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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO. LA OBLIGACIÓN DEL ACTUARIO DE APERCIBIR AL ENJUICIADO DE LAS CONSECUENCIAS DE NO CONTESTAR LA DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL NO CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO INVALIDA DICHA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20661
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 96.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, propio del conocimiento de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

También es oportuno recordar que es criterio firme de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es obstáculo para que se surta la contradicción de criterios el que éstos no se hayan plasmado en el formato de tesis ni que se encuentren contenidos en ejecutorias que no constituyen jurisprudencia.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito.

CUARTO. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el recurso de revisión 59/2007 el dieciséis de marzo de dos mil siete. El caso concreto que conoció fue el siguiente: en un juicio civil sumario hipotecario -tramitado conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima vigente hasta el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y siete-, los demandados fueron emplazados en forma personal, pero sin que en la razón actuarial correspondiente se asentara que el notificador les hizo saber que en caso de que no contestaran la demanda en el plazo legal se les tendría por confesos de los hechos asentados en la misma y que se les seguiría el juicio en rebeldía, conforme a lo establecido en los artículos 117 y 432 del ordenamiento citado.

En la instancia de amparo los demandados hicieron valer la ilegalidad del emplazamiento por ese motivo. El Juez de Distrito desestimó el alegato, y negó el amparo. Inconformes, los quejosos interpusieron revisión, en la que el Tribunal Colegiado decidió confirmar el fallo de primer grado.

El argumento del colegiado partió de la premisa de que si bien la ley exigía que el actuario hiciera el apercibimiento de referencia y que así lo asentara en su razón, y que en el caso concreto en la razón no se manifestó semejante circunstancia, lo cierto es que no se advertía que los quejosos hubieran quedado en indefensión, si se tomaba en cuenta 1) que la diligencia de emplazamiento se había entendido directamente con los quejosos; 2) se les hizo entrega de las copias de la demanda; 3) se les hizo sabedores de que debían ocurrir en el término de ley a producir su contestación. Así, razonó el colegiado, el emplazamiento había alcanzado su objetivo, que era el conocimiento oportuno de la demanda y de la posibilidad de producir su defensa. Frente a lo anterior, la omisión de no hacerles saber que si no contestaban la demanda en el término de ley, se les tendría por confesos de los hechos asentados en dicho libelo, resultaba intrascendente, por ser un requisito no esencial.

En apoyo de lo anterior, el tribunal adujo que si bien el apercibimiento era una formalidad, no entraba en la categoría de las formalidades esenciales, esto es, aquéllas cuya omisión provoca la indefensión o aquéllas que la propia ley les da tal carácter, en términos del artículo 74 del código en cita.

Las consideraciones expresas de este tribunal son las siguientes:

"SEXTO. Son fundados pero inoperantes los conceptos de agravios, en la medida que se advertirá, cuyo estudio se hace en forma conjunta, dada su íntima vinculación.

"En ellos, los recurrentes fundamentalmente sostienen que son ilegales los emplazamientos que se les practicaron, en virtud de que el actuario omitió precisar, que les hizo el ‘apercibimiento’ que establece la ley para el caso de no contestar la demanda en el término legal, esto es, que se les tendría por confesos de los hechos de la demanda y se les seguiría el juicio en rebeldía, como lo previenen los artículos 117 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, lo cual se debe asentar en autos, ya que el apercibimiento constituye una formalidad esencial del procedimiento, por tanto, tratándose de un acto formal debe cumplirse estricta y rigurosamente los requisitos exigidos por la ley de la materia, para la validez de la notificación de la demanda, lo que no sucedió.

"Ahora bien, en principio, asiste razón a los recurrentes, al señalar que el fedatario público que practicó los emplazamientos omitió realizar el apercibimiento que indican, pues basta para constatarlo, el imponerse del contenido de las respectivas diligencias, que se reproducen en la sentencia recurrida; luego, tal omisión es ilegal, porque como aquéllos lo aducen los preceptos 117 y 432 del citado ordenamiento, son del tenor siguiente:

"‘Artículo 117. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare al demandado, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si no espera el demandado a esa hora, se le hará la notificación por cédula. La cédula y las copias simples de la demanda y de la documentación anexa, se entregará, en el caso que así proceda, tanto de este artículo como del anterior, a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva o se encuentre en la casa después que el notificador se haya cerciorado de que allí vive la persona que debe ser notificada, a los cuales se les hará saber el objeto de la diligencia y se hará, por su conducto, saber al demandado el término que tiene para contestar la demanda y el apercibimiento para el caso de no hacerlo dentro de este término, de todo lo cual se asentará razón en los autos. La cédula contendrá, además, una relación sucinta de la demanda, cuando no sea forzoso entregar las copias del (sic) traslado.’

"‘Artículo 432. El juicio sumario se inicia con el escrito de demanda en el que debe reunir los requisitos señalados por los artículos 254 y 255 del escrito de demanda se correrá traslado al demandado, por un término de cinco días, para que la conteste, apercibiéndolo que de no hacerlo se le declarará confeso y se le seguirá el juicio en su rebeldía.’ (El resaltado es de este Tribunal Colegiado).

"En efecto, como se observa de tales dispositivos, en lo que interesa, para llevarse a cabo el desahogo de la diligencia de emplazamiento, en el juicio civil sumario (como lo es el natural de donde deriva el acto reclamado), el legislador estableció literalmente, que el funcionario encargado de efectuarla, cuando se practica en forma personal con el demandado, debe realizar el apercibimiento en el sentido de que si no contesta la demanda en el término de cinco días, se le seguirá el juicio en su rebeldía.

"Luego, como se dijo, en los emplazamientos impugnados por la vía constitucional, que se reprodujeron en el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisión, como lo aseguran los recurrentes, se omitió asentar por el funcionario que los llevó a cabo, que les hizo del conocimiento el referido apercibimiento, requisito señalado de manera expresa en los invocados numerales 117 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima.

"Sin embargo, aunque fundados los agravios, devienen inoperantes, por el básico argumento de que tal omisión, en el caso, es irrelevante, pues no fue trascendente, puesto que no dejó en estado de indefensión a los recurrentes, ya que la diligencia se entendió personalmente con ellos, quienes fueron identificados con la credencial de elector que mostraron, lo cual dicho sea de paso, no niegan, menos lo desvirtúan; se les hizo entrega de las copias simples de la demanda, con la indicación de que dentro de cinco días hábiles debían concurrir ante el Juzgado Primero Mercantil de Colima, al expediente 1097/2003 a producir contestación o a oponer excepciones si tuvieran alguna que hacer valer; de igual modo, se les hizo de su conocimiento, que en virtud de que los documentos que se acompañaron como fundatorios, excedían de veinticinco fojas, quedaban a su disposición en la secretaría de acuerdos del mencionado juzgado, entregándoseles copias de traslado y firmaron el acta respectiva; luego, todos estos elementos revelan, que el emplazamiento alcanzó su objetivo, que lo es el conocimiento oportuno de la demanda entablada en su contra y la posibilidad de producir su defensa, ya que tuvieron conocimiento de que eran demandados; por qué personas; ante qué Juez y en qué expediente; la clase de prestaciones que se les exigían y por qué motivo; así como el término para que dieran respuesta; por lo que la omisión de efectuarles apercibimiento de tenerlos por rebeldes en caso de no dar respuesta a la demanda, se estima como un requisito no esencial, que nos les produjo un estado de indefensión, debido a que no les impidió conocer de los referidos datos que son los necesarios, para comparecer a juicio, con toda oportunidad, a proteger sus intereses; que es el objetivo de todo emplazamiento.

"Sirve de apoyo, el criterio que se comparte, contenido en la jurisprudencia J/39, sustentado por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, consultable en la página 722, Tomo X, julio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO. SÓLO PRODUCE INVALIDEZ LA OMISIÓN DE FORMALIDADES TRASCENDENTES. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de requisitos con la finalidad de asegurar que el demandado tenga conocimiento oportuno de la demanda entablada en su contra y esté en posibilidad de producir su defensa; sin embargo, no toda omisión a alguna o algunas de las formalidades de que se encuentra revestida la diligencia de emplazamiento conduce a declarar su invalidez, sino que es preciso atender a todos los datos que obren en autos para determinar si dicho acto procesal cumplió o no con su finalidad esencial, de ahí que si analizado el caso concreto la formalidad omitida no trasciende a tal grado que impida concluir que el emplazamiento cumplió su objetivo, éste debe tenerse por válido.’ (El resaltado es de este Tribunal Colegiado).

"Similar criterio se estableció por este Tribunal Colegiado, al resolver los tocas de revisión 556/2003, 420/2003 y 931/2001, por unanimidad de votos, en sesiones, respectivamente, de nueve de febrero de dos mil cuatro, trece de noviembre de dos mil tres y treinta y uno de enero de dos mil dos.

"Además, no debe perderse de vista, que en el caso, los emplazamientos se llevaron a cabo en forma directa y personal con los demandados, pues, éstos no lo niegan, ni existe prueba en contrario, lo cual es importante, toda vez que dentro de la diversidad de formas de realizarlo, destaca por su efectividad y eficiencia, como se corrobora de las consideraciones que ponderó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 58/2001, publicada en la página 12, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.’; cuyo texto, en lo que interesa (de las consideraciones de dicho Alto Tribunal) dice: ‘Por lo que una vez precisado lo anterior, y previamente a cualquier pronunciamiento que recaiga en este asunto, conviene hacer algunas reflexiones sobre lo que debe de entenderse por emplazamiento o llamamiento a juicio, sus efectos legales, los requisitos a cubrir para considerarlo válido y legal, así como también sobre lo que debe de comprenderse por el principio de seguridad jurídica, conformado por las garantías de audiencia y de legalidad que deben imperar en toda actuación procesal, toda vez que estos temas guardan estrecha vinculación con la problemática sujeta a debate.’. La doctrina y este Supremo Tribunal han sido coincidentes en conceptualizar al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. De lo que se colige, que es mediante este acto procedimental que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política, no omitiendo advertir que en ella cobra mayor relevancia, por obvias razones, el contenido del dispositivo fundamental primeramente citado, dado que dispone que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Por consiguiente, en toda controversia judicial en la que se practique esta diligencia procesal existe la presunción legal de que en ella se cumple con la garantía constitucional antes citada, dado que por su conducto se da inicio al derecho que tiene todo demandado de ser oído y vencido en un juicio, pues para poder condenar legalmente a uno o varios sujetos al pago o cumplimiento de una obligación derivada de una relación jurídica de cualquier índole, constituye requisito indispensable el que se observe estrictamente este derecho público subjetivo. Ahora bien, esta garantía de audiencia no es dable analizarla en forma aislada en una controversia judicial o administrativa, sino en forma concatenada y complementada con la garantía del debido proceso legal, pues si bien es cierto que un juicio se inicia precisamente con el llamamiento que se hace al demandado, también lo es que todos los actos procesales que en él se producen incluyendo, desde luego, a esa diligencia de emplazamiento, deberán de llevarse a cabo en los términos estrictamente establecidos en la legislación procesal que resulte aplicable, acorde al principio de seguridad jurídica (legalidad), consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, en el que textualmente se establece: ‘... en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento ...’. Justificándose de esta forma la significativa importancia que la doctrina y este Alto Tribunal reconocen de este acto procedimental restando precisar al respecto, que también se admiten diversas formas mediante las cuales puede llevarse a cabo su desahogo, siendo éstas clasificadas acorde al medio o instrumento empleado. Así, encontramos que puede realizarse mediante: cédula, Boletín Judicial, edictos o correo, las cuales son admitidas por las diversas legislaciones procesales vigentes, incluso, algunas llegan a aceptar que se efectúen por telégrafo, por teléfono o por cualquier otro medio científico similar. Sin embargo, dentro de esa diversidad de formas destaca por su efectividad y eficiencia aquella que se desahoga en forma personal, por lo que para los fines perseguidos en este estudio, y dado que ésta es la aceptada y reglamentada por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la cual es coincidente en términos generales con las legislaciones procesales vigentes en las demás entidades federativas, en esta ocasión nos limitaremos a analizarla en detalle, puesto que además de las ventajas que arroja en materia de seguridad jurídica, su desahogo generalmente se lleva a cabo en forma cierta y directa con el interesado y por conducto de un funcionario judicial adscrito al juzgado del conocimiento (oficial mayor notificador), el cual se encuentra revestido de fe pública y es quien le transmite de viva voz la noticia de ese juicio instaurado en su contra para que se encuentre en aptitud legal de apersonarse y comparecer a dilucidar sus derechos. De lo hasta aquí expuesto, se deduce que mediante esta diligencia el órgano jurisdiccional establece la relación jurídica procesal que vincula a las partes contendientes durante un juicio, de ahí la trascendencia que la inmensa mayoría de las legislaciones procesales civiles vigentes en el país le reconoce, así como también la razón de que se inclinen porque su desahogo se lleve a cabo en la forma antes indicada, esto es, en forma personal y directa con el demandado. (El resaltado es de este Tribunal Colegiado).

"Aunado a lo anterior cabe resaltar, que el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, aplicable al caso, dispone: ‘Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que queden sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella.’; de donde resulta, que las actuaciones serán nulas, no sólo cuando les falte alguna formalidad esencial prescrita por ese ordenamiento legal, sino que además es menester que, con motivo de ello, se produzca un estado de indefensión al notificado, o cuando la ley expresamente lo determine; lo que en la especie, no acontece, por las razones expuestas, máxime que en los preceptos que regulan el emplazamiento en el código en consulta, no se prevé, expresamente, que es nulo, en la hipótesis en que el notificador no hace el apercibimiento al demandado en el sentido de que si no contesta la demanda se le declarara rebelde; entonces, repítese (sic) la mencionada omisión en cuanto al apercibimiento, no es esencial, ni pudo dejar en estado de indefensión a los impetrantes. Existencia de uno solo o la falta de cualquiera, no se da la nulidad. Es aplicable, la jurisprudencia, que se comparte, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 123, Tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘NULIDAD DE ACTUACIONES. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. Para que una actuación se considere nula, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se requiere: 1. La existencia de una disposición legal expresa que así lo prevenga; o bien, 2. La concurrencia de estos elementos: a) La falta de alguna formalidad; b) Que esa formalidad sea de carácter esencial; y c) Que la irregularidad traiga como consecuencia la indefensión a cualquiera de las partes. Esto es, en el primer supuesto, la disposición legal expresa precisa los elementos concretos para que se produzca la nulidad, en el o los casos que en ella se indiquen; en tanto que en el segundo, que constituye la regla general, es necesario que concurran todos los elementos indicados, de modo que ante la existencia de uno solo o la falta de cualquiera, no se da la nulidad.’

"En consecuencia, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de agravio que expresaron los recurrentes y no advertir materia para suplir la queja, como lo solicitan en una parte de ellos, se impone confirmar, aunque por las razones expuestas, distintas a las que sustentó el a quo Federal, la sentencia sujeta a revisión.

"Sirve de apoyo, en la idea aplicable al caso, el criterio sustentado por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis visible en la página 81, volúmen 187-192, cuarta parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo.’

"Asimismo, la jurisprudencia que se comparte del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 139, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, pero de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante.’

"SÉPTIMO. En atención a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, deberá denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción que al parecer existe entre el criterio sustentado por este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la presente ejecutoria y, el que sostiene el Tercer Tribunal homólogo de este circuito, al resolver el toca de revisión principal 388/2006, relativo al amparo indirecto 293/2006-II, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima; puesto que, como se evidencia de lo considerado por este órgano jurisdiccional, se determinó que no es un requisito esencial (por ende, que su inobservancia no produce su ilegalidad), que al practicar el emplazamiento, se aperciba al demandado de que, en caso de no contestar la demanda, en el término previsto en la ley, se le tendrá por rebelde; en tanto que el tribunal homólogo sustenta, que sí es una formalidad esencial el citado apercibimiento, según se infiere de la copia certificada de la ejecutoria que emitió, en el precitado toca de revisión 388/2006, que obra a fojas 55-96 del cuaderno de amparo."

QUINTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el recurso de revisión 388/2006 el siete de septiembre de dos mil seis. El caso concreto que conoció fue el siguiente: también en un juicio civil sumario hipotecario -igualmente tramitado conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima vigente hasta el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y siete-, los demandados fueron emplazados en forma personal, pero sin que en la razón actuarial correspondiente se asentara que el notificador les hizo saber que en caso de que no contestaran la demanda en el plazo legal se les tendría por confesos de los hechos asentados en la misma ni que se les seguiría el juicio en rebeldía, conforme a lo establecido en los artículos 114, fracción I, 116, 117 y 432 del ordenamiento citado.

En la instancia de amparo hicieron valer la ilegalidad del emplazamiento por este motivo. El Juez de Distrito desestimó el alegato, y negó el amparo. Inconformes, los quejosos interpusieron revisión, en la que el Tribunal Colegiado acogió sus pretensiones y decidió revocar el fallo de primer grado y concedió la protección federal.

El argumento del colegiado partió de la premisa de que la ley exigía que el actuario hiciera el apercibimiento de referencia y que así lo asentara en su razón, pero que en el caso concreto en la razón no se manifestó semejante circunstancia. Esto, a juicio del colegiado, constituía una violación grave, pues el emplazamiento era pilar del proceso, de modo que si no se cumplía a cabalidad con las reglas establecidas para su desahogo, debía reputarse ilegal.

Las consideraciones expresas de este tribunal son las siguientes:

"IV. Es sustancialmente fundado uno de los agravios expuestos, lo que hará innecesario el estudio de los restantes, según se explica en la tesis de jurisprudencia 460 que se puede consultar en la página 397 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.’

"En el referido motivo de queja, los recurrentes toralmente sostienen que el Juez de Distrito al negarles la protección de la Justicia Federal solicitada, violó en su perjuicio los artículos 114, fracción I, 116, 117 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, puesto que el emplazamiento impugnado por la vía constitucional no reúne las exigencias establecidas en dichos preceptos, ya que el funcionario que los practicó omitió hacerles de su conocimiento el apercibimiento para el caso de que no produjeran contestación a la demanda instaurada en su contra.

"En principio, por ser de vital trascendencia para lo que aquí se va a resolver, conviene precisar que el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria en que se sustentó la acción en el juicio natural, se celebró el once de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que para dilucidar la legalidad o no del emplazamiento reclamado debe acudirse a los preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima en vigor hasta el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y siete, atento a lo que establece el artículo segundo transitorio del decreto que reformó dicho cuerpo de leyes, publicado en la fecha antes señalada, siendo éste del tenor siguiente: ‘Segundo. Las reformas previstas en el artículo segundo de este decreto, no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.’

"Expuesto lo anterior, conviene hacer algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por emplazamiento o llamamiento a juicio, sus efectos legales, los requisitos a cubrir para considerarlo válido y legal, así como también sobre lo que debe comprenderse por el principio de seguridad jurídica, conformado por las garantías de audiencia y de legalidad que deben imperar en toda actuación procesal, toda vez que estos temas guardan estrecha vinculación con la problemática sujeta a debate.

"La doctrina y el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación han sido coincidentes en conceptualizar al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación.

"De lo que se colige, que es mediante este acto procedimental que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso, con la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política, no omitiendo advertir que en ella cobra mayor relevancia, por obvias razones, el contenido del dispositivo fundamental primeramente citado, dado que dispone que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento.

"Por consiguiente, en toda controversia judicial en la que se practique esta diligencia procesal existe la presunción legal de que en ella se cumple con la garantía constitucional antes citada, dado que por su conducto se da inicio al derecho que tiene todo demandado de ser oído y vencido en un juicio, pues para poder condenar legalmente a uno o varios sujetos al pago o cumplimiento de una obligación derivada de una relación jurídica de cualquier índole, constituye requisito indispensable el que se observe estrictam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20661-4dd45782/emplazamiento-en-el-juicio-sumario-hipotecario-la-obligacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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