REVISIÓN FISCAL. EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, correspondiente a la especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual intervino en uno de los asuntos que originó uno de los criterios en posible contraposición.
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 237/2008, en sesión de veintidós de agosto de dos mil ocho, sostuvo en el considerando cuarto de la sentencia, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Previo al examen de la procedencia del recurso, debe examinarse la legitimación de la autoridad recurrente, por ser este un tema de estudio preferente. En consideración de este tribunal, la autoridad que interpone el recurso de revisión fiscal que nos ocupa carece de legitimación procesal activa, de acuerdo con las consideraciones de derecho que enseguida se exponen: En la especie, la recurrente impugna una sentencia definitiva dictada en un juicio de nulidad por una Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece el recurso de revisión fiscal, así como sus reglas de procedencia, mismo que, en la parte que interesa, previene lo siguiente: ‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: .... .’. Del precepto transcrito se advierte que el recurso de revisión fiscal se estableció como un medio de control de legalidad, en contra de las sentencias dictadas, entre otros, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, cuando el resultado de la sentencia no les sea favorable. El aludido ordinal establece, además, el requisito de la legitimación que está obligada a cumplir la autoridad que interponga el recurso, pues señala que debe hacerse valer por la autoridad demandada, empero, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Ahora, del oficio que contiene el presente recurso de revisión fiscal se desprende que quien lo suscribe es la directora de Servicios Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en su carácter de ‘encargada de la defensa jurídica de la misma’ (fojas tres y trece del toca). La parte conducente del oficio de agravios dice lo siguiente: ‘Sonia Castro Ramírez, directora de Servicios Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, personalidad que acredito con la documental pública que de mi nombramiento acompaño en copia certificada, promoviendo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o., tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 32, fracción IV, del reglamento de la ley orgánica de esta institución, en mi carácter de encargada de la defensa jurídica de la misma ... atentamente comparezco y expongo ....’. (foja tres del toca). Los artículos 5o., tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 32, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que son los preceptos legales en que pretende sustentar su intervención la autoridad recurrente, establecen lo siguiente: ‘Artículo 5o. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. ... La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales ...’. Por su parte, el artículo y fracción invocados del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece: ‘Artículo. 32. Al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes: ... IV. Realizar la defensa jurídica de la institución ante cualquier instancia, y representar jurídicamente al procurador ante las autoridades administrativas judiciales y laborales; ... La Dirección General de Asuntos Jurídicos contará, cuando menos, con las direcciones de servicios legales de la institución y de juicios federales, cuyos titulares tendrán las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del presente artículo, sin perjuicio de que sean desempeñadas por el titular de la dirección general.’. El tercer párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal en consulta, dispone que la representación de las autoridades, corresponderá a la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en el reglamento o decreto respectivo, y, en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales; o conforme lo establezcan las disposiciones locales, tratándose de las autoridades de las entidades federativas coordinadas. Por otra parte, se tiene que, aun cuando pareciera que el artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República otorga facultades, entre otras dependencias, a la Dirección de Servicios Legales de la Procuraduría General de la República -que en el caso es la que interpone el recurso-, para acudir ante cualquier instancia a realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita la Procuraduría General de la República, ello no la legitima para acudir a la presente vía conforme a lo establecido por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Como se mencionó en párrafos precedentes, el mencionado artículo 63 de la referida ley, establece que el recurso de revisión fiscal deberá hacerse valer por la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, y es el caso que del texto del 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se advierte que el órgano facultado para interponer toda clase de recursos y medios de impugnación en los juicios en que dicha procuraduría sea parte, es el director general de asuntos jurídicos de la propia procuraduría. Esto es, por disposición expresa del citado numeral 32, el órgano facultado para interponer toda clase de recursos y medios de impugnación en los juicios en que dicha procuraduría sea parte, es su Dirección General de Asuntos Jurídicos. Por lo cual es dicha unidad administrativa la legitimada para hacer valer el recurso de revisión fiscal, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo tanto, es a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a la que correspondía interponer la presente vía, por ser la encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el último párrafo del comentado artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que las direcciones de servicios legales de la institución y de juicios federales podrán ejercer las facultades que el director general de Asuntos Jurídicos tiene precisadas en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del propio precepto; sin embargo, ello no conduce a considerar que la Dirección de Servicios Legales es la unidad encargada de la defensa jurídica en casos como el que nos ocupa, ya que la facultad originaria corresponde al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, en esa virtud, no se satisface el requisito formal que prevé el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto a que el recurso debe ser interpuesto por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas. Consecuentemente, si el citado ordinal 32 faculta a la Dirección de Servicios Legales a realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita la Procuraduría General de la República, en tanto que el ordinal 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad demandada en el juicio de nulidad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente; con base en la interpretación sistemática de ambos preceptos, sólo puede concluirse que es al director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, al único que corresponde ejercer la defensa jurídica de esa institución, pues aun cuando el último párrafo del mencionado artículo 32 del reglamento en cita, refiere que la Dirección de Servicios Legales podrá ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del propio precepto, para la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo cierto es que la citada Dirección de Servicios Legales no es la unidad encargada de la defensa jurídica de la Procuraduría General de la República, sino que se trata de una dependencia auxiliar de esa dirección general. La interpretación aislada del referido numeral 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, implicaría desatender el requisito de legitimación del recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la norma especial que establece que el recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de la propia ley, así como las que si dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas, deben ser impugnadas por la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente. Debe hacerse hincapié en que conforme a la técnica del recurso de revisión fiscal, el cual se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, la legitimación para interponerlo recae en la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la secretaría de Estado correspondiente, por ser la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para que el medio de impugnación se interponga con la formalidad que requieren los asuntos respectivos, a fin de asegurar la adecuada defensa de dichas autoridades. Este criterio ha sido sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando afirma que los titulares de las áreas de responsabilidades del órgano interno de control en las dependencias, órganos desconcentrados, Procuraduría General de la República y entidades de la administración pública federal, dependientes de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, carecen de legitimación para interponer el recurso citado, pues no obstante que en términos de lo previsto en el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esas autoridades se encuentran facultadas para defender las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales en representación del titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependen jerárquica y funcionalmente, por disposición expresa de la ley que las regula, el órgano facultado para interponer toda clase de recursos y medios de impugnación en los juicios en que dicha secretaría sea parte, es el titular de la unidad de asuntos jurídicos; lo cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto señala que las autoridades podrán impugnar, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que les sean adversas. El anterior criterio fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 46/2003, localizable en la página doscientos ochenta y cuatro, Tomo XVII de junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LOS DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DE TALES ÓRGANOS, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA.’ (resulta innecesaria su transcripción). Las consideraciones que sustentan la tesis en cita en la parte que interesa, son del texto siguiente: (resulta innecesaria su transcripción). Bajo esas premisas, es de concluir que si el recurso de revisión en examen no fue interpuesto por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, a través de su titular, Dirección General de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo procedente es desechar dicho medio de impugnación. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por este órgano colegiado, identificada con el número I.5o.A. J/6, consultable en la página dos mil sesenta y seis, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.’ (resulta innecesaria su transcripción). No es obstáculo a lo antes determinado, que por auto de presidencia se haya admitido a trámite el recurso en cuestión, debido a que, por su naturaleza, tal clase de determinaciones no causan estado. Al respecto, es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, identificada con el número cuatrocientos sesenta y nueve, consultable en la página trescientos doce, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘REVISIÓN. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.’ (resulta innecesaria su transcripción)."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 184/2008, en sesión de veintitrés de junio de dos mil ocho, sostuvo en el considerando segundo de la sentencia, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO. El recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, toda vez que se trata de la directora de Servicios Legales de la Procuraduría General de la República, que es la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del procurador general de la República, quien para tal efecto invoca los artículos 200 del Código Fiscal de la Federación (precepto aplicable al caso en virtud de que el juicio del que proviene la sentencia impugnada inició en el año dos mil cinco) y 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; preceptos que, en lo conducente, disponen lo siguiente: ‘Artículo 200. Ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar, en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en el reglamento o decreto respectivo; o conforme lo establezcan las disposiciones locales, tratándose de las autoridades de las entidades federativas coordinadas. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.’. ‘Artículo 32. Al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes: ... IV. Realizar la defensa jurídica de la institución ante cualquier instancia, y representar jurídicamente al procurador ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales; ... La Dirección General de Asuntos Jurídicos contará, cuando menos, con las Direcciones de Servicios Legales de la institución y de Juicios Federales, cuyos titulares tendrán las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del presente artículo, sin perjuicio de que sean desempeñadas por el titular de la dirección general.’. Ahora bien, no obstante que la autoridad que firma el escrito de revisión fiscal no invoca el último párrafo del artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es la parte de dicho precepto que le otorga legitimación para interponer este medio de defensa, se estima que tal circunstancia no constituye obstáculo alguno para considerarla legitimada para hacerlo, esto en atención a que el escrito mediante el cual se hace valer el medio de impugnación no exige la cita exacta del precepto legal que faculte a la autoridad para interponerlo puesto que no constituye un acto de autoridad ya que a través del mismo no se expresa una relación de supra a subordinación entre la recurrente y la parte actora en el juicio de nulidad (quienes como partes opuestas en dicho juicio se encuentran en igualdad de circunstancias), además de que al interponerlo la autoridad queda sujeta a la decisión de un órgano judicial como lo son los Tribunales Colegiados de Circuito. Además de lo anterior debe considerarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción IV y último párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la directora de Servicios Legales de dicha procuraduría sí es (sic) unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de esa dependencia del Gobierno Federal, por lo cual se encuentra legitimada para (sic) presente recurso de revisión fiscal. En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: No. Registro: 184,010. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, junio de 2003. Tesis: 2a./J. 46/2003. Página: 284. ‘REVISIÓN FISCAL. LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LOS DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DE TALES ÓRGANOS, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA.’ (resulta innecesaria su transcripción)."
Finalmente, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 199/2008, en sesión de diez de julio de dos mil ocho, sostuvo en el considerando tercero de la sentencia, en la parte que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. La autoridad que interpone el recurso de revisión fiscal, directora de Servicios Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, tiene legitimación para interponer el citado recurso, pues se trata de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de dicha institución. En el recurso de referencia, la autoridad recurrente, manifiesta: ‘Sonia Castro Ramírez, directora de Servicios Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, personalidad que acredito con la documental pública que de mi nombramiento acompaño en copia certificada, promoviendo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el último párrafo y fracción IV del artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de esta institución, en mi carácter de encargada de la defensa jurídica de la misma ... .’. Ahora bien, las normas invocadas por la autoridad establecen: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ‘Artículo 5o. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.’. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. ‘Artículo 32. Al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes: ... IV. Realizar la defensa jurídica de la institución ante cualquier instancia, y representar jurídicamente al procurador ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales; ... La Dirección General de Asuntos Jurídicos contará, cuando menos, con las Direcciones de Servicios Legales de la institución y de Juicios Federales, cuyos titulares tendrán las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del presente artículo, sin perjuicio de que sean desempeñadas por el titular de la dirección general.’. Asimismo, la autoridad recurrente acompaña a su escrito de agravios, copia certificada de la constancia de nombramiento con la que acredita ser la directora de Servicios Legales de la Procuraduría General de la República y del cual se desprende lo siguiente (foja 32 del toca en que se actúa): ‘... México, D.F. 16 de enero de 2007. Lic. Sonia Castro Ramírez. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., 5o., 7o., 10 y 13, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y, 1, 2, 6, 12, fracciones VII, XXI y XXII, de su reglamento, le comunico que a partir de esta fecha ha sido designada directora de Servicios Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución, por lo que queda facultada para ejercer las atribuciones que corresponden a dicho encargo, bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. El director general. Lic. Agustín González Guerrero.’. Por tanto, de la transcripción de preceptos legales citados en el escrito de agravios y de la copia certificada de la constancia de nombramiento exhibido por la directora de Servicios Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, se acredita su legitimación para interponer el recurso de revisión."
CUARTO. El Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Del análisis de las sentencias transcritas en el considerando tercero del presente fallo, se advierte que sí existe contradicción de criterios, toda vez que, respecto de un mismo tema, a saber: si la Dirección de Servicios Legales está legitimada para presentar el recurso de revisión fiscal en defensa de la Procuraduría General de la República, los tribunales arribaron a conclusiones diversas.
En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 237/2008, en sesión de veintidós de agosto de dos mil ocho sostuvo, interpretando los artículos 5o., párrafo tercero y 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que la Dirección de Servicios Legales no está facultada para presentar el recurso de revisión fiscal en defensa de la Procuraduría General de la República, pues aun cuando el último párrafo del artículo 32 del reglamento referido establece que esa Dirección de Servicios Legales podrá ejercer las facultades establecidas a favor de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del propio precepto, no es la unidad encargada de la defensa jurídica de la procuraduría mencionada, sino que se trata de una dependencia auxiliar de la señalada Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Agregó el órgano jurisdiccional que la interpretación aislada del artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República implicaría desatender el requisito de legitimación del recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la norma especial que establece que el recurso de revisión fiscal debe presentarse por la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, por ser la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para que el medio de impugnación se interponga con la formalidad que requieren los asuntos respectivos, a fin de asegurar la adecuada defensa de dichas autoridades.
Finalmente, apoyó su conclusión en la jurisprudencia 2a./J. 46/2003, sustentada por esta Sala, de rubro: "REVISIÓN FI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21338-96d12488/revision-fiscal-el-titular-de-la-direccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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