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Modo: Corpus Pro

COSTAS. LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SU LIQUIDACIÓN EN LA ETAPA EJECUTIVA DE UN JUICIO SUMARIO ES RECURRIBLE A TRAVÉS DE LA QUEJA Y, POR TANTO, DEBE INTERPONERSE ÉSTA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 1995).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 138.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Posturas contendientes.

1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver el doce de mayo de dos mil cinco el amparo en revisión 154/2005, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios expuestos son fundados para revocar la sentencia recurrida.

"Lo son, pues en éstos la institución de crédito recurrente sostiene, básicamente, que en la especie es errónea (sic) las consideraciones del Juez Federal que estimaron que la agraviada debió interponer el recurso de revocación contra el acto reclamado, para efectos de estimar que se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de garantías; lo cual, sostiene, es erróneo, pues el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad (vigente al momento de interponerse el juicio natural) establece que las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que la haya dictado (sic) y dado que tampoco podía ser materia del diverso recurso de apelación, en atención a que el juicio original es sumario y el acto reclamado no se encuentra dentro de las resoluciones mencionadas en el artículo 639 del mencionado código procesal, es obvio que en su contra no procedía recurso alguno.

"Para fundar y motivar debidamente el calificativo otorgado al anterior agravio, resulta pertinente transcribir el contenido de los artículos 76, 422, 423 y 639 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, anterior a las reformas realizadas por Decreto 15766, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que dicen:

"‘Artículo 76. Las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Decisiones sobre materia que no sea de puro trámite y entonces se llamarán autos, debiendo contener los fundamentos legales en que se apoyen; y III. Sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. Todas las resoluciones pronunciadas por los Jueces o Magistrados serán autorizadas con su firma entera y la de los secretarios.’

"‘Artículo 422. Las sentencias no podrán revocarse por el Juez o tribunal que las dicte.’

"‘Artículo 423. Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado.’

"‘Artículo 639. En estos juicios sólo será admisible la apelación, cuando el interés del negocio exceda del importe de cuarenta días de salario mínimo y se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad. En ambos casos, la apelación se admitirá en efecto devolutivo.’

"Del análisis sistemático de los tres primeros preceptos transcritos, podemos colegir que el recurso de revocación solamente procede contra resoluciones, distintas de las sentencias, que no fueren apelables. Por tanto, cualquier sentencia, ya sea interlocutoria o definitiva, no puede ser materia del mencionado medio ordinario de defensa.

"La anterior conclusión encuentra sustento en dos consideraciones torales:

"La primera, que el Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, en su artículo 76, estableció los tipos de resoluciones judiciales que pueden dictarse en un procedimiento judicial, mismas que enunció y definió en las tres fracciones que lo componen: 1. Decretos; 2. Autos; y, 3. Sentencias (definitivas e interlocutorias).

"La segunda, que para poder establecer correctamente el alcance del artículo 423, antes transcrito -y, por ende, los supuestos en que procede el recurso que prevé-; éste no puede analizarse desvinculado de la norma establecida en el numeral que le precede en su orden.

"En efecto, el hecho de que el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, prohíba expresamente a los Jueces y tribunales revocar las sentencias que dicten, no solamente consagró el principio de seguridad jurídica que tal disposición implica en sí misma, sino que estableció una norma específica que regula la procedencia del recurso de revocación; pues al precisarse en el precepto que le sigue (423): ‘Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas ...’, es claro que este último numeral al referirse ‘a las demás resoluciones’ alude a los decretos y autos, ya que previamente (en el artículo 422), el legislador había establecido la prohibición de que los Jueces o tribunales revocaran sus propias sentencias.

"Así, como se apuntó, es claro que el recurso de revocación que prevé el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, anterior a las reformas realizadas por Decreto 15766, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, solamente procede contra resoluciones, distintas de las sentencias, que no fueren apelables, y contra las cuales, desde luego, el propio legislador no haya establecido su irrecurribilidad.

"Así, de la simple lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez Federal estimó que en el juicio se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, básicamente, porque:

"‘... la interlocutoria que decida sobre liquidación de costas admite en su contra un medio ordinario de defensa, consistente en el recurso de revocación establecido por el artículo 423 del propio ordenamiento; medio ordinario de defensa que no fue promovido por el quejoso antes de acudir al amparo, según se puede constatar de las copias certificadas del juicio de origen.’

"Sin embargo, tal como lo indicó el recurrente en sus agravios, el Juez de Distrito no advirtió que la resolución que recae al incidente de liquidación de gastos y costas, previsto en el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, en términos de lo establecido en el artículo 76 del código en consulta, es una sentencia interlocutoria, contra la que si bien se establece su recurribilidad, en el primero de los numerales citados, en el presente caso no puede ser apelada por no estar comprendida dentro de las hipótesis que regula el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad. Y dado que tampoco puede ser materia del recurso de revocación por las consideraciones antes apuntadas, es claro que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.

"No es óbice a lo anterior el hecho de que el Juez de Distrito haya fundado el sentido del fallo que se revisa, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que aparece publicada en el Tomo VII, junio de 1998, página 463, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘COSTAS. RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS REGULA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe).

"Pues dicho criterio, aun cuando establece la procedencia del recurso de revocación contra la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de gastos y costas, no resulta de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos de lo indicado en el artículo 193 de la Ley de Amparo; por lo cual, dado que el mencionado criterio riñe con el establecido en la presente resolución, en términos de lo establecido en el numeral 196, fracción III, de la ley en comento, denúnciese la contradicción de tesis respectiva y remítanse los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción."

2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. La postura sostenida por este tribunal debe derivarse, prima facie, de lo resuelto en los amparos en revisión 354/89, 270/89, 647/93, 661/94, 887/97, 7/2001, 308/2003 y 223/2004. Sin embargo, de la lectura integral de tales ejecutorias se desprende que las correspondientes a los amparos 7/2001 y 223/2004 se basan en las previsiones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con posterioridad a la reforma que entró en vigor el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, razón por la cual, de conformidad con lo que sostendremos en el siguiente considerando, no serán tomadas en cuenta con posterioridad.

El criterio establecido en las ejecutorias restantes puede desprenderse, por ejemplo, de la correspondiente al amparo en revisión 354/89 que, en lo que interesa, dice así:

"III. Los agravios que expresa la recurrente María Aurelia Guadalupe Sánchez de Amézcua son infundados en parte e inoperantes en otra.

"En efecto, contrario a lo que sostiene la promovente del recurso, la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, porque, para sobreseer en el juicio, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco invocó los artículos 145 y 591 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 73, fracción XIII y último párrafo, así como el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y las tesis jurisprudenciales números 158 y 244, visibles, respectivamente, en las páginas 262 y 415, Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo las voces: ‘IMPROCEDENCIA.’ y ‘RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.’, y concluyó considerando que el juicio de garantías es improcedente porque no se satisfizo el requisito de definitividad, pues la quejosa no agotó el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada. Consecuentemente, con independencia de que los preceptos legales que citó, sean aplicables, y las consideraciones que hizo en torno a ellos, estén o no ajustadas a derecho, lo cierto es que, como se destacó, la fundamentación y motivación del fallo recurrido, sí existen.

"Por otra parte, la inconforme combate la sentencia que sobresee en el juicio, porque aduce que contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia no cabe otro recurso que el de responsabilidad, por tanto, no estaba obligada a agotar la apelación en contra de la interlocutoria que resuelve sobre la planilla de liquidación de gastos y costas.

"Al respecto, cabe decir que dicho concepto de violación es infundado, porque el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se refiere al procedimiento para cuantificar las prestaciones a que condenó la sentencia, que no sean líquidas; hipótesis en la cual no se encuentra comprendido el incidente de regulación de gastos y costas, toda vez que al tratarse esta cuestión, el propio código procesal invocado establece normas específicas en el capítulo VII del título segundo, en que se encuentra el artículo 145, que establece que las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y que se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día; de esta decisión se admitirán los recursos que procedieren según la cantidad que importe la total regulación; disposición que es aplicable a este caso específico, según la cual, la interlocutoria combatida admite el recurso de apelación, porque causa un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva, ya que ésta fue dictada con antelación y, por otra parte, dicho fallo también admite ese recurso; en otro aspecto, el artículo 420, fracción I, determina que causan ejecutoria las sentencias pronunciadas en juicios cuyo interés no excede de mil pesos, y el numeral 436 de la ley en cita, dispone que salvo los casos expresamente exceptuados en el mismo código procesal, las sentencias son apelables en ambos efectos cuando el interés del negocio exceda de doscientos pesos. De esta forma, el artículo 145 en cita lleva a la conclusión de que si la cuantía lo permite, el recurso de apelación sí procede, como acontece en el caso a estudio, en el cual la cuantía asciende a cuatro millones quinientos veintiún mil novecientos cincuenta y cuatro pesos, ochenta centavos.

"Por otro lado, de las constancias del juicio natural se deduce que la interlocutoria que decide el incidente de regulación de gastos y costas, combatida mediante este juicio constitucional no fue impugnada a través del recurso de apelación; entonces, es indudable que la resolución pronunciada por el Juez de Distrito, en la que sobreseyó en este juicio, se encuentra ajustada a derecho, pues no se cumplió con el principio de definitividad, razón por la cual el agravio de mérito es infundado."

Resulta clarificador transcribir, además, lo sentado por el Primer Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 887/97:

"III. Los anteriores agravios son jurídicamente ineficaces, y además este Tribunal Colegiado advierte que opera en la especie una causa de improcedencia, la cual en términos de lo que previene el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, deberá examinarse de oficio, como en su oportunidad se verá.

"En principio, debe precisarse, que el acto reclamado es la interlocutoria de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, pronunciada por el Juez Primero de lo Civil en esta ciudad, en el incidente de liquidación complementaria de intereses moratorios, gastos y costas en ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio civil sumario 1098/94 (fojas 460 a 464 del juicio de amparo); juicio éste que se siguió por el ahora recurrente en contra de Nicolasa García Ramírez y Raúl Campos García. Esto es, mediante la interlocutoria reclamada se decidió tanto la liquidación de sentencia como la liquidación de gastos y costas.

"Procede destacar asimismo, que por lo general no existe impedimento legal para ventilar en un solo incidente la liquidación de prestaciones cuya procedencia fue dilucidada en un mismo juicio, liquidación de sentencia y, liquidación de gastos y costas. Empero, no debe perderse de vista, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, anterior a su última reforma, la interlocutoria que decide la liquidación de sentencia propiamente dicha, no admite más recurso que el de responsabilidad (regulado por los artículos 469 a 476 del propio código); que no es propiamente un recurso pues no tiene el efecto de revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida; en tanto que la interlocutoria que decide sobre liquidación de costas, admite recurso ordinario en términos del artículo 145 del código procesal en cita. Lo cual significa, que la resolución que en el caso se dicte, será impugnable en amparo en cuanto resuelva la liquidación de sentencia, y mediante el recurso de revocación, en tanto resuelva sobre la liquidación de gastos y costas; pues se repite, tienen distinta forma de impugnación, mas no de tramitación. Así lo sostuvo este tribunal al resolver la revisión principal 624/94, en sesión de catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, al considerar, en lo que interesa, textualmente que:

"‘... No deja de advertirse además, que la interlocutoria que decide la liquidación de sentencia propiamente dicha, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, no admite más recurso que el de responsabilidad (regulado por los artículos 469 a 476 del propio código), que no es propiamente un recurso, pues no tiene el efecto de revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida; en tanto que la interlocutoria que decide sobre liquidación de costas, admite recurso ordinario, en términos del artículo 145 del código procesal en cita. Empero, tal circunstancia sólo significa, que la resolución que en el caso se dicte, será impugnable en amparo en cuanto resuelva la liquidación de sentencia, y mediante el recurso de revocación, en tanto resuelva sobre la liquidación de gastos y costas; mas no, que tales liquidaciones deban tramitarse necesariamente por separado, pues se repite, tienen distinta forma de impugnación, mas no de tramitación; y por otra parte, no existe razón legal para ventilar por separado, la liquidación de prestaciones cuya procedencia fue dilucidada en un mismo juicio ...’

"Sentado lo anterior, procede determinar que es inatendible el reclamo que el ahora recurrente hace contra la sentencia que le negó el amparo, respecto de las cuestiones atinentes a la liquidación de sentencia, pues basta la lectura del escrito de agravios formulados por el inconforme (fojas 2 a 6), para colegir, que no enderezó motivo de inconformidad alguno en contra de las consideraciones del Juez Federal que sustentaron la negativa del amparo en ese aspecto; ya que sólo se limitó a impugnar las consideraciones atinentes a la liquidación de gastos y costas. De ahí, que por falta de agravio expreso en su contra, procede confirmar la negativa del amparo respecto de la interlocutoria reclamada, exclusivamente en cuanto resuelve cuestiones que atañen a la liquidación de sentencia.

"En cambio, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que, por lo que ve a la liquidación de gastos y costas, el juicio de amparo deviene improcedente. En efecto, como ya se vio, al tenor de lo establecido por el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, la interlocutoria que decida sobre liquidación de costas admite en su contra un medio ordinario de defensa, consistente en el recurso de revocación establecido por el artículo 423 del propio ordenamiento. Medio ordinario de defensa que por cierto, no fue promovido por el quejoso antes de acudir al amparo según se puede constatar de la lectura acuciosa de las copias certificadas del juicio de origen, aportadas al juicio de garantías tanto por el quejoso (fojas 11 a 195 del juicio de amparo), como por el Juez responsable en vía de informe justificado (fojas 222 a 468 del propio juicio).

"En ese orden de ideas, es incuestionable que el quejoso dejó de interponer el medio ordinario de defensa procedente y con ello desacató el principio de definitividad establecido por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; lo cual hace improcedente el juicio contra la interlocutoria reclamada, en el aspecto relativo a la liquidación de costas, y procedente su sobreseimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la propia ley. Al no considerarlo así el Juez Federal, actuó incorrectamente y, por ello, procede revocar la negativa del amparo en ese aspecto, y sobreseer en el juicio por lo que ve al reclamo de la liquidación de gastos y costas. Cobra aplicación al caso, por las razones que la informan, la tesis sustentada por este tribunal al resolver las revisiones principales 354/89, 270/89, 647/93 y 661/94, en sesiones de diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, seis de abril de mil novecientos noventa, veintiuno de abril y treinta de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, cuyo sumario, a la letra, dice:

"‘COSTAS. RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS REGULA. El artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, conforme al cual sólo cabe el recurso de responsabilidad contra la resolución aprobatoria de la liquidación de sentencia, no es aplicable a la interlocutoria que regula las costas, pues ésta se encuentra reglamentada específicamente por el artículo 145 del propio ordenamiento, de acuerdo con el cual admite los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y la cantidad que importe la regulación total. Luego, si se toma en cuenta que únicamente la procedencia del recurso de apelación se encuentra supeditada, entre otros aspectos, a cuantías, como se desprende de los artículos 420, fracción I, y 436 del enjuiciamiento civil jalisciense, es incuestionable que la regulación de las costas por el Juez es apelable si se satisfacen los requisitos legales exigidos al efecto.’."

Finalmente, es necesario transcribir parte de lo resuelto en el amparo en revisión 308/2003, que refleja un criterio sostenido más recientemente por el Tribunal Colegiado que nos ocupa:

"IV. Los agravios expuestos por el recurrente son fundados y suficientes para revocar el fallo impugnado.

"Asiste razón al inconforme cuando afirma que son ilegales las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para desestimar la causal de improcedencia que invocó en el juicio de garantías, toda vez que para ello el a quo federal sostuvo que la interlocutoria que resuelve la liquidación de gastos y costas no admite recurso alguno de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, a pesar de que tal dispositivo no es aplicable a la interlocutoria que liquida las costas del juicio.

"En principio, cabe precisar que la legislación aplicable al caso es la ley adjetiva civil local, vigente hasta antes de la reforma que entró en vigor a partir del primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, toda vez que el artículo segundo transitorio del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en vigor establece textualmente lo siguiente: ‘Los procedimientos iniciados de acuerdo a los ordenamientos cuyas modificaciones se proponen continuarán conforme a los preceptos que se derogan.’, luego, como el juicio del que se origina el acto reclamado inició en octubre de mil novecientos noventa y uno, es evidente que se debe estar a lo dispuesto por la ley adjetiva civil local vigente hasta antes de su última reforma.

"Luego, tenemos que si bien es cierto que el artículo 490 de la ley procesal civil antes referida establece textualmente que: ‘Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se le dará vista por tres días a la demandada. Si ésta nada expone dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación, mas si manifestare inconformidad, se dará vista de las razones que alegue, a la promovente por tres días y de lo que se replique por otros tres, al deudor. Dentro de igual término el Juez fallará lo que estime justo sin que contra su resolución proceda más recurso que el de responsabilidad.’, no menos cierto es que tal dispositivo contempla la regla general para la liquidación de sentencia, pero cuando se trata de liquidar las costas del juicio, el artículo 145 de esa misma legislación dispone lo siguiente: ‘Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día. De esta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importe la total regulación.’

"Por ende, es falso que la interlocutoria que resuelve la liquidación de costas sea irrecurrible por disposición expresa de la ley.

"Como apoyo se invoca, por ser de exacta aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por este tribunal federal, que puede ser consultada en la página 463 del Tomo VII, junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: VII, junio de 1998

"‘Tesis: III.1o.C. J/18

"‘Página: 463

"‘COSTAS. RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS REGULA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme al cual sólo cabe el recurso de responsabilidad contra la resolución aprobatoria de la liquidación de sentencia, no es aplicable a la interlocutoria que regula las costas, pues ésta se encuentra reglamentada específicamente por el artículo 145 del propio ordenamiento, de acuerdo con el cual «admite los recursos que procedieren», según la instancia en que se encontrare el juicio y la cantidad que importe la regulación total. En consecuencia, si se toma en consideración que la procedencia del recurso de apelación se encuentra supeditada, entre otros aspectos, a cuantías, como se desprende de los artículos 420, fracción I, y 436 del mencionado enjuiciamiento civil jalisciense, es incuestionable que la regulación de las costas por el Juez es tanto apelable, si se satisfacen los requisitos legales exigidos al efecto, como revocable, conforme al artículo 423 del propio ordenamiento, preceptos algunos de los cuales estuvieron vigentes hasta el 28 de febrero de 1995, pero que resultan aplicables a los procedimientos iniciados con anterioridad a esa fecha, de acuerdo con lo que dispone el artículo segundo transitorio del Decreto 15766, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», el 31 de diciembre de 1994.’

"Bajo esa tesitura, es evidente que la interlocutoria que se señaló como acto reclamado en el juicio de amparo sí admite recurso en contra, el cual, de acuerdo con una nueva reflexión del asunto, se considera que es el de queja, conforme a la ley adjetiva civil local vigente al momento en que inició el juicio que dio origen a dicha interlocutoria, previsto en la fracción II del artículo 463 de dicha legislación, la cual a la letra dice: ‘El recurso de queja procederá: ... II. Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia.’, toda vez que tal resolución no es irrecurrible por disposición expresa de la ley y se trata de una interlocutoria dictada en el periodo de ejecución de sentencia, precisamente para liquidar las costas a las que fue condenado el ahora recurrente, y porque el artículo 501 de esa misma legislación dispone: ‘Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá más recurso que el de responsabilidad. Si se tratare de interlocutoria, será procedente la queja ante el superior.’; luego, como la parte quejosa no interpuso tal recurso contra la interlocutoria que señaló como acto reclamado en el juicio de garantías, es evidente que incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual origina el sobreseimiento del juicio conforme lo dispone la fracción III del numeral 74 de la legislación antes referida.

"Así las cosas, lo procedente será modificar la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito ‘B’ en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 218/2003-I-B, en la que concedió el amparo solicitado, y en su lugar sobreseer en el juicio de garantías."

De los amparos en revisión 354/89, 270/89, 647/93, 661/94 y 887/97 derivó la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, junio de 1998

"Tesis: III.1o.C. J/18

"Página: 463

"COSTAS. RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS REGULA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme al cual sólo cabe el recurso de responsabilidad contra la resolución aprobatoria de la liquidación de sentencia, no es aplicable a la interlocutoria que regula las costas, pues ésta se encuentra reglamentada específicamente por el artículo 145 del propio ordenamiento, de acuerdo con el cual ‘admite los recursos que procedieren’, según la instancia en que se encontrare el juicio y la cantidad que importe la regulación total. En consecuencia, si se toma en consideración que la procedencia del recurso de apelación se encuentra supeditada, entre otros aspectos, a cuantías, como se desprende de los artículos 420, fracción I, y 436 del mencionado enjuiciamiento civil jalisciense, es incuestionable que la regulación de las costas por el Juez es tanto apelable, si se satisfacen los requisitos legales exigidos al efecto, como revocable, conforme al artículo 423 del propio ordenamiento, preceptos algunos de los cuales estuvieron vigentes hasta el 28 de febrero de 1995, pero que resultan aplicables a los procedimientos iniciados con anterioridad a esa fecha, de acuerdo con lo que dispone el artículo segundo transitorio del Decreto 15766, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el 31 de diciembre de 1994."

CUARTO. Procedencia. En primer lugar, debe precisarse que como ha sostenido en reiteradas ocasiones esta Suprema Corte,(3) no es obstáculo para la procedencia de entrar al estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito haya realizado un único pronunciamiento sobre el tema controvertido, sin emitir tesis, mientras que el primer tribunal cuenta con una tesis jurisprudencial sobre el mismo, además de otro pronunciamiento contenido del que tampoco se derivó tesis.

En segundo lugar, hay que señalar que tampoco es obstáculo para la procedencia del análisis el hecho de que la ejecutoria del Segundo Tribunal señale específicamente que el criterio sentado se circunscribe a casos que provengan de juicios de naturaleza sumaria, mientras que el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito mantiene un criterio que rige también para aquellos que provengan de juicios ordinarios. Esta diferencia será relevante, como veremos, para determinar el ámbito de la posible contradicción y el ámbito de la eventual resolución unificadora a emitir por esta Primera Sala, pero no repercute negativamente en su procedencia.

En tercer lugar, debemos precisar que el ámbito temporal sobre el que se proyectan los criterios cuya contradicción se denuncia,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19172-6a36cd55/costas-la-interlocutoria-que-resuelve-el-incidente-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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