PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de las Salas que fueron señaladas como autoridades responsables en los juicios de amparo de los que deriva la presente contradicción, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer."
TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número XXIX-242-P, del doce de abril de dos mil siete, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 1131 de autos.
Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio comenzó a correr del dieciséis de abril al veintiocho de mayo de dos mil siete, descontándose los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo del citado año, por ser sábados y domingos, respectivamente, así como el primero de mayo de dos mil siete, por ser inhábil en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo y del diverso 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo.
Por oficio DGC/DCC/756/2007, de fecha veintidós de mayo de dos mil siete, recibido en su fecha, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el consistente en que no es requisito necesario para la usucapión el que el documento generador de la posesión o justo título sea de fecha cierta.
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en sesión del quince de noviembre de dos mil seis, resolvió el amparo directo civil 353/2006/3, sustentando, en lo que es materia de contradicción, esencialmente, lo que a continuación se transcribe:
"Las anteriores alegaciones resultan infundadas, por las siguientes razones. Para mayor claridad en el asunto, es importante, primeramente establecer lo que la legislación establece respecto al tema de la posesión, prescripción adquisitiva y cuáles son sus requisitos, al igual lo que por justo título debe entenderse. Además, para dilucidar el problema planteado, debe dejarse establecido que este Tribunal Colegiado también acudirá a la doctrina como argumento de autoridad, reconocido con frecuencia en las tesis y ejecutorias como un apoyo fundamental para reforzar los argumentos que se desprenden de la ley misma o de otro tipo de argumentos, de acuerdo con lo que señala el autor Gerardo Dehesa Dávila en su obra ‘Introducción a la Retórica y a la Argumentación" publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para comprender la importancia de la doctrina en la elaboración de una resolución judicial, en principio debemos señalar que de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en su acepción más pura la palabra doctrina significa ‘enseñar, dar a conocer, instruir, educar’; lo que jurídicamente debe entenderse como el conjunto de conceptos e ideas que formulan los juristas y transmiten en la enseñanza del derecho. En otras palabras, es el aparato dogmático para el estudio y aplicación del derecho, que se compone de tesis sostenidas por escuelas de juristas o reconocidos estudiosos del derecho. En el contexto contemporáneo, si bien la importancia de la doctrina consiste básicamente en que es una fuente del derecho que surge de la convicción y respetabilidad de los juristas que la investigan y sostienen como explicación del derecho, así como establecer la interpretación científica de las normas jurídicas, dando con ello lugar a la dogmática jurídica para el estudio y comprensión de las instituciones jurídicas que se alojan en las diversas codificaciones que regulan la actividad humana en lo particular y en lo social. Pues bien, aun cuando la doctrina no tiene la fuerza de ley y su aplicación no es obligatoria para resolver en tal o cual sentido las controversias judiciales, pues en el sistema jurídico mexicano no se encuentra establecida con dicho carácter en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa circunstancia no conlleva a prescribir su uso en la elaboración de una sentencia de amparo, pues no debe olvidarse que el citado precepto en su último párrafo establece: ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’. En ese sentido, se da la pauta para acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo necesario para interpretar las normas que regulan las instituciones jurídicas en materia civil; permitiendo así, que se atienda a la regla que el Texto Constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Por lo que debe concluirse, que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen. Por esas razones, en la decisión de las cuestiones planteadas en los agravios que se analizarán, este Tribunal Colegiado acudirá a la doctrina, para analizar objetiva y racionalmente las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo las que resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen. Al respecto, es aplicable la tesis LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página cuatrocientos cuarenta y ocho del Tomo XIII, mayo de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.’ (se transcribe). Dicho lo anterior, comenzaremos con lo que los artículos 790, 791 y 826 del Código Civil del Estado, establecen al respecto: ‘Artículo 790.’ (se transcribe). ‘Artículo 791.’ (se transcribe). ‘Artículo 826.’ (se transcribe). Por su parte, los numerales 1148 y 1149 de la misma codificación establecen: ‘Artículo 1148.’ y ‘Artículo 1149.’ (se transcriben). Ahora bien, respecto a lo que es el justo título el autor Antonio Hernández Gil, en su obra titulada La Posesión, Obras Completas, Tomo 2, Editorial Espasa-Calpe, S.A., página 442, nos menciona lo siguiente: (se transcribe). De lo antes expuesto se desprende que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en calidad de usufructuario, arrendatario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa, el que posee a título de propietario tiene una posesión originaria y, el otro, una posesión derivada. Es bien sabido que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción, además que acredite el justo título y que sea de manera pacífica, continua y pública. Ahora bien y conforme a lo señalado por la doctrina citada anteriormente el justo título no es nada más la causa generadora de la posesión, sino más bien un instrumento traslativo de dominio que crea la convicción en la persona de que tiene la propiedad del bien. Por tanto, el justo título no es un título suficiente, ya que no despliega todos los efectos propios o normales del mismo, tampoco es un título perfecto o completo, ya que la insuficiencia para desplegar los efectos normales radica en algo concerniente al propio título. Así que el hecho de que los quejosos aduzcan que como justo título debe entenderse la causa generadora de la posesión y que su causa generadora se deriva del contrato privado de compraventa imperfecto que según los impetrantes no fue objetado, no es suficiente, porque la posesión necesaria para la usucapión debe ejercerse en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. De ahí que, para que opere la prescripción adquisitiva, se tiene como condición que el bien a usucapir se posea con el carácter de propietario, circunstancia o situación que se adquiere y disfruta si se actualizare el concepto de dueño de la cosa; de consiguiente, cuando se intente la usucapión es menester que el actor posea el inmueble en concepto de propietario, y así, no basta con revelar la causa generadora de la posesión para tener por acreditado ese requisito, sino que ha de comprobarse ese elemental aspecto, o sea, el acto jurídico o hecho que otorgue tal aptitud de ser dueño, porque únicamente ello permite diferenciar una posesión originaria de otra derivada o precaria. De ahí que si no queda perfeccionado idónea y jurídicamente con medio de convicción alguno tal acto o el hecho relativo, no puede tenerse por justificada fehacientemente esa causa generadora de la posesión, ni por justificada fáctica y jurídicamente la usucapión intentada. Asimismo, cuando se promueve un juicio de usucapión, es menester que el actor (en este caso la actora reconventora) revele dicha causa, y puede ser: el hecho o acto jurídico que hace adquirir un derecho y que entronca con la causa; exhiba el documento en que consta ese acto o hecho adquisitivo; esto es el derecho mismo que asiste a una persona y que la legitima activa o pasivamente, tanto para que la autoridad esté en aptitud de fijar la calidad de la posesión, originaria o derivada, como para que se pueda computar el término de ella, ya sea de buena o mala fe. Lo que en el presente caso no aconteció, en virtud de que los quejosos no acreditaron el justo título con el cual se ostentaban propietarios del bien inmueble objeto de la litis, pues la causa generadora en la que se basó, es decir el contrato privado de compraventa imperfecto, no es suficiente para probar la posesión del bien inmueble objeto de la litis. Por lo que resulta acertada, la determinación de la Sala respecto de declarar infundados los agravios de los apelantes aquí quejosos, en referencia de que con la prueba documental consistente en un contrato privado de compraventa imperfecto, se pueda cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1148 del Código Civil en vigor, esto es, que sea en concepto de propietario y con justo título, de manera pacífica, continua y pública. Como apoyo de las anteriores consideraciones, en lo conducente, tiene sustento la jurisprudencia número II.2o.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y nueve, del Tomo XXI, abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘JUSTO TÍTULO EN LA ACCIÓN PLENARIA O PUBLICIANA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Así como, el criterio número II.2o.C.416 C, sustentado por el mismo tribunal anterior, visible en la página mil ciento setenta y ocho, del Tomo XVIII, julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE PUEDA PROSPERAR NO BASTA CON REVELAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DADO QUE ÉSTA DEBE PROBARSE IDÓNEA Y JURÍDICAMENTE (LEGISLACIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Y por último, la jurisprudencia número II.3o.C. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página mil quinientos ochenta y uno, del Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, NO BASTA CON REVELAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, SINO QUE DEBE ACREDITARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Por lo que en el presente caso no puede ser considerado como justo título el contrato privado de compraventa que celebraron por su parte los ahora quejosos en su carácter de compradores con la señora Petra González Gómez viuda de García, en su carácter de vendedora, por ser imperfecto. Lo anterior en virtud de que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados que contienen un contrato de compraventa en el que se consignan actos traslativos de dominio, para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, de ahí que si no se dan estos supuestos se estime que es justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros. Sirve de apoyo a esta consideración, lo sustentado en las tesis de jurisprudencia número 237, de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 162, del Tomo IV, Materia Civil, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a su letra dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’ (se transcribe). Por lo que es correcta la determinación de la Sala al señalar como infundado el agravio que al respecto hicieron valer los quejosos ya que es menester en todo caso que para que el contrato privado de compraventa tenga eficacia probatoria y pueda surtir sus consecuencias contra terceros, tenga fecha cierta, esto al tenor de lo dispuesto en los artículos 2216, 2894, fracción I y 2895 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, lo cual ocurre cuando conste en escritura pública, que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, o cuando hubiese fallecido alguno de los firmantes, ya que de lo contrario sólo podrá generar efectos jurídicos entre las partes contratantes, empero no puede producir consecuencias de derecho alguno contra terceros, como lo son los acreedores de personas que aparezcan como propietarios de la finca, en tanto que no están en aptitud de saber que la propiedad lo es efectivamente del acreedor contra el cual enderezan su acción, lo cual garantiza evidentemente cualquier argucia legal que pudiera hacerse valer aprovechándose de la falta de publicidad exigida por los numerales indicados; de tal modo que, el documento privado exhibido por los quejosos es un documento privado respecto a terceros, es por ello que carece de eficacia probatoria para el efecto de tener por acreditado el justo título, tal y como se mencionó anteriormente ya que para que acredite fehacientemente es necesario realizarlo mediante prueba documental idónea, esto al tenor de lo dispuesto en los artículos 2216, 2894, fracción I y 2895 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, lo cual ocurre cuando conste en escritura pública, que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, o cuando hubiese fallecido alguno de los firmantes, ya que de lo contrario sólo podrá generar efectos jurídicos entre las partes contratantes. ..."
Similares consideraciones sostuvo dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo civil 101/2004/3, en sesión de catorce de agosto de dos mil cuatro.
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 452/2005, en sesión del día once de mayo de dos mil seis, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, es fundado el concepto de violación, en la parte en que la amparista aduce que el contrato privado de compraventa, de ocho de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, celebrado entre Domingo Rivera Moneda (como vendedor), y Vicente Guerrero Rocha Ocon (como comprador), respecto del bien inmueble en disputa, sí es suficiente para acreditar la causa generadora de la posesión, con independencia que sea de fecha cierta, pues éste no es un requisito necesario para usucapir, en términos del artículo 1149 de la legislación civil local. En efecto, es criterio de mayoría de este Tribunal Colegiado, que la circunstancia de que el documento en que se plasma un contrato privado de compraventa, carezca de fecha cierta, por no haberse presentado ante un registro público, ante un funcionario público en razón de su oficio, o bien, por haber ocurrido la muerte de cualquiera de los firmantes, no es un argumento legal, para estimar no acreditada la fecha de inicio de la posesión, la cual, se puede demostrar con otros medios de prueba. Así es, en las acciones de prescripción adquisitiva, como la intentada en vía de reconvención, no es exigible ese requisito, pues el propio Código Civil establece la forma y momentos a partir de los cuales, debe de estimarse iniciado el término necesario para prescribir. En efecto, en el numeral 806, se establece que es poseedor de buena fe, el que entra en la posesión en virtud de título suficiente para darle derecho a poseer; mientras que es poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo, el que conoce los vicios de su título, que le impiden poseer con derecho, de donde se colige, que el inicio del plazo para computar la prescripción, es a partir de que la persona entra a poseer el bien, sea con título o sin título para ello, sin que se exija, en caso de título, que éste sea de fecha cierta, es decir, el plazo para que opere la prescripción se cuenta, a partir de que quien pretende prescribir demuestre que entró a poseer y no a partir de que adquiere fecha cierta el documento que exhibe como causa generadora de la posesión, pues, se reitera, tal requisito no lo exige el ordenamiento sustantivo de la entidad, en acciones de prescripción adquisitiva. Lo anterior, se corrobora, con lo dispuesto en el numeral 1136, en el sentido de que: ‘Artículo 1136.’ (se transcribe). Donde establece que en caso de que cambie la causa de la posesión, el plazo para prescribir, inicia precisamente el día en que ésta haya cambiado. Aún más, el mismo ordenamiento legal, en los artículos 1151 y 1152, establece también que en tratándose de la posesión proveniente de delito, ésta empezará a correr, una vez que prescriba la pena, o bien, si se adquiere por violencia, a partir de que ésta cese; lo anterior corrobora que el requisito de fecha cierta, no es exigible en acciones de prescripción, pues en ésta, sólo debe demostrarse la fecha en que se entró a poseer un bien, en virtud de un título apto para esos efectos, el cual, se reitera, no requiere ser de fecha cierta, ya que el inicio de la posesión, puede demostrarse, por medio de otras pruebas. Lo anterior revela que en acciones de prescripción en que se exhiba un documento en que conste un contrato privado traslativo de dominio para demostrar la causa generadora de la posesión, es contrario a la ley que al poseedor se le exija que ese documento satisfaga el requisito de fecha cierta ..."
Similares consideraciones fueron sostenidas por el referido órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 51/2005, en sesión de doce de mayo de dos mil cinco, el amparo directo 407/2005, en sesión de nueve de marzo de dos mil seis, el amparo directo 63/2006, relacionado con el amparo directo 61/2006, en sesión del primero de junio de dos mil seis, el amparo directo 140/2006, en sesión del dieciocho de agosto de dos mil seis y el amparo directo 380/2006, en sesión del veintidós de febrero de dos mil seis.
SEXTO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo civil 353/2006/3, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito, al resolver el amparo directo 452/2005, cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a que para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias destacadas en los considerandos cuarto y quinto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.
En el caso sometido a la consideración del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en relación al tema en contradicción, previamente transcribir los artículos 790, 791, 826, 1148 y 1149 del Código Civil del Estado de Nuevo León, así como lo que respecto de lo que es el justo título establece un autor en su obra, señala que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Que cuando a virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en calidad de usufructuario, arrendatario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa el que posee a título de propietario tiene una posesión originaria y el otro una posesión derivada.
Que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción, además de que acredite el justo título y sea de manera pacífica, pública y continua.
Que el justo título no es nada más la causa generadora de la posesión, sino más bien un instrumento traslativo de dominio que crea la convicción en la persona de que tiene la propiedad del bien, además de que no es un título suficiente, ya que no despliega todos los efectos propios o normales del mismo; tampoco es un título perfecto o completo, ya que la insuficiencia para desplegar los efectos normales radica en algo concerniente al propio título.
Que la circunstancia de que los quejosos aleguen que como justo título se entiende la causa generadora de la posesión, que en el caso derivó de un contrato privado de compraventa que no fue objetado, no es suficiente, dado que la posesión necesaria para la usucapión debe ejercerse en concepto de propietario, pacífica, continua y pública.
Que para que opere la prescripción adquisitiva se tiene como condición que el bien a usucapir se posea con carácter de propietario; de ahí que cuando se intente la usucapión es necesario que el inmueble se posea en concepto de propietario, pues no basta con revelar la causa generadora de la posesión para tener por acreditado ese requisito, sino que ha de comprobarse el acto jurídico o hecho que otorgue tal aptitud de ser dueño, porque ello únicamente permite diferenciar una posesión originaria de otra derivada o precaria, por lo que si no queda perfeccionada, idónea o jurídicamente con medio de convicción alguno, tal acto o hecho relativo no puede tenerse por justificada fehacientemente esa causa generadora de la posesión, ni por justificada práctica y jurídicamente la usucapión intentada.
Que cuando se promueve un juicio de usucapión es necesario que el actor revele dicha causa y puede ser el hecho o acto jurídico que hace adquirir un derecho y que entronca con la causa; exhibiendo el documento que asiste a una persona y la legitima activa y pasivamente, tanto para que la autoridad esté en aptitud de fijar la calidad de la posesión, originaria o derivada, como para que se pueda computar el término de ella, sea de buena o mala fe.
Que en el caso sometido a la consideración del tribunal no podía considerarse como justo título el contrato privado de compraventa celebrado por los quejosos con una tercera persona, dado que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados que consignan actos traslativos de dominio para que surtan pleno valor probatorio se requiere que sean de fecha cierta.
Que este Alto Tribunal ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella a partir de la cual se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde que se presente ante un funcionario por razón de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, de ahí que al no darse estos supuestos se estime que el documento privado incumple con requisitos y, por ende, no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros, en tanto no están en aptitud de saber que la propiedad es efectivamente del demandado, lo que garantiza evidentemente cualquier argucia legal que pudiera hacerse valer aprovechándose de la falta de publicidad exigida por los artículos 2216, 2894, fracción I y 2895 del Código Civil del Estado de Nuevo León, pues para que se acredite el justo título es necesario exhibir las pruebas documental
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20899-8de4cc17/prescripcion-adquisitiva-el-contrato-privado-de-compraventa-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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