oficial el 24 de mayo de 2006, así como en los artículos 33, último párrafo, 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. En virtud de que el contribuyente visitado **********, infringió el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se hace acreedor a la imposición de la multa mínima establecida en el artículo 86, fracción I, del mismo ordenamiento, equivalente a la cantidad de ********** (capturar en clave 100013); que se determinó con fundamento en lo establecido en el artículo 17-A, sexto párrafo, del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción...’. Los artículos citados del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, reformado y modificado mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial el doce de mayo y veintiocho de noviembre de dos mil seis, disponen lo siguiente: ‘Artículo 9o. Los administradores generales y el titular de la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, además de las facultades que les confiere este reglamento, tendrán las siguientes: ... Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que se establece en el artículo 37 de este reglamento y ejercerán su competencia dentro de la circunscripción territorial que al efecto se determine en acuerdo correspondiente, con excepción de la facultad de notificar, la cual podrán ejercer en todo el territorio nacional. Asimismo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los actos jurídicos correspondientes.’. ‘Artículo 16. Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... XXII. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales o aduaneras que rigen las materias de su competencia, así como reducir dichas multas y aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la liquidación determinativa del crédito fisc

l, en términos del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación. Cuando la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, sus unidades administrativas centrales administraciones locales o subadministraciones que dependan de éstas, inicien facultades de comprobación respecto de un sujeto de su competencia que cambie de domicilio y se ubique en la circunscripción territorial de otra administración local, la autoridad que haya iniciado las facultades de comprobación continuará su ejercicio hasta su conclusión, incluyendo, en su caso, la emisión del oficio que determine un crédito fiscal, salvo que la unidad administrativa competente por virtud del nuevo domicilio fiscal notifique que continuará el ejercicio de las facultades de comprobación ya iniciadas’. ... administradores locales de auditoría fiscal. ‘Artículo 18. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda ejercer las facultades que a continuación se precisan: administraciones locales de auditoría fiscal: ... II. Las señaladas en las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII y XXXVII del artículo 16 de este reglamento’. De lo anteriormente transcrito, se constata que tal como lo sostiene la Sala, del contenido de los artículos 9o., último párrafo, 16, fracción XXII; segundo y penúltimo párrafos, 18, primer párrafo, apartado A, fracción II y penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, reformado y modificado mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial el doce de mayo y veintiocho de noviembre de dos mil seis, los cuales fueron citados por la autoridad sancionadora al momento de emitir la resolución impugnada, no se advierte que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, tenga competencia para imponer la sanción específica vinculada con las infracciones cometidas con relación a la obligación de exhibir los libros y registros que forman parte de su contabilidad. Lo anterior, ya que si bien es cierto que la fracción XXII del artículo 16 en comento, faculta a las administraciones locales de auditoría fiscal para imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales o aduaneras que rigen las materias de su competencia; también es verídico que esa atribución queda vinculada o supeditada a que la sanción derive del incumplimiento a una norma, que corresponde a la materia de la competencia de la propia autoridad, es decir, se impone una condición específica en dicha norma, que hace necesario justificar si se actúa dentro del ámbito competencial, lo que conlleva a fundamentar que se tienen tales atribuciones que se regulan en las normas legales infringidas. A mayor abundamiento, dicha porción normativa contiene una atribución genérica de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria cuya individualización se encuentra relacionada a la materia de la competencia de cada autoridad, que es la que precisamente concreta esa facultad sancionadora, pues ésta se encuentra sujeta a la satisfacción de esa exigencia; por ello, es que resulta indispensable que se invoque la porción normativa o la disposición que prevé en forma específica, cuál es la materia de la competencia de la autoridad administrativa, en este caso, de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, para que se dilucide si la infracción respectiva corresponde a la competencia material de la autoridad sancionadora, pues como se vio, esa es la condición que se establece para ello. Así es, la fracción XXII del artículo 16 del reglamento en consulta, es una norma que para su aplicación, debe ser complementada con otra disposición que precise que efectivamente en el caso se trata de una materia de la competencia de la autoridad fiscal que funde su actuación en esa porción normativa, siendo necesario para cumplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, que en el texto mismo de la resolución que contiene la multa, concurra la cita de ambos preceptos legales, esto es, tanto el genérico (fracción XXII del invocado artículo 16), como el específico que señale cuál es la materia de la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, pues de esa manera se concreta la atribución genérica y se convierte en específica, y delimita que ello no es competencia de otra unidad que pueda tener ese tipo de atribuciones. Por esas razones, se estima ineficaz el argumento en el que se aduce que la autoridad sancionadora no tenía la obligación de citar, en el documento determinante, la norma que contempla su facultad para verificar a los contribuyentes el cumplimiento de las disposiciones tributarias que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que para imponer la sanción de referencia, no se encontraba obligada a señalar el dispositivo que la facultara para practicar visitas para tal efecto, dado que ello sería requisito de la orden de visita domiciliaria para revisar la contabilidad del contribuyente, no de la resolución en la que se imponen las sanciones por las infracciones detectadas en el desarrollo de la visita. Lo anterior es así, pues aun cuando en el caso se trató de la fundamentación de la competencia en la imposición de la sanción, no debe perderse de vista, que la vinculación de la norma que prevé la facultad específica ejercida, de la que derivó precisamente la sanción, es necesaria para delimitar que es competencia de esa autoridad en concreto la determinación de multas en materia de comprobantes fiscales, por ello debe invocarse la norma que contempla la facultad de ejercer esa atribución en esta materia específica, pues con tal cita se individualiza la atribución genérica sancionadora que se concede. Sin que en la especie, tal exigencia implique fundar una facultad distinta a la ejercida; pues tal necesidad obedece a que la norma indicada como fundamento de la sanción, es genérica para diversas autoridades del Servicio de Administración Tributaria y las delimita en cuanto a su competencia, o la materia en que la ejercen, por lo cual, resulta indispensable que ese dato quede relacionado con los fundamentos invocados, a fin de que no quede duda de que se trata de la autoridad que en realidad es competente. De ahí que se estima inexacto lo aducido por la recurrente, en el sentido de que no era indispensable que se invocara la porción normativa que contempla la facultad de comprobación ejercida; pues, se reitera la que fue invocada como fundamento de la sanción, contempla una facultad genérica de imponerla, que se individualiza de acuerdo con la competencia de cada unidad administrativa, por lo que sí es indispensable vincular esos fundamentos. En otro aspecto, contrario a lo que señala la autoridad recurrente, no se considera suficiente para tener por acreditada debidamente la competencia material de la autoridad emisora del acto de molestia, el que se haya invocado el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, dado que éste se refiere a las atribuciones genéricas de las autoridades fiscales, de practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías; mas no precisa que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, sea competente para ejercer dicha atribución específica. Tampoco es óbice para lo expuesto, el argumento en el sentido de que en la orden de visita previa, se invocaron los artículos que prevén que las administraciones locales de auditoría fiscal, son competentes practicar visitas domiciliarias con el fin de verificar el cumplimiento de las cargas tributarias, relacionadas con la exhibición de los elementos que conformen la contabilidad del contribuyente. Se estima lo anterior, ya que de acuerdo con los diversos criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la fundamentación de la competencia en los actos de autoridad, se colige que tal requisito debe quedar debidamente cubierto en cada acto que se emita, en su propio texto, con el fin de que se den a conocer al particular afectado los fundamentos que otorgan la facultad ejercida y pueda verificar si en realidad se trata de una autoridad competente, y no se le deje en estado de indefensión. Por consiguiente, si tal requisito debe quedar debidamente satisfecho en cada acto de autoridad, pues en ello no puede permitirse ambigüedades, es inconcuso que en el caso, debió cumplirse tal exigencia en el texto mismo de la multa, sin necesidad de que el particular deba remitirse a otro documento, pues sostener lo contrario sería trasladar la carga que corresponde a la autoridad, de cumplir a cabalidad con dichos requisito de legalidad, al particular a quien se encuentra dirigido el acto de molestia, extremo que jurídicamente no es aceptable. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 57/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.’. En consecuencia, se estima que se ajusta a derecho lo sostenido por la Sala, en el sentido de que de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-28-I-V1-04097, de dos de agosto de dos mil siete, se advierte que la autoridad fiscal omitió fundar debidamente su competencia material, al no desprenderse de los artículos que citó la facultad de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, para imponer la multa, pues los artículos citados por la autoridad tributaria no son suficientes para acreditar la materia concreta de su competencia, respecto de la cual ejerció sus facultades que la llevaron a imponer la multa controvertida, por ende, lo procedente es confirmar el fallo recurrido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 104 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 82 y 83 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorguen tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorgue la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.’. SÉPTIMO. En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio invocado por la recurrente en sus agravios, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis VI.3o.A.328 A, publicada en la página 3105 del Tomo XXX, septiembre de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA IMPONER MULTAS COMO RESULTADO DE UNA VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERARLA DEBIDAMENTE FUNDADA ES INNECESARIO QUE EN LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA SE REITEREN LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTAN A AQUÉLLA TANTO PARA EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN COMO PARA APLICAR SANCIONES, CITADOS AL ORDENAR LA REVISIÓN. Para considerar debidamente fundada la competencia material de la autoridad fiscal para imponer multas por infracción a las disposiciones tributarias como resultado de una visita domiciliaria, es innecesario que en la resolución sancionadora se reiteren los preceptos legales que la facultan tanto para ejercer sus facultades de comprobación como para aplicar sanciones, citados al ordenar la revisión, pues al demostrarse ante la Sala Fiscal que la orden de visita fue legalmente notificada al contribuyente, la falta de cita de dichas normas no la deja en estado de indefensión ya que siempre estuvo en condiciones de corroborar si la autoridad actuó dentro de su ámbito competencial, es decir, si se encontraba facultada para sancionarlo como resultado de la verificación de su situación fiscal, tal como concluyó la responsable al valorar conjuntamente tanto la orden, como el oficio de sanción.’. En tal virtud, al no compartirse el criterio anterior, instrúyase al secretario de tesis de este tribunal para que proceda al trámite correspondiente para hacer la denuncia de la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 234/2009, sostuvo, en lo medular lo siguiente:

"SÉPTIMO. Resultan ineficaces los conceptos de violación. En el segundo concepto de violación, la quejosa aduce que el considerando tercero de la sentencia reclamada viola las garantías de exacta aplicación de la ley, legalidad, seguridad jurídica y exhaustividad de las sentencias fiscales, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ello

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22648-02f4ed7b/fundamentacion-de-la-competencia-de-la-autoridad-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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