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Modo: Corpus Pro

SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 225.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, pues la hizo el presidente del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual emitió uno de los criterios estimados contradictorios.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación en la parte que interesa se transcriben:

a) El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de junio de dos mil cinco, el juicio de amparo en revisión civil número 171/2005, promovido por Inocencio Cosío Mazón y Francisco Mazón Cosío, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO-Por la relación que guardan entre sí los agravios, se analizarán en su conjunto, como lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, los cuales resultan esencialmente fundados como se verá a continuación. Para mejor comprensión del asunto, es conveniente precisar los siguientes antecedentes que se desprenden tanto de la copia certificada de las actuaciones del juicio ordinario mercantil 943/2004, seguido en el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, por los aquí recurrentes en contra de Lerma, Sociedad Anónima y otros, así como de los autos originales del toca 43/05, en el que la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resolvió de manera unitaria el recurso de apelación interpuesto contra el auto de once de noviembre de dos mil cuatro, dictado por el Juez Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal. 1. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil cuatro, Inocencio Cosío Mazón y Francisco Mazón Cosío, demandaron en la vía ordinaria mercantil de Lerma, Sociedad Anónima, Rogelio Barrenechea Banzález y María Estela Cuenca Palacios, las siguientes prestaciones: (se transcribe). Asimismo, los aquí inconformes solicitaron al Juez de primera instancia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que suspendiera todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa Lerma, Sociedad Anónima, llevada a cabo el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro. La petición correspondiente se formuló en los siguientes términos: (se transcribe). 3. Por auto de once de noviembre de dos mil cuatro, el Juez de primer grado admitió a trámite la demanda y concedió la suspensión solicitada por los aquí recurrentes, apoyándose en las siguientes consideraciones: (se transcribe). 4. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, los coactores presentaron la fianza que les requirió el juzgador, quien por auto de veinticuatro de noviembre de esa anualidad tuvo por exhibida dicha fianza. 5. Inconformes con las resoluciones en las que el Juez de primera instancia concedió la suspensión solicitada por la parte actora y tuvo por exhibida la fianza correspondiente, los codemandados Rogelio Barrenechea Banzález y María Estela Cuenca Palacios, interpusieron recurso de apelación y expresaron como agravios lo siguiente: (se transcribe). 6. Por resolución de veintiséis de enero de dos mil cinco, dictada en el toca 43/05, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, modificó el auto admisorio de la demanda y determinó que no resultaba procedente conceder la suspensión provisional en términos del artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo siguiente: (se transcribe). 7. Inconformes con ese fallo, los aquí recurrentes promovieron el juicio de amparo que ahora se revisa, del que por razón de turno, correspondió conocer al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el que negó la protección federal con base en los siguientes razonamientos: a) Que de la interpretación armónica de los artículos 186, 187, 188, 201 y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprende que las resoluciones de las asambleas se pueden impugnar a través de la nulidad o de la oposición. b) Que la nulidad se hará valer cuando la convocatoria de las asambleas generales no se haga por medio de la publicación de un aviso en el Periódico Oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en los periódicos de mayor circulación, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión; si durante ese tiempo no se deja a disposición de los accionistas el informe a que se refiere el artículo 172 del ordenamiento legal citado; o ‘cuando la convocatoria no contenga la orden del día y contenga la firma de quien la haga’. c) Que la oposición judicial a las resoluciones de las asambleas generales la hará valer el treinta y tres por ciento del capital social, siempre que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea; los reclamantes no hubieren concurrido a la misma asamblea o hubieran dado su voto en contra, y que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. d) Que la ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el Juez, siempre que los actores den fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad por la inejecución de dichas resoluciones, en el supuesto de que la sentencia declare infundada la oposición. e) Que si bien es cierto la nulidad y la oposición son acciones para impugnar tanto las convocatorias como las resoluciones de la asamblea general, también es verdad que cada una de ellas se encuentra regulada específicamente en la ley de la materia, lo que lleva a concluir que se trata de acciones que combaten distintas cuestiones dentro de la asamblea. f) Que las diferencias esenciales entre la acción que tiene por objeto la declaración de nulidad de una asamblea y la de oposición a la ejecución de los acuerdos adoptados en ella, consisten en que la primera se apoya en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias o en los requisitos necesarios en cuanto al quórum en primera convocatoria, para que sea válida la asamblea en cuanto a la forma, y no se condiciona su procedencia a que se haga el depósito de las acciones ante notario, dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea; mientras que la acción de oposición a la ejecución de los acuerdos de asamblea no tiene por objeto la nulidad por vicios de forma en la convocatoria o por falta de quórum legal, sino únicamente oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos, y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad. g) Que para el ejercicio de la acción de nulidad de asamblea, no es necesario satisfacer el requisito previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque este último se refiere a la acción de oposición judicial a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea, mientras que la acción de nulidad de asamblea general de sociedades de accionistas procede por vicios que surten los supuestos de los preceptos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; en cambio, la acción que contempla el artículo 201 de dicha ley, es la de oposición a la propia asamblea. Y, que resultaban aplicables las tesis aisladas de rubros: ‘ACCIÓN DE NULIDAD DE ASAMBLEA. ES DIFERENTE A LA OPOSICIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.’ y ‘SOCIEDADES MERCANTILES, ACCIONES DE NULIDAD Y OPOSICIÓN RESPECTO A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS. CASO EN QUE ES NECESARIO EL DEPÓSITO DE ACCIONES.’. h) Que como correctamente lo determinó la Sala responsable, por haberse solicitado la nulidad de la asamblea general extraordinaria no era procedente conceder la suspensión de la ejecución de la referida asamblea, en razón de que la acción de nulidad difiere jurídicamente a la de oposición, las cuales se encuentran reguladas de manera específica en la legislación aplicable. i) Que si bien el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el Juez; dicha suspensión es únicamente en el caso de oposición, pues el precepto legal en cita establece que para otorgar la suspensión deberá otorgarse fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la sociedad cuando en la sentencia se declara infundada la oposición, atento a la tesis aislada de rubro: ‘SOCIEDADES MERCANTILES, ACCIÓN DE OPOSICIÓN A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS.’ (se transcribe). j) Que el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que procede la medida de suspensión únicamente cuando se trata de oposición; ya que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la nulidad está relacionada con la falta de convocatoria a la asamblea de accionistas y también el caso en que quien realice dicha convocatoria carezca de atribuciones legales y estatutarias para hacerlo. k) Que las acciones de oposición resultan limitadas a las resoluciones tomadas durante el curso de la asamblea de accionistas, lo que presupone que los actos preparatorios para la realización de dicha asamblea encuadran dentro de supuestos diversos, que son motivo de acción distinta, como lo es la de nulidad; de ahí que la acción de nulidad basada en el artículo 188 de la ley mencionada se hace valer cuando no se cumplen con los requisitos de validez, que de ninguna manera encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 201 del propio ordenamiento mercantil, que se refiere a la acción basada en el derecho de oposición de los socios y que, por el mismo motivo, no se encuentra dentro de los supuestos de suspensión contemplados en el mencionado artículo 202. l) Que no es correcto aplicar por analogía a la acción de nulidad, lo relacionado con la suspensión de los acuerdos, porque el método analógico se aplica cuando existe una relación de semejanza entre cosas distintas o haya una relación de diversos objetos o conceptos entre sí, por la cual se les aplica un término común, esto es, para la aplicación de dicho método analógico es necesario que concurran diversas circunstancias, como la ausencia expresa de la norma aplicable al caso concreto; la existencia de una norma que resulta aplicable a otro caso concreto distinto, pero que presenta similitud con el cuestionado y que por igual razón, porque está implícito que se haga lo ordenado o permitido en el caso reglado, le resulta aplicable al cuestionado. m) Que si bien tienen distinta naturaleza la nulidad y la oposición, no se pueden aplicar las mismas medidas para una y para la otra; pues, se insiste, la nulidad se encuentra expresamente regulada en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y tiene como objeto combatir las formalidades de publicación de la convocatoria para la asamblea general extraordinaria; en cambio, la acción de oposición la contemplan los artículos 201 y 202 del mismo ordenamiento, y tiene como finalidad impugnar las resoluciones decretadas en la propia asamblea. n) Que de aceptarse la aplicación analógica de la suspensión prevista para la oposición, sería tanto como admitir que también deben de aplicarse los requisitos para la procedencia de la oposición a la nulidad establecida en el diverso 201. De lo anteriormente expuesto puede apreciarse que la cuestión jurídica toral consiste en determinar si el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que prevé la suspensión de las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas generales de accionistas, puede o no aplicarse por mayoría de razón cuando se demande la nulidad de una asamblea general extraordinaria de accionistas. En primer lugar, es conveniente precisar las opiniones que diversos tratadistas han emitido sobre el tema controvertido, máxime que los recurrentes acuden a la doctrina para demostrar sus aseveraciones, ya que aun cuando en el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia; sin embargo, puede acudirse a ella como elemento de análisis y apoyo, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XIII, correspondiente al mes de mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: (se transcribe). Joaquín Rodríguez Rodríguez en su Tratado de Sociedades Mercantiles, Tomo II, editorial Porrúa, México, 1986, expresa: (se transcribe). Roberto L. Mantilla Molina en su libro Derecho Mercantil, editorial Porrúa, México, 1986, manifiesta lo siguiente: (se transcribe). Manuel García Rendón en su trabajo denominado Sociedades Mercantiles, editorial Oxford, México, 2003, explica: (se transcribe). Como puede apreciarse, la posibilidad de que se suspendan las resoluciones adoptadas por una asamblea general de accionistas cuando se reclama la nulidad de dicha asamblea ha generado opiniones encontradas entre los tratadistas, por lo que con el fin de dar sustento a lo que este tribunal resolverá, debe tomarse en cuenta que la acción de oposición a las resoluciones adoptadas en las asambleas de accionistas de una sociedad mercantil, se encuentra prevista en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe). Por otra parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 202, establece que cuando se impugnen los acuerdos adoptados en una asamblea de accionistas de una sociedad mercantil, podrá decretarse la suspensión de la ejecución de esos acuerdos. Al respecto, ese precepto dispone lo siguiente: (se transcribe). Es importante precisar que la doctrina es unánime respecto a que la figura de la suspensión participa de la naturaleza de una medida cautelar o precautoria. Las medidas precautorias, calificadas también como providencias o medidas cautelares, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes (en algunos casos de oficio), para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso, es decir, se decretan para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica. El artículo transcrito establece una medida precautoria o cautelar de naturaleza especial, consistente en la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas, que se pide, por lo general, juntamente con la demanda en la que se ejercita la acción de oposición relativa; sin embargo, puede solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La suspensión derivada de la acción de oposición a las resoluciones adoptadas en una asamblea de accionistas de una sociedad mercantil, es una medida precautoria o preventiva que podrá decretar el Juez para conservar la materia del juicio, esto es, para evitar que la ejecución de los acuerdos impugnados provoque la ineficacia de la sentencia que llegue a dictarse. Asimismo, la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas está sujeta al cumplimiento de requisitos de procedencia y de efectividad. Los primeros, constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que se conceda la medida precautoria; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el interesado debe llenar para que surta efectos la suspensión otorgada. Establecido lo anterior, debe advertirse que la Ley General de Sociedades Mercantiles fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos treinta y cuatro y se integra con la publicación de la fe de erratas de veintiocho de agosto del mismo año, la cual fue expedida por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso de la Unión, mediante decreto de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y tres, relativo a las facultades para expedir un Código de Comercio y las leyes especiales en materia de comercio y de derecho procesal mercantil. Bajo esa circunstancia no existió una exposición de motivos que develara la intención de la expedición de la norma referida y que contribuyera a determinar o aclarar su sentido. Para abordar el punto materia de la litis y determinar si el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede aplicarse, por analogía lato sensu en donde se comprende a la mayoría de razón, para suspender los acuerdos adoptados en una asamblea general de accionistas cuya nulidad se reclama, resulta necesario conocer el contenido de los artículos 178 a 188 y 200 a 205 contenidos en la sección sexta denominada ‘De las asambleas de accionistas’, del capítulo quinto denominado ‘De la sociedad anónima’ de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que disponen: (se transcribe). De la lectura de los preceptos transcritos se desprende, con claridad y fuera de duda, que la asamblea general de accionistas se considera el órgano supremo de la sociedad, razón por la cual tiene facultad para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad, cuyas decisiones serán cumplidas por la persona que se designe -delegado- o bien, por el administrador o consejo de administración; además, se autoriza que en los estatutos de la sociedad se prevea que las decisiones por unanimidad tomadas por la totalidad de los accionistas fuera de sesión de asamblea general o especial, tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión, cuando se confirmen por escrito. Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias; la primera de ellas se celebra, por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupa de los temas relativos a la discusión, aprobación o modificación del informe de los administradores que se indica en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe de los comisarios, así como determinar sus emolumentos si no están fijados en los estatutos sociales. En cambio, las asambleas extraordinarias tienen como objeto tratar lo relativo a la prórroga de la duración de la sociedad, su disolución anticipada, el aumento o reducción de capital, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, la fusión o transformación de la misma, la emisión de acciones privilegiadas, la amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce; la emisión de bonos, cualquier modificación al contrato social y los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija quórum especial, bajo la premisa de que pueden celebrarse en cualquier tiempo. La convocatoria para las asambleas debe hacerse por el administrador, el consejo de administración de la sociedad o los comisarios; también los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social pueden pedir a aquéllos la convocatoria de una asamblea para tratar los asuntos que se indiquen y, en caso de oposición a la emisión de la misma, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad podrá hacerlo, en cuyo caso los accionistas referidos deberán exhibir los títulos de las acciones; el requisito del porcentaje mínimo de accionistas no se tomará en cuenta cuando no se celebró ninguna asamblea en dos ejercicios consecutivos o no se ocupó de los asuntos que se indican en el artículo 181 de la ley citada, sino que bastará que lo haga el titular de una sola acción y que exista negativa del consejo de administración, administrador o comisarios de efectuarla u omitan realizarla en el término de quince días a partir de la solicitud. La convocatoria a la asamblea general debe hacerse por medio de la publicación de un aviso en el Periódico Oficial de la entidad o en uno de los periódicos de mayor circulación con la anticipación que fijen los estatutos de la sociedad y, en su defecto, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, en cuyo lapso estará a disposición de los accionistas el informe a que se refiere el artículo 172 de la ley de la materia. Las resoluciones que se tomen en la asamblea que no se celebre de acuerdo a las formalidades antes precisadas o no contengan el orden del día y no sean firmadas por quien las haga, serán nulas, salvo que al momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones. Esas resoluciones son obligatorias para los socios, aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición previsto en esa ley. Así, los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social pueden oponerse a las resoluciones de las asambleas generales cuando la demanda se presente dentro de los siguientes quince días a la fecha de clausura de la asamblea; que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o no hayan dado su voto a la resolución impugnada; que la demanda señale la cláusula del contrato social o precepto legal infringido y el concepto de violación. Lo anterior tiene una excepción expresa que atañe a la imposibilidad de oponerse judicialmente contra la resolución que exige la responsabilidad de los administradores o comisarios en tanto se trata de una decisión de la sociedad cuyo interés tiene mayor trascendencia que la del accionista; pero en cambio, sí podrán oponerse a la resolución que niegue esa posibilidad de exigir la responsabilidad. La ejecución de las resoluciones impugnadas puede suspenderse por la autoridad judicial siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a la sociedad por la inejecución de esas resoluciones, en el caso de que se declare infundada la oposición. Así, la sentencia que se dicte surtirá efectos respecto de todos los socios, en la inteligencia de que todas las oposiciones habidas deben deducirse en una misma sentencia. En todo caso, cuando se ejerza la acción de oposición a la ejecución de las resoluciones de una asamblea de accionistas, deberán depositarse los títulos de las acciones ante notario o ante una institución de crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales y aquéllas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio. De acuerdo a lo anterior y como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la acción de oposición que prevé tiene por objeto impedir la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea y atiende a cuestiones de fondo de esos acuerdos que contravienen los estatutos sociales o la ley. En cambio, la acción de nulidad prevista en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene como objeto principal estimar si se actualizó alguna de las hipótesis previstas en los artículos 186 y 187 de la ley citada, ya precisadas. Sobre ese tema se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y ha dado lugar a la tesis I.3o.C.194 C, que este órgano colegiado comparte, publicada en la página 1179, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican: ‘ACCIÓN DE NULIDAD DE ASAMBLEA. ES DIFERENTE A LA OPOSICIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende con claridad que en el caso de las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas, proceden diversas acciones, sean la de nulidad o la de oposición antes precisadas y significan un derecho que la ley concede a los accionistas cuando estiman que un acuerdo de asamblea es nulo porque la convocatoria a la asamblea tiene un vicio de forma o no hubo el quórum legal (acción de nulidad), o bien cuando se contravienen disposiciones de la ley o los estatutos de la sociedad (acción de oposición). En síntesis, tanto la acción de nulidad como la de oposición tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, aun cuando encuentran una diferencia de matiz en cuanto a quién puede promoverla; en el primer caso, cualquier accionista interesado que no haya estado presente en la celebración de la asamblea y alegue infracción de lo previsto por los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; en el segundo, el titular o titulares del treinta y tres por ciento de las acciones representativas del capital social. Por otro lado, debe señalarse que conforme al artículo 22 inserto en el capítulo primero denominado ‘De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general’, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier socio o acreedor de la sociedad puede exigir de los administradores el cumplimiento de su obligación de separar anualmente el cinco por ciento de las utilidades netas de la sociedad para formar el fondo de reserva que debe equivaler a la quinta parte del capital social; esta acción de cumplimiento debe hacerse en vía sumaria, y permite establecer el derecho de impugnación de los socios y acreedores a los actos del consejo de administración o de los administradores, en cuyo caso se trata de una acción de naturaleza individual. Debe recordarse que los artículos 14, cuarto párrafo, de la Constitución Federal y 18 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establecen lo siguiente: (se transcribe). El precepto constitucional antes transcrito, en su parte conducente, es claro en cuanto a la intención del Poder Constituyente de elevar a postulado jurídico fundamental uno de los principios que rigen la actuación del Juez en materia civil, esto es, el de legalidad, el cual además expresa el orden de las fuentes del derecho a las que puede acudir la autoridad judicial, a saber, la ley en primer término y, en su defecto u omisión, los principios generales del derecho. En cuanto al primer aspecto, el texto legal debe entenderse conforme a la letra y, en caso de que las palabras o enunciados normativos sean confusos o no suficientemente claros para comprender su sentido liso y llano, debe recurrirse a la interpretación de la ley. Se afirma lo anterior, porque es claro que la noción tradicional de sistema o de orden jurídico, tiene como presupuesto ideal el que el conjunto de normas que lo forman puede regular y comprender todos los casos posibles, pero cuando ello no es así, esa falla o laguna, debe ser subsanada por otras fuentes previstas por el mismo derecho que completen lo omitido. En la labor interpretativa autorizada por la norma constitucional queda comprendido cualquier método o técnica que sirva para resolver el problema planteado, pero en todo caso ellos deben guardar una relación objetiva y uniforme con los criterios establecidos por el legislador ordinario, de modo que debe entenderse como último recurso, agotadas todas las modalidades de interpretación normativa, por el carácter inédito de la controversia a resolver, y se deba acudir a la aplicación de los principios generales del derecho. La norma secundaria citada corrobora la obligación del juzgador de respetar el principio de legalidad citado en tanto que debe juzgar como actividad ineludible y, en esa medida, ante la insuficiencia o la oscuridad de la ley, debe hacer uso de los métodos de interpretación histórica, semántica, sistemática y la aplicación analógica, sin que esta enumeración impida el empleo de otro método porque exista la libertad para el juzgador de utilizar el más apropiado al caso concreto. Ahora bien, cuando se trata del método analógico, debe determinarse si en el caso es posible aplicarlo al caso concreto. Es de explorado derecho que la aplicación analógica de la norma se da cuando no se contempla un supuesto específico, pero regula otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón y tiene, entre otros, la finalidad de integrar el ordenamiento jurídico subsanando las lagunas de que el mismo adolece y que se compagina con el derecho de los gobernados a que sean resueltas las controversias que se plantean a la autoridad judicial quien no puede excusarse de resolverlos ante la insuficiencia, silencio u oscuridad de la ley. La analogía supone, por un lado, que existe una determinada norma que regula un supuesto de hecho al que aplica una consecuencia jurídica determinada y, por otro, que existe un supuesto de hecho el cual no se encuentra regulado por norma algun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19491-38cea64b/sociedades-mercantiles-la-suspension-de-las-resoluciones-adoptadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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