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ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. NO OPERA SU CADUCIDAD POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN PARA SU PAGO DE UN PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS, DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA VISTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19307
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 64.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el dos de junio de dos mil cinco, en el amparo directo DC. 3266/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son las que a continuación se transcriben:

"Esos argumentos son infundados. Para demostrarlo, en principio, este órgano de control constitucional estima necesario precisar que la Sala responsable en la sentencia reclamada consideró, en lo que al caso interesa, que en el juicio natural se había planteado la acción cambiaria directa, la que prescribía en los términos a que aludía el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Que la figura de la caducidad no resultaba aplicable a la acción cambiaria directa, sino que únicamente era aplicable a la vía de regreso, en términos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que era inexacto que por no presentar los documentos para su pago dentro del plazo de seis meses, se perdiera la acción cambiaria directa, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: ‘ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, PROTESTO INNECESARIO AUN CUANDO SE FUNDE EN PAGARÉS A LA VISTA, DE VENCIMIENTOS SUCESIVOS Y EL TÉRMINO DE TRES AÑOS PARA QUE PRESCRIBA DICHA ACCIÓN EMPIEZA A CORRER UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE PAGO QUE ES DE SEIS MESES.’. Esas consideraciones que la Sala responsable vertió en la sentencia reclamada, resultan apegadas a derecho. Para acreditar el anterior aserto, se estima conveniente, en primer lugar, precisar que la caducidad de los títulos de crédito a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 160 y correlativos, es de interés público y se basa en la necesidad de dar mayor movilidad a los títulos de operaciones de crédito, desde un punto de vista económico social. En ese orden de ideas, la caducidad debe conceptuarse obligatoria. La caducidad es un hecho impeditivo del nacimiento de la acción y el juzgador al estudiar los elementos constitutivos de la acción, está obligado a estudiar la figura procesal en comento, aun cuando el demandado no la haya hecho valer. Al efecto, el autor Mantilla Molina señala que están sujetos a caducidad los derechos en cuanto que su titular, para estar provisto de una acción procesal ha de satisfacer determinados requisitos dentro del plazo que al efecto señale el ordenamiento jurídico, si no se desahoga la carga de realizar los actos necesarios, se pierde la posibilidad de que se dote de una acción al derecho correspondiente, que no podrá ser satisfecho coactivamente por los órganos estatales. El derecho decae porque pierde la posibilidad de apoyarse en una acción, por tanto, lo que caduca, lo que está sujeto a caducidad es el derecho, la acción no llegó a surgir. La caducidad o decadenza (en el derecho italiano) se presenta como la sanción legal que se produce cuando el titular de un derecho (en expectativa) al abstenerse de realizar ciertas cargas que la ley le impone, es privado de éste; derecho que en estricto sentido no nace, impidiéndose así el ejercicio de la acción, que en materia cambiaria produce la pérdida del derecho al ejercicio pero únicamente de la acción en la vía de regreso, porque el derecho del tenedor contra el obligado principal, para el ejercicio de la acción cambiaria directa, no está sujeto a la caducidad. Se expone tal aserto, porque para deducirse la acción cambiaria directa, no necesita el tenedor llenar previamente ninguna formalidad especial, en atención a que la acción es ejercitable por la sola falta de pago del aceptante al vencimiento del título, sin estar nunca sujeta a caducidad, sino sólo a prescripción. Al efecto, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la página 807, Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PAGARÉS CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS, PRESENTACIÓN DE. PARA SU COBRO (6 MESES) Y OPORTUNIDAD PARA INCOAR PROCESO JUDICIAL (3 AÑOS).’ (se transcribe). En el contexto apuntado, debe decirse que contrario a lo sostenido por el promovente de la acción constitucional, en la especie, no operó la caducidad de la acción cambiaria directa, dado que como correctamente lo sostuvo la Sala responsable, dicha figura jurídica no es aplicable a la acción cambiaria directa, sino únicamente a la vía de regreso, como ha quedado explicado en líneas que anteceden. Es conveniente apuntar que aun cuando es cierto que de acuerdo al contenido del artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -que conforme al 174 de ese ordenamiento legal es aplicable a los títulos de crédito denominados pagarés- la letra de cambio debe ser presentada para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha, no menos lo es que la falta de presentación para su pago, en el ordenamiento legal no está sancionado con la caducidad de la acción cambiaria directa. Es así, porque esa exigencia contenida en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no es más que para definir desde cuándo debe considerarse cobrable o vencido un documento pagadero a la vista, como ocurre con los pagarés que consignan vencimientos sucesivos, así como para saber cuándo comienza a operar la prescripción de la acción cambiaria directa, pues no debe perderse de vista que una cosa es la exigencia de la ley relativa a la presentación de los documentos ‘para su cobro’ y otra muy distinta, la oportunidad para incoar proceso judicial, acorde con las reglas contenidas en el Código de Comercio, para obtener ese cobro que prescribe en el lapso de tres años, según lo previene el artículo 165 de la invocada ley, en primer lugar. Finalmente, debe decirse que este órgano de control constitucional no comparte la tesis aislada invocada por el quejoso, cuyo rubro es: ‘PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA MERCANTIL.’, porque ese criterio jurisprudencial es contrario a lo sostenido en esta ejecutoria. En efecto, en esa tesis se considera que si no se presenta para su pago el pagaré con vencimientos sucesivos dentro del plazo previsto en el artículo 128 invocado, se pierde la acción cambiaria, lo que no se comparte, porque la disposición legal invocada no contiene como sanción la caducidad de la acción cambiaria directa el que se omite presentar el pagaré para su cobro. Además, en ese criterio jurisprudencial literalmente se sostiene: ‘... pues si no se presenta para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha (a la vista), perderá la acción cambiaria, respectivamente, contra todos los obligados o contra el obligado que haya hecho la indicación del plazo y contra los posteriores a él ...’, lo que implica que en esa tesis no se precisa si se está en el caso de la acción cambiaria de regreso o en la directa, tratándose de pagarés con vencimientos sucesivos, con lo que este tribunal no está obligado a seguir su criterio, porque como se ha demostrado en líneas precedentes, a la acción cambiaria directa no le es aplicable la figura de la caducidad, según disposición expresa de la ley."

QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada en el amparo directo DC. 7595/97, resuelto el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de votos, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:

"QUINTO. En el único concepto de violación, los quejosos se concretan a argumentar que la sentencia reclamada infringe en su perjuicio los diversos preceptos legales que mencionan, pues la Sala responsable al confirmar la sentencia recurrida, de manera incorrecta, razonó que el pagaré base de la acción no se encuentra comprendido en el supuesto previsto por el artículo 93 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que dicho numeral se refiere a las letras pagaderas a cierto tiempo vista, en cambio, el documento fundatorio de la acción tiene una sola fecha de vencimiento, pero se fracciona su vencimiento en diversas amortizaciones que se establecen dentro del término pactado, por ello, no puede equipararse a las letras de cambio o pagarés con vencimientos sucesivos, porque en este supuesto se trata de la existencia de diversas letras de cambio o pagarés con fechas sucesivas; pues en opinión de los quejosos, la jurisprudencia que invocaron en sus agravios de apelación, bajo el rubro: ‘PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS. PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA SU PAGO.’, se refiere precisamente a un solo pagaré que contenga en sí mismo vencimientos sucesivos (como sucede en la especie), en cuyo supuesto, el título ejecutivo se entenderá pagadero a la vista, y el plazo de presentación para su pago es de seis meses contados a partir de la fecha de su expedición, y no el plazo de tres años a partir de la fecha del último vencimiento señalado en el pagaré; por tanto en el caso se actualiza la hipótesis a que se refiere el mencionado artículo 93, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el sentido de que el tenedor que no presente la letra de cambio dentro del plazo legal o en el señalado por cualesquiera de los obligados, perderá la acción cambiaria, motivo por el cual el tenedor del documento no puede presentarlo para su pago cuando lo crea conveniente, con apoyo en la cláusula que previene que la falta de pago oportuno de uno de los abonos a capital o intereses, dará derecho al acreedor a dar por vencida anticipadamente la totalidad de la suma expresada en el pagaré básico, ya que dicha cláusula carece de validez, porque la ley establece expresamente que si el documento base de la acción tiene vencimientos sucesivos, se considerará pagadero a la vista y, por ello, debe presentarse para su pago en los seis meses siguientes con pena de perder la acción cambiaria. En principio, es pertinente transcribir la tesis de ejecutoria que invocan los quejosos, sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 487, publicada en la página 359, Segunda Parte, del Informe de 1987, que dice: ‘PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS. PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA SU PAGO.’ (se transcribe). En esas condiciones, resulta fundado el alegato de los quejosos, porque es cierto que el proceder de la Sala responsable es incorrecto, puesto que de la sola lectura de la tesis de ejecutoria antes transcrita, cuya aplicación aducen los peticionarios, claramente se advierte que la misma se refiere a un solo pagaré que contenga en sí mismo vencimientos sucesivos, como lo alegan los quejosos, el cual conforme a lo dispuesto por los artículos 79 y 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se entenderá siempre pagadero a la vista, y el plazo de presentación para su pago es el de seis meses contados a partir de la fecha de su expedición y no el de tres años contados a partir de la fecha del último vencimiento señalado en el título ejecutivo. En efecto, en el pagaré base de la acción, los suscriptores se obligaron a lo siguiente: (se transcribe); en esas condiciones, resulta incorrecto el razonamiento del tribunal responsable respecto a que en la especie, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 93 (sic) (el artículo a que debió referirse la Sala es el 128) de la ley mercantil mencionada, así como la tesis de ejecutoria invocada por los inconformes, ya que aunque el documento fundatorio de la acción tiene una sola fecha de vencimiento (el día 22 de septiembre de 1997), también contiene treinta y seis amortizaciones o liquidaciones que se establecen dentro del término pactado, por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, supletorio en tratándose de pagarés, por disposición expresa del diverso numeral 174 del propio ordenamiento, la letra de cambio puede ser girada: I. A la vista; II. A cierto tiempo vista; III. A cierto tiempo fecha; y, IV. A día fijo; lo anterior significa que la obligación contenida tanto en las letras de cambio como en los pagarés, vence y, por ende, puede ser exigible: cuando el documento relativo se ponga a la vista del obligado; a cierto tiempo de que ello suceda; a cierto tiempo de una determinada fecha; y en un día preciso; de manera que si en el pagaré base de la acción aparece que fue suscrito a día fijo pero ‘con vencimientos sucesivos’, obviamente, la obligación contenida en el mismo, es exigible el día preciso en que se deje de pagar cualquiera de los abonos, lo cual significa que al tratarse de un solo documento que contiene vencimientos sucesivos, vence precisamente cuando se ponga a la vista del obligado, cuando se presente por falta de pago de cualquiera de los abonos. Luego entonces, en la especie se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 128, en relación con el último párrafo del numeral 79, ambos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que la misma ley se refiere a cuando los títulos de crédito pagaderos a la vista, cuyo tenedor no lo presente en el plazo legal, es decir, dentro de los seis meses que sigan a su fecha, perderá la acción cambiaria, respectivamente, contra todos los obligados, o contra el obligado que haya hecho la indicación del plazo y contra los posteriores a él; puesto que como quedó establecido en líneas anteriores, el pagaré base de la acción tiene una sola fecha de vencimiento en diversas amortizaciones y, por ende, no resulta procedente la acción ejecutiva mercantil ejercitada por su tenedor actor para su pago, con apoyo en la cláusula convenida por las partes contendientes, respecto a que la falta de pago oportuno de uno de los abonos a capital o intereses, da derecho al acreedor a dar por vencida anticipadamente la totalidad de la suma expresada en el documento fundatorio de la acción; de manera que, al contrario de lo que estimó la Sala, en el caso, los demandados, ahora quejosos, acreditaron su excepción derivada del artículo 8o., fracción X, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consistente en la caducidad de la acción."

De la ejecutoria anterior derivó la siguiente tesis que se identifica y lee como sigue:

"Novena Época

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: I.5o.C.69 C

"Página: 1215

"PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA MERCANTIL. Cuando el pagaré base de la acción tiene una sola fecha de vencimiento con diversas amortizaciones, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 128, en relación con el último párrafo del numeral 79, ambos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que de conformidad con el citado último párrafo, los títulos de crédito con vencimientos sucesivos, se entenderán siempre pagaderos a la vista por la totalidad de la suma que expresen, característica esta última, que obliga a su tenedor a presentarlos dentro del plazo previsto por el aludido artículo 128, pues si no se presentan para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha (a la vista), perderá la acción cambiaria, respectivamente, contra todos los obligados o contra el obligado que haya hecho la indicación del plazo y contra los posteriores a él. De manera que en la especie, los demandados ahora quejosos acreditaron su excepción derivada de la fracción X del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consistente en la caducidad de la acción ejecutiva mercantil, ya que la falta de pago oportuno de cualquiera de los abonos dio derecho al acreedor a dar por vencida anticipadamente la totalidad de la suma expresada en el pagaré base de la acción ejecutiva, misma que como se dijo, debió ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la aludida mora en el pago de los abonos.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 7595/97. Lucero Figueroa López y otro. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretaria: María Guadalupe Gama Casas."

SEXTO. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es menester hacer una relación de los antecedentes de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes en la presente contradicción de tesis.

De la resolución dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se advierte lo siguiente:

1. Conauto, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración Víctor Hugo Anzorena Anaya, Óscar Anzorena Anaya, Héctor Alvarado Sandoval, Gustavo Fernández Marín, Juan Alfredo Campuzano Luis y Ana Alicia Rosas Rivera, demandó de José Manuel Hernández Gómez, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de $148,967.02, por concepto de suerte principal, el pago de intereses moratorios a razón del 5% mensual, así como los gastos y costas.

2. Por auto de fecha seis de septiembre de dos mil cuatro, el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal, a quien por turno correspondió conocer del asunto, lo admitió a trámite; seguido el juicio, el veintiséis de enero de dos mil cinco dictó sentencia en la que resolvió que la actora probó su pretensión y la demandada justificó parcialmente sus excepciones y defensas opuestas, condenó a esta última a pagar dentro del término de cinco días la suerte principal, así como los intereses moratorios, debiéndose considerar en tal liquidación el pago parcial de seis mil novecientos treinta y seis pesos 11/100 moneda nacional, en términos del artículo 364, segundo párrafo, del Código de Comercio, y los gastos y costas del juicio. Se especificó que de no hacerse el pago en los términos indicados, se hiciere trance y remate de los bienes embargados y con su producto se pagara al acreedor.

3. Inconforme con tal determinación, el demandado interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y que fue resuelto mediante sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil cinco, en el toca 586/05, en el que confirmó la sentencia recurrida, condenando a la apelante al pago de las costas causadas en la instancia.

4. En contra de dicha sentencia, el apelante interpuso demanda de amparo, de la que tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien dictó sentencia el dos de junio de dos mil cinco, en la que, en esencia, sostuvo lo siguiente:

a) Respecto al concepto de violación en que el quejoso adujo que la Sala responsable no tomó en cuenta las pruebas que aportó, con las cuales demostró la excepción derivada del artículo 8o., fracción VIII (sic), de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, concretamente la de caducidad, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 128 de dicho ordenamiento legal, en relación con el último párrafo del artículo 79, dado que la actora omitió presentar los documentos base de la acción dentro del plazo previsto en el artículo 128 referido, esto es, dentro de los seis meses que siguieran a su fecha (a la vista), por lo que perdió su acción, de acuerdo a la tesis: "PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA MERCANTIL."

Lo anterior, lo consideró infundado, para lo cual señaló que la Sala responsable en la sentencia consideró que en el juicio natural se había planteado la acción cambiaria directa, la que prescribía en los términos a que aludía el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Que la figura de caducidad no resultaba aplicable a la acción cambiaria directa, sino que únicamente era aplicable a la vía de regreso, en términos de lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que era inexacto que por no presentar los documentos para su pago dentro del plazo de seis meses, se perdiera la acción cambiaria directa, lo anterior con fundamento en la tesis de jurisprudencia: "ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, PROTESTO INNECESARIO AUN CUANDO SE FUNDE EN PAGARÉS A LA VISTA, DE VENCIMIENTOS SUCESIVOS Y EL TÉRMINO DE TRES AÑOS PARA QUE PRESCRIBA DICHA ACCIÓN EMPIEZA A CORRER UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE PAGO QUE ES DE SEIS MESES."

El Tribunal Colegiado determinó que resultaban apegadas a derecho las consideraciones que sostuvo la Sala responsable, en atención a lo siguiente:

Que la caducidad de los títulos de crédito a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 160 y correlativos, es de interés público y se basa en la necesidad de dar mayor movilidad a los títulos de operaciones de crédito, desde un punto de vista económico social. Por tanto, la caducidad debe conceptuarse obligatoria.

Que el juzgador está obligado a estudiar los elementos constitutivos de la acción, aun cuando el demandado no la haya hecho valer.

Que en materia cambiaria la caducidad produce la pérdida del derecho al ejercicio de la acción, pero únicamente de la acción de regreso, porque el derecho del tenedor contra el obligado principal para el ejercicio de la acción cambiaria directa, no está sujeto a caducidad, sino sólo a prescripción.

Lo anterior, con apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que señala se comparte, de rubro: "PAGARÉS CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS, PRESENTACIÓN DE. PARA SU COBRO (6 MESES) Y OPORTUNIDAD PARA INCOAR PROCESO JUDICIAL (3 AÑOS)."

Sostuvo el Tribunal Colegiado que por lo anterior, contrario a lo sostenido por el quejoso, en el caso no operó la caducidad de la acción cambiaria directa, dado que dicha figura jurídica no es aplicable a la acción cambiaria directa, sino únicamente a la vía de regreso.

Igualmente, se dijo que si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (que conforme al artículo 174 es aplicable a los títulos de crédito denominados pagarés), la letra de cambio deber ser presentada para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha, no menos lo es que la falta de presentación para su pago, en el ordenamiento legal no está sancionado con la caducidad de la acción cambiaria directa.

Lo anterior, ya que esa exigencia no es más que para definir desde cuándo debe considerarse cobrable o vencido un documento pagadero a la vista, así como para saber cuándo comienza a operar la prescripción de la acción cambiaria directa, ya que no debe perderse de vista que una cosa es la exigencia de la ley relativa a la presentación de los documentos "para su cobro", y otra muy distinta, la oportunidad para incoar proceso judicial, acorde con las reglas contenidas en el Código de Comercio para obtener ese cobro, que prescribe en el lapso de tres años, según lo previene el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Por otra parte, de la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se advierte lo siguiente:

1. Adolfo López Alcántara y Jorge Castro Contreras, en su carácter de endosatarios en procuración de Automotores Azcapotzalco, S.A. de C.V., iniciaron juicio ejecutivo mercantil, en el que demandaron de Lucero Figueroa López y Luis Figueroa Tirado, el pago de la cantidad de cincuenta y cuatro mil trescientos treinta nuevos pesos, por concepto de suerte principal, el pago de los intereses moratorios a razón del 7% mensual, más el impuesto al valor agregado desde que incurrieron en mora y hasta la total solución del juicio, así como el pago de los gastos y costas.

2. El Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, al que correspondió conocer del juicio, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete dictó sentencia en la que resolvió que la actora probó su acción y los codemandados sólo justificaron parcialmente su excepción de pago, condenó a estos últimos a pagar la suerte principal, señalando que debe considerar la suma de siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N., que amparan cuatro billetes de depósito, así como los intereses moratorios, asimismo, tomarse en cuenta la cantidad de tres mil setecientos cuarenta y tres pesos 25/100 M.N., para aplicar primeramente al pago de los intereses y posteriormente al capital, de existir algún remanente previa a su liquidación; y al pago de los gastos y costas del juicio. Se especificó que de no hacerse el pago en los términos indicados, se hiciere trance y remate de los bienes embargados y con su producto se pagara a la actora.

3. Inconformes con tal determinación, los codemandados interpusieron recurso de apelación, del que tocó conocer a la Décima Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que fue resuelto mediante sentencia dictada el seis de junio de mil novecientos noventa y siete, en el toca 1048/97, en el que confirmó la sentencia recurrida, condenando a los recurrentes al pago de las costas causadas en ambas instancias.

4. En contra de dicha sentencia los apelantes interpusieron demanda de amparo, de la que tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien dictó sentencia el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la que, en esencia, sostuvo lo siguiente:

a) En el único concepto de violación, los quejosos adujeron que la sentencia reclamada de manera incorrecta razonó que el pagaré base de la acción no se encuentra comprendido en el supuesto previsto por el artículo 93 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que éste se refiere a las letras pagaderas a cierto tiempo de vista, en cambio, el documento fundatorio de la acción tiene una sola fecha de vencimiento, pero se fracciona éste en diversas amortizaciones que se establecen dentro del término pactado, por ello, no puede equipararse a las letras de cambio o pagarés con vencimientos sucesivos, ya que en este supuesto se trata de la existencia de diversas letras de cambio o pagarés con fechas sucesivas. Lo anterior, con apoyo en la tesis: "PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS. PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA SU PAGO."

El Tribunal Colegiado consideró fundado el alegato de los quejosos, ya que la Sala responsable actuó de manera incorrecta, puesto que de la lectura de la tesis sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada por los quejosos, claramente se advierte que la misma se refiere a un solo pagaré que contenga en sí mismo vencimientos sucesivos, como lo alegan los quejosos, el cual conforme a lo dispuesto por los artículos 79 y 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se entenderá siempre pagadero a la vista, y el plazo de presentación para su pago es el de seis meses contados a partir de la fecha de su expedición, y no el de tres años contados a partir de la fecha del último vencimiento señalado en el título ejecutivo.

El Tribunal Colegiado sostuvo que del pagaré base de la acción, se advierte que resulta incorrecto el razonamiento del tribunal responsable respecto a que en el caso, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 93 (sic) (el artículo a que debió referirse la Sala es el 128) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como la tesis invocada por los inconformes, ya que aunque el documento fundatorio base de la acción tiene una sola fecha de vencimiento (22 de septiembre de 1997), también contiene treinta y seis amortizaciones o liquidaciones que se establecen dentro del término pactado, por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del ordenamiento en cita, supletorio tratándose de pagarés, por disposición expresa del diverso 174 del propio ordenamiento, la obligación contenida tanto en las letras de cambio como en los pagarés, vence y, por ende, puede ser exigible cuando el documento se ponga a la vista del obligado; a cierto tiempo de que ello suceda; a cierto tiempo de una determinada fecha; y en un día preciso; de manera que si en el pagaré base de la acción aparece que fue suscrito a día fijo, pero "con vencimientos sucesivos", obviamente, la obligación contenida en el mismo, es exigible el día preciso en que se deje de pagar cualquiera de los abonos, lo cual significa que al tratarse de un solo documento que contiene vencimientos sucesivos, vence precisamente cuando se ponga a la vista del obligado cuando se presente por falta de pago de cualquiera de los abonos.

En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el último párrafo del diverso 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SÉPTIMO. Del análisis de las ejecutorias recién transcritas, se advierte lo siguiente:

Por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que aunque el documento fundatorio de la acción tiene una sola fecha de vencimiento (veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y siete), también contiene treinta y seis amortizaciones que se establecen dentro del término pactado y que, por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, supletorio en tratándose de pagarés, por disposición expresa del diverso artículo 174 del propio ordenamiento, la letra de cambio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19307-98d9a067/accion-cambiaria-directa-no-opera-su-caducidad-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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