FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICA LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ES DE NATURALEZA ACCESORIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo número 874/2004, el veinte de enero de dos mil cinco, promovido por Mario Gutiérrez Hernández, en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:
"... debe señalarse que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas regula la caducidad como una figura que extingue la acción de pago del importe garantizado que tiene a su favor el beneficiario y libera a la afianzadora de su obligación correlativa. Así, lo ha estimado este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.182 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de dos mil, página 747, que se reitera y que señala: ‘CADUCIDAD. EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LIBERA A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA OBLIGADA POR TIEMPO INDETERMINADO, Y EXTINGUE EL DERECHO DEL BENEFICIARIO.’ (se transcribe). El mencionado artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dispone: ‘Artículo 120.’ (se transcribe). De ese precepto, se desprende que la institución afianzadora quedará libre de su obligación, por caducidad, en dos supuestos: 1. Si la institución de fianzas se obligó por tiempo determinado, la liberación de su obligación se dará ante la falta de presentación de la reclamación, por parte del beneficiario, dentro del plazo estipulado en la póliza, o dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la fianza. 2. Si la afianzadora se obligó por tiempo indeterminado, la liberación de su obligación se producirá cuando el beneficiario omita presentar la reclamación dentro del término de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha en que la obligación garantizada se haya vuelto exigible, por incumplimiento del fiado. Interesa para el presente asunto, entre esos supuestos, el señalado en último término, es decir, el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de exigibilidad de la obligación garantizada, ante el incumplimiento del fiado, evento que se encuentra previsto para el caso de las fianzas por tiempo indeterminado, pero que, también, puede ser fundamental para computar el término establecido en las fianzas por tiempo determinado, cuando exista un acuerdo de voluntades expreso al respecto en la póliza de fianza, que es la expresión escrita del contrato de fianza. El incumplimiento de la obligación garantizada, de acuerdo con lo anterior, sirve como detonante de la exigibilidad de la fianza, pero ese incumplimiento debe establecerse conforme a lo previsto en el acto jurídico generador de esa obligación principal, ya que no debe perderse de vista que el contrato de fianza es un contrato de garantía y accesorio, por cuanto que la validez del mismo depende por fuerza de una obligación principal que puede dimanar de diversas fuentes, como el contrato y la ley. Esa naturaleza de la fianza, se desprende de los artículos 2794 y 2797 del Código Civil Federal, que establecen: ‘Artículo 2794.’ (se transcribe). ‘Artículo 2797.’ (se transcribe). El carácter accesorio de la fianza en relación con la obligación principal y la necesidad de atender al mismo para que esa garantía pueda ser exigible, ha sido destacada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 6/96, localizable en la página 39 del Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CARÁCTER ACCESORIO QUE GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.’ (se transcribe). ... De modo que, en estricto sentido, no podrá hablarse de un incumplimiento sino hasta que se haya seguido el procedimiento rescisorio que concluya con el acto administrativo que declare ese incumplimiento, con la consiguiente rescisión; antes de ese momento, existirá un hecho generador del incumplimiento, pero no éste como hecho jurídico relevante, en tanto su calificación depende de la administración después de seguir un determinado procedimiento. Emitido el acto administrativo de rescisión, es el momento en que el incumplimiento genera la consecuencia de que la obligación principal, o sea, la que se pactó en el contrato de obra pública, sea exigible, ya que su pago no podrá rehusarse conforme a derecho. La exigibilidad de las garantías otorgadas en relación con esa obligación principal, entre ellas, las fianzas, se produce, entonces, hasta el momento en que se declara la rescisión por incumplimiento del contratista o fiado, dada la imperiosa necesidad de llegar a esa declaración para conformar la voluntad de la administración. Tan es así, que el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 1-97-27-01-01, celebrado el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, es decir, bajo la vigencia de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Constructores Escopsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo texto se ha transcrito anteriormente, contempla en su cláusula décimo octava que, tras declararse la rescisión, se podrán hacer efectivas las garantías, fijando así la condición a que está sujeta la exigibilidad de la fianza. Ese pacto contractual, además, es coherente con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que en sus artículos 40, 72 y 73, establece: ‘Artículo 40.’ (se transcribe). ‘Artículo 72.’ (se transcribe). ‘Artículo 73.’ (se transcribe). La lectura sistemática de esos preceptos, permite advertir que las dependencias y entidades se encuentran facultadas para declarar la rescisión administrativa de los contratos de obra pública, generándose con ese acto administrativo diversas consecuencias, de las cuales interesa, para efectos del presente asunto, la prevista en la fracción II del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, respecto de la necesidad de hacer efectivas las garantías otorgadas por el contratista, en caso de que, por causas imputables a éste, se produzca la rescisión del contrato, ya que ello fija el momento a partir del cual es exigible la obligación garantizada, y en consecuencia, la fianza, como accesoria de aquélla. Sobre la validez y justificación de la facultad rescisoria de que se trata, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. IV/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de dos mil uno, página 292, que señala: ‘OBRAS PÚBLICAS. LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS Y 52, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, QUE FACULTAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA DECLARAR LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS RELATIVOS, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribe). Las anteriores consideraciones permiten colegir que, atendiendo a la naturaleza del contrato de obra pública y de la rescisión administrativa, al pacto contenido en el contrato de obra pública exhibida en el juicio de origen y a la regulación aplicable al mismo, la exigibilidad de la obligación garantizada sólo puede producirse hasta que el incumplimiento genere el acto administrativo de la rescisión, de tal forma que esa declaración marca el inicio del término para que la dependencia o entidad beneficiaria de la póliza de fianza reclame su pago, o en sentido negativo, para que opere la caducidad liberadora de obligaciones a cargo de la afianzadora, a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. De esa guisa, el término de ciento ochenta días naturales previsto en los dos primeros párrafos del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con el matiz antes realizado en cuanto al primero de ellos que tiene lugar en caso de existir estipulación en el contrato de fianza, para que el beneficiario de la fianza presente su reclamación de pago y, transcurrido el cual sin la formulación de esa reclamación, la institución afianzadora quede liberada de su obligación por caducidad. Debe computarse a partir de que el órgano de la administración pública contratante notifica su resolución de rescisión contractual por incumplimiento del fiado, ya que en ella se establece que se ha realizado el incumplimiento de alguna obligación a cargo del contratista, a quien se le hace saber, por virtud de esa decisión administrativa, la voluntad de dar por resuelto el contrato, con todas sus consecuencias inherentes, como la exigibilidad de las garantías otorgadas por el causante de la rescisión, incluyendo las pólizas de fianzas. En ese sentido, se ha pronunciado este Tercer Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.292 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de dos mil dos, página 1263, que se reitera y que es del tenor siguiente: ‘FIANZA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TUVO LUGAR LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN.’ (se transcribe). Resulta necesario aclarar que el plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la rescisión del contrato de obra pública, durante el cual puede presentarse la reclamación por parte del órgano público beneficiario, es aplicable y preferente sobre el diverso plazo de cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, previsto contractualmente y en la fracción II del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, atendiendo al principio de especialidad de las leyes, a la prohibición de omitir la observancia de la ley a través de la voluntad de los particulares y al principio de no contravención de las normas jurídicas que rigen a los contratos. En efecto, el artículo 6 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, prevé que la voluntad de los particulares no puede evitar cumplir la ley, alterarla o modificarla, el diverso artículo 11 del mismo código sustantivo civil federal, dispone la aplicación restringida de las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, y el artículo 1851 del propio ordenamiento, cuyo texto se ha citado con antelación, establece el principio de no contravención a las normas jurídicas que rigen a los contratos. Los dos preceptos citados en primer término, son del tenor siguiente: ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). ‘Artículo 11.’ (se transcribe). La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, prevé en su artículo 72, fracción II, un plazo para hacer efectivas las garantías otorgadas por el contratista causante de una rescisión administrativa, es decir, se trata de una disposición general. A su vez, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, contempla en su artículo 120, los plazos que se deben tener en cuenta para reclamar el pago de una fianza, esto es, se trata de una disposición especial aplicable a las garantías consistentes en fianzas. Por consiguiente, esa norma especial, que establece una excepción a la regla general que rige a los contratos de obra pública, debe prevalecer sobre esta última y resulta aplicable a los casos expresamente previstos en ella, a saber, cuando se trata de hacer efectiva una fianza. No puede obrar en contra de esa disposición legal especial, el pacto de voluntades contenido en la cláusula décimo octava del contrato de obra pública, ya que si bien es cierto que deben respetarse las normas convencionales, también es verdad que el pacto de voluntades no puede eximir de la observancia de la ley especial que, en el caso, es la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Con base en las anteriores consideraciones, no se comparte el criterio que invoca el Tribunal Unitario responsable para establecer el momento en que una fianza es exigible y, por ende, respecto del instante en que inicia el plazo para hacer la reclamación de pago, transcurrido el cual operará la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que el órgano de apelación toma en consideración el evento generador del incumplimiento, pero no se atiende a las particularidades que reviste el contrato de obra pública y el procedimiento que debe seguir la formación de la voluntad de la administración, tanto para celebrar ese acuerdo, como para determinar su resolución ante el incumplimiento del contratista que, sólo hasta que sea declarado por el ente administrativo como generador de la rescisión, será susceptible de generar la exigibilidad de la obligación principal, ergo, de la accesoria, que es la adquirida por la afianzadora. No obsta para estimarlo así, el hecho de que el Tribunal Unitario haya señalado que sus razonamientos se apoyaron en la sentencia de siete de mayo de dos mil cuatro, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 336/2004, promovido por Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima, ya que este Tercer Tribunal Colegiado no comparte las consideraciones emitidas por el órgano homólogo. Las razones de esa divergencia de criterio, son las expresadas a lo largo de los párrafos precedentes de esta ejecutoria, y en particular, las referentes a que no se trata de aplicar supletoriamente la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en relación con la sustanciación del juicio especial de fianzas, como estima el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, sino que la aplicación de esa legislación administrativa se dará en suplencia de la voluntad de las partes celebrantes del contrato de obra pública. Ello es así, no porque en el juicio de fianzas se ejercite una acción rescisoria del contrato de obra pública, como apunta el Décimo Segundo Tribunal Colegiado, sino porque la propia legislación de fianzas hace alusión a la exigibilidad de la obligación principal o garantizada, por incumplimiento del fiado, y esa exigibilidad se determina conforme a las normas que regulan la obligación principal, mismas que trascienden a la fianza, en tanto ésta es accesoria de aquélla, conforme a su naturaleza legalmente delineada. En ese tenor, si la obligación principal está regida por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la misma es aplicable para determinar la exigibilidad de esa obligación, en ausencia de pacto expreso de las partes, y si la formación de la voluntad de la administración, bien sea para celebrar el contrato de obra pública o para rescindirlo, requiere de un procedimiento, es menester la realización de éste para establecer que la obligación garantizada es exigible, y por tanto, debe tenerse en cuenta para establecer cuándo ha iniciado el término de caducidad previsto en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. A mayor abundamiento, en el presente asunto se observa que en el punto cuarto de las estipulaciones contenidas al reverso de la póliza de fianza número GA 33910, exhibida en el juicio de origen, que forma parte íntegra del contrato de fianza, se indica: (se transcribe). Ese texto constituye un reconocimiento de la necesidad de sujetarse a disposiciones que regulen no sólo la fianza sino, también, la obligación principal garantizada, lo que es explicable, atendiendo al carácter accesorio de la fianza que se ha destacado a lo largo de este considerando." (fojas 63 a 94 de la contradicción de tesis 29/2005-PS).
El mismo órgano colegiado, el dieciséis de agosto de dos mil uno, por unanimidad de votos, resolvió el amparo directo número 11643/2000, promovido por Gabriel Barreda Tejeda, en representación de Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, considerando lo siguiente:
"... en su segundo concepto de violación la parte quejosa aduce, en esencia, que la Sala responsable viola en su perjuicio la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, puesto que respecto de la póliza de fianza 5382-30-35-003447 a que fue condenado, quedó libre de su obligación por caducidad, pues los ciento ochenta días naturales que refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, corren a partir de que el fiado incumplió con la obligación garantizada y no hasta que dicho incumplimiento se consigna en algún documento, en este caso la bitácora de obra como lo determinó la autoridad responsable. El artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dice: ‘Artículo 120.’ (se transcribe). Del artículo transcrito se desprende que la institución de fianzas quedará libre de su obligación, por caducidad, en dos supuestos: 1. Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza o dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la fianza. 2. Si la afianzadora se hubiese obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada, se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. El caso de que se trata, se ubica en la segunda hipótesis precisada, en virtud de que la afianzadora se obligó por tiempo indeterminado a garantizar la debida amortización o devolución del anticipo que se le otorgó en el contrato de obra pública número 1-96-29-02-01, lo anterior se corrobora con el contenido de la póliza de fianza número 5382-3035-003447, que dice: (se transcribe). Ahora bien, para hacerse efectiva una fianza donde el afianzador se hubiere obligado por tiempo indeterminado deberá el beneficiario presentar su reclamación dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado, ya que en caso contrario operará la caducidad a favor del afianzador. En lo que toca a la figura jurídica de la reclamación, se estableció que dicho requisito es necesario para interrumpir la caducidad y hacer efectiva la fianza, tratándose de procedimientos ordinarios o generales previstos en los artículo 93 y 94 de la ley especial, que resulta opcional para la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios, cuando pretendan exigir el cobro de esta clase de garantías expedidas a su favor; entonces, la reclamación ante la institución de fianzas respectiva es un acto previo y necesario, para que se ocurra ante los tribunales ordinarios a demandar la garantía. En ese sentido, tratándose de exigibilidad de fianzas, para determinar el cómputo de los ciento ochenta días a partir de la fecha en que exista el incumplimiento del fiado y, en el caso específico, de contratos de obra pública, deberá verificarse a partir de que el órgano de la administración pública contratante emite su resolución de rescisión de ese contrato, porque al ser de carácter unilateral dicha decisión, en ella se establece el perjuicio económico al acreedor, por incumplimiento de alguna obligación pactada y se hace saber a la contratista la voluntad de dar por terminada la obligación principal que motivó el nacimiento de dicho contrato, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de alguna pena convencional establecida. No puede tomarse como base para determinar la temporalidad de los ciento ochenta días naturales a que alude el párrafo segundo del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, las bitácoras de obra que se llevan en la realización de los trabajos contratados, menos la fecha en que materialmente o físicamente se dejó de cumplir con una obligación contractual, pues ahí únicamente nacen los elementos de una hipotética rescisión de contrato y, solamente este último es el que unilateralmente reconoce el incumplimiento del contratista, actualizándose en ese momento el supuesto previsto en ese precepto, es decir, será procedente la reclamación durante los ciento ochenta días naturales después de la rescisión del contrato de obra pública. Asimismo, resulta indispensable establecer que aun cuando las partes contratantes hubiesen convenido la figura administrativa de la rescisión del contrato en cláusula específica, no debe entenderse que para efectos de hacer efectiva una fianza se deba de hacer dentro de los cuarenta días naturales a la fecha de notificación de la rescisión, de conformidad con el artículo 72, fracción II, de la entonces Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, debido a las siguientes consideraciones: a) De aceptarse un criterio contrario, se permitiría violar el principio de no contravención a las normas jurídicas que rigen a los contratos, que establece el artículo 1851 del Código Civil Federal de aplicación supletoria. b) Las leyes especiales son las que rigen una situación determinada, ostentando las particularidades de toda ley, como son la abstracción, la generalidad y la impersonalidad; además, de que crean, extinguen o modifican un estado general determinado en el cual las personas y sus actividades pueden estar colocadas. Ahora bien, cada ley especial tiene su campo de vigencia en una situación determinada en cuanto a tal; es decir, regula un conjunto de relaciones que surgen bajo una situación jurídica específica, y esta última, es la característica que distingue a esta clase de leyes de las demás que bien podrían denominarse leyes generales. En estas condiciones, es evidente que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es una ley especial, aplicable para exigir la entrega de la cantidad garantizada en cualquier fianza y, por tanto, se trata de una norma autónoma de la entonces Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, resultando insostenible admitir que se deba aplicar ésta cuando alguna de las partes lo hayan pactado, para hacer efectiva una fianza, pues al ser dicha cláusula contraria a la norma especial, no debe tomarse como base para determinar el plazo a partir del cual sea exigible una garantía, además de que la ley prevalecerá siempre en contra de la voluntad de los particulares de manera coercitiva. Finalmente, cabe mencionar que si la fecha de resolución de rescisión del contrato de obra pública número 1-96-29-02-01, se dictó el seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, y la reclamación fue presentada el siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante la afianzadora quejosa, es innegable, que se promovió en tiempo, es decir, dentro de los ciento ochenta días naturales después de la resolución de rescisión, lo que interrumpió la caducidad que se alega, siendo entonces infundado el segundo concepto de violación." (fojas 242 a 246 de la contradicción de tesis 29/2005-PS).
El mismo órgano colegiado por unanimidad de votos, en sesión de ocho de marzo de dos mil uno, resolvió el amparo directo número 7563/99, promovido por Pemex-Exploración y Producción, por conducto de su apoderado Abraham Antonio Polo Pérez, y expresó las consideraciones siguientes:
"... de las constancias exhibidas en el juicio, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a lo que establece que el artículo segundo de esta última, se advierte que Pemex Exploración y Producción, y Constructora Azul, S.A. de C.V., celebraron un contrato de obra pública de precios unitarios y tiempo determinado, con número COTD000694, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo objeto fue la instalación de tanques de desfogue al quemador de baja y alta presión en trípode de POOL-A, por un monto total de N$4,109,186.34 (Cuatro millones ciento nueve mil ciento ochenta y seis nuevos pesos 34/100 M.N.), fijando como plazo de terminación de la obra el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, exhibiéndose las pólizas de fianzas números VIH005-006561-00 y VIH005-006561-00 y con números de folios A32604 y A54617, respectivamente, a fin de garantizar su cumplimiento, mismas que en lo conducente señalan en su orden lo siguiente: (se transcribe). Y (se transcribe). Por otra parte, en la cláusula décimo sexta del acuerdo de voluntades cuyo cumplimiento se garantizó con las pólizas de fianza transcritas con anterioridad, se establece en lo conducente lo siguiente: (se transcribe). De autos se pone de manifiesto que, después del incumplimiento en que incurrió el fiado, mediante oficio número JIC-DDBD-0124/95, de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, Pemex Exploración y Producción informó a la empresa Constructora Azul, S.A. de C.V. que se había colocado en los supuestos de la cláusula décima sexta del referido contrato, concediéndole veinte días a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas para desvirtuar el incumplimiento que se le atribuyó, iniciándose en su contra el procedimiento administrativo rescisorio del contrato de referencia. Posteriormente en diverso oficio número RICDDB0319/95 de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco se notificó a la contratista, de nueva cuenta la instauración del procedimiento administrativo de rescisión de contrato confiriéndole veinte días para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Finalmente mediante oficio número SRM/SO/0097/96 de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis, Pemex Exploración y Producción concluyó con el procedimiento administrativo de rescisión, comunicando a Constructora Azul, S.A. de C.V. que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 72, fracción II, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en sesión ordinaria número 148 del Comité Técnico para la Contratación de Obras, Bienes o Servicios, realizada el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, se autorizó la rescisión administrativa del contrato número COTD000694, por lo que fue a partir de esa fecha cuando se debió computar el plazo a fin de que operara la caducidad de la obligación a cargo de la afianzadora, por lo que si a la afianzadora se le comunicó formalmente la rescisión del contrato de obra pública citada, hasta el treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis (fecha ésta en que recibió el oficio número SRM/SO/0097/96); a esta fecha no había operado la figura de la caducidad que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en que se presentó a Fianzas México, S.A., ahora Fianzas México Bital, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bital, la formal reclamación de pago con cargo a las pólizas de fianzas ya referidas; a esta fecha sólo habían transcurrido 96 días, contrariamente a lo resuelto por el Tribunal Unitario responsable, que tomó un dato erróneo para computar el plazo de caducidad. Ello es así, porque en la póliza de fianza número VIH005-006561-00, se señaló que la misma se expidió de entera conformidad con las cláusulas del propio contrato de obra a que se ha hecho referencia, lo que significa que la afianzadora expresamente se obligó a garantizar el cumplimiento del contrato respectivo, en los términos en que fueron pactadas las cláusulas con las que se integró, cláusulas entre las que se encuentran las inherentes a la rescisión del contrato, por causas imputables al contratista por lo que seguido el procedimiento de rescisión establecido por las propias contratantes, válidamente Pemex Exploración y Producción pudo hacer efectivas las garantías en comento, es decir, que la efectividad de las garantías, sólo se podrían exigir hasta que se rescindiera administrativamente el contrato de obra pública de que se trata, por lo que sería hasta ese momento cuando se podrían hacer efectivas las pólizas de fianza que se otorgaron para garantizar el cumplimiento del contrato de referencia, máxime que es en la propia cláusula décimo sexta del contrato en mención, en donde las partes convinieron que la rescisión operaría de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial y que para efectuarla Pemex Exploración y Producción sólo comunicaría por escrito las razones que tuvo para iniciar el procedimiento rescisorio, lo que sí se actualizó en la especie, de tal manera que, como ya se apuntó, la fecha con la que concluyó el procedimiento administrativo de rescisión de contrato, lo fue el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis, de manera que a la notificación de reclamación formal a la afianzadora, de fecha treinta de octubre de ese año, no había transcurrido el término de 180 días naturales para que operara la caducidad que se hizo valer como excepción. De lo que resulta incuestionable que en la especie, se trata de un contrato de fianza celebrado entre la quejosa y la ahora tercera perjudicada Fianzas México, S.A., hoy fianzas México Bital, S.A. de C.V., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la contratista (fiada), Constructora Azul, S.A. de C.V., respecto del cumplimiento del contrato de obra pública número COTD000694, mismo que fue objeto de diversos convenios modificatorios, celebrados y cuyas fechas de ampliación de términos concluyeron sucesivamente, y en forma previa al momento en que se realizó el procedimiento administrativo de rescisión de contrato. Por lo que, ante tal circunstancia debe concluirse que en el asunto a estudio, la beneficiaria de la póliza de fianza, materia de la controversia, no lo es la Federación, por lo que resulta ajustado a derecho el proceder de la autoridad señalada como responsable
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19076-622be490/fianzas-para-garantizar-obligaciones-derivadas-de-contratos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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