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Modo: Corpus Pro

RESTITUCIÓN AGRARIA. LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LAS TIERRAS Y AGUAS NO ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN RELATIVA, SINO UNA CUESTIÓN DE FONDO DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20473
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 356.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 5o. y 197-A de la Ley de Amparo, así como el artículo 28 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, pues la formuló el Tribunal Superior Agrario a través de su presidente, que participó como autoridad responsable en los asuntos que originaron los criterios contradictorios.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en sesión del veinte de agosto de dos mil cuatro, el amparo directo 320/2003, estableció:

"QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer por el poblado quejoso en el que alega que la responsable no analizó los agravios que invocó en su recurso respecto de las diligencias de información ad perpetuam, violentado el procedimiento, pues la desposesión que sufrieron los quejosos de la superficie de la que solicitaron su confirmación y titulación quedó debidamente acreditada, en la medida en que la consecuencia de las diligencias de información ad perpetuam fue desincorporar dichas tierras del régimen comunal e introducirlas al régimen de propiedad particular. Se dice que es infundado el concepto de violación en cita en atención a las siguientes consideraciones: En la sentencia del veintiuno de noviembre de dos mil dos, dictada en el juicio agrario 11/15/97, que resolvió la solicitud de restitución formulada por el poblado quejoso, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, determinó improcedente la acción de restitución intentada, pues, a su juicio, no se reunían los requisitos para su procedencia. Ciertamente, el tribunal determinó que, si bien de las periciales desahogadas se evidenciaba que la superficie materia de la restitución estaba en las tierras confirmadas y tituladas a favor de la comunidad actora en la resolución presidencial de confirmación y titulación de bienes comunales de doce de noviembre de mil novecientos setenta, también resultaba cierto que dicha comunidad no aportó elemento de convicción alguno que acreditara la posesión de la superficie reclamada, en virtud de que quien inicialmente poseyó dichas tierras fue un particular que las obtuvo de la tramitación de las diligencias de información ad perpetuam en mil novecientos cincuenta y ocho. Por lo anterior, el tribunal unitario concluyó que la comunidad actora no acreditó la privación ilegal que haya sufrido de sus tierras, de conformidad con lo previsto por el artículo 49 de la Ley Agraria, en la medida en que nunca poseyó el inmueble sobre el que pidió su restitución. Inconforme con dicha resolución, el comisariado de bienes comunales del núcleo de población de ‘San Juan de Ocotán’, Municipio de Zapopan, Jalisco, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, haciendo valer, entre otros, los siguientes agravios: (se transcribe). Al dictar la sentencia correspondiente, el Tribunal Superior estudió los agravios sintetizados y resolvió que eran infundados, en virtud de que el tribunal unitario no estableció motuo proprio ningún requisito o elemento adicional para acreditar la acción de restitución, ya que el requisito relativo a la desposesión ilegal de las tierras se desprendía directamente del texto del artículo 49, de la Ley Agraria, que dispone, precisamente, la obligación a cargo de los núcleos de población de comprobar la privación ilegal de las tierras de las que se solicitara su restitución. Asimismo, el tribunal afirmó que las diligencias de información ad perpetuam, por sí solas, no podían constituir un acto de privación ilegal en contra de la comunidad recurrente. El Tribunal Superior Agrario también determinó que la posesión que detentaba el demandado sobre las tierras en conflicto era legítima, pues dicha posesión la veía detentando a título de propiedad, de buena fe, de manera continua y pacífica, cuyo origen derivaba de la compra que realizó a Rodolfo Orozco Castellanos, que a su vez adquirió el inmueble por compraventa que realizó a Bessie Limpers de Savala, predio cuya propiedad adquirió, en su momento, Salvador Zavala Galván de Fernando Fernández Somellera Palomera quien obtuvo la propiedad del predio de Pedro Vidal Juárez, quien fue el que tramitó las diligencias de información ad perpetuam, ante el Juzgado de Primera Instancia de Zapopan, Jalisco, por solicitud que realizó el cinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete, procedimiento en el que se dictó sentencia el catorce de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, resolviendo declarar propietario por prescripción positiva al citado Pedro Vidal Juárez, sentencia que se protocolizó ante notario público asignándole la escritura cinco mil doscientos seis, que quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el tres de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho; lo que ponía de manifiesto que el terreno materia de la controversia tenía un origen privado, inclusive con una temporalidad previa de dieciocho años, en relación con la fecha de expedición de la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales de doce de noviembre de mil novecientos setenta y de veinte años de relación con el deslinde de la misma. Con relación al argumento de que las diligencias de información ad perpetuam carecían de eficacia probatoria, por haber sido tramitadas con fecha posterior al acuerdo de inicio del procedimiento agrario de confirmación y titulación de bienes comunales, el tribunal dijo que las diligencias de información ad perpetuam contaban con plena validez y eficacia jurídica, sin que se vieran afectadas por haberse tramitado con posterioridad a la solicitud de reconocimiento y titulación de bienes comunales, apoyándose en las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo 2192/99, en el que fundamentalmente, se resolvió que tratándose de procedimientos de reconocimiento y titulación de bienes comunales no operaban los supuestos de ineficacia jurídica de las transacciones realizadas con posterioridad a la publicación de la solicitud o del acuerdo oficioso en el procedimiento de confirmación citado, pues no existía precepto legal alguno que así lo previera. Como se desprende de lo anterior, el Tribunal Superior analizó en su totalidad los agravios hechos valer por la comunidad recurrente sobre el tema de las diligencias de información ad perpetuam, en virtud de que, en principio, precisó que el requisito para demandar la restitución de tierras, consistente en el desposeimiento ilegal que haya sufrido el poblado quejoso, no fue establecido motuo proprio por el Tribunal Unitario, sino que dicho requisito estaba previamente establecido en el artículo 49 de la Ley Agraria. Asimismo, agregó que el poblado quejoso no acreditó la privación ilegal de las tierras en conflicto, porque dichas tierras tenían un origen privado desde mil novecientos cincuenta y ocho, año en que se dictó sentencia en el procedimiento derivado de las informaciones ad perpetuam tramitadas por Pedro Vidal Juárez, a través de la que se resolvió declararlo propietario por prescripción positiva de dichas tierras, lo que evidenciaba que dieciocho años antes de que se emitiera la resolución de reconocimiento y titulación de bienes comunales, de mil novecientos setenta, las tierras en conflicto ya estaban sujetas al régimen privado, de ahí que el poblado quejoso no haya acreditado el desposeimiento ilegal de las tierras que defendía. Lo anterior pone en evidencia que contrario a los manifestado por los quejosos, la autoridad responsable dio contestación a sus agravios, relativos al tema de las informaciones ad perpetuam, que le fue planteado, por lo que el concepto de violación es ese sentido es infundado. Ahora es infundado el concepto de violación en el que los quejosos alegan el desposeimiento ilegal de sus tierras tiene origen en la tramitación de las diligencias de información ad perpetuam, pues a través de ellas, las tierras dejaron de formar parte del régimen comunal y se introdujeron al régimen particular. Se dice que es infundado en atención a las siguientes consideraciones: Mediante escritura cinco mil doscientos seis, del veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el notario número doce de la ciudad de Guadalajara, protocolizó las diligencias de información ad perpetuam, tramitadas en el procedimiento 6/58, que promovió Pedro Vidal Juárez, en dicha escritura se asentó lo siguiente: Que Pedro Vidal Juárez poseía en forma pública, continua, pacífica y en calidad de propietario desde hace más de treinta años, diversos predios asentados en el poblado de San Juan de Ocotán, Jalisco, manifestando el solicitante que adquirió la propiedad de los predios por herencia de sus padres, quienes los poseyeron por tiempos inmemoriales. En la escritura de referencia se asentó la certificación realizada por el director interino del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Guadalajara, en la que hizo constar que en los índices de propiedad de dicho registro, no se encontraron inscritos a favor de nadie los predios rústicos indicados por Pedro Vidal Juárez. Asimismo, se asentó la sentencia que resolvió las diligencias de información ad perpetuam, la que en su parte conducente determinó lo siguiente: (se transcribe). La transcripción de lo anterior se desprende que contrario a lo manifestado por los quejosos, las diligencias de información ad perpetuam no constituyen el desposeimiento ilegal de las tierras disputadas, pues en ninguna de sus partes se determinó, en primer lugar, que el poblado quejoso fuera el poseedor de las tierras en conflicto y, en segundo lugar, que por la tramitación de las diligencias en cita, se les haya privado de las mismas y que por ello, se hayan desincorporado del régimen comunal integrándolas al régimen privado, pues por el contrario se hizo constar que las tierras en disputa estaban en posesión de Pedro Vidal Juárez en forma pública, continua y pacífica y en concepto de propietario por más de treinta años, lo que evidencia que el concepto de violación invocado es infundado, más aún si los quejosos no acreditaron de que forma las diligencias de información ad perpetuam constituían el desposeimiento ilegal del que se dolían. Por otra parte, son inoperantes los restantes conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en los que trata de combatir las consideraciones del Tribunal Superior en las que determinó que las tierras en conflicto se encuentran en zona urbana sujetas a un régimen distinto el comunal, así como el argumento en el que alega que el tribunal responsable no estudió el agravio relativo a la exclusión de tierras propuesto en su recurso de apelación, pues aun cuando resulten fundados lo cierto en que con ellos, no se desvirtúa la consideración relativa a que el poblado quejoso no acreditó que haya tenido la posesión de las tierras en conflicto, ni por consiguiente, la desposesión ilegal de las tierras, elemento que constituye un requisito indispensable para justificar la acción restitutoria, por lo que tal consideración de suyo propio sustenta el sentido del fallo reclamado, de ahí la inoperancia de sus conceptos de violación."

Asimismo, conviene precisar que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en sesión del catorce de diciembre de dos mil seis, el amparo directo número 96/2006, en la parte que interesa, precisó:

"... Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta conveniente puntualizar en lo que interesa, los siguientes antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias de autos: 1) Mediante resolución de fecha doce de noviembre de mil novecientos setenta, el presidente de la República resolvió el expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado denominado ‘San Juan Ocotán’, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de ese mismo mes y año (fojas 8 a la 11 del tomo uno del expediente agrario TUA 87/15/97). 2) Acta de deslinde definitivo de los predios de la comunidad quejosa de fecha doce de marzo de mil novecientos setenta y dos, por el que se ejecutó la resolución presidencial de fecha doce de noviembre de mil novecientos setenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de ese mismo mes y año, relativo a la titulación y confirmación de bienes comunales del poblado denominado ‘San Juan de Ocotán’, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco formado por una superficie de ‘3,0777-00-00 hs’ (sic) tres mil setenta y siete hectáreas de terreno (fojas 13 a la 17 del tomo uno del expediente agrario TUA 87/15/97). 3) Acta de deslinde y amojonamiento definitivo, levantada el veinte de marzo de mil novecientos setenta y dos, en la Comunidad Indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, relativa a la resolución presidencial de fecha doce de noviembre de mil novecientos setenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de ese mismo mes y año (fojas 18 y 19 del tomo uno del expediente agrario TUA 87/15/97). 4) Copias certificadas del plano definitivo de reconocimiento y titulación de bienes comunales, del poblado quejoso (foja 253 de tomo uno del juicio agrario TUA 87/15/97). 5) Mediante auto de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, admitió a trámite la demanda agraria (fojas 22 y 23 del primer tomo del juicio agrario TUA 87/15/97). 6) Por escrito presentado el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario de origen, el apoderado de la empresa Alambres y Especialidades de Metal, Sociedad Anónima de Capital Variable contestó la demanda agraria y presentó demanda reconvencional (fojas 96 a 104 del tomo uno del juicio agrario TUA 87/15/97). 7) En la audiencia de ley, de fecha uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, se regularizó el traslado y emplazamiento ordenado al poblado quejoso de la demanda reconvencional (fojas 146 a 149 del tomo del expediente agrario TUA 87/15/97). 8) Por escrito ingresado en el Tribunal Unitario Agrario de origen el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, contestó la demanda agraria reconvencional (fojas 287 al 299 del tomo uno del juicio agrario TUA 87/15/97). 9) En la continuación de la audiencia de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, se exhortó a las partes para que convinieran a una composición amigable que definiera su controversia, a lo que manifestaron su ánimo de continuar con el procedimiento correspondiente. Asimismo, en esa misma fecha se ofrecieron diversas pruebas por la parte actora (documental, confesional, testimonial, pericial en topografía y presuncional legal y humana), como de la autoridad demandada (instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto); también se desahogaron las pruebas confesional y testimonial aportadas por la parte actora, y la documental exhibida por la demandada en el juicio de origen (199 (sic) a 203 del tomo uno del expediente agrario TUA 87/15/97). 10) Dictamen pericial en materia topográfica rendido por el perito designado por la parte actora en el juicio de origen, recibido en el Tribunal Unitario Agrario el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve (fojas 350 a 359 del tomo dos del expediente agrario TUA 87/15/97). 11) Dictamen pericial en materia topográfica rendido por la Secretaría de la Reforma Agraria, recibido en el Tribunal Unitario Agrario el trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve (fojas 371 a 406 del tomo dos del expediente agrario TUA 87/15/97). 12) Dictamen pericial en materia topográfica rendido por la parte demandada en el juicio de origen, recibido en el Tribunal Unitario Agrario el cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve (fojas 424 a 431 del tomo dos del expediente agrario TUA 87/15/97). 13) Dictamen pericial en materia topográfica rendido por el perito tercero en discordia, residido (sic) en el Tribunal Unitario Agrario el veinticuatro de mayo de dos mil uno (fojas 486 a 548 del tomo dos del expediente agrario TUA 87/15/97). 14) Mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil uno, se regularizó el procedimiento para que las partes agotaran la etapa conciliatoria, por lo que se fijó el trece de septiembre de esa misma anualidad, para que se llevara a cabo la audiencia de conciliación, sin que al respecto dichas partes convinieran (foja 560 del tomo dos del expediente agrario TUA 87/15/97). 15) Por auto de fecha seis de septiembre de dos mil uno, el Tribunal Unitario Agrario, requirió a la parte demandada en el juicio de origen, en los términos siguientes: (se transcribe). 16) El proveído referido en el inciso precedente, se notificó a la parte demandada en el juicio de origen el siete de septiembre de dos mil uno (foja 581 del segundo tomo de pruebas del juicio agrario TUA 87/15/97). 17) En auto del diecisiete de septiembre de dos mil uno, el Magistrado del primer grado, acordó el escrito del apoderado de la parte demandada en el juicio de origen por el que se dio contestación al proveído de fecha seis de ese mismo mes y año, y solicitó prórroga para exhibir la historia registral solicitada (foja 581 del segundo tomo del juicio agrario TUA 87/15/97). 18) En auto del diecinueve de octubre de dos mil uno, el tribunal de primer grado tuvo por cumplido el requerimiento que le efectuó a la autoridad demandada de fecha diecisiete de septiembre de esa misma anualidad, y consideró que debía suspenderse el dictado de la sentencia en el juicio de restitución hasta en tanto no se pronunciara y causara estado la sentencia relativa al juicio de exclusión número TUA-15 135/2001, del índice de ese tribunal ‘ya que el resultado incidiría en la restitución planteada por la comunidad indígena de referencia’ (foja 612 del segundo tomo del expediente agrario número TUA 15/87/97). 19) Mediante escrito de fecha quince de octubre de dos mil cuatro, los integrantes del núcleo de población quejosa, señalaron que ‘por auto de fecha 4 de octubre de 2004, se dictó acuerdo mediante el cual se declaraba ejecutoriada la sentencia dictada en dicho procedimiento, ordenando el archivo del mismo como asunto concluido, razón por la cual consideramos que no existe ya impedimento legal alguno para que dentro de la presente controversia agraria se dicte la sentencia que en derecho corresponde’ (fojas 618 y 619 del segundo tomo del expediente agrario número TUA 15/87/97). 20) Por auto de fecha veinte de octubre de dos mil cuatro, se ordenó turno a sentencia del juicio agrario de origen, por estimar el tribunal en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe). 21) El veinte de enero de dos mil cinco, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, dictó sentencia que se transcribe en lo que interesa: (se transcribe). 22) En contra de la sentencia agraria, los integrantes del núcleo de población quejoso interpusieron el dieciocho de febrero de dos mil cinco, ente el Tribunal Agrario recurso de revisión, el que se tuvo por recibido en esa misma fecha (foja 108 del recurso de revisión 183/2005-15). 23) En ocho de julio de dos mil cinco, el tribunal responsable dictó la sentencia que hoy constituye el acto reclamado en el juicio de mérito (fojas 124 a 298 del recurso de revisión 183/2005-15). Ahora bien, tomando en cuenta que tanto el tribunal de primer grado, como el tribunal responsable consideraron que no se acreditó en el caso en particular, la acción referida en el inciso precedente, resulta conveniente señalar, las notas distintivas en relación a la acción intestada por la hoy parte quejosa. Desde la ley del seis de enero de mil novecientos quince, se instituyó la acción restitutoria para las comunidades agrarias que habían sido privadas ilegalmente de sus tierras y que no estaban en posesión de las mismas; posteriormente el artículo 27 de la Ley Fundamental continuó con el sistema de referencia; así como las diversas legislaciones que sobre la materia agraria se emitieron; a saber, el artículo 25 de la Ley de Dotaciones y Restituciones del veintitrés de abril de mil novecientos veintisiete; el artículo 22 del Código Agrario de mil novecientos treinta y cuatro; el artículo 195 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta; el artículo 217 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos; y los artículos 191 y 272 de la Ley Federal de la Reforma Agraria de mil novecientos setenta y uno. Por último, debe destacarse que el artículo 27 de la Carta Magna fue modificado el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, para redactarse la fracción VII, párrafo séptimo, del numeral en comento de la siguiente manera: ‘la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria.’. La acción de restitución consiste en devolver al titular de un predio que se encuentra en poder de otra persona, esta acción en materia agraria, corresponde por analogía a la acción reivindicatoria que regula la materia civil; por ello, los elementos para su procedencia resultan ser muy similares. Sobre el tema, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: (sic) cuarta parte, LXXXII, página 23, señaló los elementos de la acción reivindicatoria, y que para mayor claridad se transcribe: ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA, ELEMENTOS PARA PROBAR LA PROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe). En efecto, la acción en comento es el medio jurídico que tiene el propietario para ejercer contra un tercero de los derechos emergentes del dominio, a fin de constatar su derecho y lograr la restitución de la cosa. Así, se obtiene que la acción de restitución es aquel medio para obtener la restitución, a favor de su propietario, de una cosa que se encuentra en posesión de otra persona; por tanto, conforme a la interpretación sistemática y funcional de los artículos 43, 49 y 74 de la Ley Agraria, para la procedencia de la acción de restitución agraria, deben colmarse los mismos requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha exigido en cuanto a la procedencia de la acción reivindicatoria. Dichos numerales señalan, lo siguiente: (se transcriben). De los preceptos transcritos, se obtiene que en los términos de la ley de referencia, los ejidos son propietarios de las tierras de las que han sido dotados, aun cuando se le imponga a esa propiedad, ciertas modalidades; que dentro de estas modalidades, se encuentra la imprescriptibilidad de las mismas; esto es, que los ejidos no pueden perder la propiedad de su tierra por el solo hecho de que una persona las hubiere poseído a título de dueño durante determinado tiempo; que para la procedencia de la acción de restitución, sólo es necesario demostrar que las tierras o aguas en cuestión, efectivamente fueron dotadas al ejido o a la comunidad accionante, es decir, debe demostrarse la titularidad de un derecho sobre las mismas, y de conformidad con la ley en estudio, su propiedad; y que exista identidad entre las tierras o aguas de que fue privado y aquellas cuya posesión detente la parte demandada. Así, se obtiene que tanto en la acción de restitución como en la de reivindicación, debe acreditarse la propiedad de la cosa que reclama; la posesión por el demandado de la cosa perseguida; y la identidad de la misma, puesto que ambas acciones buscan, en lo esencial, la restitución, a favor de su propietario, de una cosa que se encuentra en posesión de un tercero; esto con independencia de que a la propiedad ejidal se le impongan ciertas modalidades como la inalienabilidad, imprescriptibilidad o inembargabilidad. Es aplicable al caso en particular, el criterio de jurisprudencia que este tribunal comparte, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto 1997, página 481, cuyo texto y rubro rezan: ‘ACCIÓN RESTITUTORIA EN MATERIA AGRARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). De ahí se colige que al equipararse la acción de restitución agraria a la acción reivindicatoria en materia civil, debe destacarse que al ser esta última el medio jurídico para obtener la restitución de una cosa a favor de su propietario que se encuentra en posesión de otra persona, es inconcuso que conforme a la interpretación de los preceptos anteriormente transcritos, para la procedencia de la acción de restitución agraria, deben requerirse los mismos requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha exigido en cuanto a la procedencia de la acción reivindicatoria, ya que ambas acciones buscan, en lo esencial, la restitución de una cosa (en la especie, determinadas tierras) a favor de su propietario (sujeto agrario) las cuales se encuentran en posesión de un tercero, aun cuando, se insiste, a la propiedad ejidal se le impongan ciertas modalidades como la inalienabilidad, imprescriptibilidad o inembargabilidad. Con base en lo anterior, se advierte que si bien en el artículo 49 de la Ley Agraria se hace alusión a la privación ilegal de tierras o aguas, resulta cierto que la calificación de la privación, o desposeimiento de que se duela la parte actora no puede ser considerada como un elemento de procedencia de la acción, en razón que dicha ilegalidad será la consecuencia, si previamente la parte actora acredita la propiedad del predio reclamado; la posesión por el demandado de dicho predio y la identidad del predio, es decir que el bien que se reclama del demandado es el mismo cuya propiedad alega tener el actor. Por tanto la privación ilegal de tierras y aguas a que alude el precepto legal en estudio, no constituye un elemento de la acción de restitución, sino la consecuencia de lo que en el fondo puede resolverse, ya que si la parte actora en el procedimiento relativo demuestra que es titular del bien y que el demandado lo tiene en su poder, así como que existe identidad de la cosa, debe concluirse que la parte actora fue privada ilegalmente de su inmueble, en virtud de que, dicho extremo se actualizaría una vez que en el caso se demostrara que el actor es el titular del derecho de propiedad, y en vía de consecuencia se le deberá restituir en su derecho, dado que la posesión detentada por el demandado no tiene sustento jurídico, de ahí que su posesión entonces sí podría ser calificada como ilegal; situación contraria cuando el actor no demuestra la existencia de su derecho, o que la demandada justificara su posesión, entonces no sería factible la declaración de ilegalidad. Expuesto lo anterior, se advierte que en el caso en particular, el tribunal responsable indebidamente considera que la privación ilegal constituye un requisito de procedencia de la acción de restitución, ya que como ha quedado de manifiesto, tal calificación no puede ser incluida como parte integrante de la restitución, lo anterior se corrobora de la transcripción en lo que interesa de la sentencia reclamada: (se transcribe). De la transcripción precedente, se constata que el tribunal responsable para desestimar los argumentos de agravio planteados por el núcleo agrario quejoso, consideró que no es procedente la restitución que pretende la comunidad ahora quejosa, porque a su juicio no se acreditó que la comunidad agraria al momento de emitirse la resolución presidencial de doce de noviembre de mil novecientos setenta, hubiera tenido en posesión el predio cuya restitución pretende y que haya sido desposeída del predio en controversia, en fechas posteriores al doce de noviembre de mil novecientos setenta. La afirmación precedente no resulta apegada a derecho, toda vez que de las constancias que obran en el sumario, se advierte que la comunidad quejosa acreditó la posesión del bien cuya restitución reclamada, toda vez que para ello exhibió la copia del decreto presidencial emitido el doce de noviembre de mil novecientos setenta, constancia que por ser documento público, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles y con el que demuestra la comunidad quejosa, haber poseído desde tiempos inmemoriables la superficie respecto de la cual solicitó su reconocimiento y en la que se ubica el predio en litis en el juicio agrario del que deriva el presente; procedimiento que culminó, precisamente con el decreto en comento. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que la acción de confirmación, reconocimiento y titulación de bienes comunales, es un procedimiento agrario del cual conviene analizar, en principio, la naturaleza y características de tal resolución, de acuerdo con el contexto normativo que regulaba el trámite correspondiente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20473-de303ac0/restitucion-agraria-la-privacion-ilegal-de-las-tierras · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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