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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RESPECTO DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS ANTES DEL 1o. DE ENERO DE 2006, EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RELATIVA DEBE TRAMITARSE CON APOYO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2010. · Registro digital (IUS): 22817
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 493.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el trece de febrero de dos mil ocho el juicio de amparo directo 13/2008, promovido por **********, negó la protección federal a la referida quejosa, al desestimar por infundados los conceptos de violación que formuló y, en la parte que interesa, estableció:

"SEXTO. Los conceptos de violación expresados son infundados, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

"La quejosa estima que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad y debida aplicación de la ley, tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de los artículos 50, 52 y cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque:

"1. En contravención al artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad administrativa excedió el plazo de cuatro meses que establece este dispositivo para dictar resolución, una vez que se declaró la nulidad para efectos del requerimiento de pago primeramente impugnado, en cumplimiento a la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil, en el juicio fiscal **********, lo cual es inexacto e ilegal, en violación de las garantías constitucionales, ya que el mencionado precepto 52 prevé que si la autoridad administrativa no dicta resolución en el mencionado término precluye su derecho para hacerlo, siendo perfectamente aplicable al caso de mérito, ya que el requerimiento fue notificado el dieciséis de marzo de dos mil seis, es decir, estando en vigor la citada ley, por lo que cuando ya no estaba en trámite el juicio contencioso administrativo, que fue concluido por sentencia firme el veinticinco de mayo de dos mil cinco, por lo que al veintisiete de marzo de dos mil seis, cuando se notificó el requerimiento con el que se pretende cumplimentar la sentencia, transcurrió en exceso dicho plazo, y por efectos de la preclusión señalada la autoridad administrativa ya no podía hacerlo.

"2. En el juicio anterior eran de aplicarse hasta su total resolución las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, lo cual aconteció al dictarse la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil, pero aquellas disposiciones ya no tienen vigencia para aplicar y computar el plazo para emitir el nuevo requerimiento, toda vez que se trata de una nueva resolución dictada y notificada en el mes de marzo de dos mil seis, es decir, cuando ya había precluido en su totalidad el juicio anterior y estaba en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Lo anterior es inexacto.

"Efectivamente, los artículos primero y cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen:

"‘Primero. La presente ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero del 2006.’

"‘Cuarto. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.’

"De lo transcrito se colige que los asuntos que estaban en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al entrar en vigor la ley en comento, deben apoyarse hasta su total resolución en las disposiciones legales vigentes en el momento de la presentación de la demanda.

"Por otro lado, si bien es cierto que no pasa desapercibido que el escrito inicial del juicio contencioso administrativo se presentó el cinco de junio de dos mil seis, de la lectura de ésta se colige que se impugna una resolución emitida en cumplimiento de un diverso juicio de nulidad, en el cual se dictó sentencia el veinticinco de mayo de dos mil, es decir, el trámite del asunto inició antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y, por ende, por lo que hace al término para su cumplimiento, así como las consecuencias por hacerlo fuera de éste, tiene que atenderse al contenido de los preceptos del Código Fiscal de la Federación en vigor antes del uno de enero de dos mil seis, es decir, cuando la impugnación se presentó por primera vez y no cuando se combatió la resolución derivada de dicha inconformidad.

"Efectivamente, si la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo número **********, fue emitida en cumplimiento a la nulidad para efectos declarada en el diverso **********, el veinticinco de mayo de dos mil, antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es inconcuso que la autoridad administrativa estaba obligada legalmente a acatar dicha sentencia en términos de lo establecido en las normas vigentes al momento en que se declaró dicha nulidad."

La ejecutoria antes transcrita originó la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"PRECLUSIÓN DE LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PARA EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SUS ACTOS. ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, RESPECTO DE LOS JUICIOS DE NULIDAD QUE SE INICIARON, SUSTANCIARON Y FALLARON CON FUNDAMENTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. En términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si la autoridad demandada cuyo acto se declaró nulo no dicta una nueva resolución definitiva en el término de cuatro meses, precluye su facultad para hacerlo. Sin embargo, esta disposición es inaplicable cuando el juicio de nulidad a través del cual se nulificó el actuar de la autoridad se inició, sustanció y falló con base en lo previsto en el Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005. Ello es así, porque el referido código no establecía tal consecuencia y, por tanto, ese proceder implicaría la aplicación de disposiciones normativas diferentes a las que dieron lugar al dictado jurisdiccional, por más que éste se hubiera pronunciado estando en vigor la citada ley." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Materia(s): Administrativa, Tomo XXVII, marzo de 2008, tesis I.7o.A.555 A. IUS: 170057, página 1793).

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo directo DA. 43/2010, en sesión de siete de mayo de dos mil diez, sostuvo un criterio similar al adoptado por el Séptimo Tribunal Colegiado de la indicada materia y circuito, al resolver el amparo directo 13/2008. En efecto, de la ejecutoria relativa al amparo directo DA. 43/2010, se desprende que el órgano jurisdiccional aludido al inicio de este apartado, determinó negar el amparo a la parte quejosa, **********, apoyándose en los siguientes elementos:

"SÉPTIMO. Una vez precisado lo anterior, a continuación se analizarán los conceptos de violación que formula la parte quejosa:

"...

"En el segundo concepto de violación, la parte quejosa hace valer que la sentencia objeto de estudio viola lo dispuesto en los artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo, constitucionales, en relación con el diverso 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Que lo anterior es así, en virtud de que la Sala Fiscal aprecia indebidamente el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de diciembre de dos mil cinco.

"En el mismo sentido, señala que la demanda de nulidad se promovió durante la vigencia del título IV del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, la hipótesis que expresamente prevé el legislador en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en cuanto a que los juicios que se promuevan antes de la entrada en vigor de la nueva ley se tramitarán hasta su total resolución con el Código Fiscal de la Federación, se configura en el momento en que la sentencia que dicta quedó firme, lo que tuvo verificativo el dieciséis de febrero de dos mil siete (fecha en que este órgano colegiado resolvió desechar el recurso de revisión fiscal **********).

"Que en atención a lo anterior, la autoridad encargada de dar cumplimiento a la ejecutoria antes mencionada, debía sujetarse a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que entró en vigor el uno de enero de dos mil seis.

"Además, refiere que indebidamente la Sala Fiscal estableció que el plazo y sanción contenidas en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sólo se aplicarán a los juicios iniciados a partir del uno de enero de dos mil seis, dado que la citada ley no establece expresamente esa determinación; sino que otorga la posibilidad de aplicar sus disposiciones a todos los asuntos, limitando su aplicación a los juicios que iniciaron su trámite antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

"Aunado a lo expuesto, la quejosa aduce que incorrectamente la Sala responsable estableció que las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo incluidas las que rigen la forma y los plazos para el cumplimiento de las sentencias definitivas son aplicables para los juicios iniciados a partir del uno de enero de dos mil seis; lo anterior, porque omite indicar el fundamento que precise que la total resolución de un juicio incluye la forma y plazo de su cumplimiento.

"A fin de robustecer sus argumentos, la parte quejosa explica el concepto de ejecución de sentencia, que se trata de un fenómeno complementario, puesto que la ejecución hace posible la actualización del derecho objetivo declarado en la sentencia; en esos términos, dice la quejosa, no se puede considerar que la resolución del juicio comprenda el cumplimiento de la sentencia, la cual constituye una cuestión complementaria al juicio.

"Que al analizar la exposición de motivos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se evidencia que la intención del legislador fue dar certeza en cuanto a la total resolución de los juicios, y para el debido cumplimiento de dicha resolución es clara su voluntad de incorporar un nuevo procedimiento para hacer más efectivo el acatamiento de los fallos.

"Los argumentos antes expuestos son infundados, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"En primer término, se debe tomar en cuenta que en relación con el tema sujeto a estudio, en el considerando sexto de la sentencia reclamada, la Sala Fiscal resolvió declarar infundado el primer concepto de nulidad, en el que se propuso que el requerimiento de pago impugnado, se debió emitir dentro del plazo de cuatro meses que establece el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Lo anterior lo consideró así la Sala Fiscal, en virtud de que en términos del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las disposiciones de esa ley, incluidas las que rigen la forma y los plazos para el cumplimiento de las sentencias definitivas emitidas por el citado tribunal, únicamente son aplicables para los juicios iniciados a partir del uno de enero de dos mil seis.

"Así, la Sala del conocimiento estableció que si la demanda de nulidad se presentó en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas el veinte de junio de dos mil tres, resulta incuestionable que dicho juicio debía ser tramitado hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de la presentación de la demanda, es decir, en términos de lo dispuesto en el título VI del Código Fiscal de la Federación.

"Además, la responsable precisó que el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no era aplicable para el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinticinco de abril de dos mil seis, ni regía la emisión del requerimiento de pago impugnado.

"Con base en lo expuesto, la Sala Fiscal concluyó que en el juicio de nulidad del que deriva el presente juicio de amparo, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, por tanto, resulta irrelevante si se cumplió con la demanda fuera del plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo citado, dado que esa irregularidad no provoca la ilegalidad de la resolución dictada por la autoridad administrativa.

"...

"Una vez precisado lo anterior y a efecto de estar en aptitud de dar contestación a los argumentos en estudio, es procedente recordar los siguientes datos:

"A) Que la demanda de nulidad que dio origen al juicio de nulidad **********, fue presentada el veinte de junio de dos mil tres y se tramitó con base en el Código Fiscal de la Federación vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.

"El juicio de nulidad en comento se resolvió el veinticinco de abril de dos mil seis por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"B) En atención al sentido de la sentencia de nulidad, las autoridades demandadas promovieron recurso de revisión fiscal, que se turnó a este Tribunal Colegiado y se radicó con el expediente **********, y en sesión de dieciséis de febrero de dos mil siete se resolvió desecharlo.

"C) En cumplimiento a la anterior determinación, a través del oficio **********, de veintitrés de julio de dos mil siete, la Dirección de Garantías de la Tesorería de la Federación formuló el requerimiento de pago **********, por el que se reclama el pago de **********, relativo a las pólizas de fianza 2492-0528-065776 y 2492-0528-065777.

"D) El requerimiento de pago antes mencionado se impugnó a través de la demanda de nulidad del que deriva la presente ejecutoria, la cual se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el veinte de agosto de dos mil siete.

"Ahora bien, el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en lo conducente, establece lo siguiente:

"‘Artículo 239. La sentencia definitiva podrá:

"‘...

"‘Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código. ...’

"Por su parte, los artículos 52, primero, segundo y cuarto transitorios, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo que interesa, disponen lo que enseguida se menciona:

"‘Artículo 52. La sentencia definitiva podrá:

"‘...

"‘III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

"‘IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

"‘...

"‘Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme.

"‘...

"‘Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. ...’

"‘Primero. La presente ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero del 2006.’

"‘Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley se derogan el título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que las leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.’

"‘Cuarto. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.’

"De las disposiciones transcritas, se advierte que conforme al artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en la hipótesis de que con motivo de la emisión de una sentencia en el juicio contencioso administrativo federal, la autoridad quedaba obligada a realizar un acto determinado, debía hacerlo en un plazo de cuatro meses a partir de la declaración de firmeza de la resolución. La norma legislativa se limitaba a prever el término para acatar la determinación adoptada por las Salas Fiscales en sentencias ejecutoriadas, sin establecer alguna consecuencia legal por no emitir la resolución dentro del plazo mencionado.

"No obstante lo anterior, a través del decreto publicado el uno de diciembre de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que entró en vigor en toda la República a partir del uno de enero de dos mil seis (artículo primero transitorio) y derogó el título VI del Código Fiscal de la Federación, en concreto los artículos 197 a 263; de ahí que todas las remisiones hechas a esos numerales, debían entenderse efectuadas a la ley federal mencionada (artículo segundo transitorio).

"De la misma manera, conforme al artículo cuarto transitorio del decreto, los juicios que se encontraban en trámite en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debían sustanciarse hasta su total conclusión, en términos de las disposiciones legales vigentes al momento de la presentación de la demanda de anulación.

"En esa tesitura, debe recordarse que el veinte de junio de dos mil tres, esto es, durante la vigencia del Código Fiscal de la Federación, la quejosa promovió el juicio contencioso administrativo **********, por medio del cual combatió el requerimiento de pago **********, en el que solicitó la cantidad de **********, relativo a las pólizas de fianza 2492-0528-065776 y 2492-0528-065777.

"Por esa razón y de conformidad al artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la tramitación de ese juicio debía hacerse conforme al Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, por haberse presentado la demanda de anulación durante su vigencia.

"Lo anterior implica que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la intención del legislador no se limita a la sustanciación del procedimiento, sino que se hace extensivo hasta el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que debe tomarse en cuenta que, como en el caso, en el supuesto de que sea declarada la nulidad de la resolución impugnada por la parte actora en los juicios iniciados durante la vigencia del código tributario federal, la actuación se funda en su artículo 239 y, por ello, las disposiciones contenidas en el precepto deben ser observadas por la autoridad administrativa para el acatamiento del fallo anulatorio.

"Considerar lo contrario sería tanto como inobservar el texto de la norma transitoria mencionada y de esa forma, desacatar la intención del emisor de la norma jurídica, en cuanto a la aplicación del ordenamiento legal vigente al momento de presentación de la demanda de nulidad; acto con el que se surte la hipótesis de aplicación del ordenamiento correspondiente.

"En efecto, es incorrecta la interpretación que realiza la quejosa del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, pues si bien en él se establece que: ‘Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.’, la frase ‘total resolución’, contrario a lo que pretende la quejosa no puede ser entendida como hasta el dictado de la sentencia firme con la cual concluya el juicio de nulidad y que para la etapa de cumplimiento de esa sentencia, en caso de que se sustancie durante la vigencia de la nueva ley, ésta es la que deba regir. Pues en realidad dicha frase debe ser interpretada en el sentido de que los asuntos estén totalmente concluidos, es decir, que no exista actividad procesal alguna pendiente, pues para obtener una justa y adecuada solución debe atenderse a la legislación que regía al momento de ejercer la acción, determinación que, inclusive, es acorde con el principio de legalidad que emana del artículo 14 de la Constitución Federal, que reconoce el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador, quien dispuso que el nuevo cuerpo de leyes sólo opere hacia el futuro, restringiendo con su determinación cualquier aplicación retroactiva a sus postulados.

"En consecuencia, la responsable determinó correctamente que en el caso era aplicable el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en el cual, si bien es cierto que cuando con motivo de la anulación de un acto administrativo por la emisión de alguna sentencia, las demandadas estuvieran obligadas a realizar un acto, como el dictado de una resolución, la conducta debía realizarse en el término de cuatro meses, contados a partir de que la sentencia quedara firme; también resulta que la disposición no establecía como consecuencia del desacato la preclusión del derecho de la autoridad para emitir la nueva determinación, como lo prevé el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a excepción de los casos en que el particular, por razón de la sentencia, tenga derecho a que se emita resolución definitiva por la cual se le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le dé la posibilidad de obtenerlo; ordenamiento legislativo el último inaplicable al caso concreto.

"En resumen, el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo **********, por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaró la nulidad del requerimiento de pago **********, en el que solicitó la cantidad de **********, relativo a las pólizas de fianza 2492-0528-065776 y 2492-0528-065777, se regula conforme al artículo 239, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en tanto que durante su vigencia fue presentada la demanda de anulación, y porque la hipótesis de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ocurrió el veinte de agosto de dos mil siete, fecha de presentación de la demanda relacionada con el juicio contencioso administrativo **********, en el cual fue emitido el acto reclamado, y a su vez se impugnó el diverso requerimiento de pago contenido en el oficio **********, de veintitrés de julio de dos mil siete.

"En esa tesitura, válidamente puede arribarse a la conclusión de que la Sala aplicó correctamente el supuesto normativo previsto en el artículo 239, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco y, en consecuencia, determinar la inaplicabilidad de la hipótesis prevista en el numeral 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto a la preclusión del derecho de la autoridad administrativa para emitir la resolución en cumplimiento a la sentencia emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veinticinco de abril de dos mil seis, al resolver el juicio de nulidad **********.

"Similar criterio que este Tribunal Colegiado comparte ha sustentado el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página mil setecientos noventa y tres, Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil ocho, Novena Época, del tenor siguiente:

"‘PRECLUSIÓN DE LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PARA EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SUS ACTOS. ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, RESPECTO DE LOS JUICIOS DE NULIDAD QUE SE INICIARON, SUSTANCIARON Y FALLARON CON FUNDAMENTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.’ (se transcribe).

"Con base en lo antes expuesto, es procedente declarar infundado el segundo concepto de violación que propone la quejosa, dado que acertadamente la Sala Fiscal estableció que en el presente asunto es aplicable las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en relación con el cumplimiento de las sentencias de nulidad.

"Finalmente, cabe señalar que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado contenido en el criterio: ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RELATIVAS A SU CUMPLIMIENTO, SON APLICABLES A LOS ASUNTOS INDICADOS CON BASE EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX de junio de dos mil nueve, página mil ciento uno, Novena Época, por las razones que quedaron contenidas en la parte final del considerando que antecede.

"...

"En atención a lo anterior, al declararse en una parte infundados y en otra inoperantes los conceptos de violación analizados, con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 80 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en los términos y por las razones expuestas en el considerando último de esta ejecutoria."

Por otra parte, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 469/2008, que hizo valer **********, en sesión de veintiocho de enero de dos mil nueve, adoptó diverso criterio y, en lo que aquí interesa, determinó negar el amparo al referido quejoso, apoyándose en las consideraciones siguientes:

"OCTAVO. En su agravio el recurrente aduce medularmente que en la sentencia recurrida no se acató lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, al estimar, esencialmente, que se omitió el análisis del último concepto de violación del escrito inicial de demanda en el que se planteó la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en el acuerdo de siete de enero de dos mil ocho, en el que se impuso una multa al quejoso (dictado por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad **********), derivada de su indebida fundamentación y motivación. En el último concepto de violación, cuyo estudio se omitió, específicamente se sostuvo que el acto reclamado se basó en el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto que no resulta aplicable dado que el juicio de nulidad se inició con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley; el juicio debió regirse conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, en atención a lo preceptuado en el artículo cuarto tran

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22817-805da1ec/juicio-contencioso-administrativo-respecto-de-las-demandas-presentadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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