DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL APOYADA EN ÉL, CUMPLE CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CUANDO FUNDA Y MOTIVA EL MÉTODO EMPLEADO, SIN QUE BASTE QUE LA AUTORIDAD SE REMITA A CANTIDADES PRECISADAS POR EL CONTADOR EN EL DICTAMEN O QUE TRANSCRIBA PARTE DE ÉSTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 449/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, es decir, uno de los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO. Ante todo, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante estima divergentes.
En ese sentido, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** el amparo directo ********** consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:
"NOVENO. En cuanto a los tópicos de legalidad, resulta importante señalar que la parte quejosa expone en el primer concepto de violación, los siguientes argumentos: a) Que las premisas de fundamentación y motivación que prevé el artículo 16 constitucional, no pueden colmarse con un dictamen elaborado por un contador público registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque a la autoridad fiscal correspondía establecer el procedimiento que sirvió de base para determinar la cantidad que se dice omitida respecto del impuesto al activo correspondiente al **********, en virtud de que sólo se limitó a transcribir el monto de la cantidad descrita en el referido dictamen, sin exponer alguna consideración sobre el particular. b) Que no está obligado el contador público autorizado a expresar en el dictamen las razones o los fundamentos del sistema que empleó para concluir sobre el monto que se dice omitió enterar la contribuyente respecto del impuesto al activo, pues de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Fundamental, corresponde a la autoridad fiscal fundar y motivar la imposición del crédito fiscal, no a los particulares o terceros auxiliares como es el contador público autorizado. Los planteamientos reseñados resultan esencialmente fundados para conceder la protección constitucional a la parte quejosa, atento a las siguientes consideraciones: En principio, cabe destacar que uno de los motivos por los que se impuso el crédito fiscal fue que la contribuyente no pagó la cantidad de ********** por concepto del impuesto al activo del **********, que según aparece reflejado en el índice ********** dentro del rubro de relación de contribuciones por pagar en el dictamen que al respecto elaboró el contador público autorizado **********. Para mayor ilustración, conviene reproducir de nueva cuenta la parte considerativa de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, en la que se hizo referencia a la omisión en el pago del impuesto al activo del **********: (se transcribió). Ahora bien, los artículos 32-A, 42, fracción IV y 52 del Código Fiscal de la Federación establecen: ‘Artículo 32-A. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 42. ... IV. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 52. ...’ (se transcribió). En relación estrecha con los numerales transcritos, conviene señalar que los artículos 52 y 54 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación disponen: ‘Artículo 52. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 54. ...’ (se transcribió). El examen de las disposiciones tributarias evidencia que el dictamen elaborado por un contador público registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituye una opinión técnica rendida en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre dos particulares (el causante y el contador), que no obliga a la autoridad fiscal porque no son resoluciones provenientes de órganos de la administración que encarnen la voluntad de dicha autoridad, es decir, son estudios de un auxiliar de la administración que no está investido de función pública alguna, que permiten al contribuyente conocer con exactitud su situación contable y fiscal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CXXIX/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, que dice: ‘DICTAMEN DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. SU NATURALEZA JURÍDICA.’ (se transcribió). Además, se desprende de las disposiciones transcritas que el dictamen para el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente en materia tributaria, de ninguna forma implica el ejercicio de la facultad revisora del Estado, puesto que está reservada exclusivamente a la autoridad fiscal, en virtud de que el dictamen se encuentra sujeto a la respectiva revisión, por lo que el contador público autorizado no es un órgano de la administración pública federal al que puedan delegarse las atribuciones conferidas a la autoridad fiscal, debido a que su actuación es útil para auxiliar tanto a los contribuyentes como a las autoridades hacendarias, pero no sustituye a éstas en cualquiera de las obligaciones impuestas en la Constitución Federal o en las leyes ordinarias. Por su parte, es conveniente puntualizar que el artículo 16, párrafo primero, constitucional establece: ‘Artículo 16. ...’ (se transcribió). El precepto legal transcrito consagra la garantía de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al llevar a cabo sus actos, lo cual, de una correcta interpretación, debe entenderse, primero, por fundamentación, que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; en otras palabras, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, segundo, por motivación del acto de autoridad, indicar las circunstancias y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En síntesis, para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, por regla general, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia número 260, visible en la página ciento setenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribió). De igual forma, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación dispone: ‘Artículo 38. ...’ (se transcribió). La disposición transcrita prevé los requisitos que deben cumplir los actos administrativos que emitan las autoridades fiscales, entre otros, el de fundamentación y motivación, en el que se exprese el objeto o propósito de aquéllos. De esa manera, los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, establecen los requisitos de fundamentación y motivación que deben cumplir las autoridades en la emisión de los actos de molestia, de tal suerte que si bien el dictamen elaborado por contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permite tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal conocer con exactitud la situación contable y fiscal del primero, no llega al extremo de que las autoridades al imponer un crédito fiscal por omisiones que se hayan advertido en el dictamen transcriban sólo cantidades de impuestos que se dicen omitidos, sin explicar de dónde derivó ese monto en la resolución que dicten, porque como acertadamente lo aduce la quejosa los requisitos esenciales de fundamentación y motivación deben colmarse en el acto de molestia por la autoridad exactora. En otras palabras, la circunstancia de que el contador público concluya, después de revisar los estados contables y fiscales de la contribuyente, que ésta omitió el pago de una determinada contribución en cantidad líquida, no excluye a la autoridad hacendaria de exponer en la resolución con la que culmine la facultad de comprobación las operaciones o datos que fueron empleados para obtener la cantidad líquida, pues tiene la atribución de revisar las conclusiones establecidas en los dictámenes elaborados por contadores públicos, avalando o rechazándolas por inexactas o incompletas; de ahí que la garantía constitucional de legalidad prevista en el artículo 16, párrafo primero, no se cumple cuando la autoridad fiscal sólo hace referencia a que el contribuyente omitió cumplir con el pago de una contribución en cantidad líquida de acuerdo con un dictamen de contador público autorizado, sin razonar si el monto es correcto, así como las operaciones necesarias que sirvieron de base para obtenerlo, máxime si en el dictamen de mérito no se realiza ninguna anotación de cómo se obtuvo el numerario que se dice omitido de pago. Lo expuesto parte de la idea de que el contribuyente en realidad sí conoce su situación fiscal mediante el dictamen elaborado por el contador público, incluso, en la especie, la quejosa conocía el monto del impuesto al activo del ********** que se dice omitido, empero no debe de perderse de vista que este resultado en sólo (sic) una opinión técnica que, sin duda, para que sirva de pauta a la autoridad para imponer un crédito fiscal requiere que en el acto de molestia se funde y motive debidamente cómo surgió dicha cantidad, porque en caso contrario, al contribuyente no se le permitiría conocer el método utilizado para obtener el numerario exacto, en aras de que está en aptitud de combatirlo. En esas condiciones, es evidente que asiste razón a la parte quejosa en cuanto a la ausencia de fundamentación y motivación de cómo se obtuvo la suma de ********** que se dice omitió pagar atinente al impuesto al activo del **********, porque la autoridad fiscal sin citar en ese aspecto precepto alguno o el método o sistema utilizado para arribar a ese numerario, sólo transcribió el resultado del dictamen del contador público **********, en el que a propósito tampoco se describe cómo se llegó a la suma que describe en la resolución impugnada en el juicio de nulidad, lo que vulnera los artículos 16 constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación. De conformidad con las consideraciones precedentes, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que analice de nueva cuenta el primer concepto de anulación de la demanda de nulidad, sobre la base de las consideraciones expuestas en este considerando, así como los demás que se encuentren vinculados con el tópico del impuesto al activo, gozando para tal efecto de libertad de jurisdicción. En ese contexto, es ocioso examinar los conceptos de violación desarrollados en el ordinal segundo de la demanda de amparo respecto de la multa impuesta por la omisión en el pago del impuesto al activo, porque la procedencia de esa sanción depende estrechamente de lo que se defina en relación con el tributo en comento ..."
De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXII, octubre de 2005
"Tesis: I.8o.A.71 A
"Página: 2344
"DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. LAS AUTORIDADES FISCALES AL DETERMINAR UN CRÉDITO FISCAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, DEBEN EXPONER EL MÉTODO QUE EMPLEARON Y NO SÓLO TRANSCRIBIR EL MONTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO ADVIRTIÓ FUERON OMITIDAS. De los artículos 32-A, 42, fracción IV, 52, fracción II, y párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación se observa que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el citado numeral 32-A, están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del ordenamiento en comento sus estados financieros por contador público autorizado; que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, y que, las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios. De lo anterior, se advierte que el dictamen para el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente en materia tributaria, de ninguna forma implica el ejercicio de la facultad revisora del Estado, puesto que está reservada exclusivamente a la autoridad fiscal, en virtud de que el dictamen se encuentra sujeto a la respectiva revisión, por lo que el contador público autorizado no es un órgano de la administración pública federal al que puedan delegarse las atribuciones conferidas a la autoridad fiscal, debido a que su actuación es útil para auxiliar tanto a los contribuyentes como a las autoridades hacendarias, pero no sustituye a éstas en cualquiera de las obligaciones impuestas en la Constitución Federal o en las leyes ordinarias. En este sentido, la circunstancia de que el contador público concluya después de revisar los estados contables y fiscales del contribuyente que éste omitió el pago de una determinada contribución en cantidad líquida, no excluye a la autoridad fiscal de exponer en la resolución con la que culmine la facultad de comprobación las operaciones o datos empleados para obtener la cantidad líquida, pues tiene la atribución de revisar las conclusiones establecidas en los dictámenes elaborados por contadores públicos, avalando o rechazándolas por inexactas o incompletas; además, no debe de perderse de vista que este resultado es sólo una opinión técnica que, sin duda, sirve de pauta a la autoridad para imponer un crédito fiscal, empero se requiere que ésta, en el acto de molestia, funde y motive debidamente cómo surgió dicha cantidad, porque en caso contrario, al contribuyente no se le permitiría conocer el método utilizado para obtener el numerario exacto, en aras de que esté en aptitud de combatirlo. De ahí que si bien el dictamen elaborado por contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permite tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal conocer con exactitud la situación contable y fiscal del primero, no llega al extremo de que las autoridades al determinar un crédito fiscal por omisiones que hayan advertido en el dictamen transcriban sólo cantidades de impuestos que se dicen omitidos, sin explicar de dónde derivó ese monto en la resolución que dicten, habida cuenta que los requisitos de fundamentación y motivación deben colmarse en el acto de molestia por la autoridad hacendaria.
"Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"Amparo directo **********. **********. **********. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el **********, por mayoría de votos, el amparo directo **********, sostuvo, en lo que interesa para el caso, lo siguiente:
"CUARTO. En orden diverso al propuesto, se atiende ahora el concepto de violación en el que la quejosa manifiesta que la Sala Fiscal inexactamente consideró que para la debida fundamentación y motivación de la determinación del impuesto sobre la renta omitido, así como de la multa impuesta, su actualización y recargos, bastó la información indicada en el dictamen de sus estados financieros y su confesión expresa, sin necesidad de que la fiscalizadora efectuara el cálculo del tributo en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ello, en virtud de que los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, únicamente tienen valor presuncional, pues admiten prueba en contrario; de ahí que para la plena certeza de la resolución determinante, la autoridad demandada en el juicio de nulidad, debió expresar los elementos considerados para la cuantificación del tributo a fin de no dejarlo en estado de indefensión y que pudiera constatar que su cálculo está ajustado a lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; aunado a que lo manifestado en el hecho primero de su demanda, al estar basado en una presunción, no significa que haya aceptado de manera cierta y verdadera la cantidad señalada por el contador público dictaminador. Dicho argumento de desacuerdo es infundado, ya que la presunción del dictamen de estados financieros de la contribuyente, generó certeza jurídica plena, precisamente por no haber sido destruida. En efecto, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, otorga un valor probatorio específico a los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contadores públicos, sobre los estados financieros de los contribuyentes; a saber, un valor presuncional, salvo prueba en contrario. De acuerdo con esa tasación, el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como lo dispone su normativo 1o., señala que ese tipo de presunciones tienen valor probatorio pleno mientras no sean destruidas. En el caso, no consta que exista prueba que contradiga los hechos expuestos por el auditor en el dictamen de referencia. Por tanto, es claro que en el juicio contencioso administrativo del que emana la sentencia reclamada, los hechos contenidos en el aludido documento, efectivamente adquirieron pleno valor probatorio, entre ellos, el monto del impuesto sobre la renta del **********, pendiente de pagar (foja 64), cuyo importe fue reconocido expresamente en el hecho primero de la demanda de nulidad (foja 2), inclusive fue aceptado por la actora como una situación cierta, tanto es así, que intentó pagar ese adeudo en parcialidades, sin discutir su cuantificación. De ahí que el procedimiento de cálculo de dicho tributo no fue ajeno al conocimiento de la sociedad contribuyente, pues además, legalmente se le considera autora del aludido dictamen contable, en términos del artículo 203, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, en virtud de que fue elaborado por cuenta de la aquí quejosa. Sin que obste a lo anterior, que el aludido dictamen emitido por el contador público autorizado no implique el ejercicio de la facultad revisora de la fiscalizadora y como tal, no sea un acto de autoridad, que pueda formar parte de la resolución determinante; habida cuenta que las conclusiones del aludido profesionista, tras ser sometidas a comprobación, pueden ser confirmadas o desvirtuadas por la fiscalizadora. Así, cuando la autoridad fiscal corrobora de manera tácita o expresa la veracidad de los hechos contenidos en el dictamen, específicamente la omisión de pago de un tributo, tal documento tiene pleno valor probatorio y conforme al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, puede servir para motivar la resolución determinante, como ocurrió en el caso particular. En cambio, si del resultado de la revisión del dictamen de estados financieros, la autoridad hacendaria desvirtúa los hechos expuestos por el contador autorizado en torno a la omisión de pago del gravamen; en consecuencia, la fiscalizadora estará obligada a precisar en la resolución determinante la forma en que llegó a esa conclusión y para tal efecto, explicar el procedimiento de cálculo, a fin de cumplir con la garantía de fundamentación y motivación. Sin embargo, en la especie existió conformidad de las partes con el resultado del dictamen de estados financieros, por ende, la autoridad fiscal no estaba obligada a exponer en la resolución determinante, las operaciones efectuadas en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer el tributo relativo omitido, sino que en esas circunstancias, válidamente pudo tomar en cuenta la conclusión del contador público autorizado, en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. En este orden de ideas, al estar suficientemente fundado y motivado el monto del impuesto sobre la renta de **********, que la fiscalizadora consideró omitido, es inconcuso que las cantidades correspondientes a su actualización, a los recargos y a la multa de fondo, al tener como base el importe de ese tributo; por ese solo motivo, no carecen de esos requisitos de seguridad jurídica. En virtud de lo resuelto por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en relación con este concepto de violación, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de criterios, con el del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que al resolver por unanimidad el amparo directo ********** de su índice, sustentó la tesis I.8o.A.71 A, difundida en la página dos mil trescientos cuarenta y cuatro del Tomo XXII, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. LAS AUTORIDADES FISCALES AL DETERMINAR UN CRÉDITO FISCAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, DEBEN EXPONER EL MÉTODO QUE EMPLEARON Y NO SÓLO TRANSCRIBIR EL MONTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO ADVIRTIÓ FUERON OMITIDAS.’ (se transcribió). Lo anterior, en atención a que este órgano colegiado considera que para la emisión de un crédito fiscal, con motivo de la omisión de pago de un tributo, es innecesario que la autoridad fiscalizadora explique fundada y motivadamente el procedimiento de cuantificación del impuesto, únicamente cuando emplea la conclusión contenida en el dictamen de estados financieros de la contribuyente, que previamente revisó y avaló conforme a sus facultades de comprobación. Lo cual, al parecer pugna con lo decidido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuanto dilucidó que en todo caso, la autoridad fiscal debe exponer en la resolución determinante, las operaciones empleadas para obtener la cantidad líquida del impuesto omitido, independientemente de que tras ejercer sus facultades de comprobación, haya avalado las conclusiones contenidas en el dictamen de estados financieros emitido por el contador público autorizado ..."
CUARTO. Precisado lo anterior, es pertinente significar que no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, la circunstancia de que ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes haya integrado jurisprudencia, ni que el de uno de los tribunales no haya sido expuesto formalmente como tesis, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.
Tampoco lo es el hecho de que uno de los criterios haya sido emitido por mayoría de votos, puesto que los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idóneas para la existencia de la contradicción de tesis.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 y 2a./J. 147/2008, del Tribunal en Pleno y de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a continuación se identifican y transcriben:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo tesis que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVIII, octubre de 2008
"Tesis: 2a./J. 147/2008
"Página: 444
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS. Los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idóneas para la existencia de contradicción de tesis."
QUINTO. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues eso constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer.
Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22856-174b4202/dictamen-de-estados-financieros-la-resolucion-determinante-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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