RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA. EFECTOS. APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1840 Y 2311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión del treinta de noviembre de dos mil cuatro, resolvió el amparo directo DC. 630/2004, promovido por Rafael Gasman Charit y otros, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 209/04/01, de fecha veintidós de marzo de dos mil cuatro, por la que se confirmó la sentencia dictada por la Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal, el veintidós de septiembre de dos mil tres, en la que se determinó la rescisión del contrato de compraventa y se condenó a los quejosos, actores en el juicio natural, al reembolso de la cantidad entregada por los demandados por concepto de anticipo, así como la absolución de estos últimos del pago de la pena convencional. En dicho fallo, en lo que es materia de contradicción, esencialmente se sostuvo:
"QUINTO. Finalmente, los impetrantes de la tutela federal arguyen que atendiendo al texto expreso del artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que dicho numeral, en su párrafo último, se refiere a la nulidad exclusivamente de las convenciones que resulten más onerosas en relación a las que dicho precepto alude, en las que no se comprende, desde luego, la relativa a la pena convencional, la que se regula por los diversos 1840, 1842, 1846 y demás relativos del código sustantivo civil aplicable; por consiguiente, resulta válida la cláusula penal estipulada en el contrato de compraventa pues ésta obedece al incumplimiento de una de las partes en la obligación contraída y no a la restitución de las cosas entregadas con motivo de la celebración de dicho acuerdo de voluntades; por tales motivos, resultan inaplicables los criterios judiciales en los que se apoyó la Sala responsable. Como sustento de sus razonamientos, invocan las tesis de rubros: ‘PENA CONVENCIONAL. SUS ELEMENTOS.’ y ‘PENA CONVENCIONAL, VALIDEZ DE LA.’. Son fundados tales argumentos. La controversia a resolver estriba en determinar si en caso de que se rescinda un contrato de compraventa en el que las partes, respectivamente, se hayan entregado la cosa y parte del precio, el único efecto de dicha rescisión lo sea nada más la restitución de lo dado y declarar nula la cláusula penal que es más onerosa que esa restitución, o bien, con independencia de la devolución de lo entregado sea dable también exigir la pena convencional pactada entre las partes en el contrato de mérito. Para dilucidar tal cuestión, es menester determinar, por una parte, la naturaleza y características de la pena convencional que puede pactarse en una convención de voluntades (específicamente en un contrato de compraventa) en términos del artículo 1840 del Código Civil para el Distrito Federal; y, por la otra, establecer los alcances del diverso 2311 del propio ordenamiento legal citado, para determinar si la aplicación de este último excluye o no el pago de lo estipulado en la cláusula penal que es más onerosa que lo previsto en el propio precepto legal aludido. Así, en la doctrina mexicana se ha entendido por pena convencional como aquella disposición que las partes pueden añadir al contrato, en virtud de la cual establecen el pago de cierta prestación como condena para el caso de que la obligación no resulte satisfecha de la manera convenida. En el derecho de los antiguos romanos, la stipulatio poenae tenía por objeto vincular obligatoriamente al deudor al pago de una cantidad previamente determinada para el caso de que la prestación debida no fuere pagada a su vencimiento. Por tanto, la figura cobraba caracteres marcadamente sancionatorios que garantizaban al acreedor una mayor probabilidad en el pago puntual. En el supuesto del incumplimiento, el acreedor aparentemente burlado tenía entonces a su favor la acción directa para reclamar el pago de la cantidad fijada de antemano como pena, y para ello le bastaba acreditar simplemente el incumplimiento de la contraria. Si no, de todas formas conservaba su acción expedita para demandar el cumplimiento tardío de la prestación y, en todo caso, el pago de los daños y perjuicios ocasionados. En nuestro derecho, el Código Civil para el Distrito Federal estatuye en su artículo 1840 que los contratantes pueden convenir cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o se cumpla de manera distinta a la prevenida. Ello es consecuencia de la facultad que tienen los contratantes para estipular en sus negocios jurídicos todas aquellas cláusulas que consideren convenientes, con las limitaciones que de la misma ley derivan. Como homenaje a la autonomía volitiva que en gran parte continúan sustentando las transacciones civiles, la ley permite la búsqueda de un mecanismo más efectivo que permita el aseguramiento de la prestación debida en virtud de una estipulación sancionatoria que, es legítima, precisamente porque mantiene sus bases en la obligación ya generada, misma por la que -generalmente- se ha efectuado una contraprestación. Por otra parte, es claro que una convención semejante sustituye en realidad la prevención legal del pago de los daños y perjuicios que eventualmente se causaren. Por tanto, ambas acciones no pueden ser nunca ejercidas en forma simultánea o sucesiva, si bien en este último caso quizás pueda alegarse como justificación el hecho de que el monto de los daños y perjuicios haya rebasado en cantidad considerable el asignado a la pena convencional, de modo que posteriormente pueda intentarse su recuperación precisamente por el exceso no comprendido en la pena convencional. Una acción de este tipo encontraría su fundamento, a pesar de lo dispuesto en el artículo 1840 del Código Civil para el Distrito Federal, en el enriquecimiento ilegítimo de la contraria. La pena convencionalmente pactada supone lógicamente la preferencia del contratante, a despecho de la disposición legal. Y ello seguramente por la indudable ventaja que resulta en la dispensa de probar la comisión de daños y perjuicios. En efecto, de conformidad con el artículo 1842 del propio cuerpo legal, el acreedor no está de ningún modo obligado a probar que los ha sufrido, bastando al efecto el simple incumplimiento o la demora en la ejecución del pago. Las disposiciones contenidas en la parte media y final del artículo 1841 del Código Civil para el Distrito Federal configuran supuestos distintos a la pena convencional, que se refieren a la promesa hecha en lugar de otra persona poenam ipse promiscrit y la estipulación en favor de tercero que suelen ser acompañadas de esta cláusula sancionatoria, en las que se ha querido afirmar la validez del pacto sancionatorio en esas dos hipótesis a pesar de que el acto principal no devenga eficaz (ya sea porque lo rehúse el tercero de cuya voluntad depende su celebración -en el primer caso-, o bien porque el promitente no cumpla con su obligación, en el segundo). El encabezado de este numeral destaca precisamente la nulidad del pacto por vía de consecuencia, esto es, provocada por la nulidad del contrato principal. En sentido contrario, es claro que la nulidad del pacto no acarrea la del contrato en su totalidad, y ello en virtud del principio utile per inutile non vitiatur (artículo 2238 del Código Civil para el Distrito Federal). Asimismo, el artículo 1843 del Código Civil invocado, establece como regla general que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación que pudiera resultar violada por el hecho ilícito. Esto encuentra su explicación lógica en la idea de que la cláusula penal se pacta como un equivalente que sustituye a la indemnización retributiva, la cual no puede ser superior al valor que tenga la obligación que no se cumple en vista del hecho ilícito. Es ilustrativa la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: ‘CONTRATOS, CLÁUSULA PENAL DE LOS.’ (se transcribe). Por otra, antes de abordar el estudio del precepto legal sujeto a interpretación (2311 del Código Civil para el Distrito Federal), debe dejarse establecido que dicho numeral no se debe analizar en forma aislada, sino que debe considerarse dentro del contexto normativo del que forma parte, esto es que, debe interrelacionarse de manera sistemática con diversos preceptos del Código Civil del Distrito Federal, con los cuales se encuentra estrechamente relacionado, a fin de lograr su verdadero sentido y alcance. En principio, debe decirse que el contrato de compraventa se da cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ella un precio cierto y en dinero; se perfecciona y es obligatorio para las partes cuando han convenido sobre la cosa y el precio, aun cuando la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho (artículos 2248 y 2249 del Código Civil para el Distrito Federal). Una vez que el contrato de compraventa existe, hay dos modos de terminarlo, consistentes en: A. En virtud de hechos o circunstancias contemporáneas a la celebración del contrato que impida que surta sus efectos, o continúe produciéndolos, por ejemplo, por incapacidad, ya sea general, natural, legal, especial, o de derecho, de alguna de las partes, o falta de legitimación para celebrar el contrato por algún vicio del consentimiento. B. En atención a hechos o circunstancias posteriores a la celebración del contrato, que extinguen los efectos derivados de la compraventa celebrada válidamente, como son: 1. El agotamiento natural del contrato, en virtud del cumplimiento de las partes de sus respectivas obligaciones. 2. La rescisión del contrato por el incumplimiento de alguna de las partes, que contempla dos hipótesis, ya sea que el incumplimiento provenga del vendedor, o del comprador. a. En el primer supuesto (incumplimiento del vendedor), el comprador puede pedir el cumplimiento, o la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, en ejercicio de la facultad implícita que existe en los contratos bilaterales, conforme a lo dispuesto por el artículo 1949 del Código Civil del Distrito Federal, que dice: ‘Artículo 1949.’ (se transcribe). b. En la segunda hipótesis, cuando el incumplimiento es de parte del comprador, existen dos supuestos: b.1. Que la compraventa sea al contado, caso en el que el vendedor puede obtener la rescisión del contrato cuando el comprador no cumple con su obligación de pagar el precio conforme a la cláusula resolutoria implícita que existe en los contratos bilaterales, en términos de lo dispuesto en el artículo 1949 del Código Civil del Distrito Federal, antes transcrito. b.2. Que la compraventa sea a plazos o en abonos, supuesto en el cual el vendedor puede pedir la rescisión de la compraventa en dos casos: b.2.1. Cuando el vendedor se reservó la propiedad de la cosa expresamente, hasta que se cubriera la totalidad del precio pactado (artículos 2312 y 2314 del Código Civil para el Distrito Federal). b.2.2. Cuando se haya convenido, que la falta de pago del precio daría derecho al vendedor a pedir la rescisión de la compraventa (artículos 2310 y 1950 del Código Civil para el Distrito Federal). Aunado a lo anterior, el artículo 2300 del Código Civil para el Distrito Federal da derecho al vendedor para pedir la rescisión del contrato ante la falta de pago del precio. Ahora bien, una consecuencia necesaria de la rescisión de los contratos, es la devolución de las prestaciones hechas por las partes, devolución que generalmente va acompañada de prestaciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de las prestaciones principales. El artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que, en caso de rescisión de un contrato de compraventa, ambas partes, tienen la obligación de restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; esto es, el comprador debe devolver la cosa, y el vendedor el dinero recibido; además, el comprador debe pagar un alquiler o renta fijada por peritos, así como una indemnización por el deterioro que haya sufrido la cosa, también fijada por peritos; y el vendedor que haya recibido parte del precio, debe pagar los intereses legales por la cantidad recibida. Sentado lo anterior, debe decirse que el artículo 2311 del Código Civil del Distrito Federal, establece la forma de efectuar la devolución de las respectivas prestaciones que se hubiesen hecho el comprador y vendedor. En efecto, siempre que se rescinda un contrato de compraventa se aplicará lo dispuesto en el artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto a la restitución de las prestaciones que ambas partes se hubiesen hecho, es decir, que el vendedor siempre deberá devolver el dinero recibido, y el comprador deberá devolver la cosa vendida; además de lo anterior, el vendedor podrá reclamar del comprador el pago de una renta o alquiler, y el comprador podrá reclamar del vendedor el pago del interés legal por la cantidad que entregó. Por otra parte, y sólo en el supuesto de haberse causado un deterioro a la cosa vendida, el vendedor podrá reclamar del comprador el pago de la indemnización correspondiente fijada por peritos. En resumen, el artículo 2311 del Código Civil del Distrito Federal, en principio, establece que en caso de rescisión de la compraventa, ambas partes deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho, de lo que se deduce que el vendedor debe restituir el dinero que haya recibido como parte del precio, y el comprador debe devolver la cosa objeto de la compraventa. Como prestación accesoria, el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir del comprador el pago de un alquiler o renta fijada por peritos, lo que se deriva del uso y disfrute del bien objeto del contrato que nos ocupa, por lo que es evidente que siempre que se haya entregado la cosa, el vendedor podrá exigir la citada prestación. De igual manera, el comprador que hubiere entregado parte del precio, siempre podrá exigir del vendedor los intereses legales del dinero que entregó. De manera contraria a lo anterior, el pago de la indemnización establecida en el artículo 2311 del Código Civil es eventual, es decir, que no se podrá exigir invariablemente al rescindirse un contrato de compraventa, sino que ello estará sujeto al deterioro que haya sufrido la cosa, y no quedará al arbitrio o apreciación subjetiva del vendedor, sino que será estimado y valorado por peritos, de tal manera que si el comprador hace un uso adecuado del bien objeto de la compraventa, y éste no se deteriora, es evidente que no tendrá que pagar la citada indemnización. Por último, debe decirse que el precepto en estudio no impone una doble penalización para la parte que debe devolver la cosa, en relación con la parte que debe devolver el dinero, pues no establece sanción alguna por la rescisión del contrato, sino que como ya se estableció la devolución de las prestaciones hechas por las partes es una consecuencia necesaria de la rescisión o cancelación de los contratos, ya que ambas partes deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubiesen entregado; como son, en tratándose del contrato de compraventa, en principio, la devolución de la cosa vendida y el dinero recibido, pero ello debe acompañarse de las prestaciones que son accesorias a su naturaleza, por lo que es evidente que el pago de un alquiler o renta por el uso de la cosa, y en caso de deterioro el pago de la indemnización correspondiente, son prestaciones accesorias a la naturaleza de la cosa, pues quien la recibe hace uso de ella, y el uso no se puede devolver y, por ende, es justo que por ello se pague una renta o alquiler, además en caso de que dicho uso no sea el adecuado, el bien puede deteriorarse, ocasionando su depreciación, por lo que debe cubrirse la indemnización correspondiente, pago que, como ya se dijo, es eventual. Por otra parte, el pago de intereses legales por el dinero recibido, es también una prestación accesoria a su naturaleza, pues quien lo recibe obtiene un beneficio derivado de la liquidez que ello le genera, y en caso de invertirlo, puede darse también la obtención de ganancias, por lo que es justo que al devolver el dinero recibido se pague el interés legal correspondiente; sin que se pueda prever en dicho caso el pago de indemnización alguna, pues a diferencia del bien objeto de la compraventa, el dinero no se deteriora, sólo se devalúa, pero ello se compensa con el pago de los citados intereses. Tales consideraciones, fueron externadas en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1235/99, que dio lugar a la tesis LXXXI/2001, consultable en la página 170, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se cita con efectos ilustrativos. ‘COMPRAVENTA. EL ARTÍCULO 2311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ LA RESTITUCIÓN DE PRESTACIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Así las cosas, si por una parte tenemos que la característica esencial de la cláusula penal lo es su naturaleza sancionatoria ante el incumplimiento o diferente cumplimiento de la obligación pactada; y por otra parte, el alcance del artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, sólo atiende a efectos restitutorios de las prestaciones (tanto principales como accesorias), que fueron otorgadas por las partes contratantes sin que se consideren como pena o sanción; luego, es dable concluir que tales preceptos no son excluyentes entre sí, sino que pueden válidamente subsistir en su aplicación. Esto es, el hecho de que la rescisión de un contrato de compraventa tenga como consecuencia natural que las partes se restituyan las prestaciones que se otorgaron, junto con el pago -en su caso- de una renta o alquiler por el uso de la cosa, el pago del interés legal del precio dado y -de ser procedente- la indemnización por deterioro de la cosa, no significa que tal restitución se considere como sanción por incumplimiento en la obligación de las partes, propio de la cláusula penal. En esa medida se debe interpretar la parte final del artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, que a continuación se transcribe: ‘Artículo 2311.’ (se transcribe). En efecto, del último párrafo de dicho precepto se infiere que en un contrato de compraventa se pueden estipular convenciones a cargo del comprador de la naturaleza a que se refiere el propio numeral en los párrafos anteriores, esto es, las que se refieren a la restitución de las prestaciones (tanto principales como accesorias) que fueron dadas entre las partes, y es con respecto a tales convenciones que se limita la libertad de contratación, ya que en las mismas no deben imponerse más obligaciones (de restitución) al comprador que las expresadas. Así, como correctamente lo aduce la parte quejosa, la nulidad a que se refiere el precepto legal invocado, no puede referirse sino sólo a las obligaciones del comprador que sean más onerosas a las que estipula el propio artículo, esto es, no pueden exceder, para el caso de la restitución que le corresponde al comprador, de devolver la cosa, pagar la renta o alquiler por su uso y, en su caso, pagar una indemnización por el deterioro que le ocasionó; empero, como se vio, tales obligaciones obedecen a la consecuencia natural en toda rescisión del contrato de compraventa, y es respecto a ese tipo de cláusulas que se contempla su nulidad, y no así por la pena convencional, ya que ésta no tiene por objeto la restitución de una prestación, sino el de sancionar el incumplimiento o el cumplimiento demorado atribuido a alguna de las partes. En ese entendido, la estipulación de una pena convencional no contraviene lo dispuesto por el artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que la voluntad de las partes es eficaz para fijar anticipadamente una prestación que garantice los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo del incumplimiento de las obligaciones pactadas, y no tiene más límite que no deba exceder en valor ni en cuantía a la obligación principal. Por lo que si bien es cierto que la devolución de la cosa o su precio, o la de ambos, en su caso, constituye una de las consecuencias naturales de la rescisión de un contrato de compraventa; también es verdad que, si esa rescisión obedece al incumplimiento de las obligaciones, el contratante incumplido debe además reparar los daños e indemnizar los perjuicios causados a su contraparte, ya sea porque así lo dispone la ley o por haberse pactado una cláusula penal, la cual tiene como función determinar convencionalmente esos daños y perjuicios compensatorios que se causarán en caso de incumplimiento de la obligación, o dicho de otra forma, la cantidad señalada como pena convencional es lo que las partes estiman como equivalente al provecho que hubieran obtenido si la obligación se hubiera cumplido. Encuentra sustento lo antes considerado, en la tesis sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, Volúmenes 169-174, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PENA CONVENCIONAL, VALIDEZ DE LA.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la diversa tesis emitida por la propia otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, Tomo L, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘CONTRATOS, INCUMPLIMIENTO DE LOS. DAÑOS Y PERJUICIOS Y CLÁUSULA PENAL.’ (se transcribe). Por último, también cobra aplicación la diversa tesis emitida por la Sala antes mencionada, consultable en la página 48, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CLÁUSULA PENAL. VALIDEZ DE LA (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Atento a todo lo expuesto, no se comparten los criterios judiciales invocados por la Sala responsable, emitidos por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, contenido y precedentes, se citan a continuación: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988. Página: 179. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. ‘COMPRAVENTA, RESCISIÓN DE LA. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2311 DEL CÓDIGO CIVIL Y DESESTIMACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL, DEBE ESTARSE A LO MÁS FAVORABLE PARA EL COMPRADOR.’ (se transcribe). Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Precedentes: Amparo directo 1388/88. Alberto Fuentes Martínez. 19 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Página: 901. Tesis: I.5o.C.36 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. ‘COMPRAVENTA EN ABONOS. RESCISIÓN. NULIDAD DE LA PENA CONVENCIONAL.’ (se transcribe). Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Precedentes: Amparo directo 7045/95. Constructora e Inmobiliaria Olpeja H.W., S.A. de C.V. 18 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez. Por tales motivos, este tribunal considera que se debe denunciar la posible contradicción de criterios de los aquí tratados, ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para los efectos jurídicos correspondientes. ..."
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió el amparo directo civil DC. 1388/88, promovido por Alberto Fuentes Martínez, en contra de la sentencia definitiva dictada en el toca 2348/87, de fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por la que se confirmó la sentencia dictada por el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, el nueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete, en la que se determinó la rescisión del contrato base de la acción, la desocupación y entrega del inmueble materia del contrato de compraventa, la absolución del demandado respecto del pago de la pena convencional, al ser nula la estipulación respectiva, así como el pago de las rentas que le fueron estimadas por los peritos, hasta la entrega material a la actora del inmueble objeto del juicio y la condena a la parte actora a la devolución de las cantidades que hubiese recibido a cuenta del precio, previa compensación con las cantidades que deberá pagar la demandada por concepto de rentas, las que se liquidarían en ejecución de sentencia. En dicho fallo, en la parte que interesa a la presente contradicción, esencialmente se sostuvo:
"QUINTO. Son infundados los argumentos que a continuación se analizarán y que expresa el quejoso en sus conceptos de violación. En el caso no se verá privado el quejoso del derecho de recibir el pago de daños y perjuicios, toda vez que la restitución al vendedor a que se refiere el artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal debe comprender tales prestaciones: En efecto, en el mencionado precepto el legislador estableció la forma de que el comprador restituyera al vendedor los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado, así se previó respecto de los primeros una indemnización por el demérito que hubiera sufrido la cosa al estar en poder del adquirente en relación con lo segundo, al no poderse restituir, lo tradujo en el pago de una renta por tal concepto entendida como las cantidades que como ganancia lícita pudo haber obtenido el vendedor; de ahí que al establecerse en la sentencia reclamada la aplicación de tal precepto a la tercera perjudicada como restitución, con ello puede quedar satisfecho el derecho del inconforme de recibir el pago de daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento de la compradora. En el caso estuvo en lo correcto el fallo reclamado al desestimar la reclamación de la pena convencional y tomar como primacía la restitución en términos del artículo 2311 del Código Civil para el Distrito Federal. En efecto, el artículo 1840 del citado ordenamiento señala que si se pacta una pena convencional no podrán reclamarse además daños y perjuicios, tal es una norma general en cuanto se refiere a cualquier clase de contrato y de incumplimiento de las obligaciones, y también es genérica en cuanto puede aplicarse tanto la acción de cumplimiento como a la resolución. Sin embargo, para el caso de la rescisión de un contrato de compraventa en abonos se encuentra regulada por la norma especial que es la prevista por el artículo 2311 del mencionado código la que establece cuáles son los efectos de la resolución, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de dicho ordenamiento debe estarse a la norma especial. De esta forma el juzgador tiene atribuciones para analizar si una cláusula penal impone obligaciones más onerosas que las expresadas en el citado artículo 2311, de tal manera que si éstas superan a las que se pudieran obtener por el vendedor y debiera cubrir la compradora conforme a las reglas de restitución de tal disposición, debe declarar la nulidad de la pena como convención más onerosa, sin importar que la cláusula penal no supere el monto del adeudo principal, pues lo básico es que no exceda de las prestaciones a que se refiere el multicitado artículo 2311. En efecto, no fue incorrectamente aplicada la jurisprudencia que invoca el quejoso, toda vez que de acuerdo con tal criterio deben desestimarse las estipulaciones que le impongan al comprador obligaciones más onerosas que las que impone restituir el precitado precepto, el cual se considera de orden público, de manera que si en el caso la pena convencional, estima la Sala responsable, que excede de las obligaciones de restitución, debía estarse a esta última en beneficio de la compradora."
La ejecutoria que antecede originó la tesis aislada cuyos datos de identificación, texto y precedente son los siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: I, enero a junio de 1988, Segunda Parte-1
"Página: 179
"COMPRAVENTA, RESCISIÓN DE LA. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2311 DEL CÓDIGO CIVIL Y DESESTIMACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL, DEBE ESTARSE A LO MÁS FAVORABLE PARA EL COMPRADOR. El artículo 1840 del Código Civil señala que si se pacta una pena convencional no podrán reclamarse además daños y perjuicios; tal es una norma general en cuanto se refiere a cualquier clase de contrato y de incumplimiento de las obligaciones, y también es genérica en cuanto puede aplicarse tanto a la acción de cumplimiento como a la resolución. Sin embargo, para el caso de la rescisión de un contrato de compraventa en abonos se encuentra regulada por una norma especial que es la prevista por el artículo 2311 del mencionado código, la que establece cuáles son los efectos de la resolución, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de dicho ordenamiento debe estarse a la norma especial. De esta forma el juzgador tiene atribuciones para analizar si una cláusula penal impone obligaciones más onerosas que las expresadas en el citado artículo 2311, de tal manera que si estas superan a las que se pudieran obtener por el vendedor y debiera cubrir la compradora conforme a las reglas de restitución
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18984-e6034559/rescision-de-la-compraventa-efectos-aplicacion-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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