Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA NULIDAD POR INSUFICIENTE IDENTIFICACIÓN DEL VERIFICADOR EN EL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO, TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRÁNSITO, DEBE SER LISA Y LLANA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 371/2010. · Registro digital (IUS): 22684
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 747.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 371/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia fiscal en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que es uno de los órganos colegiados contendientes.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender al contenido de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. La ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, relativa a la revisión fiscal **********, revela los siguientes antecedentes:

1) El **********, personal de la Aduana de Matamoros, embargó el vehículo marca **********, tipo **********, modelo **********, por considerar que el mismo era de origen y procedencia extranjera y por no acreditar su legal estancia y tenencia en el país.

2) El **********, la Aduana de Matamoros, dictó resolución a través del oficio **********, en la que determinó un crédito fiscal a cargo del actor en cantidad de ********** por concepto de impuesto general de importación, IVA, multas y recargos.

3) El ********** la Administración Local Jurídica de Matamoros, dictó resolución en el recurso de revocación.

4) En contra de dicha resolución el actor promovió demanda de nulidad, de la que conoció la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el número de expediente ********** y dictó sentencia el ********** de **********, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de ********** de **********, que determinó un crédito fiscal a cargo del actor en cantidad de ********** y ordenó la devolución del vehículo embargado ya referido.

5) Inconforme con este fallo, la autoridad aduanera interpuso recurso de revisión fiscal del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con el número **********, quien dictó sentencia el ********** al tenor de las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son infundados los agravios expresados por la autoridad recurrente. Previo a su estudio, para una mejor comprensión del asunto, se considera necesario relatar algunos antecedentes de la sentencia recurrida, que se derivan del juicio de nulidad **********. Mediante escrito presentado el ********** demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de **********, dictada por la Administración Local Jurídica de Matamoros, Tamaulipas, al resolver el recurso de revocación número **********, en la cual dicha autoridad ordenaba a la Aduana de Matamoros reponer el procedimiento de fiscalización, a partir del levantamiento del acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera, y dejaba insubsistente la resolución contenida en el oficio **********, de **********. Entre los hechos que apoyaron su demanda, en lo conducente, señaló los siguientes: Que el **********, personal adscrito a la Aduana de Matamoros, levantó el acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera número **********, embargando un vehículo por considerar que era de origen y procedencia extranjera, y presuntamente no acreditar su legal estancia y tenencia en el país. Que posteriormente, el quince de diciembre siguiente, la misma autoridad, emitió la resolución contenida en el oficio **********, en la cual determinó en su contra un crédito fiscal por la cantidad de **********, moneda nacional. En el primero de sus conceptos de impugnación, el actor refirió que el acta de inicio del procedimiento ********** era ilegal, ya que la persona que la levantó no se identificó plenamente; violando en su perjuicio lo previsto en el artículo 16 constitucional en relación con el 38, fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación y el diverso numeral 150 de la Ley Aduanera. Agregó, además, que es incorrecto el actuar de la autoridad demandada al resolver el recurso de revocación ********** en el sentido de dejar sin efectos la resolución recurrida y ordenar reponer el procedimiento, sin advertir que lo anterior es materialmente imposible, en virtud de que por la propia naturaleza de la violación acaecida en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, no es susceptible de ser reparada, al no ser factible retrotraer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron inicio al levantamiento del acta. Por tanto -adujo-, lo que en la especie correspondía era declarar la nulidad lisa y llana, tanto de la resolución impugnada, como de la recurrida en la vía administrativa. Al contestar la demanda de nulidad, la autoridad demandada sostuvo la legalidad tanto de la resolución impugnada, como de la recurrida ante ella misma; y para esto manifestó, que la violación consistente en la indebida identificación del funcionario que diligenció el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, constituye una violación de procedimiento y, por ende, la misma es subsanable a través de la reposición del procedimiento administrativo. En la sentencia correspondiente, la Sala Fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas antes descritas, y ordenó la devolución del vehículo embargado por la autoridad demandada. Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso el presente recurso de revisión fiscal. En el primer agravio, la recurrente aduce, en síntesis, que la sentencia impugnada contraviene lo dispuesto en los artículos 50 y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al afectar el interés del fisco federal, ya que de manera ilegal la Sala responsable en el fallo que se recurre, determinó que la nulidad de la resolución determinante es lisa y llana, cuando en la especie, lo que procede es la nulidad para efectos; ello al actualizarse una violación formal al momento de levantarse el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Para ello refiere, que la falta de circunstanciación del nombre del titular que emitió la identificación del personal actuante, que levantó el acta de inicio, de conformidad con el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una omisión a los requisitos formales; y por tanto, lo que procede es declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución, según lo establece el diverso numeral 52, fracción IV, del mismo ordenamiento. Dichas manifestaciones devienen infundadas. Ello es así, porque contrariamente a lo alegado, fue correcto el actuar de la Sala de declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y no para efectos, porque en la especie, la autoridad actuó en contravención de lo que disponen los artículos 46 y 150 de la Ley Aduanera, lo que actualiza la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, en consecuencia, la nulidad decretada tiene su apoyo en lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, de la citada ley contenciosa administrativa. Para corroborar lo anterior, conviene transcribir el contenido literal de la parte que interesa de los citados numerales 46 y 150 de la Ley Aduanera, que literalmente dicen lo siguiente: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). ‘Artículo 150.’ (se transcribe). De los anteriores preceptos, se advierte que el procedimiento administrativo en materia aduanera inicia con el acta que levantan las autoridades aduaneras cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación, embargan precautoriamente mercancías. Asimismo, de dicho precepto se desprende que el acta de inicio debe contener, entre otros requisitos, la identificación de la autoridad que practica la diligencia. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal precisó que para que la autoridad aduanera cumpla debidamente con la obligación de circunstanciar las actas de inicio del procedimiento administrativo deberá hacer constar su debida identificación, describiendo el documento mediante el cual se identifica, así como el oficio que la autoriza a practicar la actuación respectiva. Para estos efectos -precisa nuestro Máximo Tribunal-, deberá asentar las fechas de expedición y de expiración de la credencial, el órgano de la dependencia que la emite, el nombre y el cargo de quien la expide, así como el de la persona a cuyo favor se otorga el documento con que se identifica; asimismo, la fecha de expedición del oficio u orden de verificación, el número que le corresponda, el órgano y el titular de la dependencia y el nombre del autorizado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 62/2006, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 277, Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice lo siguiente: ‘ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE PRACTICA LA DILIGENCIA RELATIVA.’ (se transcribe). Luego, al no ser hecho controvertido por la recurrente, que el personal actuante en el procedimiento administrativo en materia aduanera de origen, no circunstanció correctamente -según precisa la Sala del conocimiento-, la manera en que se identificó, en tanto que no señaló en el acta de inicio correspondiente, el nombre del funcionario que expidió la constancia de mérito, es inconcuso que tal eventualidad constituye una contravención a lo dispuesto en los transcritos numerales 46 y 150 de la Ley Aduanera, en su parte conducente. Para determinar la trascendencia que tiene el acta circunstanciada a que se refieren los numerales antes señalados conviene transcribir la parte que interesa de las consideraciones de la ejecutoria de contradicción de tesis 157/2009 entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘...’ Como puede advertirse de la transcripción anterior, el artículo 46 de la Ley Aduanera prescribe que la autoridad hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, cualquier irregularidad que advierta con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta ley. Asimismo, se advierte que en la disposición en comento se determina que el acta o escrito referido en el párrafo anterior tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero. Ahora bien, y toda vez que en el artículo 46 de la Ley Aduanera se determina que se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, cualquier irregularidad que advierta con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se desarrolla en las líneas siguientes qué debe entenderse por despacho aduanero, así como la naturaleza de los actos que lo componen, para lo cual se transcribe el artículo 35 de la Ley Aduanera: ... De la norma transcrita se advierte que el legislador estableció que para efectos de la Ley Aduanera, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. ... Los antecedentes relatados permiten traer a cuenta la definición de despacho que proporciona el glosario de términos aduaneros internacional de la Organización Mundial de Aduanas, de la que México es parte. Conforme a dicho glosario, el despacho es ‘el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para poner las mercancías importadas a la libre disposición o colocarlas bajo otro régimen aduanero, o también para exportar mercancías.’. De lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que el despacho aduanero está constituido por un conjunto de actos y formalidades que deben observarse, por disposición legal, para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Ahora bien, determinado lo anterior, debe destacarse que con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad que regula la entrada y salida de productos del país, así como para realizar los demás actos de fiscalización, el propio legislador ha establecido una secuencia lógica de pasos que deben darse para liberar la mercancía que se presenta en aduana, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos de la Ley Aduanera que a continuación se transcriben: ... Los preceptos transcritos permiten afirmar que el despacho aduanero se integra por un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional o su salida del mismo, el cual se lleva a cabo en la aduana por parte de las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. ... Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, se entregarán éstas de inmediato. Dicho reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los conceptos especificados en el artículo 44 de la ley en comento. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que el despacho de las mercancías, el reconocimiento aduanero, el segundo reconocimiento o la verificación de mercancías en transporte, constituyen una sucesión de actos concatenados entre sí que se ejecutan observando diversas formalidades, tales como presentar los pedimentos en las formas oficiales y acompañados de la documentación respectiva, entre otros, que tienen como propósito verificar el cumplimiento de la normatividad que rige en materia de comercio exterior y culminar un procedimiento para, por una parte, liberar la mercancía presentada ante las aduanas, o bien, por otra, embargar precautoriamente esa mercancía, al detectarse irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, esto último, como lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 43 de la Ley Aduanera. Ahora bien, el acta o el escrito a que se refiere el artículo 46 de la Ley Aduanera que deben elaborarse cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, deberán contener los hechos u omisiones advertidos, las irregularidades que se observen del dictamen aduanero y cualquier irregularidad de la que se tenga conocimiento, como se advierte del texto de esa disposición: ... Esa acta o escrito no constituyen actos de privación o resoluciones definitivas que afecten al particular por sí mismos, pero tienen la finalidad de aportar elementos a la autoridad aduanera para liberar la mercancía presentada, o bien, para embargar precautoriamente esa mercancía, esto último al detectarse, precisamente, las irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, como ha quedado asentado con antelación, lo que se corrobora, además, con el texto de los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera: ...’. De las consideraciones anteriores derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2009, sustentada por referida la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 178, Tomo XXX, agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice lo siguiente: -‘RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA EN EL ACTA O ESCRITO EN EL QUE SE ASIENTAN LOS HECHOS, OMISIONES O IRREGULARIDADES, CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL DESPACHO DE MERCANCÍAS, DE ESE RECONOCIMIENTO, DEL SEGUNDO QUE SE REALICE, O DE LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE.’ (se transcribe). Del texto de las consideraciones de la ejecutoria antes transcrita se destaca lo siguiente: Que el artículo 46 de la Ley Aduanera prescribe que la autoridad hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, cualquier irregularidad que advierta con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de la referida ley. Que esa acta deberá contener los hechos u omisiones observados en la verificación, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero. Que por despacho aduanero debe entenderse el conjunto de actos y formalidades que deben observarse por disposición legal, para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional; y para su desarrollo, el propio legislador ha establecido una secuencia lógica de pasos, de tal manera que si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero, el segundo reconocimiento, la verificación de mercancías en transporte o en general, en el ejercicio de las facultades de comprobación, que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, se entregarán éstas de inmediato. Que por ello, el acta a que se refiere el artículo 46 de la Ley Aduanera debe elaborarse en el momento en que las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación, detecten alguna irregularidad, y contendrá los hechos u omisiones advertidos. Las premisas antes destacadas ponen de manifiesto que el procedimiento administrativo en materia aduanera está constituido por una serie de actos, todos de naturaleza circunstancial, tanto es así, que el acta de inicio correspondiente debe elaborarse en el momento en que las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación, detecten alguna irregularidad. En consecuencia, si la ilegalidad determinada por la Sala Fiscal del conocimiento se presenta en el origen del procedimiento aduanero de referencia, precisamente en el que se hace constar un presupuesto previo y necesario para su desarrollo, como lo es la identificación de la autoridad, es inconcuso que por la propia naturaleza del procedimiento, esa violación no es susceptible de ser reparada, al no ser posible retrotraer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron inicio al levantamiento del acta. Así, si el procedimiento que da origen a la resolución impugnada se emitió en contravención a las disposiciones legales aplicables, al haberse dejado de cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en los referidos numerales 46 y 150 de la Ley Aduanera, debe estimarse actualizada la causal de ilegalidad establecida en el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debiendo en el caso, aplicarse la fracción II, del numeral 52, de la citada ley contenciosa administrativa. Así es, y para corroborar lo antes expresado, conviene transcribir la parte que interesa de los numerales 51 y 52, ambos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que literalmente dicen lo siguiente: ‘Artículo 51.’ (se transcribe). ‘Artículo 52.’ (se transcribe). De los textos normativos antes transcritos se desprende lo siguiente: Del que aparece en primer orden, se advierte que la resolución es ilegal, si se dictó en contravención a las disposiciones legales aplicables. Del que aparece en segundo orden, se advierte que el sentido de la sentencia puede ser reconociendo la validez de la resolución impugnada o decretando su nulidad, la cual puede ser con o sin efectos y, en su caso, precisar un especial modo de actuar de la autoridad como consecuencia de la declaratoria de nulidad. Respecto de la nulidad a la cual no es susceptible de imprimirle ningún efecto ni un proceder adicional por parte de la autoridad demandada, la práctica jurisdiccional la ha dado en llamar lisa y llana o absoluta y está prevista en la fracción II, del transcrito numeral 52 de la ley contenciosa en cita. Dicha nulidad -según ha precisado nuestro Máximo Tribunal-, puede decretarse cuando acaece un vicio durante el procedimiento de mérito, sin que exista posibilidad de emitir una nueva resolución al haberse extinguido ya las circunstancias que dieron origen a las facultades de la autoridad. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis P. XXXIV/2007 sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página 26, Tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice lo siguiente: ‘NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN.’ (se transcribe). De ahí que -como previamente se destacó-, si la ilegalidad determinada por la Sala Fiscal del conocimiento se presentó en el origen del procedimiento aduanero de referencia, precisamente en la parte en que se hace constar un presupuesto previo y necesario para su desarrollo, como lo es la identificación de la autoridad, es inconcuso que por la propia naturaleza del procedimiento de origen, no es susceptible de ser reparada, al no ser posible retrotraer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron inicio al levantamiento del acta, considerándose por ello, esencialmente correcto el proceder de la Sala Fiscal, al decretar la nulidad lisa y llana, con fundamento en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y por ende, infundados los agravios en estudio. ..."

II. La ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, relativa a la revisión fiscal **********, refiere lo siguiente:

1) Con fecha ********** personal de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, suscribió acta de inicio de procedimiento aduanero, con motivo del embargo del vehículo marca **********, tipo, modelo **********, propiedad de **********, por tratarse de un auto de procedencia extranjera que no acreditó su legal estancia en el país.

2) El ********** la Aduana de Matamoros, dictó resolución, a través del oficio **********.

3) El **********, la Administración Local Jurídica de Matamoros, emitió resolución en el recurso de revocación **********.

4) En contra de esta resolución dictada en el recurso de revocación, la actora promovió demanda de nulidad, de la que conoció la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el número de expediente **********, quien dictó sentencia **********, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio de fecha **********, que resuelve el recurso de revocación.

5) Inconforme con este fallo, la autoridad aduanera interpuso recurso de revisión fiscal, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con el número **********, y dictó sentencia el **********, en los siguientes términos.

"SEXTO. Antes de dar respuesta a los agravios que anteceden, es pertinente señalar el siguiente cuadro procesal. En el caso, la sentencia recurrida la constituye la dictada por la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declara la nulidad de la resolución impugnada, contenida en el oficio ********** de **********, emitida por el Administrador Local Jurídico de Matamoros, a través del cual resolvió el recurso de revocación promovido por la actora, contra el oficio **********, de **********, de la Aduana de Matamoros. El sentido de la sentencia de nulidad se sostuvo, al estimar que del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de **********, se advierte que la autoridad aduanera incumplió con lo previsto en el numeral 150, fracción I, de la Ley Aduanera, toda vez que la funcionaria que diligenció la referida actuación, omitió precisar el nombre del funcionario que expidió la constancia con la que se identificó, así como la fecha en que ésta fue emitida. Por lo tanto, concluye la Sala Fiscal, la resolución impugnada no puede surtir sus efectos legales ante el vicio formal de referencia, lo que determina su nulidad al afectarse las garantías del particular; sin que obste para ello, dice, lo expuesto por la defensa de las demandadas en el sentido de que la indebida identificación de la funcionaria que diligenció el acta de inicio del procedimiento aduanero, constituye una violación subsanable a través de la reposición del procedimiento administrativo, toda vez que en la jurisprudencia 2a./J. 17/93 se establece que cuando exista indebida identificación de los visitadores la notificación es para efectos. Así, la Sala determinó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al actualizarse la causa de ilegalidad contenida en las fracciones II y III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 52, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, sin que sea factible ordenar la reposición del procedimiento administrativo en materia aduanera, en vista a que es materialmente imposible que una vez subsanadas las violaciones cometidas, dicha autoridad aduanera emita una nueva acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera y continúe con él, al no ser factible retrotraer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron inicio al levantamiento de dicha acta, en lo concerniente a las personas y mercancía objeto del procedimiento administrativo. Frente a lo así determinado, la autoridad recurrente afirma, en principio, que la Sala Fiscal incurrió en una indebida aplicación de lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Que lo anterior es así, pues si la Sala Fiscal no resolvió el juicio con base en el estudio de una cuestión de fondo, entonces no tenía porqué declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio, ya que esto genera un total beneficio al particular. En efecto, manifiesta que el vicio en que incurrió su representada constituye una violación formal que se originó al momento que se elaboró el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, consistente en la insuficiente circunstanciación respecto de la identificación de la funcionaria que llevó a cabo el levantamiento del acta de inicio del indicado procedimiento; en consecuencia, afirma, es procedente que la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, reponga el procedimiento para el efecto de que haga constar su debida identificación; en ello radicará dicha reposición, siendo los mismos hechos e irregularidades que no sufrirán ningún cambio en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera que al efecto se levante; por lo que procedía que se decretara una nulidad para efectos, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 51 de la referida ley tributaria, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está constreñido a declarar la nulidad, para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución. Citó como apoyo a lo anterior, los criterios que identific

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22684-338b4536/juicio-contencioso-administrativo-la-nulidad-por-insuficiente-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.