ACLARACIÓN DE SENTENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 435/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo número 164/2010 el cinco de noviembre de dos mil diez, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. La demanda de amparo fue promovida extemporáneamente en relación con la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, en la parte que no fue objeto de aclaración. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación de la sentencia reclamada. En el caso, la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, fue notificada el diecinueve de dicho mes y año, por lo que en términos del artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, surtió sus efectos el día hábil siguiente, y el plazo para presentar la demanda de garantías en su contra, transcurrió del veintitrés de noviembre al once de diciembre del mencionado año, sin considerar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve del primer mes citado, ni el cinco y seis de diciembre, por haber correspondido a sábados y domingos, por ende, inhábiles conforme a lo estatuido en el normativo 23, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Empero, la demanda de garantías fue presentada ante la autoridad responsable hasta el dieciséis de febrero de dos mil diez, después de notificada la resolución aclaratoria de sentencia. Es decir, fue extemporánea la promoción del juicio de garantías contra la sentencia definitiva en la parte que no fue objeto de aclaración; lo que revela el consentimiento de los considerandos de la sentencia reclamada, que no fueron parte de la solicitud de aclaración, lo que incluye el de las normas ahí aplicadas. Conviene explicar que la parte de la sentencia definitiva que no fue sometida a aclaración se entiende consentida tácitamente, en virtud de que esa institución procesal no tiene el carácter de recurso, pues no puede modificar, revocar o nulificar la decisión de la Sala Fiscal, sino únicamente hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, subsanar omisiones y corregir errores o defectos. Es decir, como la aclaración de sentencia no es un recurso, en consecuencia, su tramitación no afecta la definitividad de la sentencia reclamada, pues el sentido del fallo deviene inalterable con la aclaración. Por lo que, en caso de inconformidad con el sentido de esa sentencia por virtud de sus consideraciones y las disposiciones normativas aplicadas, la agraviada estaba obligada a promover el amparo directo dentro del plazo que establece el artículo 21 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 149/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.’ (se transcribe). En el caso, como se vio, el plazo de presentación de la demanda de garantías concluyó el once de diciembre de dos mil nueve, es decir, mientras estaba en trámite la aclaración de sentencia, que fue solicitada por escrito presentado el tres de diciembre de dicho año, ante la Sala Regional del Caribe (foja 949); la que fue resuelta hasta el doce de enero de dos mil diez. Por tanto, la sociedad quejosa estaba obligada a promover el amparo directo contra la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, a pesar de estar pendiente de resolución su aclaración; pero al no haberlo hecho dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia; en consecuencia, respecto de dicho acto reclamado, en la parte que no fue objeto de aclaración, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XII, del mismo ordenamiento. Por ende, con fundamento en el normativo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías promovido contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, en la parte que no fue objeto de aclaración, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número 698/08-20-01-4. No es óbice a lo considerado, que el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su parte final, establezca que la interposición de la aclaración de sentencia interrumpe el término para su impugnación; pues tal disposición no comprende al juicio de amparo, sino a los medios de defensa establecidos en la ley ordinaria, es decir, únicamente los previstos en la citada legislación para el juicio contencioso administrativo, específicamente el recurso de revisión fiscal. En efecto, conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho ordenamiento únicamente rige a los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, la interrupción del plazo a que alude el numeral 54, parte final, de la misma legislación, debe entenderse, respecto de los términos previstos para la interposición de los medios de impugnación que el propio cuerpo legal dispone para el juicio contencioso administrativo federal. Luego, dicho ordenamiento en su normativo 63, establece el término de quince días para la interposición del recurso de revisión fiscal contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad; razón por la cual, ése es el lapso susceptible de interrupción con motivo de la aclaración de sentencia. En cambio, como el término para la promoción del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva emitida en un juicio de nulidad, no está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en consecuencia, su artículo 54 no tiene el alcance jurídico de regirlo y, por ende, poder interrumpirlo. Es decir, la interrupción del término para impugnar una sentencia definitiva con motivo de su aclaración, no comprende el plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de garantías en la vía directa; máxime que la ley de la materia, específicamente su numeral 22, es el que establece sus propias excepciones a la temporalidad requerida para instar el juicio de garantías sin remitir a otros ordenamientos legales. QUINTO. La demanda de amparo fue promovida oportunamente contra la resolución aclaratoria de sentencia de doce de enero de dos mil diez y la parte aclarada de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, dictadas por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el expediente número 698/08-20-01-4. Lo anterior, en razón de que la resolución aclaratoria se notificó a la parte quejosa el veintidós de enero de dos mil diez y surtió efectos el día hábil siguiente, por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de enero al diecisiete de febrero del citado anuario, sin considerar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno del primer mes citado, así como el seis, siete, trece y catorce del segundo mes indicado, por corresponder a sábados y domingos, por tanto, inhábiles, al igual que el cinco de febrero, acorde a lo dispuesto por los artículos 23, párrafo primero, de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como también el uno de febrero, conforme a lo estatuido en el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, como la demanda fue presentada en la oficialía de partes de la Sala responsable el dieciséis de febrero del año en curso, es claro que se hizo oportunamente. Esto es, la demanda de amparo directo fue promovida dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución de la aclaración de la sentencia definitiva. Ello, como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 36/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y cinco, del Tomo XXVIII, correspondiente al mes de octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: ‘SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO.’ (se transcribe). Sin embargo, conviene señalar que la aludida oportunidad opera exclusivamente por la resolución aclaratoria y la parte sujeta a aclaración de la sentencia definitiva; habida cuenta que ambas constituyen un todo, debido a que aquélla forma parte de ésta y la jurisprudencia indica tener como fin, que los gobernados no queden en estado de indefensión ante una sentencia oscura, confusa o contradictoria, sino que puedan impugnar las irregularidades cometidas tanto en la sentencia como en la resolución de su aclaración, y con ello, que se administre justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Carta Magna. Es decir, esa posibilidad de impugnación no opera en relación con la totalidad de la sentencia reclamada, sino únicamente en la parte oscura, confusa o contradictoria, sujeta a aclaración, así como también respecto de la propia resolución aclaratoria; lo cual se dilucida con claridad al imponerse del contenido de la ejecutoria pronunciada en la contradicción de tesis número 169/2007-PS, de la cual derivó dicha jurisprudencia; en cuya parte de interés (página 33), se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la oportunidad de promover el amparo directo después de resuelta la aclaración de sentencia, obedece a que la resolución aclaratoria puede generar nuevos agravios que no se cometieron en la sentencia, o bien, cambiar el perjuicio que se causa a la parte afectada. Por ende, se entiende que la jurisprudencia 1a./J. 36/2008 acota la oportunidad de la promoción de la demanda de amparo directo, únicamente contra la resolución aclaratoria y se hace extensiva esa posibilidad respecto de la sentencia reclamada, pero únicamente en su parte aclarada, que es aquella en la que el gobernado está en estado de indefensión por su oscuridad, confusión o contradicción. De lo contrario, esto es, de considerar que la jurisprudencia 1a./J. 36/2008 permite que la parte quejosa pueda, a través del amparo directo, impugnar la totalidad de la sentencia definitiva hasta después de que se emita su resolución aclaratoria; se llegaría al absurdo de dejar en manos de los justiciables el plazo para promover el juicio de amparo, lo cual, fue denegado expresamente en la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 12/2005-PL, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 149/2005; en la que además, el Tribunal Pleno destacó que la demanda de garantías debe interponerse en el término que establece la ley de la materia; esto, como se puede corroborar de la lectura a las páginas cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, del tenor siguiente: (se transcribe). Consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedó ratificada al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 01/2006-PL, en cuya parte relativa, esencialmente dilucidó que no es potestativo para el quejoso promover o no el amparo directo contra la sentencia definitiva, mientras está en trámite la aclaración de sentencia, sino que es obligatorio; ello como se puede constatar de la lectura a las páginas cuarenta y cuarenta y uno, del tenor siguiente: (se transcribe). Luego, en el caso, la quejosa promovió el amparo directo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución aclaratoria de la sentencia definitiva; de ahí que por tal acto y la parte aclarada de la sentencia definitiva, el juicio de garantías es oportuno. SEXTO. Respecto de la resolución aclaratoria de doce de enero de dos mil diez y la parte aclarada de la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, dictadas por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número 698/08-20-01-4; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 166, fracción VI, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; en virtud de que la sociedad quejosa omitió expresar conceptos de violación contra tales determinaciones reclamadas. En efecto, la aclaración no fue promovida en relación con las consideraciones de dicha sentencia definitiva, en la que la Sala Regional del Caribe, declaró inoperantes e infundados los conceptos de anulación; sino que fue solicitada exclusivamente en torno a la parte final de la sentencia, en la que la mencionada responsable decidió reconocer no sólo la validez de la resolución impugnada, sino también la de la recurrida en la instancia administrativa. Aclaración que la Sala Fiscal declaró procedente y fundada, porque el reconocimiento de validez respecto de la resolución primigenia, constituyó una ambigüedad, pues ello no fue demandado por la actora, debido a que la autoridad hacendaria ya había dejado insubsistente esa resolución contenida en el oficio 324-SAT-23-I-3A-2954 de veintinueve de agosto de dos mil siete, por vicios de forma. Por tanto, la aclaración fue en el sentido de concluir que el reconocimiento de validez y legalidad únicamente aconteció respecto de la resolución impugnada, consistente en la contenida en el oficio número 600-54-2008-1333 de veintiuno de mayo de dos mil ocho, emitida por el administrador local jurídico de Cancún, Quintana Roo, en el recurso de revocación número RL00249/2007; que dejó insubsistente la aludida resolución primigenia dictada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Cancún, en la que impuso a la contribuyente un crédito fiscal por la suma de ********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos, actualizaciones y multas; determinado tras la revisión de gabinete efectuada por el periodo del siete de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Empero, la quejosa omitió expresar conceptos de violación tanto contra esa determinación como contra la parte aclarada de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve; a fin de controvertirlas como un todo, dado el sentido desfavorable de la sentencia reclamada, una vez aclarada. En efecto, la lectura de los conceptos de violación expresados en la demanda, revela que la peticionaria se dedicó a impugnar la constitucionalidad de los artículos 7o., fracción XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 42, primer párrafo, fracción II y 48, ambos del Código Fiscal de la Federación, aplicados en el procedimiento de revisión de gabinete del que derivó la resolución determinante primigenia; al igual que los considerandos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo sexto, décimo noveno y vigésimo primero, de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el expediente número 698/08-20-01-4. Sin embargo, respecto de esas consideraciones y disposiciones impugnadas, como se dijo, fue improcedente el juicio de amparo directo, por extemporáneo. De manera que, por exclusión, contra la parte aclarada de la sentencia definitiva y la resolución aclaratoria, no existe concepto de violación, ni opera la suplencia de la deficiencia de la queja; debido que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 76 Bis, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo, pues en el caso no se advierte la aplicación de algún precepto declarado inconstitucional por el Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ni la violación manifiesta de la ley que haya dejado a la peticionaria en estado de indefensión. En consecuencia, como la quejosa no cumple con el requisito elemental de formular conceptos de violación contra la resolución aclaratoria y la parte aclarada de la sentencia definitiva reclamada, apreciadas como un todo; tal cual lo estatuye el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo deviene improcedente en términos de dicho precepto interpretado en sentido contrario en relación con el normativo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número ciento setenta y siete, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página ciento trece, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGARLO.’ (se transcribe)."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo número 621/2008-I el veinticinco de febrero de dos mil nueve, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. La demanda en cuestión se promovió dentro del término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia reclamada se notificó a la empresa moral quejosa, el dos de septiembre de dos mil ocho, y la demanda se interpuso (sic) en tiempo el tres de noviembre siguiente, ya que la agraviada promovió aclaración de sentencia el dieciocho de septiembre de la mencionada anualidad, por lo que de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el término para su impugnación se interrumpió hasta el diez de octubre de ese año, en que se le notificó la improcedencia de la aclaración de mérito; momento en el cual la sentencia adquirió definitividad, empezando a correr el término al día siguiente para su objeción a través del juicio de garantías; descontándose el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil ocho, por ser inhábiles. El artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en cita, dispone lo siguiente: ‘Artículo 54.’ (se transcribe). Para el caso que nos ocupa, es importante destacar de su contenido, que de manera categórica establece que la aclaración de sentencia interrumpe el término para la impugnación de la sentencia, así como que dicha figura procesal puede interponerse dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la aclaración de sentencia es la institución procesal creada en beneficio de los gobernados; la cual forma parte integrante de la propia sentencia, constituyendo ambas un todo; motivo por el que el plazo para promover el juicio de amparo empieza a transcurrir después de que se notifica la resolución aclaratoria; ello con el fin de que los gobernados se encuentren en aptitud de impugnar las irregularidades cometidas, tanto en la sentencia como en la resolución de la aclaración, independientemente de la materia sobre la cual versó esta determinación; así, el amparo promovido contra la sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes a la notificación de la aclaración, no es extemporáneo. Dicho razonamiento se encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 36/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 355, que dice: ‘SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO.’ (se transcribe). Pues bien, de las constancias que conforman el expediente 2344/07-18-01-5 se advierte que la sentencia reclamada fue dictada el once de agosto de dos mil ocho, y notificada al actor, aquí quejoso, el dos de septiembre de ese mismo año; asimismo aparece que fue aclarado de oficio, el fallo principal, por la Sala Fiscal mediante acuerdo del ocho de septiembre de esa misma anualidad, en cuyo reverso se asentó sello del envío por correo de esa determinación, al actor, del tres de octubre de ese mismo año. Por su parte, el mencionado contribuyente interpuso aclaración de sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil ocho (dentro de los diez días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la sentencia); la cual se desechó por auto del veinticuatro de ese mismo mes, debido a que con antelación, como ya se dijo, la Sala Fiscal aclaró de oficio la sentencia, por las mismas razones invocadas por el actor; el que se le notificó hasta el diez de octubre de ese mismo año. Así las cosas, y tomando en cuenta que la interposición de la aclaración de sentencia se realizó en tiempo, el término para promover el amparo se suspendió, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hasta el diez de octubre de dos mil ocho, en que se notificó a la quejosa la resolución de su aclaración; la cual, si bien fue en sentido negativo, ello no es obstáculo para que el término no deba suspenderse, pues no existe disposición legal que así lo determine, ni la aclaración resultó extemporánea; máxime que al momento de su interposición, la quejosa desconocía la existencia de la invocada de oficio por la Sala, la cual, además fue procedente por razones idénticas a las propuestas por la promovente. De ahí, que si la demanda de amparo se promovió dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución que recayó a su aclaración, esto es, el tres de noviembre de dos mil ocho, debe concluirse que la demanda de amparo se interpuso en tiempo. (se transcribe). SÉPTIMO. En principio debe destacarse que como el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil ocho aclaró la sentencia reclamada, ello no constituye una resolución aislada o independiente de aquella en la que se efectuó el pronunciamiento de fondo, pues su papel se encuentra delimitado por el contenido de la resolución que constituye su materia, por lo que dicho auto forma parte de ese fallo, motivo por el cual el estudio de ambos debe hacerse de manera conjunta. Así, los conceptos de violación alegados por la quejosa son fundados. Dichos motivos de inconformidad en síntesis los hizo consistir la impetrante de amparo en los siguientes: (se transcribe)."
Asimismo, es oportuno precisar que de la ejecutoria anterior, derivó la tesis aislada que a continuación se reproduce:
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLA CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE INTERRUMPE AL PROMOVERSE OPORTUNAMENTE LA ACLARACIÓN DE ÉSTAS, AUN CUANDO LA SALA FISCAL LA DESECHE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 36/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 355, de rubro: ‘SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO.’, sostiene que el plazo para acudir al juicio de garantías contra una sentencia que ante la autoridad responsable está sujeta a aclaración, empieza a transcurrir después de notificada la resolución aclaratoria correspondiente. Acorde con esa conclusión y conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el plazo para interponer la demanda de amparo directo contra las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se interrumpe al promoverse oportunamente la aclaración de éstas -dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación-, aun cuando la Sala Fiscal la deseche."
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, tesis XIX.1o.A.C.41 A, página 1878).
QUINTO. Para determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima indispensable hacer una síntesis de los aspectos más relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados, cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios:
I. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el amparo directo 164/2010, el cinco de noviembre de dos mil diez, consideró lo siguiente:
El amparo directo fue promovido en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un juicio de nulidad. Dicha sentencia le fue notificada a la parte actora el diecinueve de noviembre de dos mil nueve.
En contra de esa resolución, por considerarla ambigua, la actora hizo valer la aclaración de sentencia el tres de diciembre de dos mil nueve. Dicha aclaración de sentencia fue resuelta el doce de enero de dos mil diez, y fue notificada el veintidós de enero del mismo año, en el sentido de "confirmar" la resolución.
El Tribunal Colegiado estimó importante precisar los actos reclamados a fin de establecer su existencia (sic) y verificar la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías y, dijo, que lo hacía conforme a las jurisprudencias P./J. 149/2005, de rubro: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN." y la 1a./J. 36/2008, de rubro: "SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO."
Al respecto, precisó que los actos reclamados consistían en: 1) la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil nueve, en la parte que no fue objeto de aclaración; y, 2) la resolución aclaratoria de sentencia de doce de enero de dos mil diez; y, la parte que fue aclarada de la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, que en conjunto forman un todo.
Una vez precisados los actos reclamados, el órgano colegiado se pronunció respecto de la temporalidad en la presentación de la demanda de amparo directo.
Es el caso que dicho órgano colegiado estimó que la demanda de amparo fue extemporánea, en relación con la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve en la parte que no fue objeto de aclaración. Lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo que prevé el plazo de quince días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación de la sentencia. Explicó el tribunal que fue extemporánea la promoción del juicio de amparo en contra de la sentencia en la parte que no fue objeto de aclaración, y que ello implicó el consentimiento de los considerandos de la sentencia que no fueron parte de la solicitud de aclaración.
Al respecto destacó que la aclaración de sentencia no es un recurso y, en consecuencia, su tramitación no afecta la definitividad de la sentencia reclamada, pues el sentido del fallo deviene inalterable con la aclaración. Por tanto, la agraviada -dijo el tribunal- estaba obligada a promover el amparo directo dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 21 de la ley de la materia, e invocó la jurisprudencia del Pleno 149/2005, de rubro: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN."
Concluyó que la quejosa estaba obligada a promover el amparo directo contra la sentencia de tres de noviembre a pesar de estar pendiente de resolución la aclaración de sentencia, y al no haberlo promovido dentro del plazo previsto en el citado artículo 21 de la Ley de Amparo, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la ley citada, en la parte que no fue objeto de aclaración. Luego explicó que no era óbice lo que dispone el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23012-9f258a2e/aclaracion-de-sentencia-prevista-por-el-articulo-54 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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