SUSPENSIÓN DE PAGOS. ES IMPROCEDENTE CELEBRAR LA JUNTA DE ACREEDORES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ALGÚN CONVENIO, SI AÚN EXISTEN CRÉDITOS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. De las constancias remitidas por los tribunales contendientes, se advierte lo siguiente:
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado en esa época por los Magistrados José Rojas Aja, José Becerra Santiago y José Luis García Vasco, al resolver el amparo en revisión RC. 2063/94, interpuesto por Bancomer, Sociedad Anónima, parte tercera perjudicada en el juicio de amparo 488/94 promovido por Sergio Óscar Herrera Miranda, en sesión de cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, resolvió en lo conducente lo que a continuación se transcribe:
"... IV. Los agravios que expone la parte recurrente son carentes de fundamento, ya que si bien es cierto que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la sentencia de reconocimiento de créditos, en la cual el Juez establece el grado y la prelación que se le reconoce a cada crédito, tiene el carácter de definitiva, igualmente dicha Sala ha sostenido que la resolución que deja pendiente un crédito para una posterior sentencia, con base en lo dispuesto en la fracción III del artículo 247 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, no constituye una sentencia definitiva en la contienda principal, por no estar suficientemente aclarada la situación del crédito respectivo; tal como se desprende de la tesis siguiente: ‘SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, INCOMPETENCIA DE LA, CUANDO SE TRATA DE UNA RESOLUCIÓN QUE SE DICTA EN LA JUNTA DE ACREEDORES DEJANDO PENDIENTE PARA UNA POSTERIOR RESOLUCIÓN LOS CRÉDITOS DE UN ACREEDOR.’ (se transcribe), que puede localizarse en la página 192, del Volumen CIII de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Por tanto, no puede aceptarse que con la sentencia que se dictó en el caso y por la que se reconoció únicamente el crédito de la sociedad recurrente, reservando para posterior resolución el reconocimiento de créditos de otras diversas personas morales, haya concluido la etapa de reconocimiento de un modo general y ordinario, ya que en todo caso no hay duda de que se debe resolver lo relativo a esos créditos para poder establecer que realmente se haya concluido con la etapa aludida; de donde también se desprende que es falso que se hubiera actualizado el supuesto previsto en el artículo 296 de la ley en consulta, puesto que ese dispositivo legal preceptúa que en cualquier estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y antes de la distribución final, el quebrado y sus acreedores podrán celebrar los convenios que estimen oportunos, lo que indudablemente presupone que se debe de resolver en definitiva con relación a todos los créditos que se reclamen para que exista la posibilidad de la celebración de cualquier convenio. Resulta prudente señalar que aun cuando el artículo 333 del ordenamiento legal de referencia establece que las modificaciones en el número de acreedores o en la cuantía de los créditos, en virtud de sentencia posterior a la votación, no influyen en la validez de ésta, ello no implica que ese dispositivo legal pueda dejar sin efecto lo ordenado por el aludido artículo 296, porque además de que no establece en forma expresa que exista la posibilidad de celebrar convenio aun cuando se encuentre pendiente de resolver el reconocimiento de diversos créditos, se debe agregar que lo asentado en dicho artículo 333 con respecto a la modificación de acreedores pudiera obedecer al caso de los acreedores que no hubieran presentado en forma la demanda de reconocimiento en los plazos prescritos y que no obstante ello se logre dicho reconocimiento, tal como lo contempla el artículo 224 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos y, por ende, no puede aceptarse que aquel precepto legal haga necesariamente referencia al caso de los acreedores que presentaron oportunamente su reclamación y que se dejó pendiente de resolver el reconocimiento respectivo, tal como sucede con las sociedades que interpusieron su demanda en el juicio original y que no obstante ello se reservó para posterior resolución al reconocimiento de sus créditos; luego entonces, aun cuando se aceptara que no es imputable a la parte recurrente el hecho de que no se hayan reconocido los créditos de las otras personas morales respectivas, eso de ninguna manera desvirtúa lo ya antes considerado. Asimismo, resulta falso que el proceso de suspensión de pagos de referencia será prácticamente imposible de alcanzar y que se puedan extender indefinidamente los plazos para dictar la resolución de reconocimiento de créditos relativa, en virtud de que de acuerdo con el artículo 248 de la ley de referencia, antes de que transcurriera un mes de la sentencia que ya se ha mencionado, el Juez responsable debió decidir sobre los créditos que quedaron pendientes de resolución de reconocimiento. Por otro lado, no resulta cierto que en el caso se actualice una causa manifiesta de improcedencia del juicio de amparo cuestionado por falta de interés jurídico del quejoso, porque contrariamente a lo que se alega el hecho de que sólo llegara a votar la parte recurrente el convenio de referencia y no así los demás acreedores, podía motivar que dicho acuerdo de voluntades fuese rechazado expresamente y que ante eso el Juez responsable procediera a la declaración de la quiebra del quejoso, lo que indudablemente le acarrearía el perjuicio respectivo, y por ese motivo no se puede estimar que carezca de interés jurídico para solicitar el amparo de la Justicia Federal; aun cuando también acepte que efectivamente la suspensión de pagos es un beneficio que le otorga la ley, ya que tampoco eso quita validez a lo antes estimado. De igual forma debe señalarse que aunque hubiera sido realmente el amparista el causante del retraso en la resolución de reconocimiento de los créditos respectivos, e incluso, aunque las sociedades que solicitaron dicho reconocimiento hubieran mostrado falta de interés para obtener la resolución de referencia, eso no hace que pierda vigencia la estimación de que el acto reclamado sí le puede parar un perjuicio al quejoso y que por ese motivo tiene interés en que se le conceda la protección que solicita. Por lo que en tales condiciones, se debe confirmar el fallo combatido." (fojas 76 a 79 vuelta).
Al respecto, emitió la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XV, febrero de 1995
"Tesis: I.3o.C.763 C
"Página: 216
"SUSPENSIÓN DE PAGOS. NO PUEDE CELEBRARSE LA JUNTA PARA LA ADMISIÓN DEL CONVENIO PREVENTIVO RESPECTIVO, CUANDO ESTÁ RESERVANDO PARA POSTERIOR RESOLUCIÓN EL RECONOCIMIENTO DE ALGÚN CRÉDITO QUE SE DEMANDÓ OPORTUNAMENTE. La sentencia dictada en un procedimiento de suspensión de pagos y por la que se reconoció únicamente el crédito de una sociedad, reservando para posterior resolución el reconocimiento de créditos de otras diversas personas morales, de ninguna forma determina que haya concluido la etapa de reconocimiento de un modo general y ordinario, ya que se debe resolver lo relativo a esos créditos para poder establecer que realmente se concluyó con la etapa aludida; de donde también se desprende que es falso que por virtud de aquella sentencia se hubiera actualizado el supuesto previsto en el artículo 296 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, puesto que ese dispositivo legal preceptúa que en cualquier estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y antes de la distribución final, el quebrado y sus acreedores podrán celebrar los convenios que estimen oportunos, lo que indudablemente presupone que se debe resolver en definitiva con relación a todos lo créditos que se reclamen oportunamente para que exista la posibilidad de la aprobación de cualquier convenio."
II. Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión principal 455/2004, interpuesto por Grupo La Viga, Sociedad Anónima de Capital Variable, derivado del juicio de amparo 322/2004-V, promovido por la propia recurrente, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, integrado en ese entonces por los Magistrados J. Jesús Pérez Grimaldi, Víctor Hugo Díaz Arellano y Manuel Suárez Fragoso, expuso en la parte que interesa lo siguiente:
"... QUINTO. Resultan fundados los agravios expuestos por la sociedad anónima recurrente y suficientes para revocar el fallo sujeto a revisión. El apoderado legal de la revisionista, en forma destacada señala que la Juez de Distrito que resolvió el juicio de amparo, no ingresó al estudio de fondo de todos los argumentos vertidos por su representada en los conceptos de violación, por tanto, transgredió en su perjuicio los artículos 77, fracción II, y 80 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 348, 349 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Destaca, que la Juez de Distrito tenía la obligación de estudiar todas y cada una de las manifestaciones vertidas por su representada, por ende, al dejar de estudiarlas y no pronunciarse en la sentencia definitiva la dejó en estado de indefensión, al no advertir que se consumaron en su perjuicio las siguientes violaciones: Que resultan improcedentes las consideraciones vertidas en el fallo recurrido, por virtud de que no tomó en cuenta que en sus conceptos de violación sostuvo que el artículo 360 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, contempla la posibilidad de poder efectuarse la junta de acreedores, sin que obste que existan reconocimientos pendientes de crédito, quedando los acreedores no comprendidos, obligados por el convenio que se suscriba entre la suspensa y los demás acreedores. A este respecto, reitera que al no existir impedimento legal para la junta de acreedores cuando se propone algún convenio entre éstos y la suspensa, aun cuando existan acreedores no concurrentes anteriores a la declaración de la quiebra y aun aquellos créditos que estuvieren pendientes de reconocimiento, quedan igualmente obligados por el convenio. Continúa diciendo la revisionista, que al celebrarse la junta de acreedores para efectos de la extinción de la suspensión de pagos, se propuso el pago de la suerte principal con una quita total de intereses en una sola exhibición; convenio que de haberse aprobado favorablemente por los concurrentes hubiese beneficiado los intereses de los dos acreedores pendientes de reconocimiento, como son Control Técnico de Seguridad y Transporte de Valores, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, puesto que los mismos quedarían vinculados al convenio sin que hubieran quedado en estado de indefensión. Que si la autoridad responsable había fijado ya el día y la hora para la celebración de la junta de acreedores, encontrándose debidamente preparada con la publicación de los edictos, resultaba improcedente que la autoridad responsable la suspendiera sin expresar el impedimento legal para la no celebración de la junta. II. Que los argumentos vertidos en el fallo, en lo referente a la falta de transgresión de los artículos 247 y 248 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos resultan totalmente improcedentes, por virtud de que terminado el examen de los créditos en la junta de acreedores, el Juez debe dar por concluida la misma y dictar la resolución que dividirá los créditos en tres grupos: los que sean reconocidos; los que queden excluidos y los pendientes para posterior sentencia, imponiéndose para el juzgador la obligación que antes de que transcurra un mes de la anterior sentencia, debe resolver sobre los créditos pendientes ordenando las diligencias de prueba necesarias con admisión de las que los interesados también propongan. Que contrario a lo aseverado por la Juez de Distrito, la autoridad responsable transgredió lo dispuesto por el artículo 248 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, puesto que habían transcurrido tres años desde que se dictó la sentencia definitiva que reservó para una posterior el crédito de Seguritec Transporte de Valores y un año en lo tocante a Control Técnico de Seguridad, sin que la autoridad responsable hubiese agotado las diligencias de prueba necesarias y aclarar la situación jurídica de ambos acreedores. Resultan fundados y suficientes los argumentos de agravios precedentes y suficientes para revocar el fallo sujeto a revisión. De la imposición, sobre los fundamentos de la sentencia impugnada en el recurso de revisión, se observa que la Juez de Distrito, al realizar la síntesis de los motivos de disenso, apreció que la quejosa, ahora revisionista, esencialmente se dolía de lo siguiente: A) Que la resolución reclamada resultaba violatoria de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que no era clara, precisa, ni congruente con lo alegado, sentenciado y probado en la secuela del procedimiento, así como con las constancias de autos, violando las formalidades esenciales del procedimiento, ya que la autoridad responsable transgredió lo dispuesto por los artículos 247 y 248 (sic), porque no resultaba verdad que existiera impedimento legal alguno para la celebración de la junta de acreedores cuando se propusiera algún convenio, aun y cuando los acreedores comunes anteriores a la declaración de quiebra o suspensión de pagos, no fueran concurrentes ni hayan tomado parte en el procedimiento y aquellos cuyos créditos estuvieren pendientes de reconocimiento. B) Que debería entenderse que todos quedaban igualmente obligados por el convenio, por lo que al celebrarse la junta de acreedores para el efecto de extinción de la suspensión de pagos, se propuso el pago total de la suerte principal con una quita total de intereses en una sola exhibición y sin tiempo de espera, convenio que de haberse aprobado por los acreedores concurrentes, hubiese beneficiado los intereses de dos acreedores aun no reconocidos porque quedarían vinculados a dicho convenio, sin dejarlos en estado de indefensión, por lo que es ilegal que no se hubiere llevado a cabo la junta de acreedores. C) Que no se daban los supuestos de la tesis que invocó la responsable, ya que se refería al reconocimiento de un solo crédito, quedando para posterior resolución diversos acreedores, y que en el caso concreto, se habían reconocido a la mayoría de los acreedores y estaban pendientes únicamente dos créditos concurrentes, créditos que quedarían vinculados con la aprobación del convenio mencionado y por ello no existía razón alguna para la celebración de la junta de acreedores en términos de la norma legal mencionada, además de que no precisó cuál era en todo caso el impedimento para que no se llevara a cabo dicha junta sin fundamento legal. D) Finalmente, la Juez de amparo apreció que la quejosa sostenía que terminado el examen de los créditos en la junta de acreedores, el Juez lo daría por concluido y dictaría sentencia en la que dividiría los créditos en tres grupos, los que fueran reconocidos, los que quedaran excluidos y los que estuvieran pendientes para posterior sentencia, imponiendo al juzgador la obligación de resolver sobre los créditos pendientes en el término de un mes, como lo disponen los artículos 247 y 248 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, situación que no aconteció en relación con los créditos pendientes por reconocerse, lo que demostraba el descuido por parte de la responsable al no resolver cuestión alguna para agotar las diligencias necesarias para aclarar la situación jurídica de los acreedores que quedaron pendientes de reconocimiento de créditos, lo que resultaba violatorio de sus garantías. Al dar respuesta a las anteriores inconformidades, en la sentencia recurrida se resolvió que los motivos de inconformidad resultaban infundados, toda vez que el Juez responsable había estado en lo correcto al desestimar el recurso de revocación promovido en contra del auto de primero de marzo de dos mil cuatro, en el que sostuvo que no era procedente celebrar la junta de acreedores a efecto de aprobar el convenio propuesto por la suspensa para extinguir la moratoria de la empresa moral quejosa, al no surtirse los supuestos contemplados por los artículos 296 y 297 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Al relacionar el contenido de tales preceptos, en la sentencia combatida se interpretó que, conforme al primero de los dispositivos legales, se desprendía que la suspensa, como en el caso, y los acreedores en cualquier estado del juicio, podían celebrar convenios, con la salvedad de que se encontrara terminado el reconocimiento de créditos; en tanto que el segundo de los preceptos establecía que los convenios celebrados entre los acreedores y la suspensa, habrían de ser hechos en junta de acreedores debidamente constituidos; luego, en la especie, y atento a las constancias del juicio de origen, se desprendía que si bien mediante sentencia de veintitrés de febrero de dos mil uno (folio 389), se resolvió en definitiva sobre el reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, de aquellos acreedores que concurrieron al procedimiento, en la que se declararon procedentes algunos créditos; no debería perderse de vista que a su vez, también quedó pendiente por resolver la situación jurídica de otros; determinación que fue modificada únicamente en cuanto al crédito por reconocerse a Control Técnico de Seguridad, Sociedad Anónima de Capital Variable (folio 436); así tampoco debería esquivarse que al promoverse el incidente de extinción de la suspensión de pagos, éste debería tramitarse en términos del numeral en comento, por lo que si existían créditos pendientes por reconocerse como se estimó en la sentencia de segunda instancia de fecha siete de febrero de dos mil dos, emitida por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación 338/2001, lo cierto era que no resultaba procedente celebrar la junta de acreedores, al no reunirse los requisitos para su celebración en términos de los preceptos legales señalados, ya que no se había resuelto sobre la situación jurídica de la empresa moral acreedora citada y, por ende, la junta de acreedores tampoco estaría integrada para su celebración, al no encontrarse decidida la situación jurídica de dicho acreedor como lo prevenía la segunda norma legal mencionada, de donde resultaba la legalidad de la actuación del Juez del conocimiento, sin que se desprendiera de constancias de autos que el juzgador hubiere transgredido los artículos 247 y 248 de la citada Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Además, que tales disposiciones legales se referían sobre una hipótesis normativa diversa a la extinción de la moratoria legal de la empresa social quejosa, de donde derivaba el acto reclamado, es decir, se referían a la obligatoriedad que tiene el juzgador para emitir sentencia una vez concluido el examen de los créditos, a efecto de dividirlos, decretar su reconocimiento, los que quedaran excluidos y los que quedaran pendientes para posterior resolución, al no encontrarse aclarada su situación jurídica en el juicio respectivo, lo que había acontecido a través de la sentencia de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, según se desprendía del fallo mencionado, de manera que no resultaba verdad que el Juez responsable hubiera transgredido dichas normas legales al no ser aplicables al caso concreto, y si a la fecha no se había resuelto sobre el reconocimiento de créditos de esas empresas acreedoras, no era dable atribuirle al juzgador hechos o circunstancias u omisiones que sólo le competían a las partes para impulsar el procedimiento, de donde resultaban infundados los alegatos al respecto, citando como apoyo de lo resuelto, la tesis I.3o.C.763 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XV, febrero de 1995, página 216, que dice: ‘SUSPENSIÓN DE PAGOS. NO PUEDE CELEBRARSE LA JUNTA PARA LA ADMISIÓN DEL CONVENIO PREVENTIVO RESPECTIVO, CUANDO ESTÁ RESERVANDO (SIC) PARA POSTERIOR RESOLUCIÓN EL RECONOCIMIENTO DE ALGÚN CRÉDITO QUE SE DEMANDÓ OPORTUNAMENTE.’ (se transcribe). De esta suerte, como en una parte de sus inconformidades lo relata la parte revisionista, en los conceptos de violación expresó que subsistía la violación por parte de la autoridad responsable fundamentalmente en lo referente al artículo 360 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, porque conforme a su contenido no existía impedimento legal para la celebración de la junta de acreedores cuando se propusiera algún convenio, aun y cuando los acreedores comunes anteriores a la declaración de quiebra no concurrentes, y aun aquellos cuyos créditos estuvieran pendientes de reconocimiento, quedan igualmente obligados por el convenio; sin que al efecto exista pronunciamiento alguno en el fallo combatido, por lo que este tribunal en reparación de la violación infringida, con fundamento en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, emprenderá su estudio, conjuntamente con los restantes conceptos de violación que fueron resumidos por la Juez de Distrito en la sentencia de amparo, los cuales también ya constan sintetizados en este fallo. Debe concederse razón a la inconforme, preliminarmente, porque como bien lo aduce, los artículos 247 y 248 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, contemplan hipótesis diversas a lo que fue resuelto a la sentencia combatida. Tales dispositivos legales establecen lo siguiente: ‘Artículo 247.’ (se transcribe). ‘Artículo 248.’ (se transcribe). Bajo este contexto, debe entenderse que si bien el primero de los preceptos normativos enunciados, dispone que una vez concluido el examen de los créditos en la junta, si es posible se concluirá y dictará una resolución en los tres días siguientes, dentro de la cual deberá dividir los créditos en tres grupos, siendo el último de ellos, el correspondiente a los créditos que queden pendientes para posterior sentencia, por no estar suficientemente aclarada su situación. De la misma forma, el segundo de los numerales transcritos previene que antes de que transcurra un mes (de la sentencia anterior), el Juez debe resolver sobre los créditos últimamente citados, o sea, aquellos que hubiesen quedado pendientes para una posterior resolución, siendo que para ello el juzgador puede ordenar cuantas diligencias de prueba se estimen necesarias y también admitir las que los interesados propongan. En consecuencia, como puede advertirse, el hecho de resolver sobre los créditos pendientes reservados, constituye una obligación que pesa sobre el juzgador, incluso pudiendo ordenar cuantas diligencias de prueba resulten necesarias para ese propósito; por consiguiente, no resultó exacta la consideración efectuada en el fallo recurrido en cuanto a que ‘el Juez responsable no había transgredido el contenido de tales dispositivos legales, porque se referían a la obligatoriedad del Juez para emitir sentencias una vez concluido el examen de los créditos, lo que así había ocurrido por medio de la sentencia de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, y si a la fecha no se había resuelto sobre el reconocimiento de créditos de esas empresas acreedoras no era dable atribuirle al juzgador hechos, circunstancia u omisiones que sólo le competía a las partes para impulsar el procedimiento.’. Lo que de suyo, tal y como lo argumenta la recurrente, resultó ilegal, toda vez que la mencionada carga procesal no recae sobre la suspensa, o en todo caso, deben ser a los acreedores a quienes incumba promover lo relativo para la debida acreditación del crédito pendiente, de ahí que resulte ilegal este aspecto abordado en el fallo combatido. Por otro lado, también corresponde razón a la suspensa recurrente, en cuanto a que el artículo 360 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, contempla la posibilidad de poder efectuarse la junta de acreedores, sin que obste que existan reconocimientos pendientes de crédito, quedando los acreedores no comprendidos, obligados por el convenio que se suscriba entre la suspensa y los demás acreedores. Los artículos 296 y 360 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos establecen: ‘Artículo 296.’ (se transcribe). ‘Artículo 360.’ (se transcribe). Del examen sistemático de ambos preceptos, se distingue que se encuentran en la sección quinta de la mencionada legislación, relativa a la extinción de la quiebra por convenio, asimismo del estudio armónico de tales preceptos se puede colegir que en cuanto a lo previsto por el precepto 296, en cualquier estado del juicio (quiebra o suspensión de pagos) una vez terminado el reconocimiento del crédito y antes de la distribución final, el quebrado y sus acreedores podrán celebrar los convenios que estimen oportunos; sin embargo, este numeral en criterio de este tribunal debe entenderse complementado con lo que a su vez dispone el artículo 360 de la ley de la materia, que dispone que los acreedores comunes anteriores a la declaración de quiebra no concurrentes, aunque no estén comprendidos en el balance ni hayan tomado parte en el procedimiento, y aun aquellos cuyos créditos estuvieran pendientes de reconocimiento, quedan igualmente obligados por el convenio. De esta suerte, no puede interpretarse que los mencionados preceptos de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos prevengan cuestiones antagónicas y se contrapongan entre sí, toda vez que el primero de ellos enuncia en forma clara que en cualquier estado del juicio una vez terminado el reconocimiento de créditos antes de la distribución final, es factible que se puedan celebrar convenios entre el quebrado y sus acreedores; en este sentido, debe distinguirse que el segundo de los preceptos en comento viene a ser complementario sobre el convenio que pueden celebrar tanto los acreedores y la empresa quebrada o suspensa, así como por los alcances que debe revestir el acuerdo que se celebre, puesto que tal dispositivo aclara que quedan igualmente obligados por el convenio todos aquellos acreedores comunes anteriores a la declaración de la quiebra no concurrentes, así como aquellos cuyos créditos estuvieren pendientes. Acorde con ello, en el caso de origen como puede verse de las constancias, si el Juez responsable habiendo citado para la junta de acreedores para la admisión y aprobación del convenio de quiebra, cuya audiencia fue iniciada a las once horas del día primero de marzo del año en curso, misma que en copias certificadas obra debidamente en el legajo anexo al juicio de amparo de la foja 636 a la 638, misma que se suspendió en atención a que desde el punto de vista del juzgador natural se acordó lo siguiente: (se transcribe). De la misma forma, no obstante que la inconforme promovió recurso de revocación que obra debidamente en copias certificadas de las fojas 639 a 649 del legajo mencionado, donde en forma sustancial hizo valer idénticos conceptos de queja; al resolver el recurso, el Juez responsable indebidamente resolvió: (se transcribe). Tales consideraciones de la sentencia reclamada, fueron compartidas por la Juez de Distrito en el fallo recurrido, al confirmar en términos genéricos que al encontrarse pendiente de resolver la situación jurídica de Control Técnico de Seguridad, Sociedad Anónima de Capital Variable, conforme a los artículos 296 y 297 de la ley de materia, que previenen que en caso de existir créditos pendientes no resultaba procedente celebrar la junta de acreedores al no reunirse los requisitos para su celebración en términos de los preceptos legales señalados, al no haberse resuelto la situación jurídica de la empresa moral acreedora citada, estimando igualmente aplicable la tesis número I.3o.C.763 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XV, febrero de 1995, página 216, que dice: ‘SUSPENSIÓN DE PAGOS. NO PUEDE CELEBRARSE LA JUNTA PARA LA ADMISIÓN DEL CONVENIO PREVENTIVO RESPECTIVO, CUANDO ESTÁ RESERVANDO (SIC) PARA POSTERIOR RESOLUCIÓN EL RECONOCIMIENTO DE ALGÚN CRÉDITO QUE SE DEMANDÓ OPORTUNAMENTE.’ (se transcribe). Ahora bien, este cuerpo colegiado no comparte el criterio de la tesis precedente, porque si bien alude a que no puede celebrarse la junta para la admisión del convenio preventivo, cuando está reservado para una posterior resolución el reconocimiento de algún crédito que se demandó oportunamente, y que ello de ninguna manera determinaba que hubiere concluido la etapa de reconocimiento de un modo general y ordinario, puesto que se debería resolver lo relativo a esos créditos para poder establecer que realmente se concluyó con la etapa aludida; sin embargo, el estudio realizado en esa tesis se hizo sobre la base del artículo 296 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, incluso se determinó que con apoyo en dicho dispositivo, terminado el reconocimiento de créditos y antes de la distribución final, el quebrado y sus acreedores podrán celebrar los convenios que estimen oportunos, ante lo cual indudablemente se debe resolver en definitiva con relación a todos los créditos que se reclamen oportunamente para que exista la posibilidad de la aprobación de cualquier convenio. De lo que puede deducirse que se abordó una hipótesis diversa a la prevista por el artículo 360 de la ley de la materia, que gramaticalmente dispone que tanto los acreedores comunes anteriores a la declaración de quiebra no concurrentes, como aquellos acreedores cuyos créditos estuvieren pendientes de reconocimiento, quedan también obligados por el convenio; de lo que resulta distinguible, que la tesis en alusión al no haber abordado el examen de la hipótesis legal que resulta aplicable para este asunto, no puede ser compartida ni tampoco utilizada como fundamento. Esto es así, porque como se ha mencionado en líneas precedentes, el razonamiento utilizado resulta infundado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19098-0bafb8f8/suspension-de-pagos-es-improcedente-celebrar-la-junta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBEN O DESAPRUEBEN LAS CUENTAS RENDIDAS POR LA SINDICATURA O RESUELVAN CUALQUIER CUESTIÓN CONCERNIENTE A SUS INFORMES, SÓLO (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUSPENSIÓN DE PAGOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL INFORME QUE RINDE EL SÍNDICO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 416, DE LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PS)
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR (CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PL)
- SUSPENSIÓN DE PAGOS. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2004-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 296 Y 360 DE LA LEY DE QUIEBRAS Y DE SUSPENSIÓN DE PAGOS ABROGADA QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CONLLEV (I.10o.C.47 C )
- SUSPENSIÓN DE PAGOS. ES IMPROCEDENTE CELEBRAR LA JUNTA DE ACREEDORES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ALGÚN CONVENIO, SI AÚN EXISTEN CRÉDITOS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE SENTENCIA (62 (H))
- SUSPENSIÓN DE PAGOS. ES IMPROCEDENTE CELEBRAR LA JUNTA DE ACREEDORES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ALGÚN CONVENIO, SI AÚN EXISTEN CRÉDITOS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE SENTENCIA (1a./J. 120/2005)
- SUSPENSION DE PAGOS. NO PUEDE CELEBRARSE LA JUNTA PARA LA ADMISION DEL CONVENIO PREVENTIVO RESPECTIVO, CUANDO ESTA RESERVANDO PARA POSTERIOR RESOLUCION EL RECONOCIMIENTO DE ALGUN C (I.3o.C.763 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis