Corpus
Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU REGLAMENTO INTERIOR NO VIOLA EL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES NO REQUIERE DEL REFRENDO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA SU VALIDEZ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21341
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, TERCERO Y PRIMERO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 610.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, TERCERO Y PRIMERO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el titular de la Subdelegación Mazatlán, adscrito a la Delegación Estatal Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien fuera tercero perjudicado, en los juicios de amparo en donde se emitieron los criterios contradictorios, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil ocho, por unanimidad de votos dictó resolución al resolver el amparo directo número 92/2008, la cual en la parte que interesa, para la presente contradicción es del tenor siguiente:

"SÉPTIMO. Es fundado en una parte e infundado en otra el quinto de los conceptos de violación transcritos, pero lo primero es suficiente para conceder la protección constitucional instada, sin que sea necesario el estudio de los demás motivos de queja, como en su oportunidad se explicará. Previamente, conviene hacer una reseña de los antecedentes del presente asunto, que a saber son: Por escrito recibido el seis de junio de dos mil siete en la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ********** por su propio derecho, demandó al ‘**********’ y al titular de la subdelegación Mazatlán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por la nulidad de las cédulas de liquidación por concepto de supuestas cuotas obrero patronales omitidas y multas, a través de las cuales se le determinaron diversos créditos fiscales por la cantidad total de $17,916.69 (fojas 1 a 32 del juicio de origen). Por auto de siete de junio de dos mil siete, el Magistrado instructor admitió la demanda por lo que se refiere al subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán, la cual registró bajo el expediente ********** (foja 47). En escrito recibido en la indicada Sala el cinco de septiembre de dos mil siete, la jefa del Departamento Contencioso, en ausencia del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, unidad encargada de la defensa jurídica de los intereses de dicha institución, a nombre del subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán, Sinaloa, dio contestación a la demanda de nulidad (fojas 52 a 68). En proveído de siete de septiembre de dos mil siete el Magistrado instructor tuvo por contestada la demanda (foja 75). Seguido el juicio en sus restantes etapas procesales, el veintitrés de octubre de dos mil siete la Sala responsable dictó sentencia definitiva en la que resolvió que la parte actora no probó su acción y reconoció la validez de las resoluciones impugnadas. Como se anticipó, es en parte fundado el quinto motivo de queja, el cual es de estudio preferente, ya que en éste, como en otros que no se abordarán, se cuestiona la constitucionalidad del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como se anticipó, es en parte fundado el quinto motivo de queja, el cual es de estudio preferente, ya que en éste, como en otros que no se abordarán, se cuestiona la constitucionalidad del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, aduce la disidente en dicho concepto de violación, en lo sustancial, que el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (en que se funda la competencia de la autoridad demandada para emitir los créditos fiscales impugnados), es inconstitucional en razón de emitirse dicho ordenamiento legal en contravención a lo dispuesto por el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se encuentra refrendado por el secretario de la Función Pública, por el secretario de Salud y por el secretario de Gobernación, de conformidad con los artículos 13, 27, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en correlación con los arábigos 3o., último párrafo y 83 del propio reglamento. El sintetizado razonamiento es fundado, como enseguida se explica. En principio, se debe precisar que los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, textualmente disponen: ‘Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.’. ‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.’. De los preceptos legales transcritos, se desprende que la administración pública federal se divide en: a) Centralizada; y. b) Paraestatal. La primera se integra por la presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos, y la consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Mientras que la segunda, esto es, la paraestatal, se compone por los organismos descentralizados, así como por las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. Al respecto, cabe apuntar que el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra dentro de este segundo grupo, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley del Seguro Social, que dice: ‘La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios ... denominado Instituto Mexicano del Seguro Social.’; se trata pues de un organismo descentralizado. Apoyan lo anterior las tesis aisladas emitidas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 53 y 69, tomos 30 Primera Parte y 199-204 Tercera Parte, respectivamente, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL. SU CARÁCTER DE ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO, NO DESNATURALIZA SUS FINES. No resulta válido argumentar que a través de la caracterización de organismo fiscal autónomo que se otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social, se desnaturalicen sus fines; muy por el contrario, con las facultades derivadas de tal carácter se garantiza una mayor seguridad en la prestación eficaz del servicio del Seguro Social, en cuanto que requiriéndose una prestación del servicio, en forma ininterrumpida, existe la necesidad de recabar los fondos económicos que lo sustenten de una manera efectiva y rápida, lo cual, se logra cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo, hace la determinación de los créditos, percibe las cuotas exhibidas voluntariamente por los obligados o en su caso promueve el cobro por el medio económico-coactivo.’. ‘SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL. SU CARÁCTER DE ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO NO MODIFICA SU NATURALEZA JURÍDICA DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO. La circunstancia de que el artículo 135 de la anterior Ley del Seguro Social (cuyo contenido normativo reproducen, sustancialmente, los artículos 267, 268 y 271 de la vigente ley) otorgue al Instituto Mexicano del Seguro Social la calidad de organismo fiscal autónomo y que, como tal, tenga facultades para realizar actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares, así como para imponer a éstos el acatamiento de sus determinaciones, sólo significa que en este limitado ámbito de su actuación y precisamente para las finalidades previstas por el mencionado precepto legal, está investido del carácter de autoridad. Estas atribuciones que se han considerado necesarias para el resguardo de la eficaz prestación del servicio público obligatorio que le compete, en nada modifican su intrínseca estructura legal de organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia y, por lo tanto, como entidad separada de la administración central.’. De lo anterior, se colige que el Instituto Mexicano del Seguro Social forma parte de los organismos paraestatales de la administración pública federal. Por otra parte, los arábigos 92 de la Constitución General y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, textualmente disponen: ‘Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.’. ‘Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el secretario de Estado o el jefe del departamento administrativo respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías o departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos. ...’. De los preceptos transcritos se desprende con claridad, en lo que interesa, que tratándose de decretos emitidos por el presidente de la República, éstos deben estar firmados por el titular de la secretaría o departamento de la materia a quien competa en lo substancial dicho ordenamiento legal, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías o departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos, para su eficacia y validez. Ahora bien, del artículo 1o. del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que este tiene por objeto ‘... organizar y administrar el Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.’; de lo que se sigue, que la finalidad sustancial del citado reglamento estriba en establecer la estructura orgánica del instituto. Lo anterior es así, pues dicho reglamento establece los órganos de gobierno, direcciones, comisión de vigilancia, unidades operativas y administrativas, así como las delegaciones y subdelegaciones, que integran el instituto, como sus funciones y circunscripción territorial correspondiente, al precisar que la asamblea general es la autoridad suprema del instituto (artículo 9o.); las funciones y atribuciones de la asamblea (artículos 14 a 25); lo relativo al consejo técnico, como órgano superior de gobierno (artículos 26 a 46); de la Comisión de Vigilancia (artículos 47 a 65); de la Dirección General (artículos 66 y 67); de la Secretaría General (artículo 68); de los órganos normativos del instituto (artículo 69); de la Dirección de Finanzas (artículo 70); de la Dirección de Incorporación y Recaudación (artículos 71 a 73); de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (artículo 74); de la Dirección Jurídica (artículos 75 a 80); de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales (artículo 81); de la Dirección de Prestaciones Médicas (artículo 82); del Órgano Interno de Control (artículo 83); de los demás órganos y unidades administrativas (artículo 84); de los Consejos Consultivos Delegacionales (artículos 85 a 111); de las Juntas de Gobierno de las unidades médicas de alta especialidad (artículos 112 a 137); de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (artículo 138); de las Delegaciones (artículos 139 a 145); de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (artículos 146 a 148); de las Subdelegaciones (artículos 149 a 153); de las Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social (artículo 154); de la Circunscripción Territorial (artículo 155); de las suplencias (artículos 156 a 159). Reglamento que como se advierte fue refrendado en primer término únicamente por el secretario de Hacienda y Crédito Público (dieciocho de septiembre de dos mil seis), y posteriormente mediante fe de erratas publicada el veintiuno de septiembre de dos mil seis, también fue refrendado por el secretario del Trabajo y Previsión Social. Lo anterior se corrobora de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicho reglamento, en la que en la parte que interesa, dice: Diario Oficial de la Federación de dieciocho de septiembre de dos mil seis: ‘Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de septiembre de dos mil seis. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz. Rúbrica.’. Diario Oficial de la Federación de veintiuno de septiembre de dos mil seis (Fe de erratas): ‘Fe de erratas al Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el 18 de septiembre de 2006.’-En la segunda sección, página 80, último párrafo, dice: ‘Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de septiembre de dos mil seis. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz. Rúbrica. Debe decir: Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de septiembre de dos mil seis. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz. Rúbrica. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz. Rúbricas.’. Ahora, los artículos 31, fracción XIV, 37, fracción XVIII y 40, fracción XVI, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, textualmente disponen: ‘Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional ...’. ‘Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... XVIII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. ‘Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la administración pública federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el Seguro Social en los términos de la ley.’. De lo anterior se desprende con meridiana claridad, que dicho reglamento debió ser refrendado, además de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, también por el secretario de la Función Pública, atendiendo al objeto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, que como se indicó en párrafos precedentes, es el de organizar y administrar el Seguro Social, esto es, establecer la estructura orgánica de dicho instituto. Ello es así, pues al secretario de Hacienda y Crédito Público le corresponde proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, entre ellos, los relativos a la organización del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Seguro Social, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y por lo cual forma parte de la administración pública paraestatal. Mientras que al secretario de Trabajo y Previsión Social le corresponderle establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la administración pública federal, amén de que se encuentra facultado expresamente para intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la ley. En tanto que, al secretario de la Función Pública, le corresponde aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El cual incluso, en términos del artículo 83 del propio reglamento, es el encargado de designar al titular del órgano interno de control del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de los auxiliares de éste, como son los titulares de las áreas de responsabilidades; auditoría interna; quejas; auditoría de control y evaluación y apoyo al buen gobierno, auditoría de servicios médicos; y de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades en las delegaciones del instituto, y de las unidades médicas de alta especialidad. Cierto, el referido artículo en lo que interesa, dice: ‘Artículo 83. Al frente del órgano interno de control habrá un titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades; auditoría interna; quejas; auditoría de control y evaluación y apoyo al buen gobierno, y auditoría de servicios médicos, designados en los mismos términos. ... Asimismo, el titular del órgano interno de control se auxiliará para el ejercicio de sus facultades, de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades en las delegaciones del instituto y, en su caso, en las unidades médicas de alta especialidad, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos previstos en el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y dependerán jerárquica y funcionalmente del titular del órgano interno de control.’. Luego, si en el caso, el reglamento de mérito tiene por objeto establecer la estructura orgánica del Instituto Mexicano de Seguro Social, al precisar la forma como se organiza, su cuerpo de gobierno, la comisión de vigilancia, los órganos colegiados, como son los consejos consultivos delegacionales, juntas de gobierno de las unidades médicas de alta especialidad, órganos de operación administrativa desconcentrada, delegaciones estatales y regionales, unidades médicas de alta especialidad; órganos operativos, como son las unidades de servicios médicos y no médicos, las delegaciones y las subdelegaciones, oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, inconcuso es que dicho reglamento debió ser refrendado también por el secretario de la Función Pública. Sin que al efecto sea jurídicamente posible considerar la intervención del secretario de mérito, como una cuestión innecesaria o que su participación sea de manera accesoria, sin trascendencia, habida cuenta que, corresponde a éste aprobar y registrar la referida estructura orgánica que se contiene en el citado reglamento, máxime que, como ha quedado evidenciado, le corresponde nombrar los titulares de los órganos de vigilancia de dicho instituto. ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en sesión del veintiséis de mayo de dos mil ocho, por unanimidad de votos dictó resolución al resolver el amparo directo número 86/2008, en la parte medular que tomó en cuenta para dictar el presente criterio se refleja en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces, mismos que por cuestión de método se examinarán en orden distinto al propuesto. ... Cimentado lo anterior, a fin de abordar el análisis del cuarto concepto de violación, es menester tener presente lo estipulado en los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: ‘Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.’. ‘Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el secretario de Estado o el jefe del departamento administrativo respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías o departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos. Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la secretaría de Gobernación.’. Pues bien, deviene inoperante el primer segmento del cuarto concepto de violación, a través del cual la amparista aduce que el Reglamento Interior del Seguro Social es inconstitucional porque no se ajusta a lo normado en el artículo 92 de nuestra Norma Fundamental, en relación con lo estatuido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal porque, según opina, dicho reglamento debió ser firmado también por el secretario de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los distintos numerales 37 de la aludida ley orgánica, 3 y 83 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, preceptos que al efecto se transcriben: ‘Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... fracción XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al titular de dicha secretaría; ...’ ‘Artículo 3o. ... El instituto contará con un órgano interno de control, que se regirá conforme al artículo 83 de este reglamento.’. ‘Artículo 83. Al frente del órgano interno de control habrá un titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades; auditoría interna; quejas; auditoría de control y evaluación y apoyo al buen gobierno, y auditoría de servicios médicos, designados en los mismos términos. El titular del órgano interno de control tendrá las facultades establecidas en el artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Los titulares de las áreas señaladas en el párrafo precedente ejercerán las facultades previstas en el artículo 67 del mismo ordenamiento. Dichos titulares ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades señaladas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o, en su caso, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. De igual forma, el titular del órgano interno de control se auxiliará del coordinador de Vinculación Operativa, quien ejercerá las funciones que para tal efecto le asigne dicho titular y del cual dependerá jerárquica y funcionalmente. Asimismo, el titular del Órgano Interno de Control se auxiliará para el ejercicio de sus facultades, de los titulares de la (sic) áreas de auditoría, quejas y responsabilidades en las delegaciones del instituto y, en su caso, en las unidades médicas de alta especialidad, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos previstos en el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y dependerán jerárquica y funcionalmente del titular del órgano interno de control. Los titulares de dichas áreas en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, ejercerán las facultades establecidas en el artículo 67 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, sin perjuicio de que el titular del órgano interno de control y los titulares de las áreas de responsabilidades; auditoría interna; quejas; auditoría de control y evaluación y apoyo al buen gobierno, y auditoría de servicios médicos, conozcan de forma conjunta, separada o indistintamente de los asuntos cuando así lo determinen. Las ausencias del titular del Órgano Interno de Control y de los titulares de las áreas de responsabilidades; auditoría interna; quejas; auditoría de control, evaluación y apoyo al buen gobierno;

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21341-1c0dc1ed/instituto-mexicano-del-seguro-social-su-reglamento-interior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.