Corpus
Modo: Corpus Pro

TRANSACCIÓN PARA PREVENIR UNA CONTROVERSIA FUTURA EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO. ES EJECUTABLE EN LA VÍA EJECUTIVA, SIN QUE SEA NECESARIA SU HOMOLOGACIÓN CUANDO LAS FIRMAS DE LOS OTORGANTES ESTÉN AUTENTICADAS Y SE TRATE DE DERECHOS PERSONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21004
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 299.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia exclusiva de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados ambos en Materia Civil del Tercer Circuito.

CUARTO. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo en revisión 75/2003, el veinte de marzo de dos mil tres, de la sentencia derivó la tesis III.5o.C.64 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y siete:

"TRANSACCIONES FUERA DE JUICIO. CUANDO LAS FIRMAS DE LOS OTORGANTES ESTÉN AUTENTICADAS Y SE TRATE DE DERECHOS PERSONALES, PROCEDE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO, AUNQUE NO CONSTEN EN ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Del análisis de los artículos 477 y 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se colige que sólo puede exigirse en la vía de apremio la ejecución del convenio de transacción cuando éste conste en escritura pública, dado que es forzoso exhibirla con la solicitud relativa. Sin embargo, para la ejecución de transacciones convenidas fuera de juicio, dichos numerales exigen requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 2634 del Código Civil del Estado vigente, de donde resulta claro que es incongruente que, por una parte, dicha ley sustantiva requiera, tratándose de transacciones que versen sobre derechos personales, que consten por escrito y estén autenticadas las firmas de los contratantes y, por otra, que la legislación procesal condicione, para poder ordenarse la ejecución de una transacción, que necesariamente conste en escritura pública; lo que significa que dicha transacción jamás podría ejecutarse en la vía de apremio lo que, obviamente, es contrario a la finalidad de dicho acuerdo de voluntades, esto es, evitar un juicio futuro y, en su caso, sólo acudir ante un Juez a solicitar que se lleve a cabo su ejecución en la vía de apremio. Por tanto, tratándose de derechos personales y una vez satisfechos los requisitos de la fracción I del artículo 2634 del aludido Código Civil del Estado, con fundamento en el diverso numeral 954 del referido Código de Procedimientos Civiles, es viable acudir, en vía de excepción, a promover ante el Juez correspondiente, en jurisdicción voluntaria, a solicitar se eleve la transacción a sentencia ejecutoria, a efecto de que la mencionada contradicción entre los citados códigos sustantivo y adjetivo, no deje en estado de indefensión a la quejosa y pueda entonces tener el multirreferido pacto la efectividad que por naturaleza le corresponde, es decir, que se equipare a una sentencia ejecutoria como lo dispone el diverso artículo 2641 del mencionado código sustantivo.

"Amparo en revisión 75/2003. María Celia Casillas. 20 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: Jacqueline Ana Brockmann Cochrane."

El caso del que derivó la tesis fue el siguiente:

1. Un sujeto solicitó al Juez local que en la vía de jurisdicción voluntaria se autorizara un convenio de transacción derivado de un contrato de arrendamiento, a efecto de que se le reconociera la calidad de cosa juzgada, ya que había sido ratificado por los suscriptores del convenio ante un notario público.

2. El Juez mencionado negó admitir la referida solicitud, por considerar que la jurisdicción voluntaria no era la vía idónea para reconocer al convenio de transacción el carácter de cosa juzgada.

3. En contra de esa determinación la promovente interpuso recurso de apelación, y el tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, por considerar que el convenio de transacción extrajudicial no requería de la aprobación del Juez "para alcanzar la autoridad de cosa juzgada", pues esa calidad se la otorgaba el artículo 2641 del Código Civil para el Estado de Jalisco.

4. En contra de esta última resolución se promovió juicio de amparo, y el Juez de Distrito negó la protección federal solicitada, con base en que no procedía que en la vía de jurisdicción voluntaria se le reconociera el carácter de cosa juzgada al mencionado convenio de transacción, ya que no correspondía a la autoridad judicial "autentificar las firmas de los contratantes", y el Juez no estaba facultado para "formalizar el contrato de transacción respecto del diverso de arrendamiento, puesto que el artículo 2634 del Código Civil para el Estado de Jalisco prevé su intervención en esta clase de contratos, únicamente cuando se refiera a una controversia presente, se trate de derechos reales o personales y que se esté conociendo del negocio del que se deduce dicho pleito".

El Juez de Distrito destacó, además, que de conformidad con el artículo 2641 del Código Civil en cita, el convenio de transacción adquirió la categoría de cosa juzgada, por haberse presentado ante el notario público que dio fe de la autenticidad de las firmas que lo calzan; por lo que la referida transacción "adquirió la categoría de cosa juzgada, entre los que lo suscribieron mucho antes de su presentación ante el Juez responsable".

5. La parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo, al considerar lo siguiente:

Que contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, sí procedía en el caso la petición de homologación del "contrato de transacción", ya que por disposición del artículo 2641 del Código Civil del Estado de Jalisco, la transacción se equipara a una sentencia ejecutoriada, y el artículo 2634 del mismo ordenamiento legal exige para la formalización de un convenio de transacción, en el caso de derechos personales, "que éste se formalice por escrito y se autentiquen las firmas de los contratantes".

El Tribunal Colegiado de Circuito subrayó que al tenor de los artículos 477 y 506 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, sólo puede exigirse llevar a cabo la ejecución de las transacciones en la vía de apremio, si constan en escritura pública "dado que es forzoso exhibirla con la solicitud relativa"; de lo cual dedujo que era inadmisible que para llevar a cabo la ejecución de las transacciones que versen sobre derechos personales, sólo se exige que consten por escrito y que estén autenticadas "las firmas de los contratantes".

Concluyó que si la legislación procesal requiere que conste en escritura pública lo acordado, para que tenga ejecución, ello implicaba que no puede ejecutarse en la vía de apremio la transacción redactada en escrito privado con firmas autentificadas y, por tanto, cuando se involucren derechos personales sí es procedente acudir ante el Juez a solicitar la homologación de la transacción a rango de sentencia ejecutoria, como previene el artículo 2641 del Código Civil del Estado de Jalisco.

La parte considerativa de la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que guarda relación con la denuncia de contradicción de tesis, es la siguiente:

"En el caso, la quejosa compareció ante el Juez natural en la vía de jurisdicción voluntaria a presentar un contrato de transacción para evitar una controversia futura, derivado de un diverso pacto de arrendamiento celebrado respecto del local comercial ... de esta ciudad, en el que aparecen autenticadas las firmas de los otorgantes desde el siete de junio del dos mil dos, porque las ratificaron ante Jorge Robles Farías, notario público titular número doce de esta municipalidad, certificación que quedó registrada con el número ... en el libro correspondiente. Ahora bien, como ya se vio, por disposición expresa contenida en el artículo 2641 antes transcrito, la transacción se equipara a la sentencia ejecutoriada y el citado 2634 del mismo Código Civil, exige en el caso de un convenio de transacción para su formalización, tratándose de derechos personales (como en el presente, dado que, como se destacó, el contrato original es uno de arrendamiento), que éste se formalice por escrito y se autentiquen las firmas de los contratantes. Por otro lado, del análisis de los artículos 477 y 506 del enjuiciamiento civil local, copiados en párrafos anteriores, se colige que estatuyen que sólo podrá exigirse que se lleve a cabo la ejecución en vía de apremio de las multicitadas transacciones si constan en escritura pública, dado que es forzoso exhibirla con la solicitud relativa. Es decir, que dichos numerales prescriben requisitos procesales adicionales a los preceptuados en la legislación sustantiva civil para la ejecución de transacciones celebradas fuera de juicio, de donde resulta claro que es incongruente que la ley sustantiva civil exija, para el caso de transacciones que versen sobre derechos personales, únicamente que consten por escrito y que estén autenticadas las firmas de los contratantes; mientras que la legislación procesal requiere para llevar a cabo la ejecución de lo acordado, que conste en escritura pública; lo que significa que jamás podría ejecutarse en la vía de apremio la transacción redactada en escrito privado con firmas autenticadas, resultando ello, obviamente, contrario a la razón de ser de dicho contrato, que es precisamente evitar un juicio futuro y, en su caso, acudir ante el Juez para que lleve a cabo su ejecución en la vía de apremio. En esa tesitura, tratándose de derechos personales y reunidos los requisitos de la fracción I del artículo 2634 del Código Civil del Estado de Jalisco, a manera de excepción debe convenirse que cualquiera de los contratantes, con fundamento en el artículo 954 del mismo ordenamiento legal citado, puede acudir ante el Juez correspondiente a solicitar la homologación de la transacción a sentencia ejecutoria, a efecto de que la mencionada contradicción entre los citados códigos sustantivo y adjetivo, no deje en estado de indefensión a la quejosa y pueda entonces tener el multirreferido pacto la efectividad que por naturaleza le corresponde, es decir, se equipare a una sentencia ejecutoria como lo dispone el antes transcrito artículo 2641 del Código Civil. En consecuencia, procede conceder la protección federal impetrada para el efecto de que el Juez responsable admita a trámite el contrato de transacción que la impetrante presentó ante su potestad y revocar el fallo materia de este recurso de revisión."

Ese criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, lo reiteró en la ejecutoria pronunciada el tres de mayo de dos mil siete, en la resolución del amparo directo 803/2006.

QUINTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo en revisión 40/2007 el quince de marzo de dos mil siete.

El caso que conoció fue el siguiente:

1. El quejoso solicitó al Juez del fuero común, que en la vía de jurisdicción voluntaria se aprobara un convenio de transacción, y lo elevara a la categoría de sentencia ejecutoriada (de cosa juzgada), ya que habían sido ratificadas las firmas ante notario público.

2. El Juez referido negó admitir la referida solicitud, por considerar que la vía intentada no era idónea para homologar la indicada transacción.

3. En contra de esa determinación el promovente interpuso recurso de apelación, y la Sala de apelación confirmó el proveído denegatorio del Juez Civil, porque en su concepto las resoluciones dictadas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tenían la firmeza de una sentencia ejecutoriada, puesto que podían alterarse por hechos supervenientes o por una variación jurídica que exista cuando se pronuncie la resolución; además de que el convenio de transacción con firmas autenticadas tenía eficacia de cosa juzgada entre las partes, por establecerlo así el artículo 2641 del Código Civil del Estado de Jalisco y, en consecuencia, no era procedente su aprobación a través de la vía de jurisdicción voluntaria, sino en la vía de apremio o ejecución forzosa prevista en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad.

4. En contra de esta última resolución se promovió juicio de amparo, y el Juez de Distrito negó la protección federal solicitada, con base en que atinadamente la Sala responsable estimó que el convenio de transacción respecto del cual se pretendieron las diligencias de jurisdicción voluntaria, tenía el carácter de cosa juzgada para las partes celebrantes en los términos del artículo 2641 del Código Civil de dicha entidad; y por ello las obligaba a cumplir lo pactado, por lo que su ejecución procedía a través de la vía de apremio o ejecución forzosa prevista en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles de la propia entidad.

5. En contra de la citada resolución del Juez de Distrito, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión 40/2007, y al resolverlo en la resolución de quince de marzo de dos mil siete el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado, por las siguientes razones:

Señaló que era innecesario el trámite de jurisdicción voluntaria para que el Juez elevara a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio de transacción, sobre derechos personales, en el que se hubieren autentificado las firmas de los otorgantes, y que verse sobre derechos personales, en los términos de la fracción I del artículo 2634 del Código Civil de Jalisco, ya que conforme al artículo 2641 del ordenamiento legal en cita, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada.

Igualmente señaló que la cosa juzgada tiene como consecuencia que su ejecución se realice a través de la vía de apremio, por lo que aun cuando en el artículo 506 del enjuiciamiento procesal civil del Estado, existan reglas especiales para la ejecución de las transacciones, y que en éstas sólo se mencionen aquéllas, que consten en escritura pública, ello no trae como consecuencia que un contrato de transacción formalizado conforme a los lineamientos precisados, pierda la vía de apremio para realizar su ejecución, por lo que los juzgadores al recibir una solicitud de tal naturaleza, deben dar el trámite correspondiente al tratarse de un contrato al que la propia legislación sustantiva le otorga la calidad de cosa juzgada.

Sobre el mismo particular, consideró que no compartía el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, porque de atenderse su criterio resultaría contradictorio pretender que un contrato de transacción se eleve a la categoría de sentencia ejecutoriada mediante un trámite de jurisdicción voluntaria, en el que las resoluciones que se pronuncian carecen de firmeza y, en consecuencia, desde su punto de vista resulta improcedente la vía de apremio para ejecutar un convenio de transacción aprobado en jurisdicción voluntaria.

La parte considerativa de la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, relacionada con esta denuncia de contradicción de tesis, es la siguiente:

"En base a lo anterior, se arriba a la conclusión de que, como ya se anticipó, los agravios propuestos por la recurrente son infundados, porque adverso a lo que sostiene, se estima jurídicamente correcta la determinación del Juez de Distrito en la que consideró que la resolución reclamada no es violatoria de garantías, porque resulta innecesario el trámite de jurisdicción voluntaria a efecto de que el Juez sancione, apruebe y eleve a categoría de sentencia ejecutoriada, un contrato de transacción para prevenir una controversia futura que versa sobre derechos personales, formalizado en los términos que dispone la fracción I del artículo 2634 del Código Civil de esta entidad federativa, esto es, mediante escrito privado en el cual estén autenticadas las firmas de los otorgantes; habida cuenta que conforme a lo que estatuye el diverso numeral 2641 del ordenamiento legal en cita, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Así, es evidente que dicha eficacia y calidad de cosa juzgada deviene de la propia ley y no de pronunciamiento alguno que en ese sentido haga la autoridad judicial; por consiguiente, conforme a las consideraciones precedentes, si la legislación sustantiva prevé que la transacción para prevenir una controversia futura que trate sobre derechos personales, se puede formalizar mediante escrito privado en el cual estén autenticadas las firmas de los otorgantes, como en la especie acontece; el hecho de que en la codificación procesal no se contemple expresamente que una transacción formalizada en los apuntados términos tiene acceso a la vía de apremio y la forma en que debe procederse para su ejecución, tal omisión legislativa no tiene el alcance de hacer nugatorio el derecho a transigir y a que se ejecute ese acuerdo transaccional revestido con la eficacia y autoridad de cosa juzgada, puesto que opinar lo contrario implicaría admitir que la norma instrumental puede derogar una norma sustantiva, cuando aquélla tiene como fin hacer efectivos los derechos u obligaciones contenidos en esta última. En ese tenor, es de concluirse que la consecuencia jurídica de la cosa juzgada es su ejecución en la vía de apremio, dado que es el corolario de la actividad jurisdiccional; por tanto, si el contrato de transacción fue formalizado en escrito privado en el que aparecen autenticadas las firmas de los otorgantes, lo que es acorde con lo preceptuado por el artículo 2634, fracción I, del Código Civil local, y la propia legislación le atribuye eficacia y autoridad de la cosa juzgada, es claro que aun cuando en el artículo 506 del enjuiciamiento civil del Estado, existan reglas especiales para la ejecución de las transacciones, y que en éstas sólo se mencionen aquellas que consten en escritura pública, como ya se dilucidó, tal omisión no puede acarrear la consecuencia de que un contrato de transacción formalizado conforme a los lineamientos precisados, pierda la vía de apremio para proceder a su ejecución, por lo que los juzgadores al recibir una solicitud de tal naturaleza, una vez que procedan al análisis y aprobación del mismo, deben darle el trámite correspondiente al tratarse de un contrato al que la propia legislación sustantiva le otorga la calidad de cosa juzgada. Bajo el anterior contexto, si bien es cierto que la normatividad procesal del Distrito Federal y la del Estado de Jalisco, presentan diferencias en lo que atañe a la regulación para el trámite de la ejecución en la vía de apremio de los contratos de transacción, no menos lo es que por las razones antes expuestas es de estimarse que la jurisprudencia 41/2000 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/98, entre las sustentadas por el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito (en la que se interpretaron disposiciones de la primera de las codificaciones en cita), por las razones que la informan, sí cobra aplicación al caso concreto, debido a que del análisis de la ejecutoria relativa, se aprecia que el criterio prevaleciente está orientado a determinar que es procedente la vía de apremio para la ejecución de los contratos de transacción, por lo que si en la especie un contrato de tal naturaleza jurídica fue celebrado conforme a las disposiciones de la legislación sustantiva aplicable, es claro que su ejecución procede conforme a lo establecido en la jurisprudencia de que se trata, la cual, para mayor claridad se reproduce su texto, que es consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, febrero de 2001, página 55, que es del tenor literal siguiente: ‘TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO. El artículo 2944 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Ahora bien, al ser esencial que este tipo de contrato sea bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones que se hacen las partes, lo que supone la existencia o incertidumbre de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, y que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes, pues precisamente su objeto es el de realizar un fin de comprobación jurídica, esto es, de establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Es por lo anterior que lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando previenen, el primero, que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia y, el segundo, que todo lo dispuesto en relación con la sentencia comprende los convenios judiciales y las transacciones, las cuales deberán ser de aquellas que ponen fin a una controversia presente o previenen una futura, controversia que forzosa y necesariamente debe existir, es aplicable al contrato de transacción, pues reúne las condiciones apuntadas, y ante ello es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio.’. En el anterior orden de ideas, es claro que este tribunal no comparte el criterio a que alude la disidente, sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, en la tesis localizable en la Novena Época del referido Semanario, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1637, de la siguiente sinopsis: ‘TRANSACCIONES FUERA DE JUICIO. CUANDO LAS FIRMAS DE LOS OTORGANTES ESTÉN AUTENTICADAS Y SE TRATE DE DERECHOS PERSONALES, PROCEDE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO, AUNQUE NO CONSTEN EN ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Del análisis de los artículos 477 y 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se colige que sólo puede exigirse en la vía de apremio la ejecución del convenio de transacción cuando éste conste en escritura pública, dado que es forzoso exhibirla con la solicitud relativa. Sin embargo, para la ejecución de transacciones convenidas fuera de juicio, dichos numerales exigen requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 2634 del Código Civil del Estado vigente, de donde resulta claro que es incongruente que, por una parte, dicha ley sustantiva requiera, tratándose de transacciones que versen sobre derechos personales, que consten por escrito y estén autenticadas las firmas de los contratantes y, por otra, que la legislación procesal condicione, para poder ordenarse la ejecución de una transacción, que necesariamente conste en escritura pública; lo que significa que dicha transacción jamás podría ejecutarse en la vía de apremio lo que, obviamente, es contrario a la finalidad de dicho acuerdo de voluntades, esto es, evitar un juicio futuro y, en su caso, sólo acudir ante un Juez a solicitar que se lleve a cabo su ejecución en la vía de apremio. Por tanto, tratándose de derechos personales y una vez satisfechos los requisitos de la fracción I del artículo 2634 del aludido Código Civil del Estado, con fundamento en el diverso numeral 954 del referido Código de Procedimientos Civiles, es viable acudir, en vía de excepción, a promover ante el Juez correspondiente, en jurisdicción voluntaria, a solicitar se eleve la transacción a sentencia ejecutoria, a efecto de que la mencionada contradicción entre los citados códigos sustantivo y adjetivo, no deje en estado de indefensión a la quejosa y pueda entonces tener el multirreferido pacto la efectividad que por naturaleza le corresponde, es decir, que se equipare a una sentencia ejecutoria como lo dispone el diverso artículo 2641 del mencionado código sustantivo.’. Debido a que las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son susceptibles de modificarse en cualquier tiempo, conforme lo estatuye el arábigo 89-C del enjuiciamiento civil del Estado, que previene: ‘Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este código, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo.’. De ahí que resulte un contrasentido pretender que mediante un trámite en el que las resoluciones que se pronuncian carecen de firmeza, se eleve a la categoría de sentencia ejecutoria un contrato de transacción y, en consecuencia, sería improcedente la vía de apremio de un convenio aprobado en jurisdicción voluntaria. Sobre el particular se trae a colación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, correspondiente a la Octava Época del susodicho Semanario, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 108, del siguiente sumario: ‘APREMIO. IMPROCEDENCIA DE LA VÍA TRATÁNDOSE DE CONVENIOS APROBADOS EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. No procede legalmente la vía de apremio para ejecutar convenios celebrados entre particulares y sometidos a su aprobación en jurisdicción voluntaria, en virtud de lo dispuesto por los artículos 500 y 501 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debido a que del texto de tales preceptos, se desprende que dicha vía es procedente cuando: a) se trate de ejecución de una sentencia, b) se trate de un convenio celebrado en juicio por las partes o terceros venidos al procedimiento y siempre que consten en escritura pública o judicialmente en autos. Por lo tanto, como en jurisdicción voluntaria no puede existir cosa juzgada, ni sentencia que ponga fin al procedimiento respectivo, el convenio aprobado en esas diligencias no puede ejecutarse en la vía de apremio.’. Por lo que se coincide con la apreciación del Juez de garantías, en la que sostuvo que el momento oportuno para aprobar un contrato de esa naturaleza, es cuando se presente junto con la solicitud para su ejecución, ante el propio Juez que debe despacharla. Máxime que, se reitera, a las transacciones formalizadas en los términos preceptuados por la legislación civil de esta entidad federativa, es la propia ley la que les otorga la autoridad y eficacia de la cosa juzgada. Consiguientemente, en términos de lo previsto por el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, denúnciese la posible contradicción de tesis."

SEXTO. Existencia de la contradicción y estudio de fondo. Como se advierte, en el caso existe la contradicción denunciada, pues dos Tribunales Colegiados de Circuito, en sendas sentencias, resolvieron una misma cuestión jurídica, a saber: determinar, conforme a la legislación de Jalisco, si para lograr su ejecución es necesario homologar, vía jurisdicción voluntaria, el convenio de transacción celebrado para prevenir una controversia futura en materia de arrendamiento, cuyas firmas fueron ratificadas ante notario público.

Un tribunal -el Quinto en Materia Civil del Tercer Circuito- sostiene que sí; mientras que el otro -el Tercero de la misma materia y circuito- sostiene que no. En este orden, es claro que existe la contradicción y es el caso de resolverla.

El Código Civil del Estado de Jalisco previene que la transacci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21004-e122b714/transaccion-para-prevenir-una-controversia-futura-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.