PARCELAS Y AGUAS EJIDALES. LA CESIÓN DE DERECHOS, COMPRAVENTA O CUALQUIER ACTO DE ENAJENACIÓN QUE SOBRE ELLAS REALICE UN EJIDATARIO A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, AFECTA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL EJIDO, QUE ES DE NATURALEZA COLECTIVA. REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS EN CONTROVERSIAS EN QUE SE HAYAN RESUELTO CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES AGRARIAS, Y ALGUNA DE ELLAS NO SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA. EJIDATARIOS. SÓLO PUEDEN ENAJENAR SUS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS PARCELADAS QUE SE LES HUBIERAN ASIGNADO A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, HASTA QUE LA ASAMBLEA LES OTORGUE SU DOMINIO PLENO. TIERRAS EJIDALES. SI A LOS EJIDATARIOS NO SE LES HA OTORGADO EL DOMINIO PLENO SOBRE ELLAS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 81 DE LA LEY AGRARIA, NO PUEDEN CEDER SUS DERECHOS RELATIVOS A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, AUN A TÍTULO GRATUITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO, DÉCIMO SÉPTIMO, SEXTO, NOVENO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula el representante legal del ejido "Plan de Rehabilitación", Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, parte quejosa en los juicios de amparo 219/2007, 222/2007, 223/2007, 224/2007, 258/2007, 274/2007 y 274/2007-4508 de los que conocieron, respectivamente, los Tribunales Colegiados Décimo Sexto, Noveno, Quinto, Sexto, Décimo Séptimo, Primero y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sustentaron las tesis en posible contradicción.
TERCERO. Antes de proceder al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis, conviene señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Criterio que se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (No. Registro: 190,000. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. Página 76).
En atención a ello, debe establecerse, en primer lugar, si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita.
Para tal efecto, es conveniente destacar que las ejecutorias emitidas al resolver los juicios de amparo directo 219/2007, 222/2007, 223/2007, 224/2007, 258/2007, 274/2007-4508 y 274/2007, de los que conocieron los Tribunales Colegiados Décimo Sexto, Noveno, Quinto, Sexto, Décimo Séptimo, Primero y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito tienen antecedentes similares, pues en ellas se advierte:
1. Que el ejido "Plan de Rehabilitación", Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, por conducto del comisariado ejidal, demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, la nulidad de los siguientes contratos de cesión y arrendamiento con opción a compra, en los cuales actuó como cesionario y arrendatario, el Rancho Lucero, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada:
• Los de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, en los cuales intervino como cedente y arrendador, Manuel Duarte Guevara (amparo directo 219/2007);
• Del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en los que fue cedente y arrendadora, Eladia Ríos Acosta, causahabiente del ejidatario Leonardo Muñiz Rea (amparo directo 222/2007);
• El contrato del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis celebrado con Luis Banda Sánchez (amparo 223/2007);
• El de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, con Anselmo Franco Santillán (amparo directo 224/2007);
• Del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, en el cual fueron cedentes y arrendadores, Catarino Muñiz Pacheco, Lino Rincón Emiliano y Francisco Amador García (amparo directo 258/2007);
• Del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco celebrado con Lucina Torres Martínez y J. Cruz Hernández Moreno (amparo directo 274/2007); y,
• Del veinticuatro de abril y veinticuatro de agosto de dos mil seis, con María Guadalupe Ávalos Miranda (amparo directo 274/2007-4508).
En sus demandas agrarias, el actor pidió la inexistencia jurídica de los mencionados contratos de cesión y arrendamiento con opción a compra, porque:
"... tales actos tuvieron por objeto una parte de los derechos de agua rodada del río Nazas con los que fue beneficiado nuestro ejido desde su creación, lo anterior debido a que por la simultaneidad temporal en la supuesta realización de los actos mencionados no es posible determinar cuál acto pretendieron celebrar las partes, por lo que faltan los elementos esenciales en los mismos.
"B. En caso de improcedencia o procedencia parcial de la prestación anterior, solicitamos la declaración de este tribunal en el sentido de que los contratos de cesión y arrendamiento mencionados en el apartado anterior, están afectados de nulidad absoluta y, por lo tanto, quedan sin efectos, nulidad cuya declaración se solicita, en virtud de que para la celebración de tales actos no se contó con la autorización de la asamblea ejidal otorgada en términos de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Agraria, respectivamente, además, porque la cesión contraría los fines perseguidos por la reforma realizada en 1992 al artículo 27 constitucional, respecto a la permanencia y fortalecimiento de los ejidos, atentan (sic) también con otras disposiciones de las leyes mencionadas por las mismas razones se solicita la declaración de nulidad de cualquier documento con los cuales (sic) los demandados pretendan excepcionarse, esto es, actas de asamblea, escritos firmados por el comisariado ejidal o contratos de cualquier índole que se refieran al derecho de agua mencionado.
"C. Consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada ‘Rancho El Lucero’, S. P. R. de R. L., representada por su apoderado legal el señor Felipe López Negrete, para que restituya de manera definitiva a nuestro ejido la posesión del derecho de agua del río Nazas mencionado, el cual ha venido usufructuando mediante su alojamiento en terrenos de su propiedad.
"D. Se conmine al codemandado mencionado en la prestación que antecede, para que en lo futuro se abstenga de perturbar a nuestro ejido en el uso y disfrute del derecho de agua materia de este juicio.
"E. Se envíe oficio a la Comisión Nacional del Agua para que realice las anotaciones correspondientes respecto de la titularidad de los derechos de agua, así como sobre la inexistencia o nulidad de los contratos impugnados."
2. Conoció de esas demandas la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, que las radicó en los juicios agrarios identificados con los números 281/2004, 289/2004, 423/2004, 297/2004, 275/2007, 279/2004 y 296/2004.
Al fijar la litis, la Magistrada señaló en el acuerdo correspondiente que en el marco de los escritos de demanda y contestación, así como de las intervenciones orales, la controversia constituía el supuesto previsto por la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Luego, al dictar las sentencias en esos juicios, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas por el actor, al tener como fundada la excepción de falta de legitimación activa en la causa que invocó la persona moral codemandada, pues consideró que el comisariado ejidal del ejido "Plan de Rehabilitación", Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, no tenía legitimación para demandar la nulidad de los contratos base de la acción.
3. Inconforme con esas sentencias, el ejido demandante interpuso los respectivos recursos de revisión, radicados con los números 37/2007-06, 49/2007-06, 69/2007-06, 68/2007-06, 505/2006-06, 150/2007-06 y 96/2007-06 en el Tribunal Superior Agrario, órgano que por resoluciones dictadas los días ocho y veintidós de febrero, primero y veintidós de marzo, así como el doce de abril, todos del año dos mil siete, desechó tales medios de impugnación con el argumento de que al haberse demandado en los juicios agrarios la nulidad de los contratos de cesión y arrendamiento con opción a compra que involucraban derechos de agua, por estimar el actor que dichos contratos contravienen leyes agrarias, se estaba en presencia de una controversia entre un núcleo ejidal y uno de sus integrantes, prevista en las fracciones VI y VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que no se actualizaba alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 198 de la Ley Agraria, respecto de los cuales procede el recurso de revisión.
4. Contra esas determinaciones, el ejido "Plan de Rehabilitación" promovió los siguientes juicios de amparo directo:
• El número 219/2007, del que conoció el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que en ejecutoria de diez de octubre de dos mil siete, concedió el amparo por falta de fundamentación y motivación, toda vez que:
"... en el presente caso es preciso analizar si los derechos de agua controvertidos afectan derechos agrarios colectivos o individuales, es decir, si la litis se debió fijar con fundamento en lo establecido en el artículo 18, fracción II u VIII, lo que si bien implica el estudio del fondo de la controversia es necesario a efecto de determinar la procedencia del recurso de revisión, por lo que es preciso que el Tribunal Superior Agrario analice los argumentos manifestados por la parte quejosa respecto de la incorrecta fijación de la litis por parte del Tribunal Unitario Agrario a fin de no dejar en estado de indefensión al núcleo ejidal "Plan de Rehabilitación", en virtud de que como lo expresa el quejoso el Tribunal Superior Agrario se basó en la fijación de la litis del Tribunal Unitario Agrario para resolver que era improcedente el recurso de revisión sin considerar los razonamientos efectuados en contra de la determinación de la litis en el juicio agrario, lo que implicó una violación a la garantía de seguridad jurídica en virtud de que la sentencia que dicte el Tribunal Superior Agrario debe estar debidamente fundada y motivada."
• El amparo 222/2007, radicado en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en ejecutoria del treinta y uno de octubre de dos mil siete concedió la protección de la Justicia Federal, afirmando que, contrario a lo sostenido por el responsable, la controversia se ubicaba en la fracción II del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues si bien el recurso de revisión tratándose de restitución de tierras ejidales o comunales únicamente procede cuando se trata de derechos colectivos, no así cuando se estima una afectación de derechos en lo individual, dicho recurso también debe resultar procedente en la tramitación de un juicio agrario en el que se reclame cualquier acción tendiente a afectar derechos agrarios colectivos de los núcleos de población ejidal o comunal.
"De ahí que al constituir el derecho de agua un bien del ejido, y como parte de los bienes propiedad de éste, los cuales son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, por tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna, enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse, gravarse; por lo tanto, al ser parte del conjunto de bienes que con las que cuenta la tierra de un ejido, es evidente, que tal y como lo aduce el ejido quejoso, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria, por lo que es evidente que al ser el derecho de agua un bien propiedad del ejido, se afectan derechos colectivos y, no así individuales, como lo sostiene la responsable."
• El amparo directo 223/2007, del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil siete negó el amparo solicitado, toda vez que:
"... lo resuelto por el Tribunal Unitario del Distrito Seis, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila, fue respecto a la nulidad de los contratos de cesión de derechos y de arrendamiento con opción a compra, sobre el derecho de riego de agua del río Nazas, celebrados entre Luis Banda Sánchez y Rancho Lucero, Sociedad de Producción Rural, de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; es claro que no se trata de la acción de restitución de tierras, bosques y aguas, identificados en la hipótesis de procedencia del juicio agrario, a que se contrae la fracción II del artículo 198 en mención.
"No es obstáculo a la (sic) anterior, el que en los conceptos de violación, el ejido quejoso insista en que además de la declaración de inexistencia o de nulidad de los contratos referidos, se reclama la restitución del derecho de agua del propio ejido peticionario de garantías, y que por ende se trata de la afectación de derechos colectivos; pues tales argumentos en nada le benefician, toda vez que, como se ha demostrado, la pretensión reclamada en el juicio agrario, versa, en lo toral, como ya se indicó, respecto a la nulidad de los contratos de cesión de derechos y arrendamiento con opción a compra celebrados entre Luis Banda Sánchez y Rancho Lucero, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada."
En consecuencia, al estimar infundados los conceptos de violación, negó la protección de la Justicia Federal solicitada.
• El amparo directo 224/2007, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que en ejecutoria de veintitrés de noviembre de dos mil siete otorgó la razón al ejido quejoso en cuanto a que sí procedía el recurso de revisión intentado, pues:
"... como la restitución del agua es la finalidad preponderante del accionar del núcleo ejidal Plan de Rehabilitación, lo cual se identifica con la hipótesis de procedencia a que se contrae la fracción II del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, entonces resulta claro que es procedente el recurso de revisión a que se refieren los numerales 198 de la Ley Agraria, y 9o., fracciones I a III de la ley orgánica ya mencionada.
"Esto es así, ya que considerando que conforme al principio general de derecho relativo a que las acciones proceden aunque no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, la circunstancia de que el núcleo de población ejidal al promover la demanda inicial haya señalado que como consecuencia de la nulidad del contrato de cesión y arrendamiento reclamaba la restitución de manera definitiva de la posesión de derechos de agua del río Nazas (prestación c de la demanda) de ninguna manera priva de eficacia jurídica a sus pretensiones, pues por el señalamiento de 'en consecuencia' no puede admitirse que sea una prestación subsidiaria, porque, como ya se precisó, la restitución de los derechos de agua es la pretensión que se deduce de su demanda.
"Y, ya la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando esos artículos reconoció que el recurso de revisión procede también cuando se demanda la restitución de aguas, en su tesis 2a. CX/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 348, que establece:
"‘RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. SÓLO ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ UN JUICIO SEGUIDO ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO, EN LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL NUMERAL 18, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA ...’ (se transcribe).
"Aunado a lo anterior, debe señalarse de manera destacada, que sí se afectan los derechos colectivos del ejido Plan de Rehabilitación, pues aduce ser quien debe tener la posesión de los derechos de agua materia de la controversia, sin que se esté en el caso de hacer pronunciamiento en relación a si dichos derechos fueron asignados en lo individual al ejidatario Anselmo Franco Santillán o en lo colectivo al citado núcleo ejidal, pues precisamente ese aspecto es la materia del recurso de revisión intentado."
• El juicio de amparo 258/2007, del que conoció el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, en ejecutoria de veintisiete de noviembre de dos mil siete negó el amparo solicitado, al considerar que el Tribunal Superior Agrario sí estudió la fijación de la litis y determinó que era correcta, pues acorde con la controversia planteada, únicamente se actualizaba lo previsto en la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Además, consideró que en el caso, la litis no podía ser encuadrada en la fracción II del mismo numeral, al no tratarse de una controversia en materia de restitución de agua, sino únicamente un conflicto entre un ejido y los derechos individuales de uno de sus ejidatarios.
"... En consecuencia, si a cada ejidatario se le asignó una superficie de riego de dos hectáreas, es evidente que todos aquellos actos que se encuentren vinculados con dicha cuestión, afectan únicamente a dicho ejidatario el ser el titular del mismo; por ende, si el comisariado ejidal combate actos relacionados con el derecho de agua referido, es claro que no se afectan derechos colectivos, sino que únicamente está tratando de proteger los derechos posesorios de uno de sus miembros, a fin de que a éste se le restituyan los mismos.
"Es decir, propiamente lo que pretende la parte quejosa es que se restituya la posesión del derecho de agua a uno de sus ejidatarios.
"Por ello, al no tratarse de un conflicto que afecte los derechos colectivos del ejido, sino únicamente está relacionado con actos celebrados por uno de sus integrantes, es evidente que no procede el recurso de revisión, acorde con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha quedado precisado en párrafos precedentes, ya que si bien es cierto como lo afirma el quejoso, su prestación principal es que se restituyan los derechos posesorios de agua, esto es a favor únicamente de uno de sus ejidatarios, advirtiéndose así, que la pretensión que se plantea está vinculada con un derecho individual, pues no afecta a todo el núcleo de población, sino únicamente a uno de los ejidatarios."
En esa virtud, negó el amparo solicitado.
• El juicio de amparo directo 274/2007, radicado en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil siete tuvo como fundados los conceptos de violación invocados por el ejido quejoso, señalando que la resolución reclamada estableció la improcedencia del recurso de revisión que estatuye el artículo 198 de la Ley Agraria, entre otros argumentos, porque partió de la cita que realizó el tribunal de primera instancia en torno a la litis del juicio, es decir, en la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Que en torno a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 197/2006-SS, emitió la jurisprudencia de rubro: "REVISIÓN AGRARIA. LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA SÓLO PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CUANDO AFECTAN DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS.", donde al examinar lo relativo a los supuestos de procedencia del recurso previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria, destacó que conforme al principio general de derecho relativo a que las acciones proceden aunque no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente; el señalamiento de determinada acción no implica admitirla como tal.
Que lo anterior es así, porque la procedencia del recurso de revisión, no se determina solamente por la naturaleza del juicio que se tramite o por la hipótesis de procedencia en que encuadre el procedimiento respectivo, sino que deben tomarse en cuenta conjuntamente, este aspecto y las características de la sentencia que se dicte, y que materialmente sea recurrible en revisión.
Por lo que concluyó:
"... que para establecer la procedencia o improcedencia del recurso de revisión consignado en el artículo 198 de la Ley Agraria, debe atenderse a la pretensión y propósito último perseguido en el juicio agrario, y no únicamente a la cita que de la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario Agrario realizó el tribunal de primer grado, máxime que en el caso, en el escrito de agravios del recurso de revisión se alegó la indebida fijación de la litis."
En consecuencia, al considerar fundados los conceptos de violación, concedió la protección constitucional solicitada.
• El juicio de amparo directo 274/2007-4508, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil siete consideró lo siguiente:
"... tal como lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, es improcedente el recurso de revisión interpuesto por el núcleo de población "Plan de Rehabilitación", Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, contra la sentencia emitida el veinticinco de septiembre del dos mil seis por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6o., en autos del juicio agrario 279/2004.
"Lo anterior en razón de que no se actualiza ninguna de las hipótesis legales previstas por el artículo 198 de la Ley Agraria, porque dicho juicio agrario no versó sobre la restitución de tierras o aguas ejidales, tampoco resolvió algún conflicto de límites, ni mucho menos se ocupó de la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias.
"La materia de esa controversia fue la validez de contratos, supuesto que actualiza la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios en términos del artículo 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios, y no de las fracciones I, II y IV de ese mismo numeral.
"La conclusión anterior ocasiona la inoperancia de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, pues aun cuando resultaran fundados, no podría variar la conclusión de que el recurso de revisión que interpuso es improcedente."
En consecuencia, negó el amparo solicitado.
CUARTO. A partir de los criterios reseñados se tiene que todos ellos tienen como origen juicios agrarios en los cuales un ejido, por conducto de su comisariado ejidal, demandó la nulidad de los contratos de cesión y arrendamiento con opción a compra, celebrados entre varios de sus miembros con una persona (moral) ajena a ese núcleo, debido a que esos actos tuvieron por objeto una parte de los derechos de agua rodada del río Nazas con los cuales, argumentó, fue beneficiado dicho ejido desde su creación.
Además, sostuvo el demandante que esos contratos estaban afectados de nulidad absoluta, porque para su celebración no se contó con la autorización de la asamblea ejidal, otorgada en términos de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Agraria; además de que la cesión contrariaba los fines perseguidos por la reforma al artículo 27 constitucional realizada en mil novecientos noventa y dos, respecto a la permanencia y fortalecimiento de los ejidos.
Por lo que demandó que se restituyera al ejido, de manera definitiva, en la posesión del derecho de agua del río Nazas, que el comprador había venido usufructuando mediante su alojamiento en terrenos de su propiedad; se conminara a la persona moral codemandada, para que en lo futuro se abstuviera de perturbar al ejido en el uso y disfrute del derecho de agua materia del juicio; y se enviara oficio a la Comisión Nacional del Agua para que realice las anotaciones correspondientes respecto de la titularidad de esos derechos, así como sobre la inexistencia o nulidad de los contratos impugnados.
También se advierte que de todas las demandas conoció el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, cuya titular, en el auto respectivo, ubicó la litis en el supuesto previsto por la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Y que al dictar las respectivas sentencias, en todos los juicios tuvo como fundada la excepción de falta de legitimación activa en la causa que invocó la persona moral codemandada, al considerar que el comisariado ejidal no tenía legitimación para demandar la nulidad de los contratos base de la acción.
De igual manera se advierte que contra dichas sentencias, el ejido demandante interpuso los correspondientes recursos de revisión, argumentando que los contratos impugnados sí afectaban los derechos colectivos del ejido y, por ende, la controversia se ubicaba en la fracción II del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Argumento que desestimó el Tribunal Superior Agrario, señalando que los contratos impugnados sólo afectaban derechos individuales de los ejidatarios, pues se trataba de una controversia entre un núcleo ejidal y uno de sus integrantes, consistente en la nulidad de actos y contratos que se estimaba violaban leyes agrarias; por lo que dicha controversia se ubicaba en las fracciones VI y VIII del citado artículo 18 de la mencionada ley orgánica; consecuentemente, al estimar que no se actualizaba algún supuesto para la procedencia de los recursos de revisión, los desechó.
Las anteriores premisas hacen evidente la contradicción de criterios, pues ante circunstancias similares, los órganos de control constitucional resolvieron de manera diferente los juicios de amparo sometidos a su conocimiento.
En efecto, mientras los Tribunales Colegiados Noveno y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito estimaron que el recurso de revisión sí era procedente, debido a que la pretensión del actor era la restitución del agua, y como ésta constituye un derecho colectivo, la controversia se ubicaba en la fracción II del artículo 198 de la Ley Agraria; los Tribunales Colegiados Quinto, Décimo Séptimo y Primero en la misma materia y circuito sostuvieron que el recurso de revisión era improcedente, argumentando que los contratos cuya nulidad se demandó no afectaban los derechos colectivos del ejido, y por ello, la controversia no se ubicaba en alguno de los supuestos a que se refiere el mencionado precepto.
De acuerdo con las anteriores premisas, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada y que ésta consiste en determinar:
1. Si un contrato de cesión y arrendamiento con opción a compra, que tiene por objeto una parte de los derechos de agua asignada a una parcela ejidal, afecta los derechos colectivos de un ejido; y por ello, además de la nulidad de esos contratos, el núcleo de población puede demandar su restitución.
2. Si en contra de la sentencia dictada en ese juicio es procedente el recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria.
QUINTO. Cabe destacar que no participan en la contradicción de tesis planteada en el anterior considerando, las ejecutorias correspondientes a los juicios de amparo directo 219/2007 y 274/2007, pues de lo anteriormente reseñado se advierte que en ellos no se efectuó pronunciamiento alguno en torno a la naturaleza de los derechos controvertidos, ni sobre la procedencia o improcedencia del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, toda vez que en el amparo directo 219/2007, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió la protección constitucional, por estimar que la resolución dictada en el recurso de revisión adolecía de vicios formales, al no haberse fundado ni motivado el porqué la controversia se ubicaba en las fracciones VI y VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica que rige a los tribunales agrarios. Mientras que en el juicio de garantías 274/2007, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito concedió la protección constitucional, señalando que la responsable no atendió a la pretensión y propósito último planteados en el juicio agrario, ni a los agravios del recurrente, donde se alegó la indebida fijación de la litis por parte del a quo.
SEXTO. En relación con el primer punto de contradicción precisado, esto es, si un contrato de cesión y arrendamiento con opción a compra, que tiene por objeto una parte de los derechos de agua asignada en una parcela ejidal, afecta los derechos colectivos de un ejido, y por ello, además de la nulidad de esos contratos, el núcleo de población puede demandar su restitución, es de considerarse que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2003-SS, ya determinó que un contrato por el que un ejidatario cede sus derechos parcelarios a un tercero que es ajeno al núcleo de población ejidal, no solamente afecta los derechos individuales del ejidatario cedente, sino también los derechos colectivos del núcleo de población.
Lo anterior puede observarse en esa ejecutoria, fechada el dieciséis de enero de dos mil cuatro, que dice en lo conducente:
"NOVENO. A efecto de resolver la contradicción planteada, resulta indispensable determinar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20937-b971c036/parcelas-y-aguas-ejidales-la-cesion-de-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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