ASESOR JURÍDICO O DEFENSOR EN MATERIA AGRARIA. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE SUS ASESORADOS O DEFENDIDOS. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, PRIMERO, SEXTO, DÉCIMO CUARTO, QUINTO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados al resolver en amparo directo y en recursos de reclamación derivados de aquéllos, aspectos relativos a la materia agraria que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por Alonso Quintero Carrasco, en su carácter de representante del ejido "Plan de Rehabilitación", Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, núcleo quejoso en todos los juicios de amparo directo y en los recursos de reclamación derivados de ellos, en que se sustentan los criterios materia del presente asunto; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 222/2007, promovido por el ejido Plan de Rehabilitación, Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, por conducto de su abogado asesor Alonso Quintero Carrasco, en contra de la sentencia de veintidós de febrero de dos mil siete, emitida por el Tribunal Superior Agrario; mediante ejecutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, sustentó las consideraciones siguientes:
"NOVENO. ... Ahora bien, el Magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario también esgrime que debe sobreseerse en el presente juicio, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracción XVIII; 74, fracción III y; 213, fracción III; todos de la Ley de Amparo, ya que considera que el abogado asesor del comisariado ejidal carece de personalidad y, por ende, de legitimación procesal activa para interponer el juicio de amparo en nombre y representación del núcleo de población ejidal Plan de Rehabilitación. Dichos preceptos legales, disponen lo siguiente: ‘Artículo 4o.’. ‘Artículo 73.’. ‘Artículo 74.’. ‘Artículo 213.’ (se transcriben). Ahora bien, de la lectura que se realice a los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 179 de la Ley Agraria, se tiene que la asesoría legal adecuada y real es una formalidad del procedimiento agrario que garantiza el derecho de defensa, de modo que en el vigente procedimiento agrario los contendientes, aparte de la defensa material en los casos que proceda la suplencia de la deficiencia en los planteamientos de derecho, deben contar con una defensa adecuada. Dichos preceptos textualmente dicen: ‘Artículo 27.’, ‘Artículo 179.’ (se transcriben). Así, como puede verse de la lectura de los artículos transcritos, en específico del artículo 27, fracción XIX, constitucional, que la asesoría legal se encuentra prevista en favor de los campesinos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es obvio que constituye, como garantía individual, un derecho sustantivo o fundamental, a cuyo respeto y cumplimiento están obligadas todas las autoridades. En el mismo sentido, la Ley Agraria establece dos principios que rigen el procedimiento, que son el de igualdad o equidad y el de la defensa material, el cual se halla en forma patente en lo dispuesto por el artículo 179 de la ley de la materia, en cuanto dispone que si una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, debe suspenderse el procedimiento y solicitarse los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, quien gozará de cinco días contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento, para enterarse del asunto. Esta disposición se encuentra relacionada con el artículo 135 de la Ley Agraria, que establece que la citada procuraduría está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, de sus sucesores, de los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de la propia ley. La igualdad de las partes también se tutela en los artículos 186, tercer párrafo, y 164 de la Ley Agraria, al disponer el primero de ellos que en la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellos, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad; del mismo modo, deberán considerar las costumbres y usos de los grupos indígenas cuando en los juicios se involucren tierras de éstos, mientras no contravengan la ley ni se afecten derechos de tercero. El principio de la defensa material está contenido en los artículos 164, tercer párrafo, y 186, segundo párrafo, de la Ley Agraria. El primero de dichos artículos ordena al tribunal suplir la deficiencia de las partes en los planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como de ejidatarios o comuneros. Y el segundo dispone que el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Las destacadas disposiciones legales conducen a concluir que en el vigente procedimiento agrario, los contendientes, aparte de la defensa material en los casos que proceda la suplencia de la deficiencia en los planteamientos de derecho, deben contar con una defensa formal adecuada, en la que se incluye el derecho de estar debidamente asesorado inclusive por un miembro de la Procuraduría Agraria, si su contrario procesal concurre con un asesor a la audiencia del juicio. De todo esto igualmente se concluye que la figura del asesor jurídico o defensor prevista por el artículo 179 de la Ley Agraria, es la de un verdadero representante legal facultado para promover todo lo relacionado con la defensa de los derechos agrarios de quien asesora en el juicio. De ahí que si un tribunal agrario le reconoce a una persona el carácter de asesor jurídico de una de las partes en un procedimiento agrario, ese asesor jurídico tiene facultades para promover el juicio de amparo en representación de la parte a quien asesoró. Al haberse desestimado las causas de improcedencia invocadas por el Magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario y no habiéndose hecho valer por las partes alguna otra, sin que este tribunal advierta la actualización de algún motivo de improcedencia, se procede al estudio de fondo."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de reclamación 25/2007 el veinte de noviembre de dos mil siete; 26/2007 y 27/2007, ambos el veintiocho de noviembre del mismo año; y 30/2007 el cinco de diciembre de dos mil siete, los declaró infundados y sostuvo, en esencia, similares consideraciones, motivo por el cual sólo se transcribe la parte conducente de la resolución indicada en último lugar (por ser la de fecha más reciente), la cual es del tenor siguiente:
"QUINTO. ... En el caso que nos ocupa, conviene tener presente que el ahora recurrente fungió como abogado asesor de la parte accionante en el juicio agrario de origen y, por lo tanto, pretendió que se le reconociera su personalidad en el juicio de amparo para actuar en representación del ejido ‘Plan de Rehabilitación’, Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, ya que en términos de lo previsto en los artículos 135, 136 y 179 de la Ley Agraria, se le había reconocido tal carácter en el juicio agrario de origen. Al respecto, es conveniente precisar que no obstante que el promovente del juicio, cite como fundamento del carácter con el que se ostenta, los citados preceptos de la Ley Agraria, lo cierto es que, al intentarse un juicio de garantías, la ley específica aplicable al caso es la Ley de Amparo en cuyo libro segundo denominado ‘Del amparo en materia agraria’, se encuentran los artículos 213, 214 y 215, mismos que prevén lo siguiente: ‘Artículo 213.’. ‘Artículo 214.’. ‘Artículo 215.’ (se transcriben). De los preceptos legales antes citados, se desprende claramente que los sujetos que tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población son: 1) Los comisariados ejidales o de bienes comunales; 2) Los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población ejidal, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo; y, 3) Quienes tengan representación en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria, y se trate de asuntos de restitución, dotación y ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de población y en los reconocimientos y titulación de bienes comunales. La anterior enumeración resulta ser limitativa y no enunciativa, ya que de la lectura de la exposición de motivos que dio origen a la reforma que adicionó las disposiciones del libro segundo denominado ‘Del amparo en materia agraria’, específicamente del dictamen y discusión del proyecto del decreto que reforma y adiciona la Ley de Amparo, de la Cámara de diputados, de veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y seis, se advierten los siguientes aspectos relevantes que conviene citar: ‘En términos generales, parecería que la iniciativa se concreta a separar las reglas del amparo agrario y ordenarlas en un libro específico, aspecto que, de suyo, ya sería digno de encomio toda vez que el amparo agrario, a partir de 1963 se ha convertido en un proceso constitucional de excepción y como tal debe ser objeto de un tratamiento especial. Pero además de esta cuestión de técnica legislativa, la iniciativa y las modificaciones que a la misma se le hicieron depurar el juicio de amparo en materia agraria, hacen más claros los preceptos, incorporan algunas tesis jurisprudenciales y, desarrollan más asequiblemente las instituciones del amparo sobre materia agraria. ... En lo que se refiere al libro segundo, conviene hacer notar algunas novedades institucionales que constituyen avances en el proceso social de garantías agrarias, que seguramente beneficiará a la clase campesina, y que, a juicio de las comisiones, marca un antecedente y constituye un precedente importante para que se lleguen, cuando la oportunidad lo permita, a establecer nuevos sistemas o un nuevo procedimiento para salvaguardar los derechos sociales, no solamente del sector campesino, sino de todos los sujetos titulares de esos derechos. Los aspectos que estimamos más relevantes son: a) La definición del objeto del amparo agrario tomando como base a los sujetos titulares de derechos agrarios que, en un momento dado, pueden acudir en demanda de garantías. Ello implica perfeccionar y aclarar el concepto de ‘materia agraria’ que se prestaba a confusiones. En el nuevo artículo 212 se recoge la experiencia de nuestro Máximo Tribunal en ese sentido. De esta suerte pensamos que no quedará duda de que el procedimiento de excepción solamente puede ser utilizado por los titulares de derechos sociales agrarios. b) Se perfeccionan las reglas para acreditar la personalidad de los quejosos agrarios. Por otro lado, en atención a una tesis de la Suprema Corte se previene que la deficiencia para justificar la personalidad, no será motivo para rechazar la demanda, sino que el juzgador solicitará de las autoridades competentes los documentos que la acrediten, y hasta en tanto ello ocurra, se ordene la suspensión provisional de los actos reclamados. Incuestionablemente que este dispositivo es una norma que se aparta del rigorismo del amparo de estricto derecho para beneficiar a los campesinos que generalmente desconocen las formas procesales. El C. Abel Vicencio Tovar: señor presidente, señores diputados: Vengo a referirme al artículo 231 del proyecto que estamos considerando y que literalmente dice: ‘En los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos que especifique el artículo 212 o en que los mismos sean terceros perjudicados, se observarán las siguientes reglas: Fracción primera. No procederá el desistimiento de dichas entidades o individuos. Y la fracción cuarta dice: No será causa de improcedencia del juicio el consentimiento ni presunto ni expreso de los actos reclamados, salvo en este último caso que el mismo emana de una asamblea general. Por las razones que a continuación expondré a ustedes señores diputados, considero que por congruencia es necesaria la modificación de estas dos fracciones a que acabo de referirme, en la siguiente forma: Fracción primera. No procederá el desistimiento de dichas entidades o individuos, salvo el caso que sea acordado expresamente por la asamblea general, con el voto de por lo menos el 65% de los asistentes. Y para la fracción cuarta propongo este texto: No será causa de improcedencia del juicio el consentimiento ni presunto ni expreso de los actos reclamados, salvo en este último caso que el mismo emane de una asamblea general por el voto de por lo menos el 65% de los asistentes. Las razones señores diputados, son las siguientes: Si pensamos en que se trata de garantizar que las determinaciones que tomen los representantes de los ejidatarios o comuneros no vayan a afectar a la comunidad, a los derechos fundamentales sociales que se están debatiendo, debemos pensar también que quienes están más interesados en proteger esos derechos son precisamente los ejidatarios y los comuneros. Antes de esta reforma, fácil era y se repitió el caso de que a través de representantes no muy legítimos, que a través de la actuación de abogados no siempre con título, que a través de múltiples gestores o gestores muchas veces en la sombra para, actuar con impunidad, se despojara de sus derechos a las comunidades agrarias y que en un momento dado los ejidatarios o comuneros se encontraron con que habían perdido sus derechos sobre determinada posesión o sobre determinado usufructo. Pero si pensamos en que son precisamente, como digo, los comuneros o los ejidatarios, ya no a través de representantes, por más legítimos que se les quiera suponer, quienes en un momento dado pueden examinar y pueden defender sus derechos, creo que la garantía sería suficiente. Por otro lado, insisto, se está aplicando exactamente este criterio y este tratamiento que estoy proponiendo en la fracción I, en la fracción IV, pues en la fracción IV se dice que se podrán consentir los actos reclamados y como consecuencia vendrá el sobreseimiento del amparo cuando así lo acuerde la asamblea de ejidatarios, y yo creo que sería que si la asamblea de ejidatarios puede acordar consentir expresamente los actos reclamados, tiene igual facultad y debemos reconocérsela ya en un momento dado, acordar el desistimiento del juicio de amparo. Entiendo que se trata de evitar que sean sorprendidos los ejidatarios. Pero también debemos entender que cuando responsablemente la asamblea de los ejidatarios, y repito, sin necesidad de la intervención de representantes oficiales u oficiosos, llega a la convicción plena, por ejemplo, por haber llegado a un acuerdo, a un convenio que es totalmente favorable a sus intereses, llega a la convicción de que ya no es necesario el amparo solicitado, no veo por qué se pretende quitarles la libertad de decidir. Hasta aquí llegamos, porque conviene a nuestros propios intereses. El no aceptar esta modificación, señores diputados, sería complicar innecesariamente un procedimiento, en el momento en que una asamblea de comuneros o de ejidatarios decidiera no seguir adelante, se le diría: no tienes derecho a desistirte, porque ahí está la fracción I del artículo 231 y ¿cuál sería entonces la consecuencia?, seguir con los trámites; pedirle al Juez que resolviera de todos modos o artificialmente, provocar actos que hicieran sentir al Juez que se está consintiendo con los actos reclamados para llegar al sobreseimiento del amparo. Me parece un procedimiento inútil e ilógico además, pero hay algo más de esto que no puedo dejar de mencionar, este propósito tutelar del Estado que busca fundamentalmente el establecimiento de la justicia social, rompiendo como desde un principio con el criterio liberal, debe tener como objetivos fundamentales, el hacer a un lado, el destruir obstáculos en el orden social y que en el orden económico impiden a los ciudadanos enfrentarse a diversas circunstancias en igualdad de posibilidades. Una oposición social que puede significar un demérito en un momento dado aunque sea ilícito, imposibilidad desde el punto de vista económico que cuenta tanto en el ejercicio del poder, es decir, la posibilidad de llevar adelante la propia decisión, esos son los obstáculos que la legislación tutelar tiene que apartar. Pero este tutelaje del Estado puede tener a nuestro modo de ver las cosas, un límite: el respeto mismo al hombre, como persona, como ser humano, el respeto y confianza en el ejercicio racional del hombre, el respeto a sus decisiones, la confianza misma en su juicio racional. Pasar por alto esto sistemáticamente, nos llevaría a estar insistiendo en un tratamiento que ya está sonando como una afrenta a la clase campesina, tratándola permanentemente como menores de edad. Si una asamblea de ejidatarios con su juicio racional, sereno, con posibilidad total de información, toma una decisión, no puede hacerlo porque existe ese impedimento absoluto. Aquí estamos viendo también en esta ley que no puede caducar la instancia, y otras muchas protecciones que evidentemente se justifican por sí mismas. Pero en este caso señores, se llegaría a una situación totalmente distinta de aquella a la que se trata de proteger. ¿Qué existe el vacío, pregunto yo, entre el ser humano y el Estado? ¿Qué no existe entre estas dos entidades una multiplicidad de comunidades naturales en donde el hombre desarrolla todos los aspectos de su vida y en estas mismas comunidades se perfecciona? ¿No es una falta de respeto el olvidar las decisiones a las que puede llegar una asamblea? ¿No es una demasiada falta de confianza en el juicio racional de los campesinos? ¿Vamos a persistir en este aspecto por lo menos en contratar a importantes núcleos de mexicanos como si fueran menores de edad?-La nación es ciertamente una comunidad natural, pero no está formada por individuos abstractos; está formada por personas concretas, con raciocinio, con voluntad, con intereses y con ideales. No podemos pasar por alto las decisiones de esas personas concretas, pues en la misma medida en que una nación logre la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos que la forman, en esa misma medida progresará, se desarrollará se hará grande y logrará el bienestar físico y moral de cada una de aquellas que la forman. Por estas razones, señores, y no quiero alargarme, propongo a ustedes estas modificaciones.’-De lo antes citado, queda de manifiesto que el amparo agrario es un proceso constitucional de excepción, que al buscar salvaguardar los derechos de la clase campesina, sólo puede promoverse por los titulares de derechos sociales agrarios. En efecto, en la citada adición a la Ley de Amparo, el legislador perfeccionó las reglas para acreditar la personalidad de los quejosos agrarios, mencionando de manera limitativa en el artículo 212 del referido ordenamiento, quiénes tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población y, en ese sentido expresamente acotó dicha facultad a los comisariados ejidales, o de bienes comunales; a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o cualquier ejidatario o comunero si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo; y, a quienes tengan la representación en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria, tratándose de restitución, dotación y de ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de población y en los de reconocimiento y titulación de bienes comunales. La intención de perfeccionar las reglas para acreditar la personalidad en el juicio de amparo y de establecer claramente, quiénes tienen representación legal para interponer el juicio de amparo a nombre de un núcleo de población ejidal, obedece a que el legislador, privilegió e imprimió especial énfasis en las decisiones que adoptaran los núcleos de población ejidal, por tanto estableció claramente que la voluntad de interponer o no, el juicio de amparo debe recaer exclusivamente en los núcleos de población agraria, de acuerdo a lo que estimen más favorable a sus intereses, sin que esto constituya un obstáculo para que puedan ser asesorados por las instancias que para ese fin fueron creadas, como acontece con la Procuraduría Agraria. En tales circunstancias, resulta claro que a fin de salvaguardar lo que el legislador plasmó en el texto legal en comento, es necesario que la voluntad por parte del núcleo de población ejidal de promover el juicio de garantías, sea manifiesta, ya que de otra forma, se trastocaría el espíritu del legislador, quien le confirió al juicio de amparo agrario, una naturaleza excepcional, limitando la posibilidad de promoverlo solamente a los titulares de derechos sociales agrarios, con lo cual, como ya quedó plasmado en párrafos anteriores, buscó salvaguardar los derechos de los citados núcleos, garantizando y respetando las determinaciones que tomen los representantes de los ejidatarios y comuneros y, no dejando dicha decisión en manos de representantes externos. Atento a lo anterior y contrario a lo que alega el recurrente, no puede interpretarse que el artículo 213 de la Ley de Amparo en concordancia con los diversos 135, 136 y 179 de la Ley Agraria, otorgue facultades a los asesores en materia agraria adscritos a la Procuraduría Agraria para promover el juicio de garantías, ya que como ha quedado precisado en párrafos anteriores, éste constituye un proceso constitucional de excepción que amerita un tratamiento especial, mismo que al buscar salvaguardar los derechos de los sujetos agrarios, limita la representación legal para interponer el juicio de amparo a los sujetos previstos en el artículo 212 de la Ley de Amparo. En este tenor, es infundado lo alegado por el recurrente en el sentido de que en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se le debió reconocer su personalidad en el juicio de garantías, al haber sido reconocido como asesor representante del ejido ‘Plan de Rehabilitación’, Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, en el tribunal de origen y, por ende no formular el requerimiento contenido en el acuerdo recurrido en esta reclamación. Lo anterior es así, ya que en primer lugar, el artículo 13 de la Ley de Amparo, se ubica en el ‘libro primero’ denominado ‘Del amparo en general’, el cual no resulta aplicable al caso al tratarse de un amparo agrario regulado específicamente por las disposiciones relativas al amparo agrario previstas en el ‘libro segundo’ del citado ordenamiento; y, en segundo lugar, el hecho de que la autoridad original le haya reconocido la personalidad al ahora recurrente, no es un supuesto de los contemplados en las reglas de representación legal en el juicio de amparo agrario contempladas en los artículos 213, 214 y 215 el citado ordenamiento; en tales circunstancias, no existe fundamento legal que confiera al recurrente, representación legal en el juicio de amparo agrario. Por otra parte, debe decirse que contrario a lo alegado por el recurrente, el hecho de que se haya formulado requerimiento al comisariado respectivo, y por ello estime que no se le reconoce su carácter de representante legal para interponer el juicio de amparo, no limita el derecho a la defensa de los sujetos agrarios, ni el derecho de la asamblea a ser debidamente asesorada en sus escritos y comparecencias ante los tribunales, ya que como se ha señalado en párrafos anteriores, lo que se buscó al establecer de manera limitativa, quiénes tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población, fue garantizar el respeto a las decisiones que los núcleos de población adopten en relación a la presentación o no de dicho medio de defensa, sin que tal circunstancia contravenga o limite su posibilidad para ser asesorados por personal de la Procuraduría Agraria, además de que la ley de la materia contempla claramente la posibilidad de que la demanda de garantías, pueda presentarse en cualquier tiempo cuando afecte derechos agrarios de un núcleo de población ejidal o comunal; todo lo cual, hace patente que los derechos del núcleo de población que intenta representar el ahora recurrente, quedan expeditos para hacerlos valer conforme a los cauces legales que regulan al amparo agrario. En este tenor, conviene señalar que no pasa inadvertido para los suscritos lo alegado por el recurrente en el sentido de que resulta gravoso que los tres integrantes del comisariado ejidal suscriban la demanda de garantías, ya que todos viven en distintos poblados y se encuentran alejados de la sede del tribunal agrario, además de que no cuentan con recursos suficientes para trasladarse hasta la sede de este Tribunal Colegiado a hacer suya la demanda de garantías; así como que le fue imposible desahogar el requerimiento por escrito, debido a que no tienen recursos para pagar a un notario la certificación del acta respectiva para acreditar su personalidad ante este tribunal, debido a que dichas manifestaciones no constituyen argumentos de carácter jurídico que desvirtúen las consideraciones asentadas en párrafos anteriores. En estas circu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20969-24944b1e/asesor-juridico-o-defensor-en-materia-agraria-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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