PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia corresponde a las materias laboral y administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios la formula la directora jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien señala que representó a las autoridades demandadas de ese instituto en los procedimientos contenciosos administrativos de los que derivaron los juicios de amparo en los que se sustentaron los posibles criterios antagónicos. Aclara que su participación en aquellos juicios fue en su denominación anterior como subdirectora general jurídica, situación que fue confirmada por la presidenta de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al desahogar el requerimiento realizado por el presidente de esta Segunda Sala.
Ahora bien, conviene resaltar que con motivo de la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, que abrogó el diverso publicado el seis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, la indicada unidad administrativa central denominada Subdirección General Jurídica ya no existe en el organigrama del referido instituto, siendo que sus funciones de defensa en relación con este último se le atribuyeron a la Dirección Jurídica.(1)
En mérito de lo anterior, esta Sala considera que la directora jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, homóloga de la otrora unidad administrativa central Subdirección General Jurídica, a quien se le reconoció su personalidad para actuar por parte de las autoridades demandadas, tercero perjudicadas en los juicios de los que deriva la presente contradicción, se encuentra legitimada para promoverla.
TERCERO. Criterios contendientes. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 256/2004, en la parte conducente, son las siguientes:
"SEXTO. ... También, alega la parte quejosa que es errado el criterio de la Sala cuando sostiene que es improcedente la acción del actor de demandar el pago de diferencias pensionarias no reclamadas que se hayan generado con posterioridad a un año inmediato anterior a la presentación de la demanda de nulidad porque de conformidad con los artículos 57, tercer párrafo y 186, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jubilación y pensión son imprescriptibles. Es infundado el anterior argumento por los siguientes motivos de derecho. Para demostrar lo anterior resulta necesario remitirnos a los artículos 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 112, 113, 114 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 516 de la Ley Federal del Trabajo, que son del tenor literal siguiente: (en este momento es innecesario realizar la transcripción de estos numerales pues se hará posteriormente). La acción de los trabajadores al servicio del Estado, para demandar su reposición en el puesto de base del que sean titulares después de cesar en los cargos de confianza que se les confieran, prescribe en el término de un año, de acuerdo con el transcrito artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El también transcrito artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé, entre otros, el término prescriptivo de las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, exigir la reinstalación o indemnización, otorgamiento de plazas o de las medidas sancionatorias, varían, de uno a cuatro meses dependiendo el caso. Ahora, la regla general prevista en el referido artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe regir para todos aquellos casos en que no se presente precisamente uno de los casos de excepción previstos en el artículo 113 del mismo ordenamiento, esto es, que la prescripción opuesta encuadre perfectamente en el caso de excepción que prevé este último. Por otro lado, el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece, en lo sustancial, que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión; por tanto, el ejercicio de las acciones derivadas del reconocimiento de un estado de incapacidad determinado, para el efecto de obtener el otorgamiento y pago de una pensión a favor del trabajador asegurado, se rige por ese precepto. De ahí que si en el caso se hubieran ejercitado acciones relacionadas directamente con prestaciones de seguridad social, como lo es el derecho a la jubilación o pensión y respecto de ello el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al contestar la demanda opusiera la excepción de prescripción, no le hubiera podido ser aplicada dicha disposición, porque el derecho a la jubilación o percibir pensión es imprescriptible. Pero, como en el caso se reclamó el derecho al pago de cuota por pensión, aspecto diferente a la de obtener jubilación o pensión, debe decirse que en lo relativo a la figura de la prescripción de las acciones para demandar los beneficios de la jubilación, otorgada en favor de los trabajadores, como es el caso, del pago atrasado de la pensión, es de señalarse que esta situación queda sujeta a las reglas generales de prescripción. Esto es, prescriben las acciones relativas al pago de pensión jubilatoria no reclamada dentro del plazo de un año; es por ello que se afirma que en el caso debe aplicarse la mencionada disposición de la ley de ese instituto, (sic) pues la regulación tanto del derecho que el trabajador asegurado tiene a las prestaciones de seguridad social -pago de cuotas pensionarias atrasadas- como de la extinción de ese derecho en razón del tiempo transcurrido, no escapan del ámbito de aplicación de las normas que sobre prescripción se contienen en la ley de la materia, de ahí que se reitere lo infundado del argumento en estudio. Orienta al criterio anterior la jurisprudencia número 2a./J. 2/99, visible en la página noventa y dos del Tomo IX, de enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBE EN UN AÑO.’."
Por otra parte, las consideraciones que sustentó el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DA. 122/2005, en la parte relativa, fueron las siguientes:
"SÉPTIMO. La quejosa manifiesta en su primer concepto de violación que la Sala responsable, al dictar la sentencia reclamada en la forma en que lo hizo, viola en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque concluye que la ley aplicable a la materia es la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero que en el caso, compete aplicar la Ley del ISSSTE, por lo que es erróneo que la responsable pretenda aplicar en perjuicio de la quejosa leyes y jurisprudencias no aplicables al derecho del pago de diferencias en su pensión, y que concluya que no le corresponden ningunas diferencias, (sic) porque ya prescribió su derecho, toda vez que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de manera expresa prevé que cualquier prestación en dinero debe reclamarse dentro del plazo de cinco años. El concepto de violación antes sintetizado, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. Ello es así, porque para declarar improcedente la reclamación de la quejosa en el sentido de que las diferencias que reclamaba, debían cubrírseles desde el momento en que la actora se había jubilado, la Sala responsable invocó lo preceptuado por los artículos 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 516 de la Ley Federal del Trabajo, señalando que en todo caso las diferencias que se llegaran a generar a favor de la quejosa serían por el periodo equivalente a un año y al efecto la Sala citó la tesis de rubro: ‘JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBE EN UN AÑO.’; asimismo, la responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emitiera otra en la que se otorgaran a la demandante los diversos incrementos que habían modificado las plazas que tenía la demandante al prestar sus servicios en la Secretaría de Educación Pública, con la categoría de **********. A efecto de dilucidar la cuestión a debate, como antes se dijo, conviene precisar que en el presente caso la demanda de nulidad se promovió en contra de la resolución dictada el nueve de junio de dos mil tres, dictada en el oficio número ********** signada por el jefe de servicios de asignación de derechos de la Subdirección de Pensiones de la Subdirección General de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se negó a la quejosa el aumento y corrección a su pensión jubilatoria; resolución de la que se declaró la nulidad. Por tanto, la litis se constriñe a determinar si es correcta o no la determinación de la Sala responsable al declarar prescrito el derecho de la ahora quejosa para reclamar las diferencias del incremento de su pensión jubilatoria, situación que tal como asevera la quejosa, se encuentra regida por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esa medida, debe establecerse que tratándose del régimen de jubilación, se surte la aplicación de lo previsto por el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el cual prevé lo siguiente: (es innecesario transcribir este artículo en este momento porque se hará posteriormente). Aplicando las reglas establecidas en el precepto en comento, se advierte que tratándose de la prescripción en relación con las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del instituto, prescriben en el término de cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles. En ese contexto, debe decirse que al haber disposición expresa en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para dirimir la controversia en cuanto al término de la prescripción en relación con las diferencias a que tiene derecho la trabajadora, por tratarse de una prestación en dinero a cargo del instituto, debe aplicarse ésta y no el plazo genérico previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, como inexactamente lo señaló la Sala del conocimiento. ... No obsta lo anterior, que la Sala se haya fundado en la contradicción de tesis 2/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo IX, enero de 1999, página 92, bajo el rubro y texto: ‘JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBE EN UN AÑO.’ (Es innecesario transcribir el texto de esta tesis porque se hará posteriormente). Sin embargo, en el presente caso no resulta aplicable la jurisprudencia 2/99, que nació de la contradicción de tesis referida, toda vez que el derecho a la jubilación de que trata ese criterio deriva de un convenio celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual se rige por la Ley Federal del Trabajo, empero, en el caso la pensión por jubilación y sus diferencias reclamadas por la actora en el juicio de nulidad se rigen por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por contener disposición expresa que regula el punto controvertido. Consecuentemente, la disposición que resulta aplicable al caso que nos ocupa es el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en tratándose de la prescripción del pago de las diferencias a la pensión jubilatoria de la quejosa."
CUARTO. Existencia de la contradicción. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció que la acción para reclamar los pagos atrasados o las diferencias pendientes de entregar de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, queda sujeta a la regla general de prescripción de un año, acorde con los artículos 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, concomitantemente con lo establecido por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que aquel derecho para reclamar posibles incrementos de pensión prescribe en el plazo de cinco años de conformidad con el numeral 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que deba aplicarse el plazo genérico previsto en la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley del Instituto señalado contiene disposición expresa que regula el punto controvertido.
Como se advierte, los tribunales contendientes analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptando mediante sus consideraciones criterios discrepantes, lo que es suficiente para considerar que existe la contradicción denunciada. Además, se presentan las siguientes coincidencias: a) el otorgamiento de una pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; b) la solicitud realizada por el interesado, transcurridos varios años desde aquel otorgamiento de pensión, acerca de que se le incremente su cuota pensionaria y se le paguen las diferencias resultantes; c) la impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del oficio que resuelve negativamente la solicitud indicada; d) el dictado de la sentencia de la Sala Fiscal de manera contraria a los intereses de la parte actora, señalando que la acción para reclamar diferencias pensionarias prescribe en un año de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; e) la impugnación de esa determinación mediante juicio de amparo directo, en el que se plantearon conceptos de violación relacionados con el tema concerniente al plazo en el cual prescribe el derecho a reclamar pensiones caídas a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y; finalmente, f) el conocimiento de estas resoluciones por los Tribunales Colegiados contendientes.
Por lo tanto, el punto a dilucidar consiste en determinar en principio cuál es el plazo en el que prescribe la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, si es de un año acorde con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o bien, es de cinco años conforme lo prevé el artículo 186 de la ley del indicado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
A fin de resolver el indicado punto de contradicción, previamente debe resolverse la siguiente cuestión: ¿cuál es la ley que rige el plazo de prescripción para reclamar diferencias ocasionadas con motivo de incrementos a las pensiones o jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado?
Resolver esta interrogante permitirá establecer si aquel plazo debe regirse conforme a la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o bien, de acuerdo con la disposición específica prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Conviene advertir que el artículo 186 de la ley del instituto anotado, respecto del cual se pronunciaron los Tribunales Colegiados de Circuito, actualmente ha sido abrogado con motivo de la emisión de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, sin embargo, tal circunstancia no impide resolver el presente asunto, porque aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar situaciones jurídicas concretas, la definición del criterio jurisprudencial es conveniente, ya que es factible que puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de esta contradicción, tomando en consideración que se trata de derechos pensionarios y, además, porque el contenido del numeral de referencia, en lo que es materia de esta contradicción, se reiteró sustancialmente en el diverso numeral 248 de la indicada ley.(2)
Sirve de apoyo a lo antes señalado, la jurisprudencia 2a./J. 87/2000, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES."(3)
QUINTO. Criterio que debe prevalecer. Ante todo, conviene señalar que al resolver las contradicciones de tesis este Alto Tribunal puede adoptar una de las posturas contendientes, o bien, un tercer criterio, el que le parezca más correcto, en virtud de que dilucidar un punto convergente entre dos Tribunales Colegiados de Circuito no significa adoptar el criterio de uno de ellos, sino establecer qué tesis debe prevalecer, lo que, como se indica, puede o no coincidir con alguno de los criterios en contraposición o con ninguno de ellos.(4)
Con el fin de resolver la problemática que se plantea, conviene destacar que esta Segunda Sala al resolver por unanimidad de cinco votos la contradicción de tesis 48/2007-SS, en sesión de trece de junio de dos mil siete, estableció que la acción para reclamar el derecho al otorgamiento inicial de una pensión es imprescriptible, en atención al principio elemental de la ciencia jurídica consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, motivo por el cual la demanda de nulidad en la que se reclame esa prestación puede interponerse en cualquier tiempo, sin quedar sujeta al plazo de 45 días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (numeral 13 de la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). La jurisprudencia que derivó de la indicada contradicción de tesis es la que enseguida se reproduce:
"PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, se considera que es también imprescriptible la acción por medio de la cual se tutela el estricto cumplimiento de ese derecho, motivo por el que podrá promoverse en cualquier tiempo la demanda en la cual se impugne la resolución definitiva en la que se afirme que se fijó incorrectamente la pensión jubilatoria o la cuota diaria para calcularla, y no en el plazo de 45 días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, porque la norma contenida en el indicado numeral 186 es especial y por ello debe prevalecer sobre la regla general instituida en el precepto citado."(5)
La lectura de la resolución de la que emanó el indicado criterio,(6) demuestra lo siguiente:
a) El derecho procesal de acción es susceptible de prescribir y no de precluir.
b) El derecho a obtener la pensión prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es imprescriptible.
c) Sólo prescriben a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las pensiones caídas que no han sido cobradas, es decir, las que no se han hecho efectivas después de haberse otorgado el derecho inicial a la pensión.
d) El artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una disposición especial que en su primera parte prevé que el derecho a la pensión y jubilación es imprescriptible y, en consecuencia, también lo es la acción para impugnar la resolución definitiva en la que se establezcan los términos iniciales de la pensión otorgada, lo que impide la aplicación del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación que contiene la regla general del plazo en el cual se deben presentar las demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
e) En conclusión, el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una norma especial, lo que obliga a su aplicación exacta y hacer que prevalezca sobre la regla general prevista en la primera parte del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación.
Conviene hacer una precisión: las pensiones caídas (inciso c, anterior, las que en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prescriben a favor del instituto cuando no se reclamen dentro del plazo de cinco años), son aquellas pensiones no cobradas una vez que se ha otorgado el derecho a recibirlas, es decir, las que nunca se han visto por parte del beneficiario, ni siquiera en una parte de ellas. El presente asunto no se refiere a pensiones caídas, porque la materia a dilucidar es determinar cuál es el plazo en el que prescribe la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de la pensión o de la jubilación a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El contraste entre las pensiones caídas y las diferencias pensionarias ocasionadas con motivo de incrementos, es que aquéllas no las ha disfrutado el beneficiario ni siquiera en parte porque no las ha recibido; mientras que éstas se originan con motivo de recibir su pensión incompleta o de manera parcial.
Establecido lo anterior, sólo prescriben a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las pensiones caídas que no han sido cobradas, es decir, las que no se han hecho efectivas, ni siquiera en parte, después de haberse otorgado el derecho inicial a la pensión.
Como se advierte, en aquel asunto esta Sala analizó la primera parte del multirreferido numeral 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, la relativa al enunciado acerca de que: "El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible.", concluyendo que esta disposición especial debe prevalecer sobre la norma general que prevé el plazo en el cual deben presentarse las demandas en las que se reclame tal derecho.
La otrora Cuarta Sala de este Alto Tribunal sentó el criterio acerca de que el derecho a la jubilación es de tracto sucesivo por devengarse diariamente y subsiste por toda la vida del trabajador. El criterio de mérito es el siguiente:
"JUBILACIÓN, NATURALEZA DE LA (PRESCRIPCIÓN). El derecho a la jubilación impone a la parte patronal una obligación de tracto sucesivo, que perdura por toda la vida del trabajador, de naturaleza jurídica idéntica al fenómeno de orden civil que constituye la renta vitalicia; de donde resulta que el derecho a la jubilación, considerado intrínsecamente, es imprescriptible y sólo pueden prescribir las pensiones que han dejado de cubrirse." (Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXV, página 1229).
La segunda parte del numeral en comento, a saber, el relativo a que: "Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto ...", se refiere a las pensiones que no han sido cobradas, ni siquiera en una parte, después de haberse otorgado el derecho a la pensión (pensiones caídas), a las indemnizaciones globales, y a cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Como ha quedado apuntado en el considerando anterior, el punto a dilucidar en este asunto consiste en determinar cuál es la ley que rige el plazo de prescripción para reclamar diferencias pensionarias a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: un año conforme a la regla general prevista en los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo y 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o cinco años de acuerdo con la disposición específica establecida en la segunda parte del numeral 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (artículo 248 de la indicada ley vigente).
Para dilucidar el tema en cuestión, resulta conveniente tomar en cuenta si las diferencias pensionarias se encuentran o no comprendidas dentro de la hipótesis establecida en la segunda parte del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando señala que "... cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto."
Antes de solucionar el punto en contradicción, conviene señalar que esta Sala al resolver por unanimidad de cuatro votos la contradicción de tesis 62/2009, en sesión de veintidós de abril de dos mil nueve, se ocupó de la tercera parte del numeral 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la relativa a que el mencionado Instituto: "apercibirá a los acreedores de referencia (los interesados en reclamar pensiones caídas, indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo de ese instituto), mediante notificación personal, sobre la fecha de prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación", resolviendo que la falta de la indicada notificación no interrumpe el plazo para que opere la prescripción de las pensiones caídas, indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La jurisprudencia que derivó de esa contradicción es la 2a./J. 55/2009, pendiente de publicarse, cuyo texto es el siguiente:
"PENSIONES CAÍDAS, INDEMNIZACIONES GLOBALES Y CUALQUIER PRESTACIÓN EN DINERO A CARGO DEL ISSSTE. LA FALTA DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS. El precepto referido establece que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del instituto, entre las cuales se encuentran las aportaciones que no se reclamen dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles prescribirán a favor del instituto y prevé la obligación a su cargo de apercibir a los trabajadores, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con 6 meses de anticipación. Ahora bien, la interpretación gramatical de dicho precepto revela que la obligación impuesta al instituto consiste en realizar un apercibimiento que debe entenderse como una advertencia a determinada persona, de las consecuencias desfavorables que podrá acarrearle la realización de ciertos actos u omisiones, en el caso concreto, de que está por actualizarse un supuesto legal específico como lo es la prescripción del derecho a cobrar las prestaciones económicas a su favor. En ese sentido, al no tratarse aquella obligación de un presupuesto para que se actualice dicha figura jurídica, sino de un acto concomitante e independiente, no puede tener el alcance de impedir la actualización de la figura jurídica mencionada y, por ende, tampoco puede interrumpir el plazo prescriptivo de referencia."
De la ejecutoria relativa,(7) se desprende:
a) El derecho a la jubilación y a las pen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21779-131b733e/pensiones-y-jubilaciones-del-issste-el-derecho-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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