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HOJA ÚNICA DE SERVICIOS EXPEDIDA POR LAS AFILIADAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LOS DATOS EN ELLA ASENTADOS NO PUEDEN TOMARSE COMO ÚNICA BASE PARA CALCULAR LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, CUANDO EL TRABAJADOR ADVIERTA ERRORES U OMISIONES EN SU CONTENIDO. HOJA ÚNICA DE SERVICIOS EXPEDIDA POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AGRUPACIONES AFILIADAS DEL ISSSTE. LOS DATOS EN ELLA ASENTADOS NO PUEDEN TOMARSE COMO ÚNICA BASE PARA CALCULAR LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, CUANDO EL TRABAJADOR ADVIERTA ERRORES U OMISIONES EN SU CONTENIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20936
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, SEXTO, SÉPTIMO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 573.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, SEXTO, SÉPTIMO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló Graciela Rosas Salvador, actora en el juicio de nulidad del cual derivó la revisión fiscal R.F. 121/2007, del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por tanto, tiene facultad para realizar la respectiva denuncia, de conformidad con los preceptos antes indicados.

TERCERO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 121/2007, promovida por la subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de esa Subdirección General y en representación de la autoridad demanda, determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"A título de abundamiento, es pertinente precisar que si bien el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé que se tomará en cuenta la hoja única de servicios para la determinación del sueldo básico, lo cierto es que si el referido documento no contiene los diversos conceptos que integran esa prestación, tales como el sueldo, sobresueldo, compensaciones, quinquenios y primas de antigüedad, no puede tomarse como documento único e idóneo para acreditar el aludido sueldo básico, dado que la parte actora puede demostrar que recibió los mencionados ingresos con documentos diversos y que, por tal motivo, tiene derecho a que se tomen en cuenta para calcular su pensión jubilatoria."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 128/2007, promovida por la subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en ausencia del titular de la misma subdirección general y en representación de las autoridad demandadas, determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"En efecto, por razón de método y técnica jurídica, debe decirse en primer término que en parte son infundados los argumentos relativos esgrimidos por la autoridad recurrente, pues resulta inexacto que sólo exista la obligación de considerar las cantidades señaladas en la hoja única de servicios, pues no obstante que el actor sea quien proporcione ésta para tramitar su pensión por jubilación, el hecho de que en la misma no se señalen cantidades que sí deben ser comprendidas para determinar la pensión, ello no exime a la autoridad de considerarlas, ya que en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se señalan expresamente las cantidades que deben ser tomadas en cuenta para determinar el monto de la pensión, aunado a que la hoja única de servicios es un documento expedido por los organismos afiliados, por lo que cualquier error u omisión en el mismo no le es imputable al actor y en todo caso, en términos del artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dichos errores pueden ser subsanados."

QUINTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 151/2007, promovida por la subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma subdirección general con la representación que ostenta, determinó -en lo conducente- lo siguiente:

"Así es, no obstante que los conceptos que reclama la pensionista no consten en la hoja única de servicios, pues basta que se acredite, con diversos documentos, como en el caso, los comprobantes de percepciones, que se efectuó el pago de los rubros que, se dice, deben integrar el cálculo del monto de su pensión jubilatoria, de manera continua y regular en el último año anterior a la fecha de baja.

"En consecuencia, es ineficaz el argumento de la recurrente al considerar que para calcular la cuota diaria de pensión se debe considerar únicamente el monto correspondiente de los salarios de acuerdo al tabulador regional, conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues de la confrontación que se hace de los preceptos y ordenamientos precisados, se llega a la conclusión precisada en el párrafo anterior.

"...

"Lo antes dicho, se ve corroborado con lo que dispone el artículo 23, párrafo segundo, del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que señala que para calcular la cuota diaria pensionaria, computar los años de servicios y determinar las cotizaciones de los trabajadores, se tomarán como base los datos asentados en la hoja única de servicios, la cual deberá contener las cantidades por concepto de sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y los años de servicio prestados por el trabajador.

"Por lo tanto, si dicha hoja de servicios no contiene datos correctos, o bien, es deficiente en considerar aquellos ingresos que efectivamente percibió el trabajador en retribución de sus servicios, es indudable que es pertinente su impugnación para lo cual, evidentemente, es conveniente la presentación de documentos que avalen la percepción de las cantidades no consideradas, y que lo fueron de manera continua y regular, durante el último año anterior a la fecha de baja."

SEXTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 82/2007, promovida por la subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en representación de las autoridades demandadas, dice lo siguiente:

"Es infundado el argumento que se estudia, toda vez que aun cuando el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prevé que para el cálculo de la cuota diaria pensionaria deben tomarse en cuenta los datos asentados en la hoja única de servicio por las afiliadas, ello no excluye que por diversos medios puedan establecerse los conceptos integrantes del sueldo básico, ya que al ser elaborada dicha hoja por las afiliadas, éstas pueden contener errores, razón por la que corresponde la carga de la prueba a la actora de acreditar cuáles son las prestaciones que le fueron pagadas y deben tomarse en cuenta para establecer el monto de su pensión."

SÉPTIMO. El criterio sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 264/2007, promovida por la subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -en la parte que interesa- dispone lo siguiente:

"Ahora bien, en el caso, la recurrente alega que realizó el cálculo de la pensión jubilatoria, tomando en consideración la hoja única de servicio que le fue expedida por su afiliada Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, Héctor Rafael Rodríguez Urusquieta al ingresar ante dicha demanda (sic) su escrito de once de noviembre de dos mil cinco, solicitó (se transcribe), acreditándolo con los recibos de pago quincenales que le fueron entregados por dicha dependencia, a la que prestó sus servicios.

"De tal suerte que si bien es cierto que la autoridad para calcular la cuota diaria pensionaria, computar los años de servicios y determinar las cotizaciones de los trabajadores, deben de tomarse como base los datos asentados en la hoja única de servicios que expidan las afiliadas, lo cierto es que en el caso a estudio, la actora presentó ante dicha autoridad y ante la Sala, sus recibos de pago quincenales correspondientes al último año de servicio a efecto de acreditar al calcularse la cuota diaria de su pensión (sic) no fueron tomados en consideración todos los conceptos a los que alude el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al no incluirse en la referida hoja única de servicios; de tal suerte que el hecho de que la Sala haya analizado y otorgado valor probatorio pleno a los referidos recibos de pago, no vulnera lo señalado en los artículos 15, 57, 60 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y artículo 23, primer y segundo párrafos, del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues son precisamente dichos numerales, los que establecen el procedimiento para determinar la pensión jubilatoria y establece (sic) cuáles son los conceptos que deben tomarse en cuenta a efecto de cuantificar los montos de la pensión jubilatoria.

"De esta forma, si la hoja única de servicios no contiene la totalidad de las percepciones que a juicio de la Sala acreditó haber recibido el actor, es indudable que deben tomarse en consideración para su cálculo, las compensaciones contenidas en los recibos de pago quincenales que ofreció como prueba de su parte -y que se encuentran incluidas en el sueldo base-, pues de no hacerlo se contravendría lo señalado por el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de ahí lo ineficaz del argumento en estudio."

OCTAVO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario a lo sostenido por los Tribunales Colegiados antes mencionados, al resolver la revisión fiscal 151/2007, promovida por la subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de esa Subdirección General y en representación de las autoridades demandadas, determinó -en la parte que interesa- lo siguiente:

"SEXTO. Es fundado el agravio en el que se alega que para el cálculo de la cuota diaria de pensión la Sala sólo podía tomar en cuenta la hoja única de servicios y no los comprobantes de pago exhibidos por la parte actora en el juicio de nulidad.

"El artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece lo siguiente: (se transcribe).

"En el caso, la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada al estimar que el instituto transgredió los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de que con los talones de pago la actora demostró que no se consideraron el total de las cantidades adicionales que percibió durante el tiempo que laboró en la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, a saber, por los conceptos (se transcribe), en virtud de que sólo se tomaron en cuenta los datos asentados en la hoja única de servicios.

"Esta consideración es desacertada, pues de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, antes transcrito, para calcular la cuota diaria pensionaria el instituto debe considerar únicamente los datos asentados en la hoja única de servicios que expida la afiliada.

"Por tanto, contrariamente a lo considerado por la Sala, no puede tomarse en consideración los talones de pago exhibidos por la parte actora, pues el instituto está obligado a acatar la mencionada disposición legal."

NOVENO. Una vez precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos constitucional y legal transcritos regulan la figura jurídica de la contradicción de tesis como una vía para la integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la seguridad jurídica a través de la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios a prevalecer en caso de oposición, discrepancia o divergencia en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho.

Lo anterior supone necesariamente que los criterios entre los cuales deba decidirse cuál deberá prevalecer, sean efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, para ello deben reunirse determinados requisitos, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y datos de publicación se citan a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis).

De acuerdo con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos sustentados en las sentencias respectivas; y

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Pues bien, de la lectura de las ejecutorias que dieron lugar a la presente contradicción, se advierte el primero de los requisitos mencionados, toda vez que los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes.

En efecto, los Tribunales Colegiados Tercero, Sexto, Séptimo, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales R.F. 128/2007, R.F. 151/2007, R.F. 82/2007, R.F. 121/2007 y R.F. 264/2007, respectivamente, consideraron en lo sustancial, que no obstante que el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prevenga que para calcular la cuota diaria pensionista, deben tomarse como base los datos contenidos en la hoja única de servicios expedida por las afiliadas, ésta no puede ser considerada como el único documento para acreditar el aludido sueldo básico, dado que la parte actora puede demostrar haber recibido diversas prestaciones integrantes del mismo, con base en diversos documentos -recibos o comprobantes de pago, depósitos en cuenta bancaria, etcétera- y, por tal motivo, tiene derecho a que se tomen en cuenta para el cálculo de la pensión jubilatoria.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal R.F. 151/2007, sostuvo -en esencia- que para calcular la cuota diaria de la pensión jubilatoria se deben considerar únicamente los datos asentados en la hoja única de servicios, tal como lo establece el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no así los comprobantes de pago exhibidos por el trabajador, pues el citado órgano de seguridad social está obligado a acatar la mencionada disposición reglamentaria.

Tales consideraciones evidencian que los citados Tribunales Colegiados, al resolver los negocios jurídicos motivo de la denuncia, examinaron cuestiones jurídicamente iguales, pues según se desprende de las precisiones efectuadas, los referidos órganos jurisdiccionales al resolver las revisiones fiscales se ocuparon de analizar si la hoja única de servicios -prevista en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- es suficiente para acreditar el salario base para la cuantificación de la pensión jubilatoria o deben considerarse diversos documentos que avalen las percepciones de las cantidades no tomadas en cuenta en aquel documento.

Asimismo, los órganos jurisdiccionales mencionados adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, dado que mientras los Tribunales Colegiados Tercero, Sexto, Séptimo, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideraron que si la hoja única de servicios no contiene todos los conceptos integrantes del sueldo básico, no puede ser considerada como el documento idóneo para acreditar tal prestación y, por tanto, deben tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión jubilatoria diversos documentos que así lo realicen; por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estimó -en lo sustancial- que para calcular la cuota diaria de la pensión jubilatoria se deben considerar únicamente los datos asentados en la hoja única de servicios, conforme a lo dispuesto en el texto del ordenamiento reglamentario antes citado.

Sin embargo, aun cuando existen los mismos elementos y éstos fueron tomados en cuenta por los Tribunales Colegiados al emitir los fallos respectivos, aquéllos resolvieron en sentido diverso, sustentando su sentencia en razonamientos diferentes entre sí.

En este tenor, se actualizan los supuestos mencionados y, en consecuencia, existe la contradicción de tesis que se denuncia, por lo que el punto concreto de contradicción a dilucidarse por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para el cálculo de la cuota diaria pensionaria, a fin de computar los años de servicio y determinar las cotizaciones de los trabajadores, se deben tomar como base únicamente los datos asentados en la hoja única de servicios que expidan las afiliadas del citado órgano de seguridad social, o bien, en caso de inconformidad del trabajador con los datos ahí asentados, puede exhibirse cualquier otro medio de prueba idóneo para acreditar los conceptos establecidos en el propio precepto reglamentario.

DÉCIMO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer el criterio sustentado en esta resolución, que coincide en lo sustancial con el que sostuvieron los Tribunales Colegiados Tercero, Sexto, Séptimo, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El sistema de cuantificación del monto de la pensión por jubilación de los trabajadores al servicio del Estado, responde a la necesidad jurídica de reglamentar dicha prestación consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuáles regirán:

"A. ...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte."

De lo antes transcrito se desprende que la jubilación es una de las formas mínimas de garantizar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

Ahora, la normatividad reglamentaria de dicho apartado constitucional, es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues regula la seguridad social de esa clase trabajadora, máxime que la propia Carta Magna no precisa sus presupuestos ni la forma de calcular el monto de la misma, por lo tanto es incuestionable que deja al legislador ordinario la regulación de tales aspectos.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2005 sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, cuyos texto y rubro dicen:

"ISSSTE. PENSIÓN JUBILATORIA. PARA CUANTIFICAR LA CUOTA DIARIA DEBE ATENDERSE A LOS ARTÍCULOS 15 Y 57 DE LA LEY RELATIVA. El sistema de cuantificación de los montos de la pensión jubilatoria previsto en los citados preceptos responde a la necesidad jurídica de reglamentar dicha prestación contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otra parte, el artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que la observancia de ésta es de orden público, de interés social y de aplicación obligatoria en toda la República. En consecuencia, aun cuando en una sentencia donde se haya establecido el derecho de un trabajador a recibir la pensión jubilatoria se ordene su cuantificación sin remitir expresamente a los mencionados artículos 15 y 57, éstos deben aplicarse por la ejecutora, pues aquella omisión no autoriza la actuación arbitraria."

Así, en relación con la pensión de jubilación, la ley de seguridad social burocrática vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la parte conducente de sus artículos 1o., 2o., 3o., 15, 57, 60 y 64, dispone:

"Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República; y se aplicará:

"I. A los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros;

"II. A las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los Poderes de la Unión a que se refiere esta ley;

"III. A las dependencias y entidades de la administración pública en los estados y municipios y a sus trabajadores en los términos de los convenios que el instituto celebre de acuerdo con esta ley, y las disposiciones de las demás Legislaturas Locales;

"IV. A los diputados y senadores que durante su mandato constitucional se incorporen individual y voluntariamente al régimen de esta ley; y

"V. A las agrupaciones o entidades que en virtud de acuerdo de la Junta Directiva se incorporen al régimen de esta ley."

"Artículo 2o. La seguridad social de los trabajadores comprende:

"I. El régimen obligatorio; y

"II. El régimen voluntario."

"Artículo 3o. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios:

"...

"V. Seguro de jubilación; ..."

"Artículo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo.

"‘Sueldo presupuestal’ es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.

"‘Sobresueldo’ es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.

"‘Compensación’ es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada ‘Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales’.

"Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley.

"El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo."

"Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del Instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aún en el caso de la aplicación de otras leyes.

"Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la Junta Directiva del Instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley.

"La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año.

"En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.

"De no ser posible la identificación del puesto, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento.

"Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20936-3b410600/hoja-unica-de-servicios-expedida-por-las-afiliadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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