INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA. NO GENERA POR SÍ MISMA EL DERECHO A SOLICITAR LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL BIEN INMUEBLE SOBRE EL QUE RECAYÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue presentada por la parte quejosa en los juicios de amparo ********** y ********** de donde derivaron, respectivamente, los recursos de revisión ********** y **********, resueltos por los mencionados Tribunales Colegiados que sustentaron los criterios que deberán analizarse en esta posible contradicción de tesis, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia número 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA", (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis:
1) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
2) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y
3) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito.
CUARTO. Ejecutorias que participan en la contradicción. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo en revisión **********, en sesión de once de junio de dos mil ocho. De este asunto vale la pena mencionar los antecedentes que a continuación se indican:
El ahí quejoso solicitó en la vía administrativa la inmatriculación de un inmueble que carecía de antecedentes registrales, al amparo de lo dispuesto por el artículo 2897, fracción V, del Código Civil para el Estado de México, vigente en mil novecientos noventa y ocho, que en lo conducente establece:
"Artículo 2897. La inmatriculación se verificará:
"I. ...
"V. Mediante resolución administrativa que la ordene, y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de la solicitud del interesado. ..."
A su petición recayó una resolución favorable por parte del director del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, dictada el veinticuatro de noviembre del referido año de mil novecientos noventa y ocho.
Casi nueve años después, en dos mil siete, con base en ese documento (principalmente), el peticionario solicitó ante la autoridad jurisdiccional la declaración de prescripción positiva del bien inmueble al que se hizo alusión, con base en el contenido del artículo 8.56 del Código Civil para el Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado el siete de junio del año dos mil dos, que literalmente prevé:
"Artículo 8.56. Transcurridos cinco años desde la inscripción de posesión, sin que en el registro aparezca algún asiento que la contradiga, tiene derecho el poseedor, a que el Juez declare que se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el registro la inscripción de dominio."
El Juez de primera instancia declaró infundada la pretensión bajo el argumento de que no quedó probado el presupuesto que para tal efecto establece el aludido artículo 8.56, consistente en la inscripción de una posesión apta para prescribir de manera adquisitiva.
En desacuerdo, el quejoso interpuso apelación al que recayó una resolución confirmatoria por parte de la Sala de segundo grado.
No conforme, aquél promovió juicio de garantías, tramitado que fue en la vía indirecta, el Juez de Distrito negó el amparo solicitado.
Contra esa determinación interpuso recurso de revisión del que conoció el aludido Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el que confirmó la negativa del amparo bajo los argumentos que en la parte conducente de su fallo se transcriben a continuación:
"CUARTO. Los agravios son infundados en una parte e inoperantes en otra.
"Precisa destacar que la resolución reclamada confirmó la que a su vez declaró infundada la pretensión de prescripción positiva por inmatriculación, solicitada por **********, por no haberse acreditado el presupuesto exigido por el artículo 8.56 del Código Civil del Estado de México, relativo a la inscripción de posesión; que los conceptos de violación cuestionaron tal determinación; y que la Juez de Distrito también concluyó en el sentido que la inmatriculación administrativa no justificó la inscripción de posesión.
"En este orden, resulta infundado el argumento sustentado en que la sentencia recurrida no observó lo dispuesto por los artículos 8.51 y 8.52 del Código Civil del Estado de México y se confundieron los diversos medios de llevar a cabo una inmatriculación, toda vez que de tales preceptos se colige que si la resolución administrativa es una de las formas de llevar a cabo la inmatriculación y ésta es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales, la inmatriculación administrativa inscribe la posesión.
"Lo anterior es así, porque si bien es cierto, el Código Civil vigente en el Estado de México dispone que la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales, de la resolución pronunciada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el director general de Registro Público de la Propiedad en el Estado de México, en el expediente relativo a la solicitud presentada por ********** se advierte que la inmatriculación se planteó y se declaró procedente, al amparo de los artículos 2897, fracción V y 2903-A a 2903-E del abrogado Código Civil para el Estado de México y en torno a la inmatriculación administrativa, el invocado ordenamiento legal preceptuaba lo siguiente:
"‘Artículo 2897. La inmatriculación se verificará:
"‘I. ...;
"‘II. ...;
"‘III. ...;
"‘IV. ...;
"‘V. Mediante resolución administrativa que la ordene, y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de la solicitud del interesado; y
"‘VI. ...’
"‘Artículo 2903-A. Para la inmatriculación de inmuebles que carezcan de antecedentes registrales, los interesados podrán ocurrir ante el registro público a solicitarla, mediante el procedimiento que establezca el reglamento respectivo.’
"‘2903-B. Los interesados en la inmatriculación además de satisfacer los requisitos que señale el reglamento deberán acreditar, a juicio del director del registro público que les asiste derecho para obtenerla.’
"‘2903-C. La inmatriculación de un inmueble por resolución del director del registro público, dejará siempre a salvo derechos de tercero.’
"‘2903-D. La inmatriculación, una vez realizada no podrá modificarse o cancelarse, sino mediante determinación judicial contenida en sentencia ejecutoria.’
"‘2903-E. Una vez dictada la resolución de inmatriculación de un inmueble se ordenará, desde luego la inscripción correspondiente, previo el pago de los derechos que deban cubrirse.’
"‘2903-F. Cualquiera que se crea con derecho a los bienes materia de inmatriculación administrativa, podrá oponerse en los términos que señala el reglamento.’
"Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos es posible establecer que la inmatriculación administrativa contemplada por el abrogado Código Civil para el Estado de México, sólo era para el efecto de que el bien inmueble inmatriculado, tuviera antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad, sin que prejuzgara sobre derechos de propiedad o posesión que pudieran existir a favor de los solicitantes o de terceros. De modo que, la inmatriculación administrativa realizada, de acuerdo con los preceptos legales abrogados, sólo constituye un principio de prueba a favor del interesado, respecto de la fecha en que comenzó a darse la propiedad o posesión del inmueble inmatriculado.
"Así las cosas, los derechos de propiedad o posesión en los que el quejoso recurrente haya fundado la causa u origen de su posesión, al solicitar la inmatriculación administrativa, constituyen un indicio insuficiente para demostrar que tiene una posesión apta para prescribir por inmatriculación; porque para ello se hacía necesario el desahogo de la testimonial con la que se justificara su posesión en concepto de propietario, de manera pacífica, pública y continua.
"Bajo esta tesitura devienen inoperantes los argumentos sustentados en que con la documentación agregada a la solicitud de inmatriculación, en términos del reglamento del Registro Público de la Propiedad, y con la aportada al procedimiento de prescripción positiva por inmatriculación, se acreditó la posesión del quejoso y la procedencia de su acción; porque como antes se dijo, el procedimiento administrativo de inmatriculación sólo tuvo por objeto la inscripción del inmueble en el registro, sin prejuzgar sobre derechos de propiedad o posesión; y al indicio probatorio derivado de la inmatriculación administrativa, no se adminiculó la testimonial para demostrar los requisitos necesarios para que el quejoso recurrente fuese declarado propietario en virtud de la prescripción.
"...
"Consecuentemente, al resultar infundados e inoperantes los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida."
QUINTO. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo en revisión **********, en sesión de diez de junio de dos mil ocho, del que destacan los siguientes antecedentes relevantes:
Al igual que el caso anterior, el asunto tiene su origen en una solicitud de inmatriculación administrativa de un bien inmueble que carecía de antecedente registral, presentada por el quejoso (que fue el mismo que suscitó el caso que resolvió el otro Tribunal Colegiado). El fundamento de esa petición también fue el artículo 2897, fracción V, del Código Civil para el Estado de México, que entonces preveía:
"Artículo 2897. La inmatriculación se verificará:
"I. ...
"V. Mediante resolución administrativa que la ordene, y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de la solicitud del interesado. ..."
Tal instancia fue acordada de conformidad por el director del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, mediante resolución de veintiocho de septiembre de dos mil uno.
Seis años después, en dos mil siete, con base en ese documento, primordialmente, el peticionario solicitó ante la autoridad jurisdiccional la declaración de prescripción positiva del referido bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 8.56 del Código Civil para el Estado de México vigente a partir del año dos mil dos que, en aras de claridad, se trae a cuenta de nuevo:
"Artículo 8.56. Transcurridos cinco años desde la inscripción de posesión, sin que en el registro aparezca algún asiento que la contradiga, tiene derecho el poseedor, a que el Juez declare que se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el registro la inscripción de dominio."
El Juez de primera instancia declaró infundada la pretensión; resolución confirmada en apelación por la Sala civil, que consideró que en el caso no se actualizó el supuesto previsto en el citado artículo 8.56, dado que lo solicitado ante el director general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de México fue solamente la inscripción registral del inmueble, pero no la inscripción de la posesión de dicho bien; esa resolución, acotó, no emanó del procedimiento relativo a la inmatriculación de la posesión previsto en los artículos 8.52, fracción II y 8.54 de la misma legislación.
En desacuerdo con esa decisión, el peticionario promovió juicio de garantías que, substanciado en la vía indirecta, no prosperó, pues el Juez de Distrito negó la protección constitucional solicitada.
Inconforme con el fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el que revocó la sentencia recurrida para conceder el amparo bajo los argumentos que se transcriben enseguida:
"CUARTO. Estudio del fondo del asunto.
"Son sustancialmente fundados los agravios en los que, medularmente, se combate la sentencia recurrida, por no estimar que si el artículo 8.51 del Código Civil del Estado de México, establece que la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales, y que el diverso numeral 8.52 de esa legislación prevé las distintas formas en que se verifica la inmatriculación, así como que la fracción V de tal precepto, regula a la resolución administrativa como una de esas formas, entonces la referida resolución administrativa es un modo o manera para inscribir la posesión.
"Ciertamente, de la sentencia recurrida se aprecia que la Juez Federal declaró infundados los conceptos de violación y por ende constitucional el acto reclamado, medularmente, porque la autoridad señalada como responsable había actuado correctamente en sostener que en el caso, no se actualizaba el supuesto comprendido en el artículo 8.56 del Código Civil para el Estado de México, dado que lo que había solicitado el quejoso ante el director general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de México, era solamente la inscripción registral del inmueble que defendía, pero no la inscripción de la posesión de dicho bien, puesto que esa resolución no emanaba del procedimiento relativo a la inmatriculación de la posesión, previsto en los artículos 8.52 fracción II y 8.54 de la misma legislación.
"Tal consideración, resulta incorrecta.
"En efecto, los artículos 8.51, 8.52, 8.54 y 8.56 del Código Civil para el Estado de México, establecen lo siguiente:
"‘Artículo 8.51. La inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales.’
"‘Artículo 8.52. La inmatriculación se verifica mediante:
"‘I. Información de dominio;
"‘II. Información posesoria;
"‘III. Resolución judicial que la ordene y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de título fehaciente que abarque, sin interrupción, un periodo por lo menos de cinco años;
"‘IV. La inscripción del decreto publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado que convierta en bien de dominio privado un inmueble que no tenga tal carácter, o del título o títulos que se expidan con fundamento en aquel decreto;
"‘V. Resolución administrativa que la ordene y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de la solicitud del interesado;
"‘VI. La inscripción de los títulos de solares urbanos expedidos por el Registro Agrario Nacional o de los documentos que conviertan un bien ejidal a propiedad privada.’
"‘Artículo 8.54. El que tenga una posesión apta para prescribir bienes inmuebles y que no constituyan parte de uno de mayor porción, pueden inmatricular la posesión antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir en los términos del Código de Procedimientos Civiles.’
"‘Artículo 8.56. Transcurridos cinco años desde la inscripción de posesión, sin que en el registro aparezca algún asiento que la contradiga, tiene derecho el poseedor, a que el Juez declare que se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el registro la inscripción de dominio.’
"Esto es, que conforme al primer precepto citado la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales, pudiéndola efectuar a través de los medios que establece el numeral 8.52 en sus diversas fracciones, y en la forma que prevé el artículo 8.54, también transcrito, y el que alude a que quien tenga una posesión apta para prescribir bienes inmuebles y que no constituyan parte de uno de mayor proporción, pueden inmatricular la posesión antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir en los términos del código adjetivo civil, y podrá actualizarse con posterioridad el supuesto contenido en el número 8.56 de esa legislación.
"Ahora bien, de tales preceptos no se advierte claramente la distinción entre la inmatriculación de un inmueble con la inmatriculación de la posesión, como se apreció en la sentencia reclamada y en la resolución materia del presente recurso.
"Esto es, de tales preceptos no es dable apreciar que la inmatriculación administrativa solamente tenga los efectos de la mera inscripción registral de un inmueble sin inscribirse la posesión del bien, pues precisamente el artículo 8.51 referido alude a la inscripción de la propiedad o posesión de inmuebles que carezcan de antecedentes registrales, y el diverso numeral 8.52 en sus diversas fracciones establece las formas de inscribirse la propiedad o posesión, entre ellas, la inmatriculación administrativa, como se aduce en los agravios.
"Pero además, cabe precisar que para solicitar la inmatriculación administrativa deben presentarse los documentos señalados por el artículo 126 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, y que son los siguientes:
"‘Artículo 126. A la solicitud anterior deberán agregarse los siguientes documentos: I. Certificado del registro público de la propiedad que demuestre que el inmueble no está inscrito a nombre de persona alguna, que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie e inscrito en favor de una persona diversa a la señalada en la solicitud; II. Constancia que acredite que el inmueble de que trata la solicitud de inmatriculación, se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial; III. Plano descriptivo y de localización del inmueble; IV. Constancia del comisariado ejidal o comunal de que el inmueble no tiene esa naturaleza, cuando se encuentre localizado en zonas próximas sujetas a ese régimen; V. Constancia de la autoridad municipal de posesión del inmueble y de que no forma parte del dominio del poder público; y VI. Los documentos con los que justifique su derecho a inmatricular, y que en todo caso se trate de documentos que la ley reconozca como válidos para la transmisión de bienes inmuebles.’
"Documentos que presentó el aquí recurrente y entre los que se encuentra la constancia de posesión del inmueble, emitida por la autoridad municipal, según se advierte de la propia determinación formulada por el director general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de México, en el segundo considerando de la resolución de fecha veintiocho de septiembre del dos mil uno, y que se acompañó como documento fundatorio de la pretensión en el expediente del que derivan los actos reclamados.
"En esas condiciones, si en la sentencia recurrida se hizo tal distingo, determinándose constitucional el acto reclamado, ello resulta infractor de los artículos antes referidos; por lo que procede revocarla y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad señalada como responsable deje insubsistente la resolución reclamada y emita una nueva, en la que parta de la consideración de que de los artículos 8.51 y 8.52 del Código Civil del Estado de México, no es dable apreciar que la inmatriculación administrativa solamente tenga los efectos de la mera inscripción registral de un inmueble sin inscribirse la posesión del bien, hecho lo cual con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente; tanto más que aparece que al inscribirse el inmueble fue adjuntada una constancia de tener la posesión del bien."
SEXTO. Existencia de la contradicción. Como se aprecia de la lectura de los considerandos precedentes, en la especie se actualiza la contradicción de tesis denunciada en mérito a que ambos Tribunales Colegiados se enfrentaron a una misma situación jurídica, a saber, si la resolución administrativa por la que se inmatriculó un inmueble, dictada a instancia del interesado, constituye aquella inscripción de la posesión apta para prescribir el bien de manera adquisitiva.
Las peculiaridades y conclusiones antagónicas sustentadas en los asuntos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados que serán materia de análisis son las siguientes:
• Las resoluciones de inmatriculación administrativa origen de los pronunciamientos de ambos tribunales recayeron a sendas solicitudes presentadas por el mismo quejoso, en relación a diversos inmuebles, al amparo de lo dispuesto por el artículo 2897, fracción V, del Código Civil para el Estado de México vigente en mil novecientos noventa y ocho, y dos mil uno, en que se emitieron las resoluciones de inmatriculación administrativa. Se hace tal precisión, en cuanto a la temporalidad, en mérito a que el ordenamiento de que se trata fue abrogado por el Código Civil para el Estado de México publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado el siete de junio del año dos mil dos, del que se hará referencia líneas adelante.
• En los dos casos el titular de la inmatriculación administrativa acudió posteriormente ante la autoridad judicial para obtener la declaración de prescripción del bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 8.56 del Código Civil para el Estado de México, vigente a partir de dos mil dos, que establece:
"Artículo 8.56. Transcurridos cinco años desde la inscripción de posesión, sin que en el registro aparezca algún asiento que la contradiga, tiene derecho el poseedor, a que el Juez declare que se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el registro la inscripción de dominio."
• Una vez que los Jueces de primera instancia decretaron la improcedencia de la prestación exigida, lo cual fue confirmado por las Salas de segundo grado al conocer de la apelación, la Juez de Distrito que conoció de los juicios de amparo promovidos contra esas resoluciones negó la protección constitucional por considerar que dicha inmatriculación administrativa no acredita una posesión idónea para la procedencia de la prescripción.
• Tal decisión fue sometida a la revisión de los Tribunales Colegiados de mérito que para la resolución de sus correspondientes asuntos se apoyaron tanto explícita como implícitamente en disposiciones del referido Código Civil para el Estado de México (abrogado y vigente), así como el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado.
Sin embargo, ambos órganos jurisdiccionales llegaron a conclusiones antagónicas.
El Primer Tribunal Colegiado concluyó, en coincidencia con el fallo de la Juez de Distrito, que la resolución de inmatriculación administrativa presentada por el quejoso como documento base de su acción de prescripción sólo tuvo el efecto de asignar un antecedente al inmueble en el Registro Público de la Propiedad, que no prejuzga sobre derechos de propiedad o posesión a favor del solicitante o de terceros, de modo que esa inscripción sólo constituye un principio de prueba a favor del interesado respecto de la fecha en que comenzó a darse la posesión del bien inmatriculado, pero que por sí solo no es prueba suficiente para demostrar que tiene una posesión apta para prescribir, ya que, para ello, se requería del desahogo de la testimonial con que justificara su posesión en concepto de propietario, de manera pacífica, pública y continua.
En tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado concluyó que no es dable apreciar que la inmatriculación administrativa sólo tiene los efectos de mera inscripción registral de un inmueble, pues a través del registro relativo también se inscribió la posesión del bien, como lo prevé el artículo 8.51 del Código Civil para el Estado de México vigente, cuando alude a que, a través de la inmatriculación, se inscribe la propiedad o posesión de inmuebles que carezcan de antecedentes registrales; aunado a que para solicitar dicha inmatriculación administrativa, conforme al Reglamento del Registro Público de la Propiedad, se deben presentar documentos relacionados con la posesión del inmueble, como los que allegó el peticionario al amparo, lo que corrobora la posición del Colegiado de que lo inscrito por el demandante fue, en efecto, una posesión.
Como se observa, para un Tribunal Colegiado la sola inmatriculación administrativa no acredita la inscripción de una posesión apta para prescribir en términos del artículo 8.56 del Código Civil para el Estado de México; en cambio, para el otro tribunal esa inmatriculación administrativa responde a la inscripción de una posesión que debe ser considerada para la solicitud de usucapión formulada conforme a ese mismo artículo 8.56.
En suma, ante la misma pretensión intentada en cada uno de los casos de los que en última instancia conocieron los Colegiados (prescripción por inmatriculación), en los que se presentó un documento base similar (inmatriculación administrativa), uno de esos órganos jurisdiccionales determinó que esa inscripción no acredita posesión para efectos de procedencia de la prescripción solicitada, en tanto que el otro sostuvo que a través de aquélla sí se inscribe una posesión que debe tomarse en cuenta en la usucapión instada.
De ahí que la presente contradicción se ciña a determinar si a través de la resolución de inmatriculación administrativa de un inmueble, recaída a la solicitud de la parte interesada, se inscribe una posesión apta para prescribir el bien ante la autoridad judicial, o no.
Sin que constituya obstáculo a la conclusión arribada que los Colegiados se hayan apoyado en disposiciones del vigente Código Civil para el Estado de México publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado el siete de junio de dos mil dos, y el abrogado que data de mil novecientos cincuenta y seis; así como del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado, publicado el cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve (posterior a una de las inmatriculaciones de origen), pues como se evidenciará en el estudio de fondo de esta contradicción, en ambos ordenamientos existe coincidencia en la regulación de la institución en comento, por lo que esa diferencia entre la cita de un ordenamiento abrogado y uno vigente, así como uno no aplicable en uno de los casos, no constituye un elemento de relevancia que obstaculice la materialización de la presente contradicción de criterios.
Finalmente, cabe mencionar que es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte resolución aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados no hayan sido plasmados en forma de tesis en que se distinga un rubro, un texto y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, habida cuenta que ni la Ley Fundamental, ni la ordinaria, en alguno de sus preceptos, establecen ese requisito.
Por lo tanto, para avocarse al conocimiento y resolución de la contradicción de tesis basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia, tal como ya lo ha establecido este Alto Tribunal de la Nación en la jurisprudencia definida que a continuación se inserta:
"No. Registro: 189,998
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Para resolver la problemática planteada se considera necesario, en primer término, establecer cuál es la finalidad de la inmatriculación y sus diversas modalidades c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21496-356f3c56/inmatriculacion-administrativa-a-solicitud-de-parte-interesada-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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