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QUERELLA EN LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. LOS SUBDELEGADOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ESTÁN FACULTADOS PARA PRESENTARLA CONTRA PROBABLES RESPONSABLES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21585
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 211.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos, al ser integrante del órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contradictorios.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, integrado por los Magistrados José Encarnación Aguilar Moya, Inocencio del Prado Morales y Faustino Cervantes León, siendo presidente el último de los mencionados, al resolver el amparo en revisión 395/2007, en sesión de doce de diciembre de dos mil siete, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Resulta fundado el agravio esgrimido por el recurrente quejoso, que gira en torno a que en la especie no está satisfecho el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, consistente en la querella. Previamente a efectuar el análisis correspondiente, cabe establecer como antecedentes del caso que el recurrente **********, señaló como acto reclamado en el amparo materia del presente recurso del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario de este Circuito en el Estado, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, el auto de término constitucional, en el que revoca el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado a su favor, por el delito previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero de la ley en cita, dictando en su contra auto de formal prisión por el expresado ilícito en la causa penal ********** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en la expresada ciudad. Ahora bien, en la sentencia recurrida, el Sexto Tribunal Unitario en el Estado determinó negar el amparo solicitado, ya que a su juicio, se demostró la materialidad del ilícito de que se trata y la probable responsabilidad del impetrante en su comisión. Precisado lo anterior, es dable sostener que si el auto de formal prisión se dictó por el delito previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero, de la Ley General de Población, se requiere querella por parte de la Secretaría de Gobernación (artículo 143 de la legislación en cita). Al respecto, los diversos numerales 113, 114, 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales, disponen: ‘Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquéllos, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes: I. Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado. II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado. Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponda legalmente practicarla. Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público Federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente.’. ‘Artículo 114. Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que así lo determinen el Código Penal u otra ley.’. ‘Artículo 118. Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito. Se contraerán, en todo caso, a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente, y se harán en los términos previstos para el ejercicio del derecho de petición. Cuando una denuncia o querella no reúna estos requisitos, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante o querellante para que la modifique, ajustándose a ellos. Asimismo, se informará al denunciante o querellante, dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre las penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades, y sobre las modalidades del procedimiento según se trate de delito perseguible de oficio o por querella. En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán constar en acta que levantará el funcionario que las reciba. Tanto en este caso como cuando se hagan por escrito, deberán contener la firma o huella digital del que las presente y su domicilio. Cuando el denunciante o querellante hagan publicar la denuncia o la querella, están obligados a publicar también a su costa y en la misma forma utilizada para esa publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona en contra de la cual se hubiesen formulado dichas denuncia o querella, y sin perjuicio de las responsabilidades en que aquellos incurran, en su caso, conforme a otras leyes aplicables.’. ‘Artículo 119. Cuando la denuncia o la querella se presenten por escrito, el servidor público que conozca de la averiguación, deberá asegurarse de la identidad del denunciante o querellante, de la legitimación de este último, así como de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoyen ésta o la denuncia. En todo caso, el servidor público que reciba una denuncia o querella formuladas verbalmente o por escrito, requerirá al denunciante o querellante para que se produzcan bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento a que se refiere el artículo 118 y les formulará las preguntas que estime conducentes.’. De manera que conforme hasta lo aquí expuesto, el Ministerio Público no podrá iniciar la averiguación previa, cuando se trate de delitos perseguibles por querella necesaria, mientras ésta no sea interpuesta. Ahora bien, es verdad que en el caso concreto Reyna Mariana Burgos García, en su carácter de subdelegada local del Instituto Nacional de Migración en Baja California dependiente de la Secretaría de Gobernación, presentó querella ante la Procuraduría General de la República, en contra del hoy recurrente, por la comisión del delito de que se trata, y que al efecto dicha funcionaria allegó copia certificada del oficio de fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro, mediante el cual el coordinador de administración del Instituto Nacional de Migración Luis Pardo Aguirre, le designó el cargo conferido, además, que mediante comparecencia de dieciséis de mayo de dos mil seis, la expresada Reyna Mariana Burgos García ratificó la querella de que se trata, ante el órgano técnico persecutor, para lo cual se identificó con la credencial federal de elector. Sin embargo, también es verdad que sobre el tema que aquí se aborda, es dable concluir que la querella apuntada, no reúne los requisitos legales necesarios para que surta sus efectos, a virtud de que no se puede desprender de la normatividad en cita que la querellante Reyna Mariana Burgos García, en su carácter de subdelegada local del Instituto Nacional de Migración en el Estado, esté legitimada para formular la querella en cuestión, toda vez que citó como fundamento el artículo 5o., fracción II, inciso a), numeral 32 del acuerdo delegatorio de facultades a favor del subdelegado local en la entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil, precepto que otorga la facultad de resolver, en materia de control y verificación, facultades relativas a la estancia, específicamente, el formular y ratificar denuncias y querellas en los casos de delitos tipificados en la Ley General de Población y en otras normas jurídicas (nacionalidades de los grupos I, II y III). Del análisis del aludido acuerdo, se advierte que la facultad de formular querellas otorgada a la subdelegada local de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, se encuentra incluida entre las facultades relativas a la admisión y estancia, y estas facultades a su vez ubican dentro del apartado concerniente a la materia de control de vigilancia; ello es indicativo de que las facultades de querellarse ahí otorgadas a la subdelegada local en mención, son respecto de extranjeros, debido a que lo relativo a la admisión, estancia, control y verificación, son aspectos que tienen que ver con el control y verificación de la estancia de extranjeros en nuestro país, y si a ello aunamos que al final del aludido numeral 32 se especifica entre paréntesis nacionalidades de los grupos I, II y III, tal precisión corrobora que la aludida facultad de querellarse es limitativamente para extranjeros, y no para mexicanos, como es el caso del ahora inconforme, quien se trata de un nacional y no de un extranjero, como así lo hizo saber al declarar (sic) al rendir su declaración preparatoria (sin que obre prueba en contrario) (fojas 191 vuelta). El aludido artículo 5o., fracción II inciso a) numeral 32 del acuerdo por el que se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su reglamento en favor del delegado regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, así como del subdelegado regional, subdirector de Regulación Migratoria, subdirector de Control Migratorio, delegados locales, subdelegados locales, jefe del Departamento de Regulación Migratoria, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y jefe del Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jurídicos, en el ámbito territorial de su competencia, expresa lo siguiente: ‘Artículo 5o. Se delega en los subdelegados locales del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, la facultad de resolver: ... II. En materia de control y verificación, lo siguiente: Facultades relativas a la entrada ... 32. Formular y ratificar denuncias y querellas en los casos de delitos tipificados en la Ley General de Población y en otras normas jurídicas nacionalidades de los grupos (I, II y III).’. Cierto, lo anterior se estima de esa manera, porque la querella presentada por escrito, sólo puede formularla quien esté legitimado para ello, es decir, el sujeto titular del bien jurídico tutelado o su legítimo representante, de manera que si alguien la formula a nombre de otra persona física o moral, sin haber acreditado su representación o sin estar facultado para ello, contrario a lo estimado por la Jueza de amparo, no podrá estimarse legalmente demostrada la existencia de tal figura jurídica, y por ello, el órgano técnico persecutor no podrá iniciar la averiguación previa respectiva, porque el Ministerio Público es por definición un perito en la materia, para quien rige el principio de estricto derecho en el procedimiento penal por tratarse de un órgano técnico del Estado especializado en derecho y que como tal sus actos que son actos del Estado deben de estar debidamente fundados y motivados, ya que aun cuando actúa como parte dentro del proceso penal y no en concreto como autoridad investigadora titular de la averiguación previa, aun así, es obvio que su actuar sigue siendo la del Estado contra el gobernado inculpado ante el Juez o tribunal imparcial y titular a nombre del Estado y de la sociedad de decir el y en derecho, de manera que por el hecho de actuar en el proceso penal el Ministerio Público como parte, para quien priva el principio de estricto derecho y tiene a su cargo acreditar la procedencia de acción penal que ejerce, debió invocar la normatividad aplicable respecto a la legitimación del querellante y aportar los medios de prueba necesarios para acreditar que Reyna Mariana Burgos García, en su carácter de subdelegada local del Instituto Nacional de Migración en el Estado, se encuentra legitimada para querellarse en contra del nacional **********, por el delito de violación a la Ley General de Población que se le imputó, y al no estar satisfecho en autos tal requisito de procedibilidad, resulta innecesario entrar al estudio del fondo del asunto; toda vez que, se insiste el Ministerio Público debe asegurarse no sólo de la identidad del querellante, sino también de su legitimación y de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoye. Tal es el sentido de la siguiente tesis jurisprudencial. Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, junio de 2003, página: 113, tesis: 1a./J. 24/2003, jurisprudencia, Materia Penal. ‘QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES FORMULADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.’ (se transcribe). En esa virtud, si en autos de la causa penal de origen, no se demostró que la subdelegada local del Instituto Nacional de Migración, estuviera legitimada para formular querellas tratándose de mexicanos, en virtud de que el Acuerdo por el que se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su reglamento en favor del delegado regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, así como del subdelegado regional, subdirector de Regulación Migratoria, subdirector de Control Migratorio, delegados locales, subdelegados locales, jefe del Departamento de Regulación Migratoria, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y jefe del Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jurídicos, en el ámbito territorial de su competencia, que citó como fundamento en la querella que formuló en el caso a estudio, no es aplicable para el presente caso, en virtud de que sólo faculta a la expresada funcionaria para formular querellas tratándose de extranjeros, no de connacionales, lo que se aprecia de la propia exposición de motivos, que establece (entre otras cosas) lo siguiente: ‘... que en los últimos tiempos la dinámica demográfica nacional e internacional, han propiciado flujos migratorios que requieren una especial atención con objeto de regular apropiadamente la internación y estancia de los extranjeros en el país, así como reforzar el control migratorio en nuestras fronteras, puertos y aeropuertos’. Como se advierte el mismo regula lo relativo a la legal estancia y salida de personas extranjeras de las nacionalidades previstas en los grupos I, II y III, grupos que se encuentran conformados por las diversas nacionalidades reguladas por el Instituto Nacional de Migración según lo dispone la circular CRM/002/007 de fecha diez de abril de dos mil siete emitida por la comisionada del expresado instituto, en donde se hace la distinción de grupo de nacionalidades (todos extranjeros) de acuerdo a los siguientes criterios: Grupo I, estrategia de seguridad nacional, conforme a lo señalado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Grupo II, posibles problemas migratorios como flujos masivos de migrantes económicos, dificultades o imposibilidad de repatriación o estrategia de seguridad pública, y Grupo III, nacionalidades sin atención especial. En esa virtud, resulta incuestionable que la querella aludida no puede surtir ningún efecto legal, y por ende, el órgano técnico persecutor estaba impedido para iniciar la averiguación previa, y al no advertirlo así, el Juez de Distrito responsable, violó en perjuicio del directamente agraviado la garantía consagrada en el artículo 19 de la Carta Magna, ante la ausencia de la querella de parte ofendida. Máxime, que del análisis practicado al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de dos mil dos, no se encontró ningún precepto que faculte a la expresada subdelegada local para formular querellas o denuncias. En esa tesitura, al haber resultado fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, lo que procede en el caso es revocar la sentencia recurrida que negó el amparo y, en su lugar, otorgarlo. Dado el sentido de la presente ejecutoria, resulta innecesario entrar al estudio de los restantes agravios, ya que a nada práctico conduce. Por otra parte, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en la tesis XV.3o.9P, que aparece en la página 1787, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, julio del 2004, con número de registro 181043, del rubro: ‘QUERELLA EN LOS DELITOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. EL SUBDELEGADO LOCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA FORMULARLA.’. Sostiene diverso criterio al vertido en esta ejecutoria, que no se comparte, procédase a denunciar la contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo."

Criterio que reiteró al resolver los amparos directos 737/2007 y 8/2008; así como los amparos en revisión 533/2007 y 114/2008.

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, integrado por los Magistrados Manuela Rodríguez Caravantes, Raúl Molina Torres y Carlos Humberto Trujillo Altamirano, al resolver el amparo directo penal número 396/2003, en sesión de once de septiembre de dos mil tres, determinó en lo conducente lo que a continuación se precisa:

"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación transcritos, aun analizados en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En efecto, no asiste razón al peticionario de garantías en cuanto alega que el Tribunal Unitario responsable al dictar la sentencia combatida irrogó en su perjuicio las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que alega que hizo indebida valoración de las pruebas aportadas, sin embargo, contrario a lo que sostiene el impetrante, el tribunal responsable estuvo en lo correcto al haber estimado que tanto los elementos del tipo penal del delito de VIOLACIÓN A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero, de la ley que regula la materia, como su responsabilidad penal en la comisión del mismo, se encontraba plenamente demostrado con los elementos de prueba existentes en autos, pues del análisis de los mismos no se advierte que se hayan infringido las normas de valoración de las pruebas. Dichos elementos de prueba que consideró la responsable fueron los siguientes: a) Parte informativo, de veinticuatro de abril de dos mil dos, suscrito por **********, oficiales del grupo Beta, dependiente del Instituto Nacional de Migración, en el que asentaron que aproximadamente a las dieciséis horas, al encontrarse efectuando un servicio de protección y vigilancia al este del lugar conocido como Los Túneles del Ferrocarril, como a cien metros de la línea divisoria México, con los Estados Unidos de Norteamérica sobre una de las brechas que conducían a la malla metálica, se percataron de un grupo de tres personas de las cuales una de ellas vestía pantalón Levis azul, chamarra gris, camisa a cuadros azul con blanco y tenis blancos, mismo que caminaba delante de las otras dos personas con dirección al norte y con ademanes les indicaba que lo siguieran, por lo que al sospechar de la comisión de un ilícito decidieron intervenir; que luego de identificarse plenamente como agentes de este grupo procedieron a entrevistar a los que dijeron llamarse ********** de ********** años originario de Sinaloa y ********** de ********** años originario de Michoacán, quienes fueron acordes en señalar a la persona que vestía pantalón Levis azul, chamarra gris, camisa de cuadros azul con blanco y tenis blancos y que después supieron que se llama **********, originario de Michoacán, como la persona que llevaba mexicanos a internarse a los Estados Unidos de Norteamérica sin la documentación correspondiente, asimismo, manifestaron los migrantes que fue el día de la detención cuando ********** pasó por ellos a un domicilio de sus familiares en la ciudad de Tijuana, Baja California; que posteriormente los trasladó a la central camionera indicándoles que compraran un boleto con destino a San Pablo, Municipio de Tecate, Baja California, bajándolos sobre la carretera y guiándolos hasta el lugar donde fueron entrevistados por los agentes aprehensores; que sus destinos finales eran las ciudades de Napa, Ca. y Las Vegas Nevada, cobrándoles la cantidad de ********** dólares a cada uno (foja 1 y 2); b) Oficio DLQ/034/02, de veintiséis de abril de dos mil dos, suscrito y ratificado ante el agente del Ministerio Público de la Federación, por el subdelegado local del Instituto Nacional de Migración en Tecate, Baja California, **********, mediante el cual formuló querella en contra de **********, por haber realizado actos previstos y sancionados por el artículo 38 (sic) de la Ley General de Población, conforme a las circunstancias citadas en el parte informativo, anexando copia del oficio del primero de octubre de dos mil uno, suscrito por el coordinador de administración del Instituto Nacional de Migración, en el cual faculta al referido profesionista y lo designa como subdelegado local, con las obligaciones y responsabilidades que ese cargo le confiere (foja 31 a la 35); c) dictamen médico de integridad física y edad probable, de fecha veinticuatro de abril de dos mil dos, emitido por la doctora **********, quien concluyó que **********, no presentó lesiones físicas recientes al momento de su examen médico legal; que clínica y morfológicamente su edad oscilaba entre los dieciocho y los diecinueve años, más cerca de la segunda que de la primera y que, por tanto, era MAYOR DE EDAD (foja 15); d) Declaración ministerial de *********, rendida ante el agente del Ministerio Público el veinticuatro de abril de dos mil dos, en la cual manifestó estar de acuerdo con el contenido del parte informativo, que llegó a la central camionera de la ciudad de Tijuana, Baja California, que en ese lugar habló por teléfono con una persona que le habían recomendado, ya que conocía a personas que lo podían cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que habló con una persona del sexo femenino, a quien le manifestó sus intenciones de cruzar de manera ilegal hacia el vecino país, por lo que esta persona le dijo que le dijera el tipo de ropa que traía puesta para pasar a recogerlo; que aproximadamente como a una hora y media, se le acercó una persona del sexo femenino de la cual desconocía su nombre y quien le dijo que venía a recogerlo y que lo siguiera hasta un vehículo tipo van, de color café al cual se subió para dirigirse hacía una casa, desconociendo qué colonia o fraccionamiento era; que estuvo en ese lugar hasta por la mañana, cuando llegó un sujeto que conoció de nombre **********, a quien también lo iban a cruzar hacía al vecino país; que después llegó **********, quien les comentó que él los iba a cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos de Norteamérica y que les iba a cobrar la cantidad de mil quinientos dólares una vez que llegaran a su destino final, que tanto él como **********, lo siguieron hacia la central camionera de Tijuana, en donde compraron unos boletos con destino hacia Tecate, Baja California; que abordaron el camión y que después de un lapso llegaron a la central camionera de esta ciudad, en donde les volvió a indicar que compraran otro boleto con destino San Pablo, y que cuando iban en el trayecto del camino **********, les indicó que se bajaran del autobús, bajándose en la carretera y que les comentó que iban a caminar aproximadamente cuatro horas, por lo que al ir caminando por una brecha de terracería habiendo transcurrido aproximadamente como una hora y media, de repente fueron interceptados por un vehículo tipo pick up, de color anaranjado del que descendieron unas personas que dijeron ser del grupo Beta; que los separaron para interrogarlos y que el declarante les manifestó que tenían las intenciones de cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica y que **********, era la persona que los venía guiando desde la ciudad de Tijuana y quien los internaría de manera ilegal hacía el vecino país (foja 11); e) Declaración ministerial de **********, rendida ante el agente del Ministerio Público, el veinticuatro de abril de dos mil dos, en la cual manifestó estar de acuerdo con el contenido del parte informativo; que llegó a la central camionera en la ciudad de Tijuana, Baja California, procedente de su tierra natal, que se trasladó a la casa de unos tíos, quienes vivían en la **********; que fue ahí en donde le recomendaron a una persona que lo podía cruzar de manera ilegal y que le dieron un número telefónico; que cuando habló por teléfono le contestó una persona del sexo masculino, a quien le comentó el motivo de su llamada; que esta persona le dijo que le diera el lugar en donde estaba y que ellos pasarían a recogerlo; que pasó a recogerlo un sujeto del sexo masculino, de quien desconocía su nombre, quien iba en un carro chico, sin recordar el tipo; que de ahí lo trasladaron a una casa, de la cual desconocía el lugar exacto y que al llegar a dicho inmueble conoció a un sujeto que después supo se llamaba **********, quien sabía también tenía la intención de cruzar al vecino país, a los Ángeles California; que después llegó un sujeto de nombre **********, quien les dijo que él los iba a cruzar de manera ilegal hacía los Estados Unidos de Norteamérica y que les iba a cobrar la cantidad de mil quinientos dólares, los cuales pagarían una vez que llegaran a su destino final; que siguieron a **********, hasta la central camionera de Tijuana en donde abordaron un camión de la **********, con destino a Tecate; que ya en la central camionera de Tecate, les indicó que compraran otros boletos con destino a San Pablo y que al ir por el trayecto, ********** les indicó se bajaran, ya que iban a caminar aproximadamente cuatro horas, por lo que al ir caminando por una brecha, aproximadamente como a la hora de camino, fueron interceptados por un pick up de donde descendieron varias personas quienes dijeron ser del grupo Beta, a lo que se acercaron con ********** a quien le manifestaron que ya lo conocían y que por tal motivo lo esposaron, que al declarante y a ********** les pidieron sus identificaciones y que después fueron trasladados a las oficinas (fojas 13 y 14) y f) Declaración ministerial de **********, rendida ante el agente del Ministerio Público, el veinticinco de abril de dos mil dos, en la cual manifestó estar de acuerdo con el contenido del parte informativo, agregando que el declarante se encontraba en su casa, cuando por la mañana se presentó un sujeto que le apodan ********** al cual conocía desde hace un mes aproximadamente, quien le dijo que tenía trabajo, el cual consistía en cruzar de manera ilegal hacía los Estados Unidos de Norteamérica a dos personas; que aceptó y se trasladó a una casa de un amigo de **********, lugar en donde se encontraban las dos personas a quienes iba a internar de manera ilegal hacía el vecino país; que les dijo que lo siguieran a una distancia considerable y que se fijaran en donde se bajaba y lo que hacía; que se trasladaron a la cinco y diez en donde abordaron un camión con destino a Tecate; que al llegar a la central camionera de esa ciudad, les indicó a las dos personas que compraran otro boleto con destino a San Pablo; que después de un lapso descendieron del camión y que les dijo a las personas que iban a caminar aproximadamente unas tres horas para llegar al vecino país; que fue cuando al ir caminando por una brecha de terracería, como a la hora de ir caminando, fueron abordados por un vehículo del grupo Beta, en el cual descendieron unos agentes, que lo aseguraron y que uno de los agentes le dijo que ya era conocido, por lo que lo subieron a su vehículo (fojas 27 y 28); pruebas éstas que ciertamente alcanzaron el valor probatorio que les otorgó la responsable en términos de los artículos 279, 284, 285, 286, 288 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, por cuanto que las pruebas aportadas en la averiguación previa no fueron desvirtuadas por otras en el proceso; que las declaraciones de los testigos fueron hechas por personas que conocieron por sí mismos los hechos; que el dictamen pericial fue emitido por persona con conocimientos científicos; que la confesión del sentenciado fue hecha por persona mayor de edad, sobre hechos propios, ante autoridad competente y sin coacción ni violencia, y que del enlace lógico y natural entre la verdad conocida y la que se busca ciertamente fueron suficientes para que el ad quem tuviera por acredi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21585-ca46ebfb/querella-en-los-delitos-previstos-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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