Corpus
Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. EN LOS JUICIOS SUMARIOS QUE TENGAN POR OBJETO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY O POR LAS PARTES EN EL ARRENDAMIENTO, ES PROCEDENTE ÚNICAMENTE CONTRA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, TOMANDO EN CUENTA LA CUANTÍA DEL NEGOCIO QUE RESULTE DE LA DEMANDA INICIAL, APLICANDO EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19598
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 18.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia civil, la que es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino, como ya se dijo, del Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; por tanto, es inconcuso que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.

TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CUARTO. Las consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos, el trece de octubre de dos mil cinco en el amparo directo 562/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son las que a continuación se transcriben:

"En efecto, contrario a lo que afirma la quejosa, según se verá a continuación, contra el fallo primario no procede el recurso de apelación, en razón de la cuantía, como con acierto lo destacó el Juez responsable. Ello, si se atiende a que en el caso, resulta aplicable para establecer la cuantía del negocio en lo que ve a juicios de desocupación, el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al establecer textualmente que: ‘Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor. Los réditos, daños o perjuicios no serán tenidos en consideración, sin son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo.’. Precepto del que se desprende que son las reglas para establecer la competencia por razón de la cuantía del negocio, cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, mismas que enseguida se describirán. En la primera, se computará el importe de las pensiones en un año, siempre que sean posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella; y en la segunda, se calcularán las que demande el actor, cuando se trate de prestaciones vencidas antes de la recepción de dicha demanda. De los autos de primera instancia que remitió el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad, al rendir su informe con justificación, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la demanda que dio origen al juicio natural, se presentó el siete de julio de dos mil cuatro, mediante la cual, la hoy quejosa reclamó las siguientes prestaciones: ‘Primero. El pago inmediato de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los nueve meses adeudados a la fecha, lo que da como resultado el pago de $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Segundo. El pago inmediato de $1,320.00 (mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) en concepto de demora mayor a cinco días en el pago rentas. Dichos intereses quedaron pactados en la cláusula cuarta del referido contrato de arrendamiento. Tercero. El pago inmediato de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), como penalidad por la presentación a juicio y haber dado lugar a trámites judiciales, dicha pena fue pactada en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento. Cuarto. La terminación rescisoria del mencionado contrato de arrendamiento por la falta de pago de la renta en los términos contractuales y por usarse el bien arrendado con un objeto distinto del convenido. Quinto. En virtud de que quiero ocupar dicho bien, pido la desocupación inmediata del bien inmueble en cuestión, de acuerdo a lo pactado en el inciso b) de la cláusula décimo cuarta del anexado contrato de arrendamiento, la cual a la letra dice: ... Sexto. El pago de daños y perjuicios que ocasione el demandado con su actuar respecto de la finca en mención. Séptimo. El pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio. Octavo. El pago de las rentas vencidas y por vencer, hasta la terminación del presente juicio ...’. Demanda que admitió el mencionado Juez de lo Civil el doce de julio del año anterior, en la vía y términos planteados, y una vez seguido el juicio por sus demás trámites legales, por sentencia pronunciada el veinticuatro de mayo de dos mil cinco se decretó la absolución de todas y cada una de las prestaciones demandadas, condenándose a la parte actora al pago de los gastos y costas originados por la tramitación del juicio (fojas de la uno a la seis, ocho y de la treinta y cinco a la treinta y siete del sumario). Ahora bien, de acuerdo con el invocado artículo 162 del enjuiciamiento civil del Estado, para establecer la cuantía del negocio deben tomarse en cuenta los meses que reclamó la actora como vencidos al momento de la presentación de la demanda natural, esto es, nueve mensualidades, según se observa de la primera de las prestaciones reseñadas líneas atrás, a razón de seiscientos pesos, así como del tercero de los hechos de dicho libelo, al señalar la aquí promovente que: ‘Tercero. Durante todo el tiempo que lleva transcurrido el contrato de arrendamiento, que ya van doce meses (julio es el mes número doce), me he presentado el primer día de cada mes solicitando amablemente el pago de las rentas correspondientes, sin embargo, el ahora demandado solamente me ha proferido ofensas y literalmente me ha dicho ... Y claro está que también se ha negado a realizar personalmente el pago de las rentas a que quedó obligado en la cláusula cuarta del contrato en mención, y sólo me ha consignado el pago de dos meses, el primero, el día 19 de mayo del año en curso con una consignación de pago en mi favor valioso por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), y el segundo el 9 de junio del presente año, también valioso por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), mismos que por no haberse realizado dentro de los primeros cinco días de cada mes producen el cobro de intereses moratorios; como consecuencia, únicamente han quedado pagados tres meses de los doce meses que el demandado ha estado habitando el inmueble que le otorgué en arrendamiento, uno de esos tres meses quedó cubierto con la garantía que ofreció al momento de suscribir el contrato y los otros dos con la consignación en pago hecha a mi favor.’. Nueve meses que multiplicados por seiscientos pesos, da un total de cinco mil cuatrocientos pesos, cantidad que sumada con los un mil trescientos veinte pesos, que se reclaman por concepto de intereses, arrojan seis mil setecientos veinte pesos. Monto este último que es el que debe tomarse con consideración como cuantía del negocio, para el efecto de precisar si la sentencia dictada en el juicio natural, resulta apelable o no. Entonces, si el salario mínimo vigente al siete de julio de dos mil cuatro, fecha en que se presentó la demanda natural, era de cuarenta y tres pesos con setenta y tres centavos, los que multiplicados por setecientos veinte días, de acuerdo a lo que dispone el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, da la suma de treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos, que es superior a la que resultó como cuantía del negocio, es evidente que al ser inferior a los setecientos veinte días de salario, la sentencia de primera instancia no resulta apelable, por lo que en esas condiciones, el Juez estuvo en lo justo al no admitir el recurso de apelación que interpuso la peticionaria de garantías, en razón de la cuantía. No obsta a lo razonado, lo que alega la quejosa en el sentido de que no puede motivarse y fundarse el rechazo del recurso de apelación, en lo que prevé el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, acerca de que dicho medio de impugnación sólo se admitirá en los negocios cuyo monto exceda el importe de setecientos veinte días de salario, toda vez que en el caso, precisa la inconforme, al demandar la desocupación del inmueble controvertido, el asunto carece de cuantía, más aun que se declaró improcedente la demanda por el pago de rentas vencidas, por lo que afirma, sí procede el recurso en cuestión. Ello, porque según se vio, al tenor de lo que dispone el diverso numeral 162 de la ley adjetiva civil en consulta, todo juicio sumario que verse sobre arrendamiento, siempre será de cuantía, de acuerdo al segundo párrafo del invocado ordinal. Además, lo que debe tomarse en cuenta, en el caso a estudio, es lo que demande el actor, de acuerdo con el precepto 162 ya citado. Por tanto, este Tribunal Colegiado no comparte la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que invoca la quejosa en apoyo de su exposición, publicada en la página mil seiscientos noventa y dos, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del sumario siguiente: ‘APELACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN LOS ASUNTOS SIN CUANTÍA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’. El enjuiciamiento civil del Estado en su artículo 434 establece que procede el recurso de apelación sólo en los negocios cuyo monto exceda de setecientos veinte días de salario mínimo, pero de ello no se sigue que hubiere suprimido la segunda instancia para los asuntos que no tengan cuantía, pues resultaría un yerro que se exigiera ese requisito dinerario para ejercitar el citado recurso si el asunto carece de él, por ejemplo, cuando se diriman cuestiones de comodato (que es gratuito), de donación (que suele serlo), de disolución del vínculo matrimonial o sobre pérdida de la patria potestad (que no tienen connotación pecuniaria), e igualmente cuando se dicta sentencia en un juicio sumario de desocupación declarando improcedente la demanda por el pago de rentas vencidas, caso en que por decisión judicial se quedó sin cuantía. Así, debe atenderse a la primera parte del numeral 639 del ordenamiento citado, que establece la procedencia del recurso aludido contra la sentencia definitiva dictada en un juicio sumario (lo subrayado es por este tribunal). En esas condiciones y con fundamento en lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, hágase la correspondiente denuncia de contradicción de tesis."

Al resolver el recurso de reclamación 14/2004, el propio Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió en términos similares, como sigue:

"CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios como se expondrá a continuación. En esencia, el recurrente manifiesta que en el acuerdo dictado por el presidente de este Tribunal Colegiado, con fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, mediante el cual declina la competencia para conocer de la demanda de garantías a un Juez de Distrito en Materia Civil en el Estado, es incorrecto, toda vez que no se toma en consideración lo que prevé el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de establecer la cuantía del negocio y, por consiguiente, sí es recurrible la sentencia de primera instancia, en virtud de que se están cuantificando los réditos de las cantidades condenadas, no obstante que el párrafo primero del numeral citado, expresamente dispone que éstos no serán tenidos en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella, lo cual le causa agravio, ya que contrario a lo que se estableció en el acuerdo recurrido, la cuantía del negocio no rebasa los setecientos veinte días de salario mínimo a que se refiere el diverso 434 del ordenamiento aludido, a fin de que proceda el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Le asiste la razón al recurrente, toda vez que efectivamente al pronunciarse el proveído de tres de noviembre de dos mil cuatro, mediante el cual el presidente de este Tribunal Colegiado determinó declinar la competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por Jesús Sigala González, al Juez de Distrito en Materia Civil en turno en el Estado, no se tomó en consideración lo que prevé el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para establecer si la cuantía del negocio rebasaba los setecientos veinte días de salario mínimo, a que se refiere el diverso 434 del mismo ordenamiento, y así determinar si la sentencia de primera instancia era recurrible o no a través del recurso de apelación. En efecto, de los autos de primera instancia que remitió el Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, al rendir su informe con justificación, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que Fausto Palafox Mariscal, a través de su apoderada, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Jalisco, compareció a demandar en la vía civil sumaria a Jesús Sigala González, por la rescisión del contrato de arrendamiento, respecto de dos locales comerciales ubicados en el interior del inmueble de la calle denominada Carretera Los Altos número 4000, en el poblado de Tateposco, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, por la desocupación, entrega material y jurídica de los locales aludidos; por el pago de rentas vencidas y no pagadas desde el quince de febrero de dos mil tres, a razón de quinientos pesos mensuales por cada uno de los dos locales, así como las que se siguieran venciendo a partir del quince de octubre del año mencionado, hasta la desocupación total de los inmuebles; por el pago de la penalidad por demora sobre las rentas reclamadas, a razón del siete punto cinco mensual; por la exhibición de los documentos que acreditaran estar al corriente en el pago de energía eléctrica y consumo de agua; por el pago de gastos y costas originadas con la tramitación del juicio; demanda de la cual correspondió conocer el Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, quien mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil tres, la admitió en la vía y términos planteados; y una vez seguido el juicio por todos sus trámites legales, por sentencia de dos de septiembre de dos mil cuatro se declaró rescindido el contrato de arrendamiento fundatorio de la acción, se condenó al demandado a desocupar y entregar los inmuebles materia de la litis al actor, así como a pagar las rentas vencidas y no cubiertas a partir del quince de febrero de dos mil tres, así como las que se siguieran venciendo hasta la total desocupación y entrega de los inmuebles, a razón de mil pesos mensuales; al pago de la penalidad por mora sobre cada una de las rentas a razón del siete punto cinco mensual entre otras cosas (fojas 1 a 4 y 136 a 146 del juicio civil sumario 997/2003). Por otra parte, el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual resulta aplicable para establecer la cuantía del negocio en tratándose de juicios de desocupación, textualmente establece: ‘Artículo 162. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor. Los réditos, daños o perjuicios no serán tenidos en consideración, si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo.’. De la transcripción anterior se concluye que son dos reglas para establecer la competencia por razón de la cuantía del negocio, cuando se trate de arrendamiento o se demanda el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas. En la primera, se computará el importe de las pensiones en un año, siempre que sean posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella; y en la segunda, se calcularán las que demande el actor, cuando se trate de prestaciones vencidas antes de la recepción de dicha demanda. Así las cosas, según se expuso, en la demanda que dio origen al juicio natural (la que recepcionó el Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, el diez de octubre de dos mil tres y admitió el dieciséis del mismo mes y año), el actor reclamó entre otras prestaciones el pago de rentas vencidas a partir del quince de febrero de dos mil tres, así como las que se siguieran venciendo hasta la total desocupación de los inmuebles materia del contrato fundatorio, a razón de mil pesos mensuales, así como un interés del siete punto cinco mensual, sobre dichas rentas, ahora bien, tomando en consideración lo que establece el artículo 162 transcrito, a fin de establecer la cuantía del negocio, únicamente se debió tomar en cuenta los meses vencidos al momento de que se presentó la demanda que dio origen al juicio natural, esto es, a partir del quince de febrero de dos mil tres al diez de octubre del mismo año, lo que resulta que son seis meses, veinticinco días, a fin de simplificar las operaciones aritméticas, se estima pertinente redondear la última fecha al catorce de octubre de dos mil tres, por lo que serían siete meses, los cuales multiplicados por mil pesos, que es la suma por concepto de renta, arrojan la cantidad de siete mil pesos. Ahora bien, por lo que ve al interés del siete punto cinco mensual sobre mil pesos nos da setenta y cinco pesos por mes, respecto al que comprende del quince de febrero al catorce de marzo de dos mil tres, los cuales multiplicados por siete que comprenden hasta la presentación de la demanda, resultan quinientos veinticinco pesos. Por lo que ve al mes que comprende del quince de marzo al catorce de abril de dos mil tres, cuatrocientos cincuenta pesos, al haber transcurrido seis meses de mora. Respecto al mes del quince de abril al catorce de mayo, trescientos setenta y cinco pesos, al comprender cinco meses de mora. En cuanto al mes relativo del quince de mayo al catorce de junio, trescientos pesos que corresponden a cuatro meses de mora. Del mes del quince de junio al catorce de julio, doscientos veinticinco pesos, por ser tres meses de mora. Del mes que comprende del quince de julio al catorce de agosto, ciento cincuenta pesos al ser dos meses de mora. Respecto al mes relativo al quince de agosto al catorce de septiembre, setenta y cinco pesos, por ser un mes de mora. Ahora bien, sumadas estas cantidades a los siete mil pesos, relativos a los meses de renta vencidos al momento de presentar la demanda, arrojan la cantidad de nueve mil cien pesos. Numerario este último que es el que debe considerarse como cuantía del negocio para el efecto de establecer si la sentencia dictada en el juicio natural resulta apelable o no, y si se toma en consideración que el salario mínimo vigente al diez de octubre de dos mil tres, fecha en que se presentó la demanda que dio origen al sumario del que deriva el acto reclamado, era de cuarenta y un pesos con ochenta y cinco centavos, los que multiplicados por setecientos veinte días, de acuerdo al artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, arrojan la cantidad de treinta mil ciento treinta y dos pesos, suma muy superior a la que resultó la cuantía del negocio; por consiguiente, es evidente que al ser inferior a los setecientos veinte días de salario, la cuantía del negocio, la sentencia de primera instancia no resulta apelable y, por tanto, la competencia para conocer de la demanda de garantías formulada por Jesús Sigala González, corresponde a este Tribunal Colegiado, toda vez que al ser irrecurrible la resolución reclamada, de conformidad al artículo 44 de la Ley de Amparo, tiene el carácter de sentencia definitiva."

QUINTO. Por otra parte, de la lectura del amparo directo 157/2005, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se advierte que dicho órgano colegiado abandonó el criterio sostenido en la tesis civil de rubro: "APELACIÓN. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN LOS ASUNTOS SIN CUANTÍA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", derivada de los amparos directos 189/2003, 192/2003 y 635/2003.

Así, el nuevo criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se deriva de la parte considerativa de la sentencia que resolvió el amparo directo 157/2005, de la siguiente literalidad:

"CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son fundados pero inoperantes en parte e infundados por otra. Es verdad lo que afirma la quejosa en cuanto a que la Sala invocó de manera incorrecta el segundo párrafo del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles, habida cuenta que dicho precepto es aplicable para determinar la cuantía del negocio en el análisis de la competencia, pero no aquel aspecto en lo que atañe a la procedencia del recurso de apelación; sin embargo, tal motivo de inconformidad deviene inoperante porque, como se verá, es acertada la conclusión del tribunal de alzada en el sentido de que la sentencia definitiva es inapelable, dado que el monto del negocio no excede de los setecientos veinte días de salario mínimo que exige el diverso numeral 434 del mismo ordenamiento legal, de ahí que en aras de la economía procesal debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, toda vez que ese proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable o en su caso el tribunal de garantías por la vía de un nuevo amparo que en su momento y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver desfavorablemente a los intereses de la impetrante, por lo que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado, acorde con lo que al efecto sustentó la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 108, consultable en la página 85 del Tomo VI del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.’. Contrario a lo que estima la solicitante de la protección federal, aun cuando se hubiera demandado la rescisión del contrato de arrendamiento, ello por sí solo no posibilita el acceso a la segunda instancia, habida cuenta que lo establecido en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, por cuanto dispone que en los juicios sumarios ... sólo será admisible la apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad ... no excluye la aplicación de la regla contenida en el diverso numeral 434 de la misma legislación. Lo anterior se afirma porque el citado precepto 639 revela la intención del legislador de restringir la interposición del recurso de alzada únicamente a las hipótesis que ahí se contienen por la brevedad que se busca en la tramitación de los procedimientos sumarios, pero de ningún modo puede establecerse que siempre será procedente la apelación contra el fallo definitivo que en ellos se dicte. Por el contrario, lo estatuido en el artículo 620 de la legislación en cita, remite a la regla general contenida en el multicitado numeral 434 de la ley procesal en cita. Ahora bien, la actora en su libelo de origen precisó: ‘... con fundamento en los artículos 2140, fracción VI y 2144 frac. (sic) del Código Civil del Estado, así como los artículos 618, 683, fracción III, 684, 685 y relativos del enjuiciamiento civil del Estado, vengo en la vía civil sumaria a demandar al señor Carlos Valle Cárdenas, en su carácter de arrendatario y a la señora Bertha Alicia Castellanos de Valle, en su carácter de fiador por los siguientes conceptos: a) Al señor Carlos Valle Cárdenas, por la rescisión del contrato de arrendamiento que tiene celebrado con mi mandante Rosa Cárdenas Iñiguez, respecto de la finca marcada con el número 93 de la calle Hidalgo de esta ciudad, por haber incurrido el ahora demandado Carlos Valle Cárdenas, en la causal prevista por el artículo 2140, fracción VI, del Código Civil del Estado. b) A los señores Carlos Valle Cárdenas como arrendatario y Bertha Alicia Castellanos de Valle como fiadora, por el pago de las rentas que me adeudan desde el mes de abril del año 2001, a razón de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, y que al día de hoy asciende a la cantidad de $7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), y las que se sigan venciendo hasta la total desocupación y entrega a mi mandante del inmueble. c) Por el pago de los gastos, costas y honorarios profesionales que la tramitación de la presente demanda origine ...’. De lo anterior se colige que la aquí quejosa demandó en la vía civil sumaria a Carlos Valle Cárdenas y Bertha Alicia Castellanos de Valle por la rescisión de un contrato de arrendamiento, en virtud de que incumplió con el pago de las pensiones rentísticas que al momento de presentar el libelo natural ascendían a siete mil doscientos pesos, así como los gastos y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19598-f0103f2d/apelacion-en-los-juicios-sumarios-que-tengan-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.