INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA PÓLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PÚBLICO EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACIÓN DE BIENES INMUEBLES, POR SÍ SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien se encuentra legitimado para ello en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
TERCERO. El criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentado en la ejecutoria de seis de diciembre de dos mil siete, dictada al resolver el juicio de amparo en revisión 378/2007, derivó esencialmente de las siguientes consideraciones:
Que las pólizas expedidas por los corredores públicos tienen naturaleza mercantil y, por tanto, éstos carecen de facultades para autenticar o protocolizar actos traslativos de dominio de inmuebles que sirvan para la modificación del capital social de las empresas "por limitación expresa de la fracción V del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública; lo que obviamente se deberá realizar ante un fedatario público distinto (notario público)", ya que la transmisión de dominio de inmuebles con motivo del pago de las acciones son actos jurídicos de índole civil regulados por la legislación común.
Que el hecho de que los artículos 6o., fracción V y 20, fracción X, de la Ley Federal de Correduría Pública prohíba a los corredores intervenir en actos relacionados con inmuebles, implica que no pueden participar en una materia reservada al ámbito local, pues su función y competencia se limitan a la materia mercantil.
Por tanto, el citado Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que la póliza exhibida por la empresa quejosa resultaba insuficiente para demostrar que era propietaria del inmueble embargado, pues la referida póliza únicamente tenía eficacia para demostrar la celebración de la asamblea de accionistas, así como el aumento del capital social y la emisión y suscripción de nuevas acciones, por lo que carecía de interés jurídico para promover el amparo.
Las consideraciones relativas de la ejecutoria de referencia son las que se transcriben a continuación:
"Entonces, si el corredor público interviene como fedatario, entre otros actos en la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, las pólizas o actas emitidas por el corredor público, estos actos jurídicos tienen una naturaleza exclusivamente mercantil, de manera que es una circunstancia que tiene que hacer constar el corredor público, de acuerdo a la naturaleza de ese tipo de sociedades; sin embargo, estas facultades no pueden hacerse extensivas a autenticar o protocolizar el acto traslativo de dominio que sirvió para la modificación del capital social, por limitación expresa de la fracción V del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública; lo que obviamente se deberá realizar ante un fedatario público distinto (notario público).
"En efecto, partiéndose de las anteriores consideraciones, el corredor público puede hacer constar actos jurídicos relativos a las sociedades mercantiles en términos del transcrito artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, quedando comprendido en tales actos la modificación del capital social; sin embargo, el corredor público no está facultado para dar fe de la transmisión de dominio de inmuebles con motivo del pago de las acciones, que son actos jurídicos de índole civil regulados por la legislación común, pues la adjudicación del inmueble es un contrato que se encuentra previsto en los Códigos Civiles de todas las entidades federativas del país, siendo en esa legislación local en la que se establece la forma necesaria para la validez del mismo.
"Esto es, el hecho de que los artículos 6o., fracción V y 20, fracción X, de esa ley, prohíba intervenir en actos tratándose de inmuebles, significa que el corredor no puede participar en una materia reservada al ámbito local, ya que siendo la función del corredor, cuando actúa como fedatario público, una función de orden público, debe su competencia limitarse exclusivamente a la materia mercantil para el cual está autorizado, pues el precepto citado en segundo término indica: ‘Artículo 20. A los corredores les estará prohibido: I. Comerciar por cuenta propia o ser comisionistas; II. Ser factores o dependientes; III. Adquirir para sí o para su cónyuge, ascendientes o descendientes, o parientes colaterales hasta el cuarto grado, los efectos que se negocien por su conducto; IV. Expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo o libro de registro, o no expedirlos íntegramente, o de documentos mercantiles cuando sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo; V. Ser servidores públicos o militares en activo; VI. Desempeñar el mandato judicial; VII. Actuar como fedatario en caso de que intervengan por sí o en representación de tercera persona, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o afines en línea recta sin limitación de grados, los consanguíneos en la colateral hasta en el cuarto grado inclusive, y los afines en la colateral hasta en el segundo grado; VIII. Ejercer funciones de fedatario si el acto o hecho interesa al corredor, a su cónyuge o a alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción inmediata anterior; IX. Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario con motivo de los actos o hechos en que intervengan como fedatarios, excepto en los siguientes casos: a) El dinero o cheques destinados al pago de impuestos o derechos causados por las actas o pólizas efectuadas ante ellos; o b) En los demás casos en que las leyes así lo permitan; X. Ejercer su actividad si el hecho o el fin del acto es legalmente imposible o contrario a la ley o a las buenas costumbres; y XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.’
"Lo señalado se corrobora con la interpretación histórica del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública que interesa, toda vez que el 11 once de diciembre de 1992 mil novecientos noventa y dos, cuando emitieron su dictamen las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, sobre la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, de veinticinco de noviembre del propio año, propusieron que en el artículo 6o., fracción V y VI, de la iniciativa en comento, no se incluyera entre las atribuciones de los corredores públicos, la de autenticar actos traslativos de dominio de inmuebles, ya que consideraron que esa función debía reservarse a los notarios públicos, habida cuenta su carácter eminentemente civil y su pertenencia al ámbito de competencia local.
"Es por ello que sólo es admisible que los corredores públicos cuenten con autorización legal para que ante ellos se formalice la su constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación o extinción, de la sociedad mercantil, que fue en parte lo que perseguía la iniciativa de ley de 26 veintiséis de noviembre de 1992 mil novecientos noventa y dos, en donde se asentó: (se transcribe).
"Por consiguiente, en el caso la póliza **********, que la quejosa adjuntó a la demanda de garantías, es insuficiente para demostrar que es propietaria del inmueble embargado en el juicio mercantil ejecutivo 767/2004, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, toda vez que dicha póliza sólo tiene eficacia para demostrar que tuvo verificativo el 30 treinta de septiembre de 2003 dos mil tres, la asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa **********, el aumento de capital social y la emisión y suscripción de nuevas acciones; en virtud que la actuación de los corredores públicos como fedatarios públicos se limita para hacer constar esos actos o hechos que se refieren a la naturaleza mercantil, exclusivamente, máxime que el artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública no autoriza a darle certidumbre a un acto traslativo de dominio de un inmueble de naturaleza civil, por prohibición expresa de la fracción V del precepto invocado.
"Al particular, cobra aplicación, la tesis localizable en la página 2321, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del sumario: ‘CORREDORES PÚBLICOS. SU FUNCIÓN DE FEDATARIOS SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A LA MATERIA MERCANTIL. Conforme a la fracción V del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública y 53 de su reglamento, la función de fedatario del corredor público se limita exclusivamente a la materia mercantil, esto es, a hacer constar los actos y hechos de esa naturaleza en los que se solicite su intervención, con las limitantes que la propia ley y su reglamento establecen; por tanto, cuando el citado corredor excede las facultades que le confieren los citados ordenamientos, sus actos carecen de validez.’
"Además, sirve de apoyo por las razones que la informan, la tesis visible en la página 1241, Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘CORREDOR PÚBLICO. CARECE DE FACULTADES PARA COTEJAR Y CERTIFICAR UNA COPIA DE ACTA DE ASAMBLEA DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, PROTOCOLIZADA ANTE NOTARIO PÚBLICO. Las facultades legalmente otorgadas a los corredores públicos para actuar como fedatarios se encuentran previstas en las fracciones V y VI del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, donde se indica que pueden intervenir con tal carácter para hacer constar contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como la emisión de obligaciones y otros títulos valor; lo mismo que en hipoteca sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante ellos; igualmente, en el otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o avío; pueden también actuar como fedatarios en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como puede advertirse en ningún momento les faculta la ley para que, en su calidad de fedatarios, realicen el cotejo y la certificación de una copia de acta de asamblea de una sociedad mercantil protocolizada ante notario público, por lo que debe concluirse que carece de esa facultad, sin que obste al respecto que el artículo 38 del reglamento de la ley federal mencionada establezca la forma de realizar el cotejo de documentos, porque esto no le autoriza a cotejar cualquier tipo de documento ni puede exceder a lo previsto en la ley.’
"No asiste razón a la disidente cuando afirma que la secretaria, encargada del Juzgado de Distrito por ministerio de ley, cometió transgresión a la ley, porque la nulidad del acto no opera de pleno derecho, ni puede ser declarada oficiosamente por el juzgador, menos en el amparo, ya que en éste no pueden decidirse cuestiones sobre la nulidad de los títulos de propiedad, cuando estos puntos no han formado parte de la litis en el juicio natural, ni se ha reclamado en la demanda de garantías la sentencia definitiva que hubiese decidido respecto de esa controversia seguida ante las autoridades de instancia.
"Así es, con independencia que en el amparo no se puede decidir sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del acto traslativo de dominio a favor de la quejosa, exhibido por ésta como instrumento demostrativo de su interés jurídico, ni se puede resolver sobre la prevalencia del título frente a otro, sí se hace necesario el análisis de dicho acto, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público, porque es necesario que la eficacia de la póliza, respecto a la adquisición, se ajuste a las disposiciones legales que rigen su existencia, a fin de que pueda surtir efectos el instrumento jurídico correspondiente en el juicio de garantías, aunque esté sujeto a declaración judicial.
"Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 331, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: ‘COMODATARIO. INTERÉS JURÍDICO. NO SE ACREDITA SI EL DOCUMENTO OTORGADO EN REPRESENTACIÓN DE UN MENOR, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES PROPIOS DEL ACTO. Es necesario que el acto jurídico concreto del que se hace derivar el nacimiento del derecho específico cuya afectación produce el acto de autoridad, se ajuste a las disposiciones legales que rigen su existencia, a fin de que pueda surtir efectos el instrumento jurídico correspondiente, aunque éstos fueren provisionales o sujetos a declaración judicial, pues de otra manera bastaría la simple manifestación verbal o escrita en el sentido de otorgar en comodato el inmueble de un menor, aun contraviniendo lo preceptuado en las leyes que rigen el caso, para que pudiera constituirse un verdadero instrumento jurídico que, por un lado, en su caso, pugnaría con el principio de autoridad pública, así como con los intereses de los incapacitados, la seguridad del comercio y las transacciones civiles en general y, por otro lado, legitimaría indebidamente a los sujetos del acuerdo para promover tantas acciones como simples convenios afirmaran haber celebrado, incluyendo el juicio de amparo, cuya procedencia requiere, entre otras condiciones, la existencia real, actual y probada del interés jurídico.’
"Sirve de apoyo a lo considerado además, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público.’
"Deviene inoperante el motivo de inconformidad en donde la recurrente cuestiona lo considerado en el fallo que se revisa, respecto a que ‘las facultades del corredor público para intervenir como fedatario en la designación de representantes de los órganos de las sociedades mercantiles, se encuentran limitadas a la representación orgánica de las mismas y que, cualquier otro tipo de poder que se otorgue por los miembros de la misma se deberá otorgar ante notario público.’
"La determinación del Tribunal Colegiado obedece a que esa aseveración contenida en la sentencia impugnada, aunque constituya una incongruencia, no trasciende al sobreseimiento del juicio de garantías, en virtud de que la secretaria, encargada del Juzgado de Distrito, por ministerio de ley, estudió y valoró con acierto la póliza **********, mediante la cual la quejosa pretendió acreditar su interés jurídico en el amparo.
"Contrario a lo afirmado por la recurrente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis aislada del Pleno de ese Alto Tribunal, que se invocaron en el fallo recurrido, cuyos rubros respectivamente dicen: ‘CORREDORES PÚBLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES.’ y ‘CORREDORES PÚBLICOS. CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR. PARA PROBAR EL INTERÉS JURÍDICO.’, sí son aptas para fundarla, por las razones que las informan, toda vez que en ambas se señala de manera preponderante que los instrumentos autorizados por los corredores públicos no son elementos de convicción con valor suficiente para demostrar actos para los que no están facultados, en términos de la Ley Federal de Correduría Pública, como acontece en el caso, con el acto traslativo de dominio celebrado en la asamblea general extraordinaria de accionistas el 30 treinta de septiembre de 2003 dos mil tres.
"Por último, resulta inoperante el agravio relativo a que es ilegal la conclusión establecida en la parte final de los considerativos de la sentencia recurrida, cuando se determina que no se ofreció prueba testimonial para acreditar la posesión de inmuebles.
"Lo anterior es así, por la razón que al no haber demostrado la impetrante la posesión originaria del inmueble controvertido, con las pruebas rendidas en autos, particularmente con la póliza **********, que ofreció con ese objeto, es innecesario establecer en el presente recurso si la inconforme justificó la tenencia material de ese bien.
"Así las cosas, al ser los agravios esgrimidos, unos infundados y los restantes inoperantes, lo conducente será confirmar la sentencia recurrida.
"Por lo expuesto y con apoyo además en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:
"PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
"SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 328/2007-I, promovido por **********, contra los actos y las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria."
El citado criterio lo reiteró el mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la diversa ejecutoria de quince de mayo de dos mil ocho, correspondiente a la resolución del amparo en revisión 154/2008.
CUARTO. Por su parte, las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, expresadas en la ejecutoria de veintiuno de febrero de dos mil ocho, al resolver el juicio de amparo en revisión 429/2007, esencialmente son las siguientes:
Que la póliza proveniente del corredor público en la que se protocolizó el acuerdo tomado en una asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil quejosa, donde se incrementó el capital social y se pagaron en especie las acciones respectivas con bienes inmuebles, era un documento de fecha cierta, ya que el corredor público estaba facultado para intervenir como fedatario en términos del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública "puesto que la referida protocolización no constituye un contrato de compraventa respecto de los inmuebles cuyo embargo se reclama."
El Tribunal Colegiado de Circuito de referencia concluyó que la peticionaria de garantías aportó un documento de fecha cierta para justificar que era propietaria de los bienes inmuebles embargados que reclamaba y, por ende, había justificado su interés jurídico para solicitar la protección constitucional.
La parte considerativa de la ejecutoria respectiva, en la parte que interesa, es del siguiente texto:
"En ese estado de cosas, considerando que la figura de ‘fecha cierta de los documentos privados’ es un mecanismo que da certeza a los actos jurídicos en cuanto a la época de su celebración, para impedir que el instrumento de que se trate sea utilizado en el juicio de amparo con fines desleales; en tanto que la función del corredor público en su carácter de fedatario es dar certidumbre a los actos jurídicos puestos a su consideración, para garantizar que se otorgaron conforme a derecho y que lo relacionado con ellos es cierto, resulta innegable que la cuestionada póliza cinco mil cincuenta y cinco, pasada ante la fe del corredor público número veintitrés en el Estado de Jalisco, en la que se protocolizó el acuerdo tomado en la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil quejosa, de treinta de septiembre de dos mil tres (consistente en que el incremento del capital social de la citada negociación a la suma de cuatro millones trescientos mil pesos, se pagara en especie con bienes inmuebles), sí es de fecha cierta, puesto que la póliza en comento permite disipar cualquier duda de que los pactos consignados en la susodicha acta de asamblea, por lo menos datan desde la época en que se efectuó la mencionada protocolización (nueve de octubre de dos mil tres).
"Máxime que, como bien lo señala la sociedad impetrante, la póliza de referencia solamente protocolizó la multicitada acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, la que, entre otras cosas, contiene la anuencia de los socios de incrementar el capital social de dicha negociación a la suma de cuatro millones trescientos mil pesos a través de nuevos títulos accionarios, así como la suscripción y pago de éstos en especie (con diversas fracciones de terreno) por parte de la empresa **********, ahora tercera perjudicada, acto en el que el precitado corredor público sí está facultado para intervenir como fedatario en términos de la fracción VI del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública (aplicable en la fecha en que se celebró ese acto jurídico), que señala: ‘Al corredor público corresponde: ... VI. Actuar como fedatarios en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.’, puesto que la referida protocolización no constituye un contrato de compraventa respecto de los inmuebles cuyo embargo se reclama.
"Sin que sea óbice que en la cláusula segunda de la póliza cuestionada se asentara que: ‘... Consecuentemente, se formalizan los acuerdos tomados en dicha asamblea y se dan por reproducidos en los términos señalados’ (foja 32 del juicio de amparo), ya que, se insiste, el aludido corredor no dio forma al pago de las acciones con inmuebles, sino que simplemente protocolizó el acta de asamblea donde se tomó la decisión de incrementar el capital social de la empresa mercantil quejosa, lo que no es lo mismo, toda vez que protocolizar es el acto en que se incorpora al protocolo una escritura, matriz u otro documento que exija esta formalidad; en tanto que formalizar significa dar a una cosa la última forma o dar el carácter de seriedad a lo que no lo tenía hasta entonces’, por lo que el corredor público cuando protocolizó el acta de asamblea solamente dio certeza de ese acto, pero en modo alguna formalizó un contrato de compraventa de inmuebles, tan así sucedió que en la resolución quinta de la referida asamblea se asentó lo siguiente: ‘Quinta. En virtud de la presente aportación en especie, los inmuebles antes descritos pasan desde este momento a ser propiedad de la sociedad ********** quedando obligada la empresa **********, por conducto de su representante **********, a otorgar ante la fe del notario público de su elección, la escritura pública respectiva a favor de la adquirente ...’
"En esas circunstancias, resulta inconcuso que la peticionaria de garantías sí aportó un documento de fecha cierta para justificar que es propietaria de los bienes inmuebles embargados que reclama, por lo que es evidente que sí justificó su interés jurídico para solicitar la protección constitucional; aún más de que no se demostró que el instrumento en cuestión fuera falso, a virtud de que la tercera perjudicada **********, planteó su objeción en ese sentido y no le prosperó, según se advierte del propio fallo recurrido en el que se determinó, en lo conducente, que: ..."
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, que amerite ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente del Pleno de este Alto Tribunal, que describe los requisitos que se deben satisfacer para la configuración de una contradicción de tesis:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De esta jurisprudencia se advierte que para la configuración de una contradicción de tesis, que deba dilucidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos:
1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adopten posturas divergentes;
2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y,
3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.
SEXTO. Esta Primera Sala determina que en la especie sí se satisfacen los mencionados supuestos necesarios para que se considere producida la contradicción de tesis denunciada, por lo que debe declararse existente la oposición de criterios que motivó la formación del presente expediente.
Es existente la contradicción de tesis entre las posturas adoptadas, por un lado, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en contra del criterio adoptado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, debido a que examinaron esencialmente un mismo problema jurídico y pronunciaron resoluciones discrepantes, como se demuestra enseguida:
En primer lugar, ambos tribunales dilucidaron la cuestión relativa a si la póliza proveniente de un corredor público era eficaz para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para promover el juicio de amparo. En la parte considerativa de cada una de las sentencias, uno de los Tribunales Colegiados estimó que sí era un documento idóneo para tal efecto, mientras que el otro de los tribunales sostuvo que la póliza no podía servir como documento demostrativo del interés jurídico.
Asimismo, los distintos criterios de los aludidos tribunales provinieron del examen de un elemento coincidente como lo es el artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, vigente antes de ser reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintitrés de mayo de dos mil seis, que era del siguiente texto:
"Artículo 6o. Al corredor público corresponde:
"I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;
"II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;
"III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;
"IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;
"V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles; así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de acuerdo con la ley de la materia;
"VI. Actuar como fedatarios en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
"VII. Las demás funciones que le señalen esta y otras leyes o reglamentos.
"Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos."
Como se aprecia, no obstante que ambos tribunales se ocuparon de una misma cuestión jurídica y examinaron elementos coincidentes, en las consideraciones de las ejecutorias respectivas sustentaron criterios divergentes.
Ello ocurrió debido a que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Tercer Circuito, se pronunció en el sentido de que los corredores públicos carecen de facultades para protocolizar actos trasl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22029-965d83ec/interes-juridico-en-el-amparo-la-poliza-expedida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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