ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE LA NATURALEZA DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho en el recurso de revisión (improcedencia) 15/98, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los que a continuación se reseñan:
1. En vía de amparo indirecto, Gonzalo Gout Ortiz de Montellano, por su propio derecho, como presidente del Consejo de Administración y en representación de Constructora y Edificadora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la resolución de apelación que confirmó el acuerdo dictado en el procedimiento seguido en forma de incidente mercantil, de solicitud de convocatoria para asamblea de accionistas, tramitado ante el Juez Trigésimo Tercero Civil, en que se admitieron las pruebas que ofreció la promovente del referido procedimiento.
2. El Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien tocó conocer del asunto, en auto de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, desechó la demanda de amparo, por considerar que el acto reclamado no puede ser materia del juicio de amparo indirecto, por tratarse de una violación procesal que tendría que reclamarse en el amparo directo que se promoviera contra la sentencia que ponga fin al juicio natural en términos de los artículos 159, fracción III y 161 de la Ley de Amparo.
3. La parte quejosa, inconforme con el auto desechatorio de la demanda de amparo, interpuso el recurso de revisión, radicado con el número 15/98 en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que fue resuelto el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, confirmando el auto recurrido. Entre las consideraciones sustanciales que soportan la resolución de mérito destaca la siguiente.
En respuesta al agravio relativo a que la vía incidental no puede considerarse un juicio, dado que no existe una verdadera jurisdicción contenciosa, y la sentencia interlocutoria no es de condena ni declarativa, por lo que en su contra no procede el amparo directo; el referido órgano colegiado sostuvo:
Que si bien es cierto que la acción que se instaura para que el Juez convoque a asamblea general de accionistas, se tramita en vía incidental conforme a los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, en modo alguno significa que no se suscite controversia sobre la cuestión planteada, en tanto que se tiene que demandar a la sociedad, por conducto de su administrador, de su consejo de administración o de sus comisarios, por ser estos órganos, los legitimados para convocar a toda clase de asambleas conforme a los artículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de no hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad judicial, características propias de un juicio especial mercantil, de conformidad con lo establecido por el artículo 1347 (sic) del Código de Comercio, que señala que las disposiciones del capítulo XXVIII "De los incidentes", serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles, que no tengan señalado un trámite específico. Que, por tanto, la sentencia que se dicte es susceptible de combatirse en amparo directo en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo.
Como fundamento de tales consideraciones fueron citadas las tesis aisladas del mismo órgano colegiado y de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifican y leen como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, junio de 1996
"Tesis: I.5o.C.43 C
"Página: 788
"ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN O DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 183 y 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a quien debe demandarse para que se convoque a asamblea general de accionistas de una sociedad, es a la propia empresa, por conducto de su administrador o administradores o bien, a través de sus comisarios, esto es, por conducto del órgano de administración, o por el de vigilancia. En tal virtud, es inconcuso que la petición judicial para convocar a asamblea general de accionistas de la sociedad demandada no debió formularse en contra del presidente del consejo de administración de la misma, sino en contra de la citada sociedad, por conducto de su administrador, de su consejo de administración o de sus comisarios, por ser estos órganos quienes están legitimados pasivamente en el juicio especial mercantil que se instaura para que el Juez convoque a asamblea general de accionistas, salvo disposición estatutaria diversa.
"Amparo directo 2115/96. Antonio Obregón Barrena. 25 de abril de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Disidente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger."
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 67, Cuarta Parte
"Página: 62
"SUSPENSIÓN, CONTRAFIANZA EN CASO DE, TRATÁNDOSE DE SENTENCIA QUE CONDENA A CONVOCAR A UNA ASAMBLEA DE SOCIOS. Si la sentencia reclamada en el amparo directo, cuyos efectos fueron suspendidos, condenó a la parte demandada, una asociación civil hoy quejosa, a que convocase a asamblea ordinaria de socios, convocatoria que dicha parte estimó no estaba obligada a efectuar considerando violatoria tal resolución, es evidente, en estas condiciones, que de ejecutarse la sentencia aludida, tendría que llevarse a cabo la convocatoria de que se trata, con todas sus consecuencias legales; y como la convocatoria cuya resolución pretende evitar la asociación demandada estimando ilegal la petición de los actores, constituye el punto toral de la cuestión debatida, la ejecución indudablemente dejaría sin materia el juicio constitucional correspondiente, al no poderse restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de obtenerse sentencia favorable, pues aquel acto se habría consumado irreparablemente; de esta manera, al admitir la responsable contragarantía para dejar sin efectos la suspensión otorgada a la hoy recurrente, lo que entraña la ejecución de la sentencia de que se trata, obra indebidamente infringiendo lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Se advierte, además, que el caso se encuentra comprendido dentro de los extremos previstos por el párrafo segundo del artículo 125 del ordenamiento antes invocado, pues indudablemente los derechos del tercero perjudicado que pudieran afectarse con la suspensión, no son estimables en dinero, hipótesis en la que, por disposición expresa de la ley (artículo 127), no se admitirá contrafianza.
"Queja 55/73. Asociación Metropolitana de Empleados S.O.P., A.C., y Rodolfo Rodríguez Robles. 5 de julio de 1974. Cinco votos. Ponente: Ernesto Solís López. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba."
De la resolución que se destaca en este apartado surgió la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, marzo de 1998
"Tesis: I.5o.C.74 C
"Página: 766
"ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. AMPARO DIRECTO PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE LA CONVOCA. Aun cuando es cierto que la acción que se instaura para que el Juez convoque a asamblea general de accionistas se tramita en vía incidental, conforme al procedimiento previsto en los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, ello de ningún modo significa que en dicho procedimiento incidental no se suscite controversia sobre la cuestión planteada, tan es así que se tiene que demandar a la sociedad, por conducto de su administrador, de su consejo de administración o de sus comisarios, por ser estos órganos quienes están legitimados pasivamente para convocar a toda clase de asambleas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en caso de que no lo hagan, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, características propias de un juicio especial mercantil, de conformidad con lo establecido por el artículo 1357 del Código de Comercio, precepto que se encuentra ubicado en el capítulo XXVIII ‘De los incidentes’, que señala que las disposiciones de ese capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. En tal virtud, la sentencia que se dicte, una vez impugnada, es susceptible de combatirse en amparo directo en términos de lo previsto por el artículo 158 de la Ley de Amparo.
"Amparo en revisión 15/98. Gonzalo Gout Ortiz de Montellano y otra. 29 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Sergio Núñez Cajigal."
QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por mayoría de votos, el día quince de marzo de dos mil cinco, en el amparo directo civil 100/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:
1. En vía de amparo directo, La Boutique de Sorrento, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado, demandó de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la resolución que en el recurso de apelación modificó la de primera instancia, dictada por el Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil en el incidente de solicitud de convocatoria para asamblea de accionistas, modificación que sólo fue para el efecto de precisar el domicilio donde se llevaría a cabo la asamblea.
2. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, al resolver el juicio de amparo directo civil 100/2005, el quince de marzo de dos mil cinco, por mayoría de votos, se declaró jurídicamente incompetente para conocer de la demanda, por considerar que es materia de amparo indirecto, del conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. Las consideraciones medulares en dicho fallo son las siguientes:
a) Se destaca que la sucesión del titular de doscientas setenta acciones, de las seiscientas en que se divide el capital social de La Boutique de Sorrento, Sociedad Anónima, en vía incidental, solicitó la convocatoria para asamblea de accionistas ante el Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil, con fundamento en las dos primeras fracciones del artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que el procedimiento se admitió en la vía incidental mercantil conforme a lo dispuesto por los artículos 181, 184, 185, 205 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 1351, 1352 y demás relativos del Código de Comercio; que la persona moral citada, por conducto de su apoderado produjo contestación al incidente instaurado, en el sentido de que se negara la solicitud; seguida la secuela procesal se pronunció la sentencia, en que se declaró procedente el incidente y se realizó la publicación de la convocatoria para la celebración de una asamblea general de accionistas.
b) Que en el procedimiento citado no existió contención entre el accionista que pide la publicación de la convocatoria con la propia empresa y en su caso el comisario de la misma, porque su materia sólo se centró en resolver sobre el derecho que le asiste al primero sobre esa convocatoria, y no habiendo litis planteada entre partes contendientes, se está en presencia de actos dictados fuera de juicio de conformidad con lo que dispone el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.
c) Que en una demanda siempre existen pretensiones en contra de persona o personas determinadas y el procedimiento (contencioso) culmina siempre con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Y en el caso, la petición del incidentista es la publicación por parte del Juez, y no de la sociedad, de la convocatoria para la celebración de una asamblea general de accionistas, la cual no tiene efectos de una demanda, ni concluye con una condena, sino constituye una mera solicitud, y la misma se formula ante el Juez para que éste la lleve a cabo, conforme se observa del contenido de los artículos 183, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
d) Que el supuesto del artículo 185, que es conforme se promovió la solicitud, establece que la petición a la convocatoria puede ser propuesta por el titular de una sola acción, cuando no se haya realizado alguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos, y cuando las asambleas celebradas no se hubieren ocupado de los asuntos que indica el artículo 181 de esa ley; que si el administrador, consejo de administración o comisario, rehusaren realizar la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que se recibió la solicitud, ésta se formulará al Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado a los citados organismos de la sociedad, lo cual se decidirá siguiendo la tramitación establecida para los incidentes en los juicios mercantiles, que son a los que se refieren los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio y, en lo que interesa, concretamente los preceptos 1353 y 1354.
e) Que la solicitud para que se convoque a una asamblea no se encuentre dirigida en contra de persona alguna, puesto que incluso no existe parte demandada, ya que sólo podrá culminar ese procedimiento, si se estima procedente, con que el mismo Juez ordene la publicación de la convocatoria si la encuentra ajustada a los estatutos sociales de la empresa, haciéndolo saber a través del medio publicitario que encuentre adecuado.
f) Que el llamamiento que se hace a los órganos de la sociedad se otorga en función del respeto a su garantía de audiencia, y en todo caso sólo se da para que puedan alegar y probar que sí se celebraron asambleas durante dos ejercicios consecutivos o bien, que en las celebradas se hubieren tratado los asuntos que indica el artículo 181, así como que la convocatoria que se intente publicar reúna los lineamientos de los estatutos sociales, pero la solicitud de publicación no va dirigida en su contra, por lo que menos aún podría hablarse de que el asunto se plantee con el propósito de que se decrete una condena en contra de éstos, puesto que el procedimiento culmina con la sola obligación del propio juzgador para llevar a cabo la publicación de la convocatoria con el fin de dar a conocer la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas, y sólo a ello se constriñe su intervención.
g) Que incluso el invocado artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, da el trato de una mera solicitud dirigida al Juez para la publicación de la convocatoria, pero no determina que se trate de una acción, de ahí que su tramitación la regule de manera incidental. Y debe considerarse que si de conformidad con el artículo 1354 del Código de Comercio, ese trámite culmina con el dictado de una resolución interlocutoria; entonces, en términos de los artículos 1321 y 1323 de este ordenamiento, tal sentencia no puede catalogarse como definitiva, ni por ello se ubicaría dentro de los supuestos del artículo 46 de la Ley de Amparo para los efectos del amparo directo.
SEXTO. De lo hasta ahora expuesto, se advierte que sí se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta de que, ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunció una solución diametralmente opuesta.
En efecto, de la reseña de los dos asuntos, se advierte la problemática sobre la naturaleza jurídica del procedimiento incidental previsto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que mientras el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que se trata de un procedimiento incidental con las características propias de un juicio especial mercantil de conformidad con lo establecido por el artículo 1357 del Código de Comercio (no 1347 como se cita equivocadamente), en que se suscita controversia sobre la cuestión planteada, tanto que se tiene que demandar a la sociedad por conducto de quienes están legitimados para convocar a toda clase de asambleas, por lo que la sentencia definitiva que se dicte una vez impugnada en cumplimiento al principio de definitividad, debe combatirse en amparo directo en términos de lo previsto por el artículo 158 de la Ley de Amparo.
Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que no se trata de un procedimiento en que exista contención entre el accionista que pide la convocatoria para la asamblea, con la propia empresa, o en su caso el comisario de la misma, y no habiendo litis planteada entre partes contendientes, se está en presencia de actos dictados fuera de juicio conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que la sentencia que se dicte en ese procedimiento es una interlocutoria y no una sentencia definitiva, por lo que debe ser materia de amparo indirecto ante un Juez de Distrito en Materia Civil.
No resulta obstáculo para establecer la contradicción el hecho de que el acto reclamado en las demandas de amparo que motivaron el pronunciamiento de las ejecutorias que participan en esta contradicción, fuera distinto, en un caso el auto que admite pruebas al promovente del procedimiento incidental para convocar a asamblea general de accionistas, y en otro, la sentencia dictada en un procedimiento de igual naturaleza; ya que en ambos casos los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la naturaleza del procedimiento previsto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para establecer que la sentencia dictada en el mismo es impugnable en amparo directo, según lo resuelto por uno, o bien a través del amparo indirecto, de acuerdo con el criterio del otro Tribunal Colegiado.
En consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la contradicción de tesis, emitieron sus consideraciones teniendo como denominador común el examen del proceso en forma de incidente previsto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y arribaron a conclusiones jurídicamente discrepantes.
En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito sí reúnen los requisitos necesarios para generar una contradicción de tesis, pues al resolver los respectivos recursos de revisión y amparo directo, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes.
Ante esas referencias, resulta que el punto materia de la contradicción se limita a determinar la naturaleza jurídica del proceso en forma de incidente previsto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, si se trata de un juicio cuya resolución final deba ser impugnada como sentencia definitiva mediante el amparo directo en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, o bien, si se trata de un acto dictado fuera de juicio en términos de la fracción III del artículo 114 de la propia ley, cuya resolución final deba impugnarse a través del amparo indirecto.
Es pertinente establecer desde ahora, que no resulta obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que los criterios de ambos tribunales, no constituyan jurisprudencia o el que uno de ellos no se haya formalizado en tesis, en razón de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cuál es el que deba prevalecer.
Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SÉPTIMO. Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada en la presente sentencia.
En principio, se estima conveniente advertir que, del análisis íntegro de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo en Materia Civil del Primer Circuito, destacadas en los considerandos precedentes, se llega al convencimiento de que los procesos instaurados ante la potestad común, que originaron precisamente aquellos fallos que participan en esta contradicción, se encuentran previstos en el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues sólo éste y no el 184, prevé la tramitación establecida para los incidentes en los juicios mercantiles a fin de que el órgano jurisdiccional convoque a la asamblea general de accionistas.
Para mayor claridad es preciso transcribir el contenido de tales preceptos:
"Artículo 184. Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo al administrador o consejo de administración, o a los comisarios, la convocatoria de una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.
"Si el administrador o consejo de administración, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones."
"Artículo 185. La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes:
"I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos;
"II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 181.
"Si el administrador o consejo de administración, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al administrador o consejo de administración y a los comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles."
Del contenido de tales normas, se obtiene que, sólo el artículo 185 prevé que se lleve a cabo la tramitación establecida para los incidentes en los juicios mercantiles, en el caso de que el titular de una sola acción solicite ante el Juez competente la convocatoria de una asamblea general de accionistas, cuando (1) no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos, o cuando (2) las celebradas no se hayan ocupado de los asuntos que les corresponde conforme a la propia ley.
Mientras que para el caso previsto en el artículo 184, no se requiere de la tramitación incidental para que el Juez competente haga la convocatoria de una asamblea general de accionistas, ya que en este supuesto, basta que ante la negativa de convocar del administrador o consejo de administración o de los comisarios, la solicitud al órgano jurisdiccional se realice por quien o quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo los títulos de las acciones, quienes inclusive pueden hacer la solicitud en cualquier tiempo y por cualquier asunto que indiquen en su petición; esto es, en el caso preciso no se establecen las exigencias de las fracciones I y II del artículo 185.
Lo anterior, se trae a colación, ya que si bien el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la ejecutoria dictada en el amparo directo 100/2005, expresamente destaca que el proceso en forma de incidente origen del acto reclamado es el previsto por el artículo 185 de la ley en comento, en cambio, de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en el toca 15/98, no se puntualiza expresamente, y más parece confundir que la tramitación en forma de incidente se da en los dos supuestos normativos; empero del contexto íntegro de la ejecutoria, se obtiene que el acto reclamado tiene su origen precisamente en el procedimiento incidental dispuesto en el artículo 185 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles.
Al respecto, es ilustrativa la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:
"Quinta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XCVI
"Página: 2243
"ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONVOCATORIA A, POR LA VÍA JUDICIAL. El Juez de los autos procedió conforme a derecho, al dar entrada a la promoción de los accionistas y convocar a asamblea, pues así lo faculta para ello el artículo 184 de la Ley de Sociedades Mercantiles, en su párrafo 2o., si consta de autos que los quejosos representan el 33% del capital social. A lo expuesto no se opone el contenido del artículo 185 de la misma ley, pues esta forma contempla el caso en que un solo accionista pretenda que se convoque a asamblea, pues en éste caso se limita esa oportunidad a dos casos que prevé el mismo artículo, y su pretensión, presentada ya a la autoridad jurisdiccional, deberá ser conocida por el consejo de administración. Lo anterior es lógico, pues el caso a que se refiere el artículo 184 hace relación a una prueba netamente procesal, cual es el comprobar que es dueño del 33% del capital social, y no es necesario otro requisito; en cambio, el artículo 185 se refiere a una prueba de fondo, como es el que un solo accionista demuestre que en un periodo de dos años, no se ha celebrado ninguna asamblea, o que si se han celebrado las asambleas, estas no se han referido al contenido del artículo 181, y es natural y lógico que se le dé vista al consejo para que demuestre lo inadecuado o ilegal de la pretensión de un sólo accionista; en cambio, en el artículo 184 basta la voluntad de un 33% del capital, para que se convoque a asamblea para tratar de los asuntos que indique en su petición.
"Amparo civil en revisión 4189/45. Gómez Silvestre y coags. 23 de febrero de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
Ahora bien, al quedar definido que el punto materia de la contradicción, se limita a determinar la naturaleza jurídica del proceso en forma de incidente previsto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, si se trata de un juicio cuya resolución final sea una sentencia definitiva que deba ser impugnada mediante el amparo directo en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, o bien, si se trata de un acto dictado fuera de juicio en términos de la fracción III del artículo 114 de la propia ley, cuya resolución final deba impugnarse a través del amparo indirecto; resulta obligado establecer lo que para efectos del juicio de amparo se ha entendido por "sentencia definitiva" y "juicio", dado que son conceptos jurídicos que están estrechamente relacionados y se derivan de puntos controvertidos por los Tribunales Colegiados contendientes.
A ese respecto, los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo señalan lo siguiente:
"Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19068-61f830b2/asamblea-general-de-accionistas-el-procedimiento-en-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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