LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en relación con la materia civil que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
En este sentido, tiene aplicación la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que a continuación se indican:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 1a./J. 129/2004
"Página: 93
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
CUARTO. En primer lugar, deben determinarse cuáles son los requisitos para la existencia de contradicción de criterios.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, es necesaria la existencia de cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos, en los que se analice la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En este sentido, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", visible en el Tomo XIII, abril de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 76, Pleno, Novena Época.
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 584/2005, en sesión de treinta de agosto de dos mil cinco, sostuvo lo siguiente:
Como antecedentes del caso se tiene que María Moreno Gutiérrez, reclamó de Oyuki Hernández Reyes, como albacea de la sucesión testamentaria de Juan Moreno Gutiérrez, y de la Notaría Pública Número 2 del Distrito Judicial de Tenango del Valle, actualmente Notaría Pública Número 48 del Estado de México, la nulidad del testamento que aparece otorgado por el señor Juan Moreno de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, mismo que fue pasado ante la fe de la licenciada Hilda Leticia Paniagua Hernández, quien fungía como notaria pública interina número 2, y del patrimonio inmueble federal de la referida entidad.
Al resolver, el Juez del conocimiento declaró nulo tanto el testamento público abierto, como todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario; inconforme con tal determinación Oyuki Hernández Reyes interpuso recurso de apelación; la Sala a la que tocó conocer del asunto revocó la sentencia impugnada por no haberse integrado debidamente el litisconsorcio pasivo necesario en favor de la entonces notaria pública interina número 2, Hilda Leticia Paniagua Hernández, y sin entrar al fondo del asunto dejó sin efectos la sentencia del a quo y determinó dejar a salvo los derechos de las partes contendientes para que los hicieran valer en la vía y forma que estimaran procedentes.
En ese estado de cosas, María Moreno Gutiérrez promovió juicio de amparo directo 584/2005 en contra de tal resolución, asunto del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mismo que al resolver consideró esencialmente:
a) Que como en el caso se reclama la nulidad del acto por vicios formales del otorgamiento de la escritura en la que intervino la notaria pública interina, de proceder la acción habría necesidad de hacer la anotación respectiva en el mencionado documento, y esto traería aparejada responsabilidad administrativa y penal (por conducta dolosa o culposa), por lo que consideró necesario el emplazamiento a juicio de la notaria pública interina para que acudiera en defensa de sus intereses.
b) Que como consecuencia de lo anterior, en el caso consideró actualizada la existencia de la figura jurídica de litisconsorcio pasivo necesario en favor de Hilda Leticia Paniagua Hernández, quien en su carácter de notaria pública interina tiró el instrumento que se ataca de nulo.
c) Que fue correcto que la Sala responsable dejara a salvo los derechos de las partes contendientes para que los hicieran valer en la vía y forma que estimaran procedentes.
d) Que la falta de llamamiento a juicio de una persona que le pudiera deparar perjuicio la resolución que se llegare a emitir, es una violación procesal que debe analizarse de oficio, pero deben reservarse los derechos de las partes, pues no está facultada para ordenar reponer el procedimiento.
e) Que no debe revocarse la sentencia para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, y tampoco debe estimarse que el tribunal de alzada debe sustituir al a quo a fin de subsanar dicha violación, pues su función es revisora, por lo que resulta improcedente que en la apelación se analicen violaciones procesales planteadas en los agravios, siendo lo procedente dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que estimen procedentes.
Derivado de las anteriores consideraciones, sostuvo el siguiente criterio:
"LITISCONSORCIO NECESARIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, NO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR, DE MANERA OFICIOSA, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DEL (ARTÍCULOS 1.88 Y 1.366 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). La Primera Sala de nuestro Máximo Órgano de Justicia en la tesis 1a./J. 8/2001, de rubro: ‘APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).’, estima que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado. Su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en la resolución apelada, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio. Al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, ni puede estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, si bien el artículo 1.88 del código adjetivo civil del Estado de México en vigor establece que el Juez al examinar la demanda o reconvención prevendrá al actor para que la amplíe contra las personas que formen el litisconsorcio necesario, esa obligación es para el Juez de primera instancia, no para el tribunal de alzada, precisamente, porque, como lo ha considerado la Primera Sala, su función es revisora y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.366 del código procesal civil vigente, cuyo texto es similar al artículo 423 del código procesal civil abrogado, el tribunal de alzada está facultado para revocar o modificar la resolución que se impugne, en los puntos relativos a los agravios, y que de no prosperar motivarán su confirmación; pero de ninguna manera, se le faculta para ordenar reponer el procedimiento natural. En tal virtud, si la alzada de manera oficiosa advierte la existencia de un litisconsorcio necesario, deberán dejarse a salvo los derechos de las partes, para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda."
Esta tesis fue publicada en la página 2410, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, tesis II.4o.C.24 C.
En discrepancia con lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver en sesión de siete de septiembre de dos mil cuatro el amparo directo 540/2004, promovido por Marco Antonio Aguilar Pérez en el que tuvo en cuenta los antecedentes del asunto y formuló las consideraciones siguientes:
Que Marco Antonio Aguilar Pérez demandó en juicio ordinario civil como acción principal la plenaria de posesión, en contra de Luis Pérez Maldonado, quien reconvino la nulidad absoluta de un juicio de usucapión; seguidos los trámites de ley, el a quo dictó sentencia en la que declaró procedente la vía utilizada por la parte actora para la tramitación del juicio, y se resolvió que era mejor derecho de la actora para poseer el inmueble materia del litigio, se condenó a la desocupación del inmueble y se consideró que el señor Pérez Maldonado no probó los elementos de su reconvención.
Inconforme con tal determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación en el que se resolvió revocar la sentencia definitiva recurrida (ante la actualización del litisconsorcio pasivo necesario) pues no se llamó a juicio a Catalina Santos Morales o a su sucesión, parte demandada en el juicio de usucapión, por haber intervenido en el contrato de compraventa del que se demandó su nulidad, y se dejaron a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía y forma que estimaran conveniente.
Las consideraciones de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, esencialmente son las siguientes:
1) Que la Sala responsable actuó correctamente al analizar el litisconsorcio pasivo necesario, pues estaba obligada a estudiarlo por disposición del artículo 1.87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
2) Que se equivoca el quejoso en relación con que cuando se reconviene la nulidad de un acto jurídico, esta situación no impide el pronunciamiento del fondo sobre la acción principal; para ello el quejoso se funda en una jurisprudencia que se emitió, basada en una norma que quedó derogada, además de que en la norma vigente (artículo 1.87 de la citada ley procesal), obliga a la autoridad al estudio oficioso del litisconsorcio pasivo necesario y, por tanto, corresponde la razón a la autoridad responsable por no haberse ocupado del fondo del asunto al advertir que se actualizó dicha figura jurídica.
3) Que por haberse reconvenido la nulidad del contrato privado de compraventa celebrado entre el actor en el juicio natural y Catalina Santos Morales cuya nulidad fue pedida por un tercero ajeno al juicio, trae como consecuencia que la vendedora deba ser llamada a éste en relación con el acto jurídico en el que participó.
Lo anterior es así, porque la creación de un nuevo estado jurídico podría depararle perjuicio y, por ende, consideró el Tribunal Colegiado que no se integró el litisconsorcio pasivo necesario, pues entre los elementos a analizar en la vía plenaria de posesión se encuentra el justo título, por lo que al reconvenirse, de manera previa, era necesario el estudio de la nulidad del contrato con el que se pretendió justificar la propiedad.
Por ello, en suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, en beneficio de quienes intervinieron en la litis natural e incluso del litisconsorte no llamado a juicio, determinó la reposición del procedimiento.
4) Que la figura del litisconsorcio en las variantes activo o pasivo, implica que es obligatorio que se llame a juicio a todas las partes para que exista una sentencia válida y que el Juez debe estudiarlo de oficio, pues la intención del legislador fue la de permitir la integración de la relación jurídico procesal a fin de que fueran escuchados todos los litisconsortes.
Entonces, argumentó dicho tribunal que el examen oficioso de esa institución no está limitado a la primera instancia, sino que también puede realizarse en la alzada y si el Juez incumple con esta carga procesal, en observancia del dispositivo que contempla la citada obligación de procurar la integración de la relación jurídico procesal, debe reponerse el procedimiento para que se cumpla con ese requisito formal y se llame al litisconsorte omitido.
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la formación de la tesis cuyos rubro, texto y datos de localización, son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, febrero de 2005
"Tesis: II.3o.C.64 C
"Página: 1714
"LITISCONSORCIO. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESTÁ OBLIGADO A PREVENIR AL ACTOR O DEMANDADO PARA QUE AMPLÍEN SU DEMANDA Y CONTESTACIÓN A FIN DE QUE TODOS LOS LITISCONSORTES SEAN ESCUCHADOS, Y DE QUEDAR INSATISFECHA DICHA CARGA PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA OFICIOSAMENTE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE CUMPLA CON ESE REQUISITO FORMAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La interpretación gramatical y lógica relacionada de los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México permite establecer que la figura del litisconsorcio necesario, en las variantes activo o pasivo, implica que las cuestiones materia de la litis involucran a varios sujetos con intereses legítimos y que debido a la vinculación de los derechos controvertidos, es obligatorio que se les llame al juicio para que exista una sentencia válida para todos; figura jurídica que el Juez debe estudiar de oficio, pues la intención del legislador fue la de permitir la integración de la relación jurídico-procesal, a fin de que fueran escuchados todos los litisconsortes, en razón de lo cual, se entiende que el Juez debe prevenir al actor para que amplíe su demanda y el cumplimiento de esa obligación no debe quedar insatisfecho, de tal suerte que el examen oficioso de esa institución no está limitado a la primera instancia, sino que también puede realizarse por el tribunal de alzada, y si el Juez incumple con esta obligación original, al advertirlo la Sala responsable, en observancia al dispositivo que contempla la citada obligación de procurar la integración de la relación jurídico-procesal, debe ordenar reponer el procedimiento para que se cumpla con ese requisito formal, porque esa violación si bien es de carácter procesal cuyo estudio no le es permitido por la ley adjetiva civil, empero, sí deriva del examen oficioso de un presupuesto básico para que pueda resolverse el fondo de la controversia, es decir, del litisconsorcio necesario, que también tiene implicaciones de carácter sustantivo, porque vincula inescindiblemente a quienes tienen un interés legítimo para que se decida sobre los derechos de los posibles afectados, por lo que es menester procurar la integración de esa institución mediante la prevención al actor o demandado, para que amplíen sus respectivos escritos en términos de los artículos antes citados, conclusión que se encuentra en armonía con los pronunciamientos del Máximo Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 16/2002, pues pensar que si al llegar a la sentencia definitiva sin la adecuada integración de los sujetos procesales deba el Juez o la Sala únicamente dejar a salvo los derechos, ello implicaría desconocer los alcances legales que la Suprema Corte de Justicia consideró que tenían los preceptos reguladores del litisconsorcio necesario y dejar vigente un problema que, dijo ese tribunal, ya había sido resuelto por el legislador. Lo anterior no pugna con las consideraciones que forman la jurisprudencia 1a./J. 79/2001, con el rubro: ‘LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO EMPLAZADO, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REVOQUE LA DE PRIMERA INSTANCIA, DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES.’, cuyo criterio plantea esencialmente el hecho de que la concesión del amparo debe tener por efecto la revocación de la sentencia de primera instancia y que se dejen a salvo los derechos de los interesados, empero, no debe perderse de vista que en la legislación adjetiva civil de esa entidad federativa, existe disposición expresa que obliga al Juez a prevenir al actor para que amplíe su demanda para el caso de que exista litisconsorcio, lo cual, de advertirse en segunda instancia, dará margen a que la Sala responsable revoque la sentencia de primera instancia y ordene reponer el procedimiento para que se cumpla con esa formalidad."
De la confrontación de las consideraciones expuestas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que sí se dan los requisitos para la existencia de contradicción de tesis, por las razones que a continuación se expondrán:
Ambos tribunales tomaron en cuenta los mismos elementos para resolver en la forma en que lo hicieron, pues los dos órganos colegiados analizaron sendos casos en los que se promovió juicio de amparo directo en contra de resoluciones en que se decidió sobre la aplicación de los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
En los dos casos, los tribunales de alzada se ocuparon de la integración de la relación jurídico procesal, pues en los juicios naturales no se llamó a todas las partes involucradas, y al resolver la Sala de apelación tomó determinaciones similares, pero al conocer de dichas sentencias los Tribunales Colegiados se pronunciaron en sentido opuesto.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito consideró que no debe entrarse al fondo del asunto, revocar la sentencia recurrida y dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que estimen pertinentes, toda vez que el tribunal de apelación no cuenta con facultades para ordenar de manera oficiosa la reposición del procedimiento, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estimó que no debe entrarse al fondo del asunto, que debe revocarse la sentencia de primer grado y oficiosamente debe mandarse reponer el procedimiento a efecto de que sea llamado a juicio el litisconsorte omitido.
De lo antes expuesto, se desprende que sí existe oposición de criterios, pues si bien las resoluciones de ambos tribunales parten de supuestos legales distintos, en el fondo se examinan cuestiones jurídicas similares, toda vez que en el amparo directo 584/2005 se estudia la nulidad del testamento público abierto por vicios formales en su otorgamiento, y en el amparo directo 540/2004 se analiza el ejercicio de la acción plenaria de posesión, sin embargo, en ambos se examina el litisconsorcio pasivo necesario previsto en el artículo 1.88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, pero al pronunciar la resolución concluyen de manera discordante.
En el primer caso, se considera que de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, si al percatarse el tribunal de alzada de un litisconsorcio pasivo necesario por haber interpuesto una de las partes el recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva, tiene facultades para revocar la sentencia y dejar a salvo los derechos de las partes, para que los hagan valer en la vía que estimen pertinente, o bien, en el segundo caso, si debe revocar la sentencia y oficiosamente mandar reponer el procedimiento para el efecto de que el litisconsorte omitido sea llamado a juicio.
Ciertamente, existen diferencias en el punto de partida de ambos asuntos en contradicción, el tipo de juicio y los presupuestos legales que atañen a cada uno, pero también se configura un elemento común: que en los dos asuntos debe resolverse una misma cuestión jurídica, esto es, si el tribunal de apelación tiene facultades para mandar reponer el procedimiento, o bien, debe limitarse a reservar derechos a las partes para que los hagan valer en la forma que estimen conveniente.
En efecto, en un caso, como lo afirma el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 584/2005, no se tienen facultades para mandar reponer el procedimiento, por tanto, es necesario dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la forma en que consideren pertinente; mientras que en la segunda hipótesis el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determinó que se debe ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que sea llamado al juicio natural el litisconsorte omitido.
En tal virtud, la materia de la presente contradicción se limita a determinar si conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el tribunal de alzada al conocer del recurso de apelación promovido en contra de la sentencia definitiva y advertir oficiosamente la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, puede, sin entrar al análisis de fondo del asunto, revocar la sentencia impugnada y ordenar reponer el procedimiento para que se llame a los litisconsortes, o si sólo debe revocar la sentencia y dejar a salvo los derechos de las partes.
QUINTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.
En el estudio del asunto se abordará el análisis de lo que debe entenderse por litisconsorcio pasivo necesario como presupuesto de la relación procesal; posteriormente el estudio se ocupa de la apelación; luego, se define la reposición del procedimiento y la reserva de derechos a las partes; después se alude a las razones por las que no se considera que en el caso deba ordenarse la reserva de derechos a las partes para que los hagan valer en la vía y términos que estimen convenientes; para concluir que debe ordenarse reponer el procedimiento para el efecto de que se llame a juicio al litisconsorte omitido.
De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, voces I-O, el litisconsorcio es un término compuesto que deriva de los vocablos latinos lis-litis, o sea litigio y consortium-ii que significa participación o comunión de una misma suerte con uno o varios, por tanto, litisconsorcio quiere decir litigio en el que participan de una misma suerte varias personas.
El litisconsorcio implica pluralidad de partes en el juicio, es pasivo si se está en el caso de dos o más demandados, es necesario cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción.
Por ello, el efecto principal de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario es que al juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que se dicte, ya que no sería correcto condenar a uno sin que la condena alcance a los demás. Por ello, la existencia del litisconsorcio debe ser examinada oficiosamente por los tribunales.
En esa virtud, el litisconsorcio necesario tiene por objeto la búsqueda de la integración de la relación jurídico procesal, y se presenta cuando las cuestiones litigiosas atañen a más de dos personas, lo que impedirá pronunciar sentencia sin previo llamado a juicio de todas ellas.
Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"Quinta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXIX
"Página: 1404
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y PROPIO. Tratándose del ejercicio de una acción derivada de una relación jurídica, con respecto a la cual las partes que forman dicha relación se encuentran en una comunidad o vinculación tal, que no sería posible condenar a una sin que la condena alcanzara a todas las partes de ambos contratos, se está en presencia de un caso típico de litisconsorcio pasivo necesario y propio, en el que las demandas, que deben ser comunes, no pueden seguirse por separado.
"Amparo civil directo 253/53. Reyna Manuel y coags. 1o. de marzo de 1954. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas."
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Informes
"Tomo: Informe 1979, Parte II
"Tesis: 48
"Página: 39
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. EN CASO DE DARSE EN UN JUICIO EN EL QUE EL AD QUEM ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO EN FAVOR DE UN SOLO DEMANDADO, DEBE COMPRENDER TAMBIÉN A LOS RESTANTES LITISCONSORTES CODEMANDADOS. El litisconsorcio, como es sabido, es una modalidad del proceso, y aquél puede ser voluntario o necesario. El primero se presenta como una facultad que la ley concede para que se promueva. En el litisconsorcio necesario, en cambio, el juicio no puede iniciarse sino a condición de que vengan a él o se llame a todos los litisconsortes, porque las cuestiones jurídicas que en él habrán de ventilarse, pueden afectar a todos ellos, de tal manera que la sentencia no puede pronunciarse sin oírlos a todos. En la especie se demandó la disolución y liquidación de una sociedad anónima, o sea, que por tratarse de un negocio en que existe un litisconsorcio pasivo necesario y propio, la reposición de procedimiento decretada por el ad quem en favor del quejoso (por haber sido emplazado en forma ilegal), obviamente debe comprender también a los litisconsortes codemandados.
"Amparo directo 4918/73. Raúl Moreno Espinoza. 6 de diciembre de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo. Secretario: Pedro Elías Soto Lara."
Ahora bien, en virtud de que la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario refiere que no puede dejarse a ninguna de las partes sin ser llamada a juicio, porque las cuestiones jurídicas que se analicen traerán afectación a todos los participantes involucrados en el proceso, pues sólo puede existir una sentencia válida para todas las partes, resulta evidente la trascendencia en el caso para resolver el tema en contradicción, pues si no se escucha a las partes la sentencia no puede ser válida por no ser posible dividirla.
Ahora bien, los artículos 1.86 a 1.89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México vigente a partir de dos mil dos, textualmente dicen:
"Artículo 1.86. Es necesario el litisconsorcio, cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal manera que no sea posible pronunciar sentencia válida sin oírlas a todas ellas."
"Artículo 1.87. El Juez en cualquier momento analizará de oficio la presencia del litisconsorcio necesario."
"Artículo 1.88. El Juez al examinar la demanda o reconvención prevendrá al actor para que la amplíe contra las personas que formen litisconsorcio necesario."
"Artículo 1.89. Siempre que una parte esté compuesta de diversas personas, deberán tener una sola representación, para lo cual nombrarán un representante común desde el primer escrito con que comparezcan."
Estos preceptos, en los que se apoyaron los Tribunales Colegiados contendientes para fundar sendas resoluciones, reiteran lo expuesto con anterioridad, en el sentido de que en cualquier momento del juicio se debe analizar de oficio la probable existencia de un litisconsorcio. Asimismo, señalan que al ex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19689-e3157d4d/litisconsorcio-pasivo-necesario-al-ser-un-presupuesto-procesal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. CUANDO EL ACTOR, QUE ALEGA DAÑOS SUFRIDOS A CAUSA DE UNA COLISIÓN EN LA QUE PARTICIPARON DOS O MÁS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ES UN PASAJERO QUE NO COND (CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2005-PS)
- COSTAS. LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SU LIQUIDACIÓN EN LA ETAPA EJECUTIVA DE UN JUICIO SUMARIO ES RECURRIBLE A TRAVÉS DE LA QUEJA Y, POR TANTO, DEBE INTERPONERSE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2005-PS)
- COSTAS. DEBEN CUANTIFICARSE CONFORME A LA LEY VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). (CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2005-PS)
- ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 13/98 ES APLICABLE AL ARTÍCULO 2.6 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2005-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis