AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, integrado por los Magistrados Juan Carlos Ortega Castro, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el licenciado José del Carmen Gutiérrez Meneses, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en funciones de Magistrado, al resolver la improcedencia 49/2008, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil ocho sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Para demostrar la afirmación que precede, es menester traer a la vista el contenido del artículo 145 de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 145.’ (se transcribe). De este numeral se desprende, como requisito sine qua non para desechar la demanda de garantías, que la causa de improcedencia invocada que se advierta del escrito de demanda sea manifiesta e indudable. Por añadidura, no es necesario hacer un análisis interpretativo, o bien exhaustivo, para tener por demostrada dicha causa de improcedencia, al ser un motivo manifiesto e indudable, en el que cualquiera pueda convenir en la misma solución con base en los elementos existentes al momento de proveer sobre su admisión. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 23/93, señaló que la causa de improcedencia, no debe dar lugar a duda, pues debe advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, con la certeza y convicción de que es operante al caso concreto, sin que dicha conclusión pueda variar durante la tramitación del juicio constitucional aun con las pruebas que llegaren a aportarse. En otras palabras, lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, ya que los motivos de inejercitabilidad del juicio, se encuentran reglamentados en forma específica en el artículo 73 de la Ley de Amparo, en cambio, el requisito relativo a ‘lo manifiesto’ se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de la ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, opere en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Las ideas que preceden, se encuentran contenidas en la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 186,605, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto que sigue: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe). Así las cosas, los elementos existentes hasta ese momento no crean plena convicción sobre la notoria y manifiesta improcedencia de la demanda de garantías presentada por **********, con relación al acto reclamado, sino que para ello era necesario aguardar hasta el dictado de la sentencia para hacer un pronunciamiento de esa índole. Por otra parte, en el auto combatido se estimó que en la especie se surte el desechamiento de la demanda de amparo con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII en relación con el artículo 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que es una determinación que sólo produce efectos intraprocesales que no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado protegidos por las garantías individuales. Para desentrañar este tema, es necesario tener vista el contenido del numeral y la fracción a que se refiere el auto recurrido. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). Conforme a lo anterior, el amparo indirecto respecto de actos dentro de juicio, sólo procede en dos casos de excepción, como lo son: a) Cuando se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación y b) Cuando afecten a personas extrañas al juicio. El caso concreto, encuadra en lo descrito por el inciso a). Por otro lado, se tiene que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido modificando los criterios establecidos tratándose de presupuestos procesales en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, sosteniendo en esencia lo siguiente: a) Interrumpir parcialmente el criterio de la anterior integración del Pleno para sostener que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir respecto de los actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación. b) Que ese criterio no es único y absoluto, ya que de manera excepcional procede el amparo indirecto tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. c) Que en el caso de la personalidad, y considerando lo anterior, procede el amparo indirecto por tratarse de un presupuesto procesal sin el cual no se integra debidamente la litis, y porque la resolución relativa es declarativa y también constitutiva. d) Que la parte que obtiene sentencia favorable en el juicio natural, no puede promover el amparo directo para plantear lo relativo a la personalidad, de suerte que si su contraparte obtiene el amparo contra esa sentencia, la responsable, al cumplimentar la ejecutoria protectora, podrá dictar una sentencia en la que no se ocupe de la violación procesal resentida por quien inicialmente obtuvo sentencia favorable y, además, el afectado ya no podrá promover amparo directo contra la nueva sentencia para plantear la violación procesal porque estará ante un acto dictado en ejecución de sentencia, lo que da lugar a la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo. e) Que el criterio que se asumió no es en el sentido de que para que proceda el amparo indirecto respecto de una violación formal, procesal o adjetiva, tengan que darse todos los supuestos que consideró hacen excepcional la resolución de personalidad que se dirime antes del fondo, sino en el sentido de que puede proceder el amparo indirecto, de manera excepcional, tratándose de alguna de las violaciones aludidas, cuando se afecte a las partes en grado predominante o superior, determinándose ello objetivamente atendiendo a los criterios referidos en la tesis relativa. En síntesis, recuérdese que en repetidas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que el criterio general es que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, y que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor y que reexaminando este punto ha concluido que el mismo no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior tomando en consideración la institución procesal correspondiente, la extrema gravedad de los efectos de la violación, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias cuya concurrencia otorguen a la violación un nivel extraordinario de afectación que haga necesario el examen inmediato de la cuestión, esto es, a través del amparo indirecto. Consecuentemente, para verificar si la determinación reclamada debe apreciarse conforme al criterio general o de acuerdo con el carácter excepcional que acaba de indicarse, es necesario aludir a los conceptos de competencia objetiva y subjetiva, dado que este tema subyace en la excusa que presentó el Juez de origen. Atendiendo a la información contenida en la demanda de garantías se advierte que el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil siete, se excusó de conocer el expediente número 91/2007 y mediante resolución dictada el siete de diciembre de esa misma anualidad, la Primera Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, declaró infundada la excusa aludida. Así, se entiende que la competencia objetiva está relacionada con la suma de facultades que la ley otorga a la autoridad para ejercer sus atribuciones. La idea de competencia aplicada al campo judicial es una de las formas como se realiza la función jurisdiccional genérica por el Estado mexicano y es el conjunto de facultades que la normación jurídica otorga a una autoridad judicial para dirimir un conflicto. Por otro lado, la competencia subjetiva, se concentra en los atributos personales del servidor público. Así por ejemplo, la excusa es la razón o motivo que hace valer el Juez, el secretario o un Magistrado, para inhibirse de conocimiento de un juicio y son circunstancias de hecho que constituyen un obstáculo para que el funcionario tenga la imparcialidad y la independencia sin las cuales no puede desempeñar rectamente sus funciones. La palabra excusa significa la razón o motivo de la inhibición que lleva a cabo el funcionario. Corrobora lo antes expuesto, el contenido del artículo 1.52 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, que precisa: ‘Todo Magistrado, Juez o secretario está impedido para conocer en los casos siguientes cuando: I. Tenga interés directo o indirecto en el negocio; II. Tenga interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales hasta dentro del cuarto y los afines dentro del segundo; III. Tenga el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, alguna relación con cualquiera de los interesados, representante legal o abogado patrono, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre; IV. Sea pariente por consanguinidad o afinidad del abogado, o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II; V. Sea él o alguno de sus hijos o cónyuge, heredero, legatario, donante, donatario, socio, arrendador, deudor, fiador, fiado, arrendatario, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes o cualquiera de las personas a que se refiere la fracción III; VI. Haya hecho promesa o amenazas, o manifestado, de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes; VII. Haya asistido a convite que diere o costeare especialmente para él alguno de los litigantes, después de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos o vivir con él, en su compañía, en una misma casa; VIII. Admita él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes, después de empezar el negocio; IX. Haya sido abogado, procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate; X. Haya externado su opinión antes de la sentencia. No se estimarán como externamiento de opinión las resoluciones que decidan cuestiones incidentales o de cualquiera otra naturaleza que no entrañen conocimiento del fondo de la cuestión materia del negocio y de aquellas que se hayan declarado insubsistentes por determinación judicial; XI. Haya conocido como Juez, árbitro o asesor, en la misma instancia o en alguna otra, resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión; XII. Siga él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna de las partes, un proceso civil como actor o demandado o una causa penal, como querellante o denunciante o no haya pasado un año de haber concluido dicho proceso civil o causa penal; XIII. Haya sido alguna de las partes o sus abogados o procuradores, denunciantes, querellantes o curador del funcionario de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II; XIV. Sea él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario de cualquiera de las partes en negocio administrativo que afecte sus derechos; XV. Siga él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, algún proceso civil o penal en que sea Juez, agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes; XVI. Sea tutor, curador de alguno de los interesados, o no hayan pasado tres años de haberlo sido; XVII. Esté en alguna situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.’. En vinculación con la anterior, destaca lo previsto por los artículos 1.55, 1.56, 1.57 y 1.58 de la codificación en comentario, que por su importancia se transcriben: ‘Artículo 1.55. Los Magistrados, Jueces y secretarios deben excusarse de conocer de los negocios cuando haya algún impedimento legal, aun cuando los interesados no los recusen, expresando la causa de excusa.’. ‘Artículo 1.56. La excusa debe hacerse inmediatamente que se avoquen al conocimiento del negocio en el que se dé el impedimento, o dentro de los tres días siguientes de que ocurra el hecho que origine dicho impedimento o de que tengan conocimiento de él. La determinación por la que un Magistrado, Juez o secretario se excuse no es impugnable.’. ‘Artículo 1.57. Una vez realizada la excusa, el Juez remitirá los autos a quien deba conocer de éstos, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Si se excusa el secretario, el Juez ordenará que otro secretario conozca del asunto, y a falta de éste, designará a otro funcionario del mismo tribunal.’. ‘Artículo 1.58. Si alguna de las partes estima que la excusa no está legalmente fundada, o que no es cierto el motivo o impedimento aducido, podrá denunciarlo en la forma que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Si se declara injustificada la excusa, el servidor será sancionado en términos de la propia ley.’. La concatenación de lo dispuesto por el artículo 1.52 y los artículos 1.55, 1.56, 1.57 y 1.58 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, ponen de manifiesto que las causas en que se sustente la excusa de un juzgador, están vinculadas con la garantía de imparcialidad a que se refiere el artículo 17 constitucional, pues si un Juez está impedido de conocer un asunto, tal circunstancia significa que no tiene imparcialidad y libertad necesarias para impartir debida justicia en el caso concreto. Lo anterior significa, que si en la especie el quejoso cuestiona el principio de imparcialidad del Juez natural, existe una afectación predominante y extraordinaria, a tal punto que requiere, en el juicio de garantías, la solución inmediata a través del amparo indirecto. Ciertamente se arriba a esta conclusión, porque el acto reclamado se perfila como una posible violación al derecho sustantivo que tiene cabida dentro de las garantías individuales de seguridad jurídica que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone el derecho del individuo de acceso a la jurisdicción y se traduce correlativamente en la obligación que tiene el Estado mexicano de instituir la administración de justicia como servicio público por Jueces imparciales. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de la justicia, de sus integrantes y en consecuencia, de las resoluciones que dicten. Tanto es así, que las leyes procesales establecen diversos medios o mecanismos, en pos de garantizar que los fallos sean imparciales y completos, según lo ordena el precepto constitucional en comentario. Luego, si en la especie, el propio Juez natural estimó que no debía conocer el asunto y al efecto hizo valer una excusa, como era su responsabilidad, la cual a la postre la responsable la declaró infundada, sin que esto signifique un juicio de valor, esto podría traducirse en un fallo parcial, por ende, amerita el inmediato estudio en la vía constitucional, porque así estamos ante la presencia de una factible afectación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política Federal. Por otra parte, pretender la reparación del agravio cuando el juicio está terminado es algo ilusorio, porque la violación alegada se habrá consumado irremediablemente, como tampoco cabe argumentar que no se trata de un acto de imposible reparación porque el quejoso puede optar por plantear la recusación del Juez, pues esta determinación en principio estaría en conflicto con la obligación del Estado de administrar justicia pronta y expedita. Veamos, acorde con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuando el Magistrado, Juez o secretario no se excuse, habiendo impedimento, procede la recusación, la cual, según lo dispuesto por el artículo 1.60 de la codificación en consulta, la pueden hacer valer las partes, por consiguiente, ello generaría que el solicitante del amparo tendría que presentar la aludida recusación, la cual de declararse operante, nulificará todo lo actuado a partir de la fecha en que se interpuso. A simple vista, la opción que se comenta se traduce en un retraso en la administración de justicia, de ahí que una vez más se justifique en el caso concreto la admisión de la demanda, porque al tenor de lo antes dicho, la institución procesal que está en juego, implica también una afectación predominante superior. Lo antes apuntado se homologa al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2002-PL, de la que derivó jurisprudencia número 55/2003, con el rubro: ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’, en donde en lo fundamental se valoró que de ser fundada la excepción en cita traería como consecuencia reponer el procedimiento y el retraso en la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional y esto mismo acontece en el caso a estudio, pues de declararse operante la recusación que en su caso hiciera valer el quejoso, nulificaría todo lo actuado a partir de la fecha en que se interpuso, lo que evidencia un retraso en la administración de justicia. La jurisprudencia en comentario, fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 5, con registro 183,349 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto que sigue: ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’ (se transcribe). En esta posición, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis número II.2o.C.88 K, que citó la Juez Federal en el auto recurrido, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con registro: 182,723, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1348, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro y texto siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA EXCUSA PLANTEADA POR EL JUEZ DE ORIGEN.’ (se transcribe). Es así, porque si bien cabe aceptar como regla general, para efectos de la interpretación del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que no toda violación procesal dentro de un juicio debe considerarse que afecta de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales que establece el artículo 17 constitucional, sino sólo de manera excepcional, cuando dicha violación sea palmaria y sobresaliente. Estas características excepcionales se surten, en la hipótesis que se analiza, porque fue el mismo Juez natural quien consideró en cumplimiento de sus obligaciones que se actualizaba una excusa para no seguir conociendo del asunto, lo que revela que el señalado juzgador duda de su imparcialidad, por lo cual, esta circunstancia implica que esté en juego el principio de imparcialidad que protege el artículo 17 constitucional."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, integrado por los Magistrados Virgilio Solorio Campos, Noé Adonaí Martínez Berman y Javier Cardoso Chávez, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 186/2003, en sesión de diecisiete de septiembre de dos mil tres, resolvió en lo conducente lo que a continuación se precisa:
"Resultan infundados los motivos de agravio hechos valer por el recurrente. Alegó en síntesis el recurrente que el acto reclamado sí tenía una ejecución de imposible reparación porque afectaba de modo directo e inmediato los derechos sustantivos o fundamentales consagrados en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que la resolución reclamada infringía el artículo 17 constitucional, el cual consagra las garantías de legalidad y seguridad jurídica; que si bien es certero que la interpretación del referido precepto es en el sentido de que el poder público debe proveer a la instalación de tribunales que la Constitución Federal y las Constituciones de los Estados prevén, a fin de dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento y para que administren justicia en forma expedita, también lo es que se incluye a los Jueces, quienes deben resolver precisamente de manera pronta, completa e imparcial los juicios que se someten a su decisión. Agregó que el hecho de no emitirse una resolución de forma pronta, completa e imparcial, se traduce en una violación a dicho precepto constitucional, tal y como dijo acontecía con el acto reclamado; que el derecho es la potestad jurídica de reclamar del Estado y sus autoridades el respeto a las prerrogativas fundamentales del hombre, por lo que, según lo referente al artículo 17 constitucional, el sujeto pasivo de esa relación jurídica debe velar porque no se afecten los derechos sustantivos o fundamentales de los gobernados, por lo cual no podía afirmarse que el acto reclamado fuese un acto que no tuviera una ejecución de imposible reparación, toda vez que sí afectaba de forma directa e inmediata las garantías individuales; que la finalidad del juzgador fue excusarse del conocimiento del asunto porque no deseaba continuar actuando como Juez y que tampoco era su deseo resolver la controversia; sin embargo, dijo que la Sala responsable desde su particular punto de vista consideró infundada ‘su excusa’ y lo obligó a seguir conociendo del juicio, con el argumento de que el juzgador de primer grado no tenía que excusarse sólo porque una de las partes se lo pidió, ya que éstas únicamente tienen facultad para recusar al juzgador, pero no para pedirle que se excuse. Que si bien es verdad el recurrente solicitó al juzgador primario que se excusara del conocimiento de la causa, éste debió desechar su petición si hubiera considerado que su actuación había sido imparcial o si consideraba que no existía una hipótesis en la cual se encontraba como persona, pero que ello no era así, pues, por el contrario, el juzgador consideró que se encontraba en un hecho concreto que iba a afectar la administración de justicia y la imparcialidad de su actuación, motivo por el cual decidió motu propio excusarse, expresando concretamente la causa en que fundó la excusa. Añadió que el Juez a quo indebidamente determinó que el acto reclamado afectaba únicamente los derechos adjetivos o procesales del recurrente, pues la realidad es que se afectan de forma directa e inmediata sus derechos sustantivos o fundamentales, pues al declararse infundada la excusa por parte de la Sala responsable, se le obliga al Juez de primer grado a continuar conociendo de un juicio e inclusive a resolverlo en contra de su voluntad; que si el artículo 17 constitucional garantiza que los tribunales por conducto de sus Jueces deben emitir resoluciones de forma imparcial, completa y pronta, era claro que el obligar a un Juez a conocer de un juicio e inclusive resolverlo, no podía considerarse como una violación adjetiva o intraprocesal, sino como un acto cuya ejecución resultaba de imposible reparación; que no fue aplicable la jurisprudencia invocada por el Juez Federal que lleva por rubro: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.’, por ser evidente la afectación a los derechos fundamentales del gobernado, al no preservar la obligación de los tribunales para que emitan sus resoluciones de manera imparcial; que independientemente de que la violación procesal pueda ser susceptible de repararse en el juicio de amparo directo, la transgresión de los derechos sustantivos resultaba palpable; que tampoco era de soslayarse que la sentencia definitiva que llegue a dictarse fuese favorable a los intereses del recurrente; que no resultan aplicables las tesis que llevan por rubro: ‘RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, HASTA QUE SE RESUELVA EN DEFINITIVA EL JUICIO EN DONDE SE INTERPONE.’ y ‘RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO.’, toda vez que al juicio ejecutivo mercantil de origen se aplicaron supletoriamente las disposiciones del abrogado Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual establece las figuras de la excusa y la recusación, señalándose en ambos casos la obligación de precisar de forma clara y concreta en qué consiste el impedimento y fundamento legal de las mismas, el cual puede ser cualquiera de los contemplados en el artículo 70 de la propia codificación; que al atenderse a todos y cada uno de los motivos de impedimento, no eran de considerarse como violaciones procesales, pues cada uno contiene una hipótesis total y absolutamente diferente, y si bien algunos pueden tener la misma esencia, como los contenidos en las fracciones I, II, II, IV y V del referido artículo 70, si alguno se plantea como recusación tiene que probarse plenamente; que si el Juez se encuentra en las hipótesis plasmadas en las fracciones VI o X de dicho precepto, se pueden vulnerar los derechos fundamentales consagrados por el artículo 17 constitucional, que lo obliga a emitir resoluciones de forma imparcial, completa y con prontitud; que el derecho mercantil y el civil ‘stricto sensu’ son dos ramas clásicas del derecho privado, y las personas físicas y morales son sujetos de su normatividad, por lo que si el Estado es susceptible de aparecer como entidad en un vínculo de coordinación a través de sus diversos órganos, sus normas han de regular las relaciones que rigen, que deben estimarse de derecho privado; que ‘atendiendo a la supletoriedad del Código de Comercio que no tiene una disposición concreta, como la contenida en el artículo 1o. del Código Civil, que señala: ‘las disposiciones de este código regulan en el Estado de México los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas, a sus biene
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21428-520b5aba/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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