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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21174
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 378.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito (tribunal denunciante).

Al resolver el incidente en revisión penal 220/2007, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. El quejoso solicitó un amparo ante un Juez de Distrito por la probable orden de aprehensión dictada en su contra, así como la tramitación del incidente de suspensión del acto reclamado.

2. El Juez de Distrito dictó la resolución respectiva en el sentido de negar la suspensión solicitada en relación a diversas autoridades por haber negado la existencia del acto reclamado. Por otro lado, concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, a efecto de que no fuera privado de su libertad, por lo que fue a las autoridades que afirmaron el acto reclamado.

3. Sin embargo, el Juez de Distrito precisó que el anterior beneficio procesal concedido perdería sus efectos si el quejoso no exhibía la cantidad de ********** para garantizar su devolución al Juez que lo reclama (de primera instancia y autoridad responsable señalada por el quejoso), en caso de que no le fuera favorable la sentencia que se pronunciara en el juicio de amparo del que derivó el incidente de suspensión.

4. La cuantía anterior fue determinada de acuerdo a la información remitida por el Juez de primera instancia (autoridad responsable) en términos del artículo 124 bis de la Ley de Amparo, dado que esa fue la cantidad fijada en el proceso penal de origen, por concepto de perjuicios ocasionados a la parte ofendida por la comisión del delito de fraude. Lo anterior, en el sentido de que la suspensión, tratándose de actos que afecten la libertad personal derivados de la probable comisión de un delito, se concede siempre que se garantice el monto estimado de la reparación del daño, con el fin de asegurar el derecho de la víctima u ofendido por el delito a ser reparado en la afectación de su patrimonio.

5. Contra esa decisión, se interpuso recurso de revisión, el cual se resolvió con base en los siguientes argumentos (énfasis añadido):

"Previamente a dar respuesta al primero de los agravios planteados, resulta conveniente destacar que para la actual conformación de este Tribunal Colegiado, no es inadvertida la existencia de la tesis sustentada por este órgano jurisdiccional localizable a fojas 1194 del Tomo XVI, noviembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable.’(1)

"Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a abandonar dicho criterio, dado que si bien en la ejecutoria que dio lugar al aludido criterio se estableció que el artículo 136 de la Ley de Amparo, prevé las medidas de aseguramiento que debe adoptar el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra actos que deriven de un procedimiento penal, y que entre ellas no se encuentra la de que se garantice la reparación del daño proveniente del delito, sino sólo para garantizar su devolución a la autoridad responsable; también es verdad que el diverso precepto 124 bis del propio ordenamiento textualmente dispone que: (se transcribe), cuya ratio legis se localiza tanto en la exposición de motivos de la creación de ese texto jurídico como en el dictamen de la Cámara de Senadores y la cual conduce a la interpretación auténtica y teleológica de la norma que ahora se determina en este caso concreto.

"Por tanto, dado lo establecido en ambas disposiciones legales, con la finalidad de esclarecer y desentrañar el sentido de la disposición enunciada en último término, así como establecer el criterio que ha de adoptar al respecto este Tribunal Colegiado, se exponen las siguientes consideraciones.

"...

"Así las cosas, de la exposición de motivos antes transcrita, queda de relieve que el espíritu de la disposición contenido en la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo, revela que el Juez de Distrito no tiene una facultad discrecional para fijar el monto de la garantía, sino que se trata de una facultad reglada para que en su fijación lo haga con base en la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso, entre otros aspectos; por lo que es indudable que el Juez de Distrito, al establecer la garantía que el quejoso debe exhibir para que la suspensión definitiva -que se le concedió- siga surtiendo efectos, está obligado a atender a dichas circunstancias, para lo cual debe valerse de la información que le proporcione el Juez responsable, relacionada a los daños ocasionados por la conducta delictiva que se le atribuya al quejoso.

"...

"Tratándose de la garantía prevista por el artículo 124 bis de la ley de la materia, la misma no debe fijarse en ‘prudente arbitrio’, sino que debe hacerse tomando en cuenta los elementos que se describen en dicho numeral.

"En esa virtud, opuestamente a lo sostenido en el primero de los agravios, fue legal que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, al determinar que para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva solicitada, exigiera al quejoso la exhibición de la cantidad de ********** en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, para garantizar su devolución al Juez que lo reclama, en caso de no obtener sentencia de amparo favorable, ya que sobre el particular, tomó en cuenta la información que le proporcionó el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en el Centro de Readaptación Social ‘Lic. David Franco Rodríguez’, Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, de la cual obtuvo que esa fue la cantidad fijada en la causa penal por concepto de perjuicios ocasionados a la parte ofendida; lo que incluso también sustentó en el contenido de la exposición de motivos de fecha nueve de diciembre del año de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al decreto de reforma de la Ley de Amparo, promulgado el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de febrero del mismo año, en la que se expuso que la suspensión, tratándose de actos que afectaran la libertad personal, derivado de la probable comisión de un delito, se concede siempre que se garantice el monto estimado de la reparación del daño, para asegurar el derecho de la víctima u ofendido por el delito, a ser reparado en la afectación de su patrimonio.

"En consecuencia, válidamente puede concluirse que el Juez de Distrito actúa legalmente cuando considera la información que le proporciona la autoridad judicial responsable acerca del monto de la reparación del daño, y en función ello, fija la garantía que debe exhibir el quejoso para que siga surtiendo efectos la suspensión, ahora ya como definitiva, que le fue concedida; esto es, en el monto a que pudiera ascender la reparación del daño descansa la intención del legislador, al constituir el motivo de la adición y establecer una facultad reglada que no sólo autoriza sino obliga al juzgador de amparo que tome en cuenta para conocer tanto la naturaleza como las modalidades y características del delito en la fijación de ese monto de la garantía; dicho en otras palabras, que si se concedía la suspensión tratándose de actos que afectaran la libertad personal derivados de la probable comisión de un delito -como acontece en la especie- se concediera siempre que se garantizara el monto estimado de la reparación del daño, a fin de asegurar el derecho de la víctima u ofendido por el delito a ser reparado en la afectación de su patrimonio."

II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.

Al resolver el incidente en revisión penal 172/2007, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. La quejosa solicitó un amparo ante un Juez de Distrito contra el dictado de una orden de aprehensión dictada en su contra, y promovió a través de la misma vía, la suspensión de los actos reclamados.

2. El Juez de Distrito dictó la resolución respectiva en la que determinó conceder la suspensión definitiva respecto a la ejecución de los actos reclamados.

3. Por lo anterior, y a fin de que la medida cautelar concedida no dejara de surtir sus efectos, el quejoso debía exhibir la cantidad de ********** para garantizar su devolución al Juez que la reclamó, en caso de que no fuera favorable la sentencia pronunciada en el juicio de amparo.

4. Dicha cuantía se determinó de acuerdo a la información remitida por el Juez de primera instancia en su informe previo, por concepto de perjuicios ocasionados a la parte ofendida por la comisión del delito de fraude.

5. Contra esa decisión, se interpuso recurso de revisión, el cual se resolvió con base en los siguientes argumentos (énfasis añadido):

"De la interpretación relacionada de los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende que ... la medida cautelar relativa a la suspensión de la ejecución de actos privativos de libertad procedentes de un juicio del orden penal, tiene como objeto el sometimiento del inculpado a la jurisdicción para que se continúe el proceso penal respectivo sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio de amparo respecto de la libertad personal de la quejosa.

"En ese contexto, es evidente que la naturaleza de la caución que debe fijarse para que opere la suspensión definitiva de los actos reclamados derivados de un procedimiento penal, no atiende propiamente a la reparación del daño que se cause a la víctima, sino en su caso al monto suficiente que sirva para que el quejoso no evada la acción de la justicia con motivo de la tramitación del juicio de amparo, y se someta a la jurisdicción local para que se determine su situación jurídica; es decir dicha caución tiene como objeto el lograr que el inculpado enfrente el procedimiento penal que se instruye en su contra, con la seguridad jurídica de que respecto de su libertad se ha de pronunciar el Juez Federal que conozca del amparo.

"...

"En ese orden de cosas, es inconcuso que, como lo afirma la quejosa en su escrito de agravios, si el Juez Federal al fijar el monto para que operara la suspensión definitiva de los actos reclamados tomó en cuenta el monto total de lo reclamado a la quejosa en el juicio penal de origen, y fijó la caución respectiva para el efecto de garantizar dicha reparación del daño (esa) determinación ... agravia a la recurrente habida cuenta que para determinar el monto de referencia el Juez Federal no debió tomar en consideración el monto de la reparación del daño que se reclama en la instancia.

"Lo anterior es así, habida cuenta que es al Juez del proceso a quien corresponde tomar en cuenta el monto de la reparación del daño para otorgar la libertad caucional del inculpado, y no al Juez Federal, quien en su caso para fijar el monto para los efectos de la suspensión tiene como parámetro el procurar el sometimiento del reo a la jurisdicción del Juez de instancia.

"...

"Por virtud de lo anterior, es evidente que el monto fijado por el Juez Federal para que surta efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, en el caso deviene excesiva e ilegal por haberse fijado pretendiendo garantizar los daños y perjuicios causados a la víctima del delito, lo que en su caso corresponde al Juez natural.

"...

"El artículo 124 bis de la Ley de Amparo ... precisa que tratándose de actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, para el efecto de fijar la garantía respectiva el Juez Federal debe ponderar la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso, la situación económica del mismo y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.

"En el caso se advierte, que la quejosa es acusada del delito de fraude cometido en perjuicio de ********** previsto y sancionado por el artículo 324, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado; es decir, al fraude genérico cuando el valor de lo defraudado es mayor de quinientos días de salario; siendo el caso que el monto que se reclama a la inculpada es de **********.

"Pese a lo anterior, no existe prueba alguna que acredite la situación económica del quejoso ni dato alguno que revele la posibilidad de que el mismo se sustraiga a la acción de la justicia, de suerte tal que en el caso únicamente se cuenta con un parámetro objetivo para la fijación de la caución consistente en la naturaleza y modalidad del delito que se imputa al quejoso.

"Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, este cuerpo colegiado estima en forma discrecional fijar como garantía para que surta efectos la suspensión definitiva de la ejecución de los actos reclamados, la cantidad de ********** moneda nacional, misma que se estima suficiente para el efecto de lograr que la quejosa se someta a la jurisdicción del Juez de instancia, en tanto se sigue el juicio de amparo y se resuelva lo procedente respecto de su libertad personal con motivo del estudio de la legalidad de los actos reclamados."

III. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.

Al resolver el incidente en revisión penal 232/2007, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** solicitaron un amparo ante un Juzgado de Distrito, así como la suspensión del acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión dictadas por un Juez de primera instancia.

2. El Juez de Distrito formó y tramitó el incidente de suspensión relativo y en la audiencia incidental, dictó resolución en la que, por una parte, negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a **********, **********, ********** y ********** y, por otra, la concedió a **********, ********** y a **********.

3. El Juez de Distrito basó la negativa en que los referidos quejosos no exhibieron, respectivamente, las cantidades de ********** (**********); ********** (**********); y ********** (**********), en cualquiera de las formas autorizadas por la ley para garantizar su devolución al Juez que los reclama, en caso de que no les fuera favorable la sentencia.

El juzgador precisó que las cantidades aludidas fueron fijadas en términos del artículo 124 bis de la Ley de Amparo, con base en la información proporcionada por el Juez de la causa.

4. Inconformes con la determinación anterior **********, **********, ********** y ********** interpusieron recurso de revisión, el cual se resolvió con base en los siguientes argumentos (énfasis añadido):

"Es acertado lo alegado por el inconforme en el sentido de que el Juez de Distrito fue equívoco al fijar las garantías para que no dejara de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a **********, ********** y ********** respecto de los actos que reclamaron.

"En efecto, el sentenciador recurrido al respecto estimó: ‘... por tanto, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que los citados quejosos no sean privados de su libertad personal con motivo de la orden de captura combatida. La medida cautelar concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación de la presente interlocutoria ********** no exhibe la cantidad de ********** (********** moneda nacional), ********** la cantidad de ********** (********** moneda nacional), y ********** ********** (********** moneda nacional), en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, a disposición de este juzgado, para garantizar su devolución al Juez que los reclama, en caso de que no les sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, cantidades que se fijan en términos del artículo 124 bis de la Ley de Amparo, en atención a la información proporcionada por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, residente en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, al momento de rendir su informe’ (el subrayado es de este tribunal); sin embargo, hizo una interpretación diversa del contenido del dispositivo en que se apoyó.

"Ello es así, porque del artículo 124 bis de la Ley de Amparo ... se colige que, por un lado, en tratándose de actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, para la procedencia de la suspensión el juzgador tiene la ineludible obligación de exigir que el impetrante exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes y, por otro, la facultad discrecional para fijar aquélla, tomando en consideración las fracciones en mención; empero, no que para establecer la garantía deba ceñirse al monto a que posiblemente ascienda el daño patrimonial ocasionado con motivo del ilícito reprochado, cuyo conocimiento haga la autoridad responsable al rendir su informe.

"Congruente con lo anterior, este tribunal reasume jurisdicción, al tenor de la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, y en términos de su capítulo III, que contiene los ordinales del 122 al 144, atinentes a la suspensión del acto reclamado, y concretamente en el 124 bis, para el caso de actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad del quejoso, procede analizar la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a los impetrantes de garantías; su situación económica; y, la posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia.

"...

"Bien, en cuanto al primer aspecto, debe ponderarse que se trata de un ilícito acaecido probablemente en detrimento del patrimonio de Gobierno del Estado de Michoacán, a saber, fraude, previsto y sancionado por el artículo 324, fracción III, del código represivo estatal; antijurídico que no está calificado como grave, al no estar incluido en el catálogo de los así considerados por el dispositivo 493, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado, pero es un delito doloso que causó aparentemente un alto menoscabo en el patrimonio del ofendido. De donde se colige que se trate de un delito que no es perseguido y reprimido por el Estado con especial severidad.

"Por lo que ve al segundo aspecto a considerar, bajo protesta de decir verdad ********** señaló que era estudiante y no contaba con ingresos económicos ********** que se dedicaba al hogar y no contaba con ingresos económicos ********** que se desempeñaba como empleado y tenía un ingreso quincenal de ********** y ********** que estaba dedicada al hogar y no tenía ingreso monetario alguno. Lo que permite advertir, por un lado, que la capacidad económica de pago que tienen las quejosas es limitada, al dedicarse al hogar y ser estudiantes y, por otro, que en cuanto al diverso impetrante, si bien tiene ingresos, con ellos evidentemente debe subvenir sus necesidades personales; por lo que su capacidad económica de pago también se torna limitada.

"Finalmente, en cuanto al tercer punto a considerar, es de destacar que los quejosos, bajo protesta de decir verdad, proporcionaron sus domicilios particulares, a saber ********** el ubicado en ‘**********’; **********, ‘**********’ o sea el de la nombrada con antelación ********** el ubicado en ‘**********’; diferentes del que también señalaron para recibir notificaciones, esto es, el marcado con ‘**********’. Lo que pone de relieve su disposición de estar plenamente identificados por la acción de la justicia, y si bien ********** fue omiso al respecto, no evidencia conductas que fundada y razonadamente hagan inferir que pretenda sustraerse de aquélla.

"En esas condiciones, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el artículo 124 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, fija discrecionalmente, **********, a cada uno de los quejosos nombrados en párrafos precedentes, con motivo del otorgamiento de la medida suspensional, que deberán exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, a satisfacción y ante el a quo."

Por otro lado, al resolver el incidente en revisión penal 57/2007, el mismo Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. El quejoso solicitó un amparo ante un Juzgado de Distrito, así como la suspensión del acto reclamado consistente en la cumplimentación de una posible orden de aprehensión dictada en su contra por un Juez de primera instancia, por el delito de fraude genérico.

2. El Juez de Distrito negó la suspensión definitiva respecto de las autoridades que negaron el acto reclamado y la concedió respecto de quienes lo aceptaron mediante sus informes justificados. Sin embargo, el Juez de garantías condicionó la continuación de efectos de la medida cautelar concedida al pago de la cantidad de ********** para garantizar su devolución al Juez que reclamó dicha cantidad (autoridad responsable señalada por el quejoso).

3. La cuantía anterior fue determinada con base en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, dado que esa fue la cantidad fijada en el proceso penal de origen, por concepto de lo defraudado por el quejoso a la parte ofendida por la comisión del delito de fraude genérico.

4. Contra esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se resolvió con base en los siguientes argumentos (énfasis añadido):

"Para fijar esa garantía, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito consideró que en el caso se atribuye al quejoso la comisión del delito de fraude genérico; que aquella cantidad fue la fijada en el proceso del que emana el acto reclamado, por concepto de lo defraudado a la parte ofendida.

"...

"Por mandato del artículo 20 constitucional la garantía deberá ser asequible para el procesado; esto es, que esté a su alcance. De ahí que las leyes procesales contemplen diversos medios de garantizar, para que el sujeto opte por el que pueda conseguir.

"Por tanto, en atención a los anteriores razonamientos, la garantía fijada por el Juez de Distrito para conceder la suspensión definitiva debe ser asequible al quejoso y no debe comprender el monto de la reparación del daño, pues estimar lo contrario haría nugatoria la garantía de acceso a la justicia consagrada por el artículo 17 constitucional.

"...

"Congruente con lo anterior, este tribunal reasume jurisdicción, al tenor de la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, y en términos de su capítulo III, que contiene los numerales del 122 al 144, relativos a la suspensión del acto reclamado, y concretamente en el 124 bis, para el caso de actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad del quejoso, procede analizar la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al quejoso recurrente; su situación económica; y, la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.

"...

"Por lo que ve al segundo aspecto a considerar, bajo protesta de decir verdad, el quejoso señaló que es comerciante con ingreso económico aproximado de dos mil quinientos pesos mensuales. Lo que permite advertir, por un lado, que la capacidad económica de pago que tiene el quejoso recurrente es limitada, pues con esa cantidad evidentemente debe satisfacer sus necesidades personales; por lo que su capacidad económica de pago también se torna limitada.

"...

"En esas condiciones, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el artículo 124 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, fija discrecionalmente, la suma de ********** al quejoso, con motivo del otorgamiento de la medida suspensional, que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, a satisfacción del Juez de Distrito y ante él.

"...

"Por tanto, el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes, cuando conceda la suspensión en tratándose de actos que afecten la libertad personal del quejoso, tanto fuera como dentro de un procedimiento penal, a efecto de que el quejoso al que se le concedió la suspensión sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, con la finalidad de que éste no se sustraiga de la acción de la justicia y sin que el otorgamiento de la suspensión constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal como lo dispone el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo; a fin de guardar un prudente equilibrio entre la salvaguarda de la garantía individual en juego y los objetivos propios del procedimiento penal, que no debe ser paralizado con la concesión de la suspensión."

IV. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.

Al resolver el incidente en revisión penal 148/2007, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. El quejoso solicitó el amparo y la suspensión del acto reclamado -habiendo ampliado su demanda inicial- ante un Juez de Distrito en contra de diversas autoridades, por la orden de aprehensión girada en su contra por la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

2. El Juez de Distrito resolvió, por una parte, negar la suspensión definitiva solicitada respecto de diversas autoridades por haber negado la existencia del acto reclamado y, por otra, concederla por lo que respecta a las autoridades que aceptaron el acto reclamado. Determinó, asimismo, que para que la suspensión surtiera efecto el quejoso debía exhibir la cantidad de ********** como garantía, en términos del artículo 124 bis de la Ley de Amparo.

Lo anterior, en virtud de que el delito imputado al quejoso no es de los considerados como graves de conformidad al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

3. Dicha cantidad fue fijada en atención a la facultad discrecional que le confiere al Juez de Distrito la norma anteriormente señalada, además de que la autoridad responsable (Juez de primera instancia) informó que a esa cantidad ascendió el daño patrimonial sufrido por el pasivo en el proceso penal.

4. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se resolvió con base en los siguientes argumentos (énfasis añadido):

"De igual forma, otro aspecto en que se torna ilegal el auto recurrido, estriba en la cantidad que se determinó como garantía, para que surta efectos la suspensión concedida. El Juez Federal fijó la suma de ********** porque esa fue a la que el Juez responsable informó asciende el daño patrimonial sufrido por la parte ofendida, dentro del proceso penal fuente del acto reclamado.

"Ahora bien, efectivamente, la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, manifestó en su informe previo, que esa era la cantidad a que ascendía el detrimento patrimonial que resintió la persona moral ofendida Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, que se atribuye al quejoso ********** dentro de la causa penal número 43/2006 (foja 73).

"Sin embargo, este Tribunal Colegiado coincide con el quejoso en considerar que esa suma es excesiva.

"El monto de la garantía debe fijarse de modo discrecional, en términos de los artículos 124 bis y 136 de la Ley de Amparo, como bien señaló el Juez Federal, en orden a que en el juicio subyacente, se reclaman actos derivados de un procedimiento penal, que afectan la libertad del quejoso.

"El primero de esos numerales reza: (se transcribe).

"Sobre el primer punto, el Juez tomó en consideración, que se trata de un delito que no es considerado como grave, y el monto al que asciende el daño causado, según manifestación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21174-b4b4ca5c/suspension-definitiva-contra-actos-derivados-de-un-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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