COSTAS. DEBEN CUANTIFICARSE CONFORME A LA LEY VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 3423/2000, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Por otra parte, aun cuando los conceptos de violación son inoperantes es menester hacer las siguientes consideraciones: El derecho al pago de costas es un derecho sustantivo que nace en el momento de presentar la demanda correspondiente, esto es, la regulación de costas hecha en cumplimiento de una sentencia que condena a su pago, con posterioridad a la prestación de los servicios correspondientes, no es la que hace nacer la obligación de pago, pues ésta surge al prestarse el servicio (desde que inicia el juicio hasta que termina) y se hace exigible al establecerse la condenación, por lo que la ley reguladora de la cuantía, no tiene relación con la exigibilidad del pago. Esto es, el punto a discusión no es el de saber cuáles son las leyes vigentes en un momento dado, respecto de costas, sino el de cuáles eran las que regían en el momento de prestarse los servicios. De ahí, que si el juicio especial de fianzas tiene el número 84/98, es dable establecer que el mismo se inició en mil novecientos noventa y ocho, cuando se encontraba vigente la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, y la reforma a diversos artículos publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete (artículo 128 en su segundo párrafo). Por lo que la resolución que constituyó el acto reclamado se encuentra debidamente fundada en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que a la letra dice: (se transcribe)."
El Tribunal Colegiado de referencia, al resolver el amparo en revisión 4143/2000, sostuvo esencialmente lo siguiente:
"En ese contexto, este tribunal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se sustituye en el Juez de Distrito y subsana la omisión en que incurrió, y analiza los conceptos de violación y los considera fundados. En su escrito de demanda de amparo, el quejoso, ahora recurrente, alega esencialmente, que el incidente de liquidación de gastos y costas no debió ser aprobado porque se efectuó de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no obstante que se debió formular en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, por ser ésta la que regía al momento en que se adquirió el derecho al pago de costas, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, las controversias deben resolverse aplicando el derecho correspondiente expedido con anterioridad al hecho. La Sala responsable, no obstante que por una parte consideró inatendibles los argumentos que expresó el quejoso al adherirse a la apelación de su contraria, en relación a la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque no formaron parte de la litis de primera instancia, puesto que no expuso nada al respecto al desahogar la vista que se le mandó dar con el incidente planteado por su contraria, precisó que la ley orgánica aplicable al caso particular, era la que se encontraba vigente al momento en que se formuló el incidente, y que fue la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, puesto que las reformas de la misma abordaron el procedimiento en el estadio procesal en que entran en vigor. De lo anterior se advierte, que medularmente la inconformidad expresada por el quejoso, tanto al adherirse a la apelación de su contraria, como en el amparo, radica en que considera que la cuantificación de las costas a que fue condenado debe hacerse en términos del arancel previsto por la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, y no en el previsto por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Lo anterior es fundado. En efecto, al hacerse la condena en costas, se vincula a una de las partes, que generalmente es la parte vencida, a cubrir a la otra las que hubiere erogado, con el fin de indemnizar al vencedor de los gastos que se vio en la necesidad de efectuar por el trámite del procedimiento. Esa condena representa la obligación a cargo de la parte vencida en juicio de cubrir a su contraparte, es decir, al litigante vencedor, los gastos directos, útiles y necesarios en que incurrió para iniciar, tramitar y concluir el juicio, a fin de obtener sentencia favorable; obligación que se crea en la sentencia definitiva y que tiene su origen en la tramitación del procedimiento. En efecto, la sentencia reclamada viola la garantía de irretroactividad de la ley, consagrada por el artículo 14 constitucional, toda vez que el derecho a las costas nació el veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, cuando aún se encontraba vigente la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve, y por tanto, no era aplicable la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos noventa y seis. Ello, porque fue el veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, en que inició el juicio natural, que concluyó con la sentencia definitiva que condenó al quejoso al pago de las costas de ambas instancias. Así, la ley aplicable para determinar las costas causadas no es la vigente al momento de presentarse el incidente, es decir, la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, porque no se trata de una cuestión de carácter procesal. En efecto, el derecho al pago de costas es un derecho sustantivo que nace en el momento de presentar la demanda correspondiente, y no es de carácter procesal. Es de carácter sustantivo, porque representa el derecho que tiene el vencedor en un juicio, de exigir a la parte vencida, que le cubra las erogaciones que tuvo con motivo de las actuaciones y diligencias que hubo de realizar en su prosecución, esto es, que le indemnice en los gastos directos, útiles y necesarios en que incurrió para iniciar, tramitar y concluir el juicio, a fin de obtener sentencia favorable; obligación que se reconoce en la sentencia definitiva y que tiene su origen en la tramitación del procedimiento. Por otra parte, nace al momento en que se presenta la demanda que dio origen al juicio, porque es en ese momento en que queda establecido el valor de lo demandado, y que es la base para fijar por cuánto litigarán las partes, una con el ánimo de que se condene a su contraria al pago de lo reclamado, y la otra, con la finalidad de que se le absuelva de dicho pago. En efecto, el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, previene: (se transcribe). De ahí que es en el momento de presentarse la demanda en que se fija el valor del negocio, el cual es determinante para fijar diversas instituciones jurídicas, entre ellas, las costas que se hayan causado en el juicio, porque conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como en la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para determinar el monto de las costas, éstas se fijarán en función del valor del negocio y, al efecto, se hace una primer distinción entre juicios de cuantía determinada y los de cuantía indeterminada. Esto es, la regulación de costas hecha en cumplimiento de una sentencia que condene a su pago, con posterioridad a la prestación de los servicios correspondientes, no es la que hace nacer la obligación de pago, pues ésta surge al prestarse el servicio (desde que inicia el juicio hasta que termina) y se hace exigible al establecerse la condenación, por lo que la ley reguladora de la cuantía, no tiene relación con la exigibilidad del pago. Luego, las costas deben regularse de conformidad con el arancel vigente en la fecha en que se inició el juicio, en el caso, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve. Luego, si en el caso el derecho a las costas se originaron estando en vigor la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, y se causaron durante la vigencia de la misma, es conforme a dicha ley que deben de calcularse las costas respectivas, y no de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque la misma entró en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos noventa y seis. Idéntico criterio ha sustentado este tribunal, al resolver el amparo en revisión número 3423/2000, promovido por Nacional Monte de Piedad, I.A.P., fallado el ocho de marzo del año dos mil uno. Al no considerarlo de ese modo la Sala responsable, y por el contrario, considerar que sí es aplicable al caso la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, violó en perjuicio del quejoso las garantías de irretroactividad de la ley, y de legalidad y debida fundamentación y motivación, y ello motiva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a efecto de que la Sala responsable deje sin efectos la resolución reclamada dictada el doce de mayo del año dos mil, dentro del toca de apelación número 4687/99/3, y en su lugar dicte (sic) en la que conforme a los lineamientos contenidos en esta ejecutoria, considere que la cuantificación de las costas a que fue condenado el demandado en el juicio natural, ahora quejoso, debe hacerse de conformidad con la ley orgánica vigente en la fecha en que inició el juicio natural, y que es la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve, y sobre esa base resuelva nuevamente sobre los agravios expresados contra la resolución de primera instancia y lo planteado, en su caso, en la adhesión a la apelación."
El criterio antes señalado, dio lugar a la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, agosto de 2001
"Tesis: I.3o.C.233 C
"Página: 1312
"COSTAS, INCIDENTE DE. LA CUANTIFICACIÓN DEBE HACERSE CONFORME A LA LEY VIGENTE, EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA LA DEMANDA DEL JUICIO NATURAL, Y NO CUANDO SE PRESENTA ÉSTE. La ley aplicable para determinar las costas causadas, no es la vigente al momento de presentarse un incidente, porque no se trata de una cuestión de carácter procesal. En efecto, el derecho al pago de costas es un derecho sustantivo que nace en el momento de presentar la demanda correspondiente, y no es de carácter procesal. Es de carácter sustantivo, porque representa el derecho que tiene el vencedor de un juicio, de exigir a la parte vencida que le cubra las erogaciones que tuvo con motivo de las actuaciones y diligencias que hubo de realizar en su prosecución, esto es, que la indemnice en los gastos directos, útiles y necesarios en que incurrió para iniciar, tramitar y concluir el juicio, a fin de obtener sentencia favorable; obligación que se reconoce en la sentencia definitiva y que tiene su origen en la tramitación del procedimiento. Por tanto, nace al momento en que se presenta la demanda que dio origen al juicio, porque en él queda establecido el valor de lo demandado, que es la base para fijar por cuánto litigarán las partes, una con el ánimo de que se condene a su contraria al pago de lo reclamado, y la otra, con la finalidad de que se le absuelva de dicho pago. En consecuencia, las controversias deben resolverse aplicando el derecho correspondiente expedido con anterioridad al hecho.
"Amparo en revisión 3423/2000. Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretaria: Miriam Aidé García González.
"Amparo en revisión 4143/2000. Club España, A.C. 27 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas."
B) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 8442/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"En el segundo agravio el inconforme aduce que el a quo invoca en su resolución, que las costas nacen en el momento en que se dicta la sentencia que condena a su pago; que ese argumento, no es coetáneo ni congruente con las constancias del juicio natural, en razón de que el momento procesal en el que se dictó la sentencia definitiva en el juicio natural y que condenó al pago de costas, lo fue el día treinta de septiembre de dos mil dos, por lo que es a partir de ese momento cuando surgió el derecho del quejoso de regular sus costas; sentencia que fue confirmada, de ahí que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, aplicable para la regulación de las costas, lo es la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, porque es la ley que se encontraba vigente al momento en que fue dictada la sentencia definitiva del juicio de origen; que la condena en costas existió desde la sentencia definitiva dictada en primera instancia, y no cuando se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, expediente número DC. 5206/2003, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado, dado que el juicio de amparo es una instancia diversa al juicio natural, y al cumplimentarse dicha ejecutoria la sentencia de primera instancia fue confirmada; que las costas nacieron desde que se dictó la sentencia de primer grado de fecha treinta de septiembre de dos mil dos, por lo cual la ley aplicable para la regulación de costas es la que estaba vigente al momento en que se dictó la misma, es decir, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de febrero de mil novecientos noventa y seis; que cuando se dictó sentencia de primer grado el día treinta de septiembre de dos mil dos, se condenó al pago de costas, razón por la cual la regulación de las costas debe ser conforme a lo preceptuado por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente en esa fecha, es decir, la que se publicó el día siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, en el Diario Oficial de la Federación. El anterior agravio es infundado. En efecto, para una mejor comprensión del asunto conviene hacer las siguientes precisiones: a) Beatriz Quintero Molina de Estrella y Enrique Estrella Menéndez, demandaron en la vía ordinaria mercantil, de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima (fojas 146 a 152 del juicio de amparo indirecto), las siguientes prestaciones: (se transcribe). b) Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dos, dio contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 158 a 173 del juicio de garantías). c) Seguido el juicio por todas sus etapas legales, el Juez de primera instancia dictó sentencia con fecha treinta de septiembre de dos mil dos (fojas 368 a 378 del juicio de amparo indirecto), cuyos puntos resolutivos son: (se transcribe). d) No conforme con la determinación anterior la parte demandada interpuso recurso de apelación y la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien tocó conocer del recurso dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil tres (fojas 401 a 425 del juicio de amparo indirecto), y los puntos resolutivos dicen: (se transcribe). e) La parte actora promovió incidente de liquidación de costas, con base en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reformada mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinticuatro de abril de dos mil tres (fojas 464 a 477); incidente que se admitió en acuerdo de veintiuno de enero de dos mil cuatro (foja 478 del juicio de garantías). f) La demandada incidentista dio contestación al incidente de liquidación de costas planteado, mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil cuatro (fojas 483 a 493 del juicio de amparo indirecto). g) El Juez de primer grado resolvió el citado incidente de liquidación de costas, con fecha cuatro de marzo de dos mil cuatro (fojas 141 del juicio de amparo indirecto). h) La parte actora no conforme con la citada resolución hizo valer recurso de apelación en su contra y la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil cuatro, confirmó la sentencia interlocutoria de cuatro de marzo de ese año (fojas 129 a 137 del juicio de amparo indirecto) cuyos puntos resolutivos dicen: (se transcribe). De lo anterior se evidencia que Beatriz Quintero Molina de Estrella y Enrique Estrella Menéndez, demandaron en la vía ordinaria mercantil de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, la extinción del crédito concedido por dicha institución bancaria a su favor, en virtud de que no adeudaban cantidad alguna derivada del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, de tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos; así como la cancelación de la inscripción del citado contrato; que por escrito de diecisiete de mayo de dos mil dos, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, contestó la demanda instaurada en su contra; que con fecha treinta de septiembre de dos mil dos, se dictó sentencia en el juicio natural, mediante la cual se declaró extinguido el crédito otorgado por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, a favor de Beatriz Quintero Molina de Estrella y Enrique Estrella Menéndez; asimismo, se determinó que dichas personas no adeudaban cantidad alguna a la institución bancaria mencionada, ordenándose la cancelación de la inscripción del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que consta en la escritura pública número 19,3489 de tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, y se condenó a la parte demandada al pago de los gastos y costas; finalmente, que la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria federal pronunciada por este órgano jurisdiccional el diecinueve de septiembre de dos mil tres, dictó nueva sentencia con fecha veintinueve de ese mes y año (401 a 425), transcribiéndose los puntos resolutivos: (se transcribe). Que la parte actora promovió incidente de liquidación de costas, con base en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reformada mediante decreto publicado el veinticuatro de abril de dos mil tres, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la parte demandada dio contestación al incidente de liquidación de costas planteado en su escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil cuatro; que el Juez de primera instancia con fecha cuatro de marzo de dos mil cuatro, resolvió dicho incidente y determinó no aprobar la plantilla de liquidación formulada; sentencia interlocutoria que fue confirmada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil cuatro. Ahora bien, como acertadamente lo sostiene la autoridad federal, las costas tienen una naturaleza procesal y el derecho a las mismas lo constituye la sentencia en la cual se condena a su pago; por tanto, para su liquidación es aplicable el arancel que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente en la fecha en que se realizó la condena al pago de costas. En el caso concreto la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil tres, pronunciada en el toca 1153/2002-I, por la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, causó ejecutoria por ministerio de ley, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en consecuencia, dicho fallo constituye la verdad legal respecto de la controversia que se dirimió en la segunda instancia, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase; sentencia mediante la cual, entre otras cosas, fue condenada la parte demandada al pago de los gastos y costas de ambas instancias, las que serían cuantificadas en ejecución de sentencia; por lo que es inconcuso que la ley aplicable para regular esas costas lo es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal publicada el veinticuatro de abril de dos mil tres, en virtud de que la ley invocada estaba vigente en la fecha en que se dictó la aludida sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil tres, como correctamente lo determinó el Juez de Distrito; además cabe señalar que la sentencia de primer grado de treinta de septiembre de dos mil dos, quedó sustituida en cuanto a sus efectos al dictarse la sentencia de segunda instancia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil tres, la cual, como ha quedado puntualizado en esta ejecutoria, tiene el carácter de autoridad de cosa juzgada. Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Quinta Época, 1995, Tomo IV, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 190, que dice: ‘COSTAS, CONVENIOS SOBRE LAS.’ (se transcribe). También resulta aplicable la tesis que invoca la autoridad federal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 202, cuyo texto y voz dicen: ‘COSTAS. NO ES IMPERATIVA LA NARRACIÓN DE HECHOS EN LA DEMANDA RESPECTO A SU PAGO.’ (se transcribe). Consecuencia de lo razonado procede desestimar por inatendibles los argumentos vertidos en el sentido de que se aplicó erróneamente el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha veinticuatro de abril de dos mil tres, porque en el caso la ley aplicable lo es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente a la fecha de la presentación de la demanda del juicio natural; que el pago de costas nace desde el momento que el quejoso promovió su demanda del juicio de origen, ya que desde ese momento hizo uso del derecho procesal, porque la acción que ejercita un gobernado ante una autoridad jurisdiccional, en la vía y forma que corresponda, se hace con base a un derecho procesal, y el gobernado, al instar la actividad jurisdiccional mediante la presentación de la demanda, en la que reclama el pago de costas, es en ese momento cuando surge su derecho para reclamar sus costas, porque él hace uso de ese derecho procesal desde el momento que reclama su pago y no en el momento en que obtiene sentencia favorable; que el quejoso entabló su demanda del juicio natural, el veinticuatro de abril de dos mil uno, y es a partir de ese momento cuando hizo ejercicio de ese derecho procesal y a partir de ese momento surgió su derecho procesal al cobro de costas, independientemente de que en la sentencia definitiva obtuviera a su favor el cobro o no de costas, ya que al emitirse la misma ahí se determina si la actora tenía o no derecho a reclamar las costas; que para el caso de que el quejoso no hubiese demandado el pago de costas dentro del juicio natural, y que en la sentencia definitiva se hiciera la condena al pago de costas, sería a partir de ese momento cuando nacería el derecho al cobro de costas; sin embargo, del juicio de origen se desprende que el quejoso desde el día en que entabló su demanda (veinticuatro de abril de dos mil uno), demandó el pago de costas, por lo que desde ese momento ejerció su derecho al pago de las mismas, y la sentencia definitiva en su caso únicamente se ocupó de declarar procedente su reclamo. En efecto, tales argumentos devienen inatendibles debido a que la recurrente los hace derivar de cuestiones que ya fueron resueltas en esta ejecutoria y declaradas infundadas."
Lo anterior, originó la emisión de la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, febrero de 2005
"Tesis: I.2o.C.32 C
"Página: 1666
"COSTAS. PARA SU LIQUIDACIÓN ES APLICABLE LA LEY VIGENTE AL DICTARSE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA. Las costas tienen una naturaleza procesal y el derecho a las mismas surge al dictarse la sentencia definitiva de segunda instancia, la cual causa ejecutoria por ministerio de ley; por tanto, para su liquidación en ejecución de sentencia es aplicable la ley vigente en dicha fecha.
"Amparo en revisión 8442/2004. Banco Nacional de México, S.A. 28 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretaria: Amelia Córdova Díaz."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Analizadas las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo el criterio de que la ley aplicable para determinar las costas causadas, no es al momento de presentarse el incidente respectivo, porque no se trata de una cuestión de carácter procesal, en razón de que el derecho de pago de costas es un derecho sustantivo que nace desde el momento de presentar la demanda correspondiente.
Expone dicho Tribunal Colegiado, que la ley aplicable para determinar las costas causadas, no es la vigente al momento de presentarse el incidente, porque no se trata de una cuestión de carácter procesal.
Que el derecho al pago de costas es un derecho sustantivo que nace en el momento de presentar la demanda c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19238-484d7726/costas-deben-cuantificarse-conforme-a-la-ley-vigente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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